La intervención de Donald Trump logró frenar el descontrol de las últimas semanas en el mercado financiero y reactivar con dólares y política un nuevo carry trade que le otorgue otra vida a la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía.
El auxilio fue fundamental, junto a la reacción del núcleo electoral de la derecha para defender al gobierno que más se le parece y a las dificultades de la oposición para articular una propuesta, para transformar el abismo tan temido en un súbito salto a la cima.
Para el economista rosarino Lavi Abraham, la ayuda del Tesoro de Estados Unidos para contener el tipo de cambio fue clave porque “serenó el mercado y ayudó al gobierno nacional a mostrarse con cierto control”. Esa calma le permitió “ganar la batalla narrativa” e instalar la idea de que “más allá de que la población la está pasando mal” se transita “un camino de mejora”.
Los inversores financieros fueron los primeros en celebrar, lo que se reflejó en cierta desaceleración del ritmo de presión cambiaria y en una brusca recuperación del valor de los bonos y acciones. El equipo económico, que enfrentó esta semana vencimientos de deuda y de contratos futuros de divisas, inició un gradual descongelamiento monetario para proveer un poco de liquidez al sistema.
La necesitan los bancos y también la economía real.
La recesión
Las consultoras privadas vienen confirmando que, tras dos trimestres de caída, la economía volvió a entrar en recesión. El Indice Compuesto de Actividad (CA Arg) que elaboran los economistas de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario lo confirmó. En septiembre bajó 0,01 %, arrastrado por la industria, la construcción, la recaudación nacional y el empleo. El índice de expectativas también bajó 0,3 %.
Abraham estimó que la recesión seguirá al menos un trimestre más. “Es difícil saber cuál va a ser el componente de la demanda que la rompa, no será el gasto público ni las inversiones ni el consumo, que sigue deprimido porque los salarios están históricamente bajos”, explicó. Y agregó: “Puede haber una inyección de confianza pero entre la confianza y la demanda agregada tiene que pasar algo en el medio”.
En lo inmediato, Caputo apuesta a “tirar hasta la próxima cosecha gruesa” con la ayuda del Tesoro norteamericano. “Este gobierno necesita dólares todo el tiempo, por eso recurrió al blanqueo, al FMI, a las agroexportadoras y a Donald Trump”, subrayó.
La fragilidad de los bajos salarios
Abraham es economista del Mirador de la Actualidad el Trabajo y la Economía (Mate), que el martes próximo presentará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR un documento de trabajo que va al hueso de la relación entre esta recurrente necesidad de dólares y la transformación distributiva que operó en la economía argentina desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri.
“En la última década, la economía argentina profundizó un círculo vicioso de regresión distributiva, fragilidad externa y concentración de poder económico”, concluye el trabajo titulado “El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios”.
A partir de una investigación basada en balances contables, declaraciones juradas de impuestos y datos de organismos públicos como la Afip, la CNV y el BCRA, los especialistas de Mate indagaron por qué las crisis en Argentina son cada vez más recurrentes, intensas y profundas y por qué “los períodos de estabilidad son más cortos”.
El punto de partida es que entre 2015 y 2024, a través de la caída de los salarios reales, se produjo una transferencia de ingresos que “incrementó los excedentes apropiados por el sector privado en un valor equivalente a 290.000 millones de dólares”. Parte de esa ganancia adicional fue dolarizada por el sector privado, provocando una pérdida de divisas de 190.000 millones en el período. La contracara de este proceso fue un crecimiento del endeudamiento externo del país, tanto del sector público como del privado. Se incrementó en 114.000 millones de dólares, con un costo financiero de 68.000 millones.
“El gobierno de Macri construyó este escenario al imponer un fuerte cambio distributivo, habilitar e incentivar la fuga de excedentes más importante de la historia de la economía nacional y, como contracara, incrementar el endeudamiento de forma inédita”, señala el estudio. En el segundo tiempo, Javier Milei lo profundizó al generar “una nueva transferencia regresiva de ingresos”.
La hipótesis de Mate es que “así se creó y se profundizó la frágil economía de los bajos salarios, donde las crisis son cada vez más recurrentes”. Esta volatilidad mueve a los gobiernos a adoptar “medidas de emergencia” que presentan una “especial oportunidad” para negocios de sectores como el financiero, el energético y el agroexportador.
Los bancos, volcando el excedente en créditos al sector público y las empresas de energía, beneficiándose con políticas de estímulos, precios internos elevados y obras de infraestructura. Las agroexportadoras, con los sucesivos beneficios obtenidos a través de su poder de presión con la liquidación de dólares.
El trabajo pone en evidencia cómo, incluso en contextos de crecimiento, “el ingreso se ha concentrado en una cúpula empresarial cada vez más poderosa, mientras los salarios reales caen y el Estado pierde capacidad de incidir sobre la distribución”. Las altas tasas de ganancia en sectores estratégicos conviven con un mercado interno deprimido y una economía “cada vez más frágil expuesta a la fuga de capitales y la dolarización de excedentes”.
Al analizar las últimas estadísticas tributarias relevadas por la AFIP para el conjunto de actividades económicas, entre 2017 y 2022, Mate detectó que la ganancia empresarial “creció a costa de los salarios y de la recaudación tributaria”. La facturación de las empresas aumentó 18 % en términos reales, el peso del impuesto a las ganancias bajó 35 % en relación a esa facturación y el del costo salarial 25 % en relación a las ventas. A pesar de esta “apropiación del valor agregado” las inversiones a partir de 2015 “presentaron niveles de inversión muy bajos que en muchos casos no cubrieron el propio desgaste del capital”.
El informe apunta a mostrar que “ cuando el poder corporativo es ejercido cómodamente por las empresas, la estabilidad se paga”. Con regulaciones en favor del capital, con caída salarial y, siempre, en dólares. Cuando se acaban las divisas, la estabilidad se termina y se instala la narrativa sobre la necesidad de “ordenar la macro”. Eufemismo, dice Mate, de “bajar salarios a través de la reducción del gasto público y de la elevación del tipo de cambio y las tarifas”.
Las reformas
El resultado de las elecciones de medio término le dio aire al gobierno nacional para persistir en esta “trampa compleja”.
Por eso, al minuto de la victoria, el presidente Javier Milei convocó selectivamente a los gobernadores para que lo acompañen en una agenda de reformas, que empieza con la laboral.
Extensión de jornadas, negociación salarial por empresa, aumentos individuales por supuesta productividad, fraccionamiento de vacaciones, pagos en especies, facilitación de despidos y reducción de indemnizaciones asoman entre los cambios propuestos. Así urge de explorar el mix de proyectos y borradores que surgen de la Secretaría de Trabajo, la diputada santafesina Romina Diez, el Ministerio de Desregulación y el Consejo de Mayo. Aunque el pan oficialismo pueda colar algún filtro, la visión extrema de este plan está bien documentada en el DNU 70 y las dos versiones de la ley Bases.
Con la excusa del crecimiento de la tasa de informalidad en la población ocupada, se desmantelarán las barreras que subsisten para legalizar la precariedad como nueva normalidad. “Es un aniquilamiento del derecho laboral, no es una reforma”, advirtió Pablo Cerra, representante legal de la UOM Rosario, quien subrayó que ya se comprobó históricamente que es “totalmente falso que las reformas laborales generen más empleo”.
El TEG subnacional
Más allá de estos argumentos, los proyectos de reforma laboral, tributaria, y más adelante seguramente también la previsional, son, junto con la sanción del presupuesto 2026, los ejes del “ordenamiento político” exigido por el protectorado estadounidense para financiar la segunda etapa del experimento libertario.
Los gobernadores “no kirchneristas” son invitados VIP a esta mesa. Los de Provincias Unidas salvaron sus butacas por las instrucciones de “consenso” que dio la administración de Donald Trump. Pese al mal debut electoral, es probable que el proyecto político de los caudillos amigables viva todavía en el corazón de Peter Lamelas, el embajador que explicitó su plan de armar la confederación del agro, la minería y los hidrocarburos.
Se ha dicho ya que la geopolítica local promete tener impacto en la subnacional. Dos novedades que no son ajenas a la posición de la economía santafesina como frente portuario de esa entente. Por un lado, tanto el grupo Grassi como su competidor, el tándem Molinos-Dreyfus, se declararon ganadores del proceso de Vicentin. En un final enmarañado, ambos competidores presentaron escritos al juez del concurso preventivo asegurando contar con las mayorías necesarias de acreedores para quedarse con los activos de la agroexportadora. Hasta entrado el viernes, “el cramdown seguía en las urnas”. O más bien en el escritorio judicial.
Por otro lado, la sociedad entre YPF y Essential Energy, Santa Fe Bio, arrancó con el cronograma de tareas para reconvertir la refinería San Lorenzo en una biorrefinería que producirá biocombustible para avión. Este emprendimiento, que el lunes pasado convocó a más de cien empresas metalúrgicas aspirantes a convertirse en proveedores, promete reperfilar el cordón industrial de la región, en base a la vinculación entre agro y energía.
La secesión
Bajo la tutela de la administración Trump, las distintas piezas del mosaico territorial se van armando. En virtud de lo que ocurrió en la reunión de Milei con los gobernadores, el mapa comenzó a dibujarse con una secesión forzada: la de cuatro provincias que fueron excluidas de la mesa de “diálogo”. El 40 % de la población y el 35 % el PBI queda en ese otro país que promete convertirse en blanco de las hostilidades no solo del poder central sino de sus propios colegas.
“Fue una reunión muy amena y muy cordial”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro. Su ministro de Economía, Pablo Olivares, saludó la “alta jerarquía política” del encuentro. Luego, queda transitar la instrumentación de esa agenda, que también incluye una reforma tributaria. Este capítulo, como apuntó el jefe de Hacienda santafesino, es en realidad una discusión sobre la coparticipación.
La administración santafesina se llevó de los pasillos del cónclave la autorización para tomar deuda en el mercado internacional por hasta mil millones de dólares, aprovechando la ventana de menor riesgo país que se abrió tras las elecciones.
El presupuesto
Mientras el Ejecutivo nacional apura consensos para la aprobación del proyecto de presupuesto 2026, la provincia presentó el viernes su ley de leyes, basada en “el criterio central de austeridad y eficiencia operativa para poner el excedente en la inversión”.
El proyecto que entró a la Legislatura contempla gastos por 14 billones de pesos, con un leve superávit fiscal de 6.900 millones. El esquema prevé un ahorro económico de1,75 billones de pesos, que financiará el 91,7 % del gasto de capital. En los próximos días se enviará la ley tributaria, que establece las actualizaciones impositivas para el año próximo.
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