Este miércoles llegó a Rosario un nuevo contingente de efectivos de fuerzas federales para realizar tareas de control, operativos de saturación y patrullaje en las zonas más calientes de la ciudad. El nuevo desembarco se da en el marco de una sociedad conmocionada por el asesinato de cuatro personas al azar por parte de bandas narcocriminales que, al menos por unos días, lograron su objetivo: paralizar la ciudad. Las autoridades locales y provinciales valoraron el respaldo de Nación y destacaron una predisposición diferente a la de otros años, en la lucha por restablecer la paz en Rosario. Pero la receta vuelve a repetirse: es el undécimo desembarco de las fuerzas federales en poco más de diez años.
El recorte temporal que suele utilizarse para analizar los hechos de inseguridad que acechan hoy a Rosario tiene como punto de inicio el 2013, cuando el 26 de mayo el asesinato de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, sindicado como uno de los mayores líderes de la banda de Los Monos, comenzó una escalada de violencia que ese año terminó con 264 muertes y una tasa de homicidios de 22 personas cada 100 mil habitantes.
Los niveles de violencia e impunidad crecieron al punto que hasta el entonces gobernador Antonio Bonfatti fue víctima de un ataque inédito en democracia. La noche del 11 de octubre de 2013 cuatro personas encapuchadas pasaron en dos motos y dispararon 14 veces contra la vivienda del dirigente socialista. Tras aquel atentado, la provincia solicitó al gobierno nacional el envío de gendarmes para reforzar las tareas de custodia en la región.
Sin embargo las fuerzas federales llegarían a la ciudad dos meses después y por un hecho menos recordado: un levantamiento policial en reclamo por mejoras salariales. El 7 de diciembre de 2013 el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, arribó a Rosario con unos 1.500 efectivos de Gendarmería y 380 de Prefectura para garantizar el orden y prevenir los disturbios en Rosario. Sería el primer desembarco de una saga que se extiende hasta hoy.
Unos pocos meses después, en abril de 2014, tuvo lugar el recordado megaoperativo con el que Berni realizó 80 allanamientos simultáneos en la ciudad. En total participaron 3.000 agentes de cuatro fuerzas federales, que desembarcaron en Rosario con helicópteros y camiones. El operativo derivó en la detención de 40 personas pero no logró incautar grandes volúmenes de drogas, aunque según el funcionario nacional no era ese el objetivo sino “ocupar el territorio para que las fuerzas federales puedan trabajar en conjunto con las provinciales”. En declaraciones a la prensa, Berni aseguró que fue el operativo “más grande de la historia argentina”.
Pocos días después del cinematográfico despliegue, que incluyó la destrucción de búnkers en distintos puntos de la ciudad, se dio otra escena recordada: Berni invitando a bailar un chamamé a la entonces intendenta, Mónica Fein, en el marco de un acto por el 25 de Mayo que se celebraba en el barrio Las Flores. La llamativa foto mostraba cierta armonía entre los gobiernos local y nacional, pese a que los pases de facturas entre el kirchnerismo y el socialismo por el tema seguridad habían sido públicos. El 2014 finalizó con 254 homicidios, una tasa de 20,4 muertes cada 100 mil habitantes.
Aunque el número de muertes se mantuvo en niveles récord, en enero de 2015 Berni tomó la decisión de retirar la Gendarmería de Rosario. “Nos hemos quedado el tiempo necesario para que el gobernador intente generar una nueva policía”, declaró en aquel momento el secretario de Seguridad. En total, unos 2.000 agentes retornaron a sus lugares de origen y solo unos 600 gendarmes quedaron en Rosario como parte de una unidad móvil que también podría atender operativos en otros puntos del país. “Cumplimos con la palabra de mantener 2.000 hombres durante más de ocho meses”, remarcó el funcionario, ante la crítica de distintos sectores de la política provincial.
Pero la decisión duró poco. En mayo de ese año, el gobierno nacional decidió enviar un contingente de 1.000 efectivos a la provincia, de los cuales más de la mitad se destinaron a custodiar la zona de Rosario. La intendenta Fein agradeció el gesto, aunque puso sus reparos: “Los 600 gendarmes que llegarán a Rosario no alcanzan, pero hay que rescatar el paso”. En octubre, días antes de la segunda vuelta electoral en la que Mauricio Macri logró forzar un balotaje, Berni cedió ante los reclamos del gobierno provincial y envió un nuevo refuerzo de la Policía Federal: 700 agentes que redondearon un total de 2.000 efectivos para realizar tareas de patrullaje en zonas claves de la ciudad. Si bien la tendencia fue hacia la baja, la llegada de fuerzas federales no redundó en una caída sustancal del número de muertes: el 2015 finalizó con 234 homicidios; una tasa de 18,8 muertes cada 100 mil habitantes.
En septiembre de 2016, con el macrismo a cargo del gobierno nacional, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich firmó un convenio de seguridad con el gobernador Miguel Lifschitz, que se llamó “Argentina sin narcotráfico”. El plan se puso en marcha luego de una escalada de violencia en la ciudad que llevó al hartazgo social y se tradujo en dos imponentes movilizaciones bajo el lema “Rosario sangra” que coparon las inmediaciones de la sede local de la Gobernación. El plan fijaba, por primera vez, un “doble comando” a cargo de la Gendarmería en la lucha contra el narcotráfico y de la Policía de la Provincia para los delitos comunes. El encargado de poner en marcha el convenio de cooperación fue el comandante general de Gendarmería Claudio Miguel Brilloni, quien años más tarde se convertiría en el último ministro de Seguridad de la gestión de Omar Perotti.
En octubre de 2016 Bullrich puso a 2.984 gendarmes a trabajar en toda la provincia de Santa Fe, de los cuales 1.357 quedarían con tareas de control en la ciudad de Rosario. “Esta medida es un paso más para que día a día encuentren tranquilidad y mayor seguridad”, señaló la ministra en un posteo de Facebook. Ese año la baja de homicidios fue notoria: 181 en total, con una tasa de 14,3 cada 100 mil habitantes. Y para 2017 siguió la misma tendencia, con 165 homicidios, una tasa de 13 homicidios cada 100 mil habitantes.
En marzo de 2018 el gobierno provincial renovó el convenio de cooperación con Nación en materia de seguridad y acordaron reforzar la presencia federal en Rosario y la región. Dos meses después, Bullrich arribó a Rosario para recibir a un contingente de 300 gendarmes, donde compartió un acto con el entonces ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, y la intendenta Mónica Fein. “No puede haber un milímetro de esta ciudad que esté dominado por fuerzas que no sean del Estado, nacional o provincial”, expresó la ministra de Seguridad. “Hay 3.000 efectivos federales en toda la provincia de Santa Fe, a los que deben sumarse en Rosario desde hoy 300 gendarmes”, precisó. Ese año se registró un repunte con 204 homicidios, 16 muertes cada 100 mil habitantes, que volvió a bajar en 2019 a 169 asesinatos y 13,2 muertes cada 100 mil habitantes.
A principios de 2020, con recambios en el gobierno nacional y provincial, el gobernador Omar Perotti firmó un nuevo convenio de cooperación con el presidente Alberto Fernández, que se comprometía a reforzar la seguridad en la región. El acuerdo se motorizó desde la provincia por la agudización de la ola de violencia que comenzaba a registrar la ciudad: en los primeros 14 días de enero se habían cometido 17 crímenes. En ese marco, la provincia dispuso de 2.000 agentes federales en toda la provincia, de los cuales 700 quedaron abocados a Rosario.
Pero ese año —pandemia de por medio— los homicidios crecieron considerablemente respecto al año anterior. En total fueron 214, 16,6 muertes cada 100 mil habitantes, y 2021 siguió con una tendencia ascendente: 244 y 18 muertes cada 100 mil habitantes. En septiembre, con la asunción del nuevo ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, se ordenó el envío de 575 agentes federales a la región, con la promesa de enviar unos 1.000 efectivos más de forma escalonada hasta marzo. Además, se anunció la conformación de la Unidad 7 de Gendarmería en Rosario.
Un mes después del anuncio, Aníbal Fernández arribó a la ciudad para la presentación de las fuerzas federales en un acto que tuvo lugar en el Museo del Deporte, con el gobernador Perotti. “No vienen y se van; vienen a quedarse. Por eso creamos esta región, para trabajar en todo lo que está generando complicaciones en la ciudad y que nosotros tenemos que ponerle fin con la ayuda de otros poderes”, dijo el titular de la cartera de Seguridad nacional durante la presentación.
Pero para marzo de 2022 no llegaron los efectivos prometidos, ni tampoco se puso en funcionamiento el destacamento de Gendarmería anunciado. Desde el gobierno provincial atribuyeron las demoras a los retrasos que supuso la situación de pandemia. En mayo, con la asunción de Ricardo Daniel Castillo como nuevo jefe de la Fuerza de Tareas y coordinador del trabajo de los agentes federales en Rosario, el tema se volvió a poner en agenda. “Yo no quiero mentirle. Los 300 efectivos ya están dispuestos, calculo que esto es inminente, de hecho son datos que considero estratégicos por eso no los doy”, sostuvo el oficial, ante la consulta de la prensa.
Recién en diciembre de ese año Fernández arribó nuevamente a la ciudad para recorrer las nuevas instalaciones del Destacamento 7 de Gendarmería, ubicado en la zona norte. Junto con él arribaron 200 nuevos agentes federales a la ciudad. El 2022 finalizó con un récord histórico de muertes: 287 muertes que elevaron la tasa de homicidios a 22 cada 100 mil habitantes. Para tomar dimensión del número, en el mismo período se registraron 96 homicidios en toda la provincia de Córdoba.
La escalada de violencia se profundizó los primeros días del 2023 con hechos resonantes como la balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo, que puso a Rosario en todos los diarios del mundo, y la muerte de Jimi Altamirano, un crimen que sentó precedente: fue el primero “al voleo” con la mera intención de enviar un mensaje mafioso e infundir temor a la sociedad. La situación terminó de estallar con el asesinato de Máximo Jerez, un nene de 11 años que murió en medio de una balacera en el barrio Los Pumitas, en la zona oeste de la ciudad. Motivados por la bronca y la falta de respuestas, un grupo de vecinos desvalijó la casa de los presuntos asesinos en medio de una pueblada que fue registrada en vivo por medios locales y los principales noticieros del país.
Como respuesta a esos hechos, el presidente Alberto Fernández grabó un mensaje en el que anunció el envío de 300 gendarmes y 100 policías federales que completarían unos 1.400 efectivos trabajando en el territorio. “Entiendo que Rosario nos necesita. Me doy cuenta que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema”, reconoció el mandatario nacional, que anunció además el envío de “ingenieros del Ejército” para trabajar en la urbanización de barrios populares. “Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita”, explicó.
Para septiembre, y en plena campaña presidencial, Sergio Massa llegó a la ciudad para inaugurar la Base Móvil 2 de Gendarmería Nacional Argentina, en Lamadrid y Juan Pablo II. En un acto que contó con la presencia del gobernador Perotti y el intendente Pablo Javkin, se anunció que en ese lugar tendrían su sede unos 1.300 efectivos de las fuerzas federales que se pretendían para la ciudad, de los cuales unos 800 ya habían arribado y se esperaba por la llegada de otros 500. Pero la derrota electoral del peronismo canceló los planes. El 2023 finalizó con 259 homicidios, más de 20 cada 100 mil habitantes.
Con el cambio de gobierno, y la designación de Bullrich como ministra de Seguridad, se anunció la puesta en marcha del Plan Bandera, en un acto en el Monumento que tuvo más puesta en escena que anuncios concretos. En presencia del gobernador Pullaro y el intendente Javkin, la ministra prometió un “abordaje integral” a los problemas de seguridad en la provincia. A dos meses de ese anuncio, en febrero de 2024 la funcionaria informó que se había registrado una disminución del 47,83 por ciento en la cantidad de homicidios con respecto al año anterior. Los indicadores eran tan ciertos como precipitados: apenas unos días después se produjo una ola de crímenes que conmocionó a la ciudad.
Primero fue el ataque a un ómnibus del Servicio Penitenciario, que por fortuna terminó sin heridos graves. Pero luego las muertes se concretaron: dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicios fueron asesinados en cinco días, a sangre fría, y sin motivos aparentes más que infundir temor a la sociedad. Las líneas investigativas apuntan a una respuesta de las bandas criminales por el endurecimiento de las políticas penitenciarias y las condiciones de encierro, que fueron difundidas por el gobierno provincial semanas atrás con una estética similar a la impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
La situación derivó en una nueva llegada de la ministra Bullrich junto a su par de Defensa, Luis Petri, que el pasado lunes anunciaron, por undécima vez, la llegada de más fuerzas federales a la ciudad. Esta vez serán 450 agentes a los que sumarán también elementos del Ejército para colaborar en materia logística, dentro de lo que les posibilita la ley de seguridad interior. La intención es realizar operativos de saturación en las zonas más calientes de la ciudad y reforzar el patrullaje nocturno. “Vamos a generar equipos especializados y focalizados en generar un mapa de la nueva estructura criminal y de cada una de las bandas que actúan para Rosario”, aseguró la ministra.
En principio los anuncios no solo parecen cortos —desde la oposición señalaban que se trata de 150 agentes federales por turno— sino que también responden a la misma receta. Este jueves, mientras se concretaba la llegada de agentes federales a Rosario por undécima vez en poco más de diez años, corría la noticia de una nueva amenaza. “Flaco, ¿vos trabajás acá? Váyanse y cierren el centro de salud porque los vamos a balear a todos”, le dijeron a un empleado administrativo del Centro de Salud Libertad, mientras maniobraba para estacionar su auto frente al dispensario. El amenazante empuñaba un arma de fuego.
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