En la Justicia santafesina se está produciendo un hecho inédito e histórico: avanza una demanda que podría permitir a cualquier persona afectada de forma individual por los incendios provocados en las islas el año pasado, beneficiarse de los efectos de la sentencia solamente demostrando los daños concretos que sufrió, entendiendo que los motivos de los mismos ya fueron probados.
Se trata de una acción por daños y perjuicios iniciada por la docente rosarina Silvia Salas, contra algunos titulares de terrenos en las islas frente a Rosario, presuntamente involucrados en los incendios que azotaron toda la zona durante el año pasado y en medio de la pandemia de coronavirus.
En concreto, Salas está llevando adelante una demanda de manera particular pero que afecta en su magnitud a toda una sociedad. Este hecho, sin precedentes en la región, es posible gracias a la entrada en vigencia en 2015 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que, modificando al anterior, habilita a un individuo a avanzar judicialmente de esta manera. Se trata del debut de este instrumento legal en la Justicia santafesina.
Los apuntados por la docente son los catorce dueños de lotes que la justicia federal entrerriana tiene como imputados desde hace un año por delitos ambientales y perjuicios a la salud. Pese a que todavía se encuentran bajo la lupa de la Justicia, ninguno de ellos fue procesado ni estuvo detenido en el marco de la causa que se tramita en el juzgado Federal Nº 2 de Paraná. Son: Enzo Federico Vignale, Alvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto, Mosé María Vicenti, Graciela Capone, Daniel Corvalán, David Sobrido, Mauricio Sobrido, Julián Marcelo Luraschi, Federico Facundo Patricio Muller, Carlos Alberto Sidoti y Jorge Casals.
Entre estos nombres figuran algunos de los titulares de terrenos que, desoyendo la Ley de Manejo del Fuego —recientemente aprobada en el Congreso de la Nación y que prohíbe la venta de lotes incendiados por entre 30 y 60 años— insisten con la comercialización de sus metros cuadrados, tal y como reflejó este medio en una nota anterior.
Lo distintivo de este tipo de demandas, es que la acción iniciada por la docente posibilitará que las pruebas recabadas e incorporadas en el expediente puedan ser utilizadas por futuros demandantes afectados por el mismo hecho de contaminación ambiental. Antes de la entrada en vigencia del nuevo Código había que atravesar un laberinto judicial que demandaba años y pocas veces se lograba algún tipo de definición satisfactoria.
Por ejemplo, para casos como el de los incendios en las islas, se interponían amparos orientados a frenar el daño o se buscaba volver a la misma situación en la que se estaba previo al hecho acaecido, algo imposible de llevar a cabo con la quema de pastizales. Por eso, en situaciones como estas, se intentaba alcanzar algún tipo de indemnización sustitutiva para un fondo de compensación ambiental.
Para siquiera aproximarse a una posible resolución, había que iniciar lo que se llama en la jerga judicial “acciones por intereses colectivos difusos”, y, así, invocar la representación de la sociedad en su conjunto. Es que se interpretaba que los incendios, por ejemplo, afectaban a todos por igual de manera indivisible.
Ahora Salas, sin más armas en la mano que el nuevo el instrumento legal que proporciona el Código, avanza y con buenas expectativas en lo que en términos jurídicos se denomina: “Intereses individuales homogéneos, en reclamos patrimoniales por daños producidos a través del ambiente dañado”.
Traducido significa que para la Justicia “cualquier persona que se vea afectada de forma personal, individual, por el incendio provocado en las islas, podrá beneficiarse de los efectos de la sentencia demostrando los daños concretos que ha sufrido con motivo de esos hechos ya probados”, explicó con sencillez a Suma Política el Director del Observatorio Ambiental de la UNR, Matías De Bueno.
La génesis
Hace menos de un año en Rosario no se podía ni respirar. Por las noches el fuego pintaba el cielo de color naranja producto del ecocidio que se estaba llevando adelante en las islas del Delta del río Paraná. Ni autoridades nacionales, provinciales o municipales podían contra la impunidad de quienes encendían las mechas todos los días.
La nafta de la desidia llegó al punto de quemar en tan solo nueve meses más de 300 mil hectáreas de humedal, según datos recolectados por el Observatorio de la UNR.
Si bien históricamente los incendios en las islas quedaron enterrados bajo la alfombra de la impunidad, esta vez el desastre ambiental generado llegó demasiado lejos. Por eso, para tratar de encauzar judicialmente el atentado, la UNR lanzó dos iniciativas: una para brindar asistencia médica a personas afectadas por el humo y otra jurídica para que las personas víctimas de las quemas puedan contar con asesoramiento jurídico gratuito a cargo de los abogados que integran el mencionado Observatorio. Esta es la acción que invocó Silvia Salas y que hoy está produciendo un hecho inédito en la justicia santafesina.
Desde que se puso en marcha este dispositivo en julio del año pasado se recibieron 125 peticiones de asesoramiento jurídico gratuito, de las cuales 25 se convirtieron en demandas judiciales, expectantes de los resultados de la acción invocada por la docente Silvia Salas.
Más allá de esto, la demanda que lidera la maestra se mantiene firme y camina a paso lento en medio de la pandemia. “Es una acción muy importante porque en definitiva va a ser la prueba para todos los que pretendan accionar con posterioridad”, aseguró Matías De Bueno.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigencia en agosto de 2015 y se constituye en una poderosa herramienta judicial que reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, y este caso podría constituirse en un hecho histórico para los tribunales santafesinos, ya que sería “el primero en utilizar este canal legal para ejercer los reclamos por daños individuales producidos a través del daño ambiental, argumentó el abogado.
Un caso, el de todos
Mientras, continúa armándose el aseguramiento de pruebas, es decir, “incluir en un expediente todo lo que se pueda a nivel probatorio” como por ejemplo registros de incendios, informes de calidad del aire, afecciones a la salud, entre otros datos relevantes.
En el expediente judicial, al que tuvo acceso Suma Política, Salas señala detalladamente todos los avatares que tuvo y tiene que padecer producto de la ola de humo con la que tuvo que convivir durante casi un año, al igual que todos los habitantes de Rosario y alrededores. “Desde diciembre de 2019 vengo padeciendo las consecuencias que ocasionan en mi salud el humo proveniente de la quema en las islas entrerrianas —expresa la docente—, extremo este último que es de público y notorio conocimiento. El humo y las cenizas tienen una alta toxicidad, generando daños a mi salud como laringitis, paroxismo de tos, disneas, disfonías, rinitis, resfríos, estados de asfixias, ahogos y, sobre todo, una terrible sensación de muerte inminente. Con el daño que ocasionan, me quitan el derecho a respirar aire puro, violando mis derechos más básicos e inalienables, como lo son los derechos a la salud, al ambiente sano y principalmente a la vida digna”.
Y sigue: “No tengo a dónde ir, no hay lugar dónde escapar del humo. Aun cerrando las ventanas, el humo ingresa en mi domicilio. Asimismo, debo abrir las ventanas por el dióxido de carbono que produce y para airear los ambientes por el covid-19 y otras afecciones y enfermedades del invierno. Ni hablar de asomarme a la calle donde el aire es irrespirable. Esta sensación de muerte inminente y todos los trastornos a mi salud psicofísica, generaron que deba costear remedios para ayudarme a seguir viviendo como inhaladores, antialérgicos, gastos de consultas, atenciones médicas, traslados a los centros de salud, clínicas médicas y hospitales. Asimismo, debo costear tratamiento psicológico”.
Y concluye: “Soy docente, esta situación me ha empobrecido mucho más, no pudiendo afrontar los gastos ni las costas del proceso. Como consecuencia de la contaminación ocasionada por el humo (…), sufrí lesiones de consideración en mis pulmones, vías respiratorias, vista, psiquis, proyecto de vida, etc., y me encuentro recibiendo continua atención médica ambulatoria”.
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