Quedan menos de diez meses de gobierno. Y aún menos de campaña electoral. Se deshoja el almanaque de los siete meses que faltan para el 10 de septiembre cuando se elija al gobernador de entre los precandidatos que quedarán en carrera después de las Paso del 16 de julio.
El cierre de listas del 12 mayo está cerca y sin embargo todo indica que no habrá una especulación política para retacearle fondos a la Casa Gris en la materia más delicada. La Legislatura dará los pasos necesarios para volver a poner en vigencia la Ley de Emergencia en Seguridad que ha caducado “por falta de uso” según se bromeó cuando en diciembre el gobernador Omar Perotti anunció que la pediría en sesiones extraordinarias.
Poco tiempo se le dedicó al consenso para esa norma en la última reunión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados con las autoridades de su par del Senado. Se acordó citar al nuevo ministro y avanzar. Nadie quiere quedar del lado Aníbal (Fernández), que le aconseja públicamente a Perotti preguntarle “a los otros gobernadores” cómo enfrentar la inseguridad. Ni siquiera el otro Fernández, el presidente, puede asumir un quite de colaboración a un gobierno que reclama a la Casa Rosada lo que corresponde, con todo lo que dispone el Estado en sus distintos niveles y poderes.
En la reunión de diputados y senadores para el tema fuerte que le queda a las sesiones anteriores al 1° de mayo se mencionaron los problemas que se advierten en la policía, pero poco se habló de soluciones. O de cómo tratar de cambiar el panorama. Hubo un reproche de los senadores que han aprobado una reforma para su formación, que algunos diputados ven como una antireforma. No parece sencillo que una norma de fondo sobre la preparación de los policías y la vuelta a la división entre oficiales y suboficiales pueda prosperar con visiones tan distintas.
El cuarto ministro
El próximo 19 de marzo se cumplirán dos años desde que Marcelo Sain dejó de ser el ministro de Seguridad del gobernador Omar Perotti y, desde entonces, una y otra vez, desde la Legislatura se han renovado gestos para colaborar con las gestiones que le sucedieron.
A la labor de Jorge Lagna en esa cartera desde la mayoría opositora de la Cámara de Diputados se le acercó muy pronto una herramienta legal para brindarle más fondos. Es bueno recordarlo: en diciembre de 2021, habilitado en extraordinarias por el Poder Ejecutivo, se dio la media sanción a una emergencia nacida en los bloques de la UCR y el PS, que también tomó otro proyecto existente en el Senado para declararla en el Servicio Penitenciario.
Lagna tuvo tres mil millones de pesos extra, de asignación menos burocrática, para enfrentar al delito en aquel mismo diciembre. Algo parecido había sucedido antes, durante la gestión de Antonio Bonfatti en 2012, con la Cámara de Diputados que tenía mayoría del peronismo.
Sain fue ministro entre el 11 de diciembre de 2019 y aquel día de marzo de 2021. Algo menos de 16 meses; Lagna durante un período similar, pero con tiempos que ya estaban acelerados por el fracaso, lo que es aún más perceptible en los apenas seis meses de Rubén Rimoldi que pasaron volando, de un desacierto en otro. Demasiado pronto quedó sin poder frente a una subordinada suya, que fue respaldada por el gobernador ante cuestionamientos sólidos de la Legislatura. De las facilidades otorgadas por esa norma no se había usado casi nada.
La contadora Ana Morel, la secretaria logística que Sain supo evitarse (y en un audio divulgado en la prensa parece haber pensado en causarle “un escándalo”), fue invitada a renunciar al comenzar enero de 2023, tal como sucedió en los primeros días de diciembre de 2022 con el subsecretario de Políticas de Seguridad Pública, Edgardo Gravinich (que se plantó en sus posiciones, aún ante el gobernador), y finalmente también con el arranque del mes de febrero fue el turno de Rimoldi. Uno por mes.
Al ex comisario lo marcaron los malos pasos en la Legislatura y unos resultados aún peores que los de sus antecesores en Rosario.
Nuevo indicador
Hace décadas, en la capital provincial, los periodistas crearon un indicador para hablar de la violencia que consiste en contar los asesinatos. Ahora parece nacer otro en el sur de la provincia: el número de jefes policiales regionales removidos producto de la crisis narco de la ciudad más importante.
Rimoldi dejó muy temprano su cargo, cuando podría haber mostrado alguna mejoría en la ciudad de Santa Fe con una medida simple: poner a la policía provincial a controlar las motos sin patente. Ahora es el turno del número dos de su gabinete, con el que no tenía la mejor relación. No era parte de su mesa chica.
Respaldo
Debe decirse que el flamante ministro tiene el respaldo de un encumbrado dirigente de la oposición: el diputado provincial Maximiliano Pullaro, que es el único precandidato declarado a gobernador fuera del oficialismo.
El ex ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Lifschitz es gravitante sobre su bloque Evolución radical en Diputados y cuenta con el apoyo del bloque UCR en el Senado para su temprana candidatura: seis de los siete hombres de boinas blancas de la Cámara alta lo apoyan.
Otro dato. Un elemento en común une a Brilloni con Sain; al cuarto y al primer ministro de Seguridad de la gestión Perotti. A ambos los apoyó Pullaro antes de que juren. Incluso al ahora imputado en la causa por espionaje ilegal después de que el gobernador Perotti hubiera acusado a sus antecesores de haber “tolerado” e incluso “pactado” con el delito. Perotti optó hace medio año por un ex comisario, ahora por un ex gendarme que ya había actuado como uniformado a cargo de las fuerzas federales, enviado por el gobierno nacional en tiempos de Cambiemos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Marcelo Brilloni era el subsecretario de Seguridad de Rimoldi pero ya tenía contactos propios en la Legislatura con poseedores de bancas influyentes cuando de discutir sobre la inseguridad se trata. O de qué hacer con la policía. No será necesaria una presentación de cortesía para varios diputados. Y mucho menos en el Senado.
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