El fallo no está firme y la controversia se interna en otro capítulo de incierta resolución. Los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus escucharon el viernes pasado los argumentos a favor y en contra de la sentencia de primera instancia que absolvió al docente Juan Francisco Trigatti de los cargos de abuso sexual agravado contra cinco niñas que asistían a un jardín de infantes de la ciudad de Santa Fe. Se trata de un caso testigo del debate que atraviesa a la Justicia de la provincia respecto a las denuncias de ese tipo de delitos contra niñas y niños, y la audiencia agregó otro incidente: el Tribunal rechazó recibir las declaraciones de dos de las niñas, como pidieron la fiscalía y la querella.
Las niñas esperaron tres horas hasta que los jueces decidieron que no iban a declarar. Las razones del Tribunal: ya habían prestado su testimonio en la investigación de la causa y exponerlas de nuevo habría sido revictimizarlas. Los familiares lo consideraron una falta de respeto y ayer dos de las madres, Judith Quiroz y Ariadna Araujo denunciaron los hechos ante el procurador Jorge Barraguirre y pidieron que se evalúe la actuación de los magistrados.
La causa se remonta al 7 de octubre de 2021. Ese día se conocieron las denuncias contra Trigatti, docente de Educación Física en el Jardín de Infantes “Ceferino Namuncurá”. Cinco niñas de entre 4 y 5 años coincidieron en que el profesor encubría como juegos lo que habían sido tocamientos sexuales por encima y por debajo de la ropa. Un niño que asistía al jardín —el establecimiento depende del Arzobispado de Santa Fe— relató haber presenciado dos hechos.
Las denuncias provocaron una reacción de allegados a las víctimas. La casa de Trigatti fue atacada y sufrió daños y destrozos por un principio de incendio. La defensa fue asumida por Marcos Barceló, abogado que se presenta como especialista en “falsas denuncias de género y sexuales” y sostuvo en redes sociales que “la ideología de género ha permeado a todos los poderes judiciales del país”.
Barceló y la codefensora Macarena Olivera expusieron argumentos más tarde retomados por el tribunal que integraron Pablo Osvaldo Busaniche (presidente) y Cecilia Beatriz Labanca y Martín Manuel Torres (vocales). Según el planteo asumido por los jueces, las denuncias de las niñas respondieron a “una psicosis colectiva” en la que participaron familiares, médicos forenses, fiscales, médicas de guardia en el Hospital de Niños, profesionales del Centro Médico Yapeyú e integrantes del Servicio Local de Niñez, y las víctimas no habrían hecho más que repetir lo que escuchaban.
La corta edad de las niñas, “su falta de desarrollo cognoscitivo y/o emotivo”, serían motivos para descreer de sus relatos, que juzgaron simples y sospechosamente parecidos. “¿Qué tipo de relatos esperaba el Tribunal de niñas de 4 y 5 años? ¿Qué tipos de detalles pueden dar esas niñas, además de los que pudieron decir?”, se preguntó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). La organización resaltó un posible patrón de comportamiento, “por ejemplo, la utilización de determinados juegos y la referencia de las niñas al tocamiento de la cola, para referirse a la vulva”.
Los jueces tampoco hicieron caso de informes forenses que detectaron lesiones vaginales en dos nenas, y las atribuyeron a la aplicación de una crema. En consecuencia, el 18 de octubre de 2024 absolvieron a Trigatti de culpa y cargo y pidieron al Ministerio Público de la Acusación que investigue si la fiscal Alejandra del Río Ayala y las abogadas Agustina Taboada —integrante del Equipo de Guardia del Área Local de Niñez— y Carolina Walker Torres —querellante— cometieron irregularidades. Así compartieron otra demanda de los abogados defensores.
Pero el fallo fue apelado por los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro y por la abogada Walker Torres. El Cladem, la Red Víctimas de Violencia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Fundación Thelma Fardín se constituyeron en amicus curiae del tribunal de apelación. “Los argumentos vertidos comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino por violar los deberes de investigar y juzgar los hechos y el de debida diligencia y por obviar el respeto al principio del interés superior de las niñas, entre otros”, advirtió el Cladem. La organización recordó que Santa Fe ya fue obligada a reparar a la víctima de un abuso sexual después que un juez de Reconquista absolvió al agresor.
Frente de tormenta
La significación del proceso trasciende el ámbito de los Tribunales de Santa Fe. El caso Trigatti fue expuesto en la campaña política y mediática para instalar el supuesto problema de las denuncias falsas; la esposa del profesor participó en un acto en el Congreso Nacional convocado a tal fin por la senadora nacional Carolina Losada, donde cuestionó a las fiscales santafesinas especializadas en violencia de género.
El pedido de investigar supuestas irregularidades de fiscales y abogadas se enmarca en la oposición de sectores conservadores de la provincia a las investigaciones con perspectiva de género sobre abusos sexuales. En octubre 2021 el abogado Barceló atacó en las redes sociales a las fiscales Del Río Ayala y Celeste Minitti y dijo que manipulaban causas. Si bien un juez lo intimó a abstenerse de calumnias, injurias y actos de hostigamiento, el argumento no dejó de ser repetido y resonó en las preocupaciones del tribunal de primera instancia. En noviembre de 2022 el actual ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el actual diputado nacional Nicolás Mayoraz fueron también a la carga contra tres funcionarios de la fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional número 1. La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recibió entonces el pedido de investigar supuestas faltas graves. En diciembre de 2024 la investigación de los abusos por los que fue condenado el abogado Ricardo Degoumois, en Reconquista, prácticamente sublevó a parte del foro local y de los jueces penales.
Las organizaciones de derechos humanos y de mujeres convocadas alrededor de los abusos denunciados en el jardín Ceferino Namuncurá alertan sobre los avances de sectores judiciales y anti derechos contra la perspectiva de género en la investigación de delitos sexuales. El fallo de primera instancia que absolvió a Trigatti aparece como un ejemplo de manual al respecto, y de la adopción de ideas seudocientíficas como inoculación y contaminación, utilizadas para desacreditar los relatos de las víctimas y los testimonios brindados en Cámara Gesell.
Las consideraciones del tribunal integrado por Busaniche, Labanca y Torres sobre el caso Trigatti sintonizan así con un clima de ideas de creciente difusión y con una nueva estrategia para desvirtuar las denuncias sobre abusos sexuales. No se trata ya de oponerse a los derechos de mujeres y de niños sino a la supuesta distorsión que produciría “el falso feminismo”, como lo definieron la senadora Losada y el senador Juan Carlos Pagotto, otro legislador preocupado por las falsas denuncias. Habría un feminismo “verdadero” que estaría despojado de la conciencia sobre la desigualdad de los géneros y de sus múltiples consecuencias.
Los jueces santafesinos invocaron “la credibilidad” de los niños para desconocer mejor su palabra, según la crítica de las organizaciones que siguen el proceso. Las costuras de la operación son visibles, ya que recicla estereotipos tan rancios como el de las mujeres mentirosas, pero al mismo tiempo resultan complejas para rebatir porque se revisten del aspecto supuestamente objetivo que le daría un tipo particular de pericia: la llamada “psicología del testimonio”.
El psicólogo Pablo Martínez Soares de Lima es precisamente un referente local de la psicología del testimonio que recibe mucha atención de los jueces santafesinos y fue perito de la defensa en el juicio contra Trigatti. Según su línea teórica, los testimonios solo pueden ser apreciados en los juicios por psicólogos especializados —no psicoanalistas— y cambian con el tiempo. En ese carácter, Martínez sugirió que el relato de las niñas fue inducido por adultos y afirmó que sus testimonios debían ser sometidos a test de credibilidad como el CBCA (Criteria-Based Content Analysis) y el SVA (Statement Validity Assessment).
La Red de Víctimas de Violencia advierte que la psicología del testimonio traspone así una metodología elaborada para adultos inmigrantes y asilados a un campo totalmente heterogéneo como el de los niños abusados. “Fue diseñada para casos donde se presume la voluntariedad del relato, lo cual resulta incompatible con la lógica de revelación propia del abuso sexual infantil, en la que el testimonio suele estar mediado por el miedo, la culpa, el silencio impuesto y la falta de lenguaje emocional o sexual para relatar lo vivido”, alerta la organización, que además puntualiza que los supuestos test “están construidos sobre la presunción de que el niño miente hasta que demuestre lo contrario”.
“Si bien (el Tribunal) no afirma que las niñas mienten, les quita toda validez y credibilidad a sus dichos”, observó a su vez el Cladem. El organismo diseccionó el fallo absolutorio en un escrito donde puntualizó que “omitió valorar prueba objetiva”, incurrió en consideraciones extemporáneas y “disparates” (del fallo se desprende que “la única prueba concluyente sería aquella que no existe en la causa penal: las filmaciones de las cámaras de seguridad”) y expuso “un alto contenido degradante y discriminatorio” al afirmar que las niñas fueron influenciadas por sus madres, abuelas y tías.
Silencio en la sala
Los jueces Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus escucharon el viernes pasado los argumentos a favor y en contra del fallo que absolvió a Trigatti y recomendó perseguir a quienes lo investigaron. Los defensores Marcos Barceló y Macarena Olivera pidieron que sea ratificado y lo celebraron como “contundente e inédito” en la provincia. Los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro y la abogada querellante Carolina Walker Torres exigieron que se revoque la absolución por ignorar las pruebas recolectadas en la causa y pidieron que se escuche a dos de las víctimas, presentes en los Tribunales.
La fiscalía y la abogada querellante solicitaron que el tribunal reciba lo que se llama declaración de impacto de las víctimas. Los jueces se opusieron y tampoco quisieron escuchar a representantes de los amicus curiae. También asistieron familiares de las niñas, entre ellas Judith Quiroz, a quien el Tribunal integrado por Busaniche, Labanca y Torres atribuyó haber propalado la versión —“un guión” (sic)— de los presuntos abusos.
Judith Quiroz se ve obligada a defenderse:
—No me puse de acuerdo con otras mamás para arruinarle la vida a un hombre que no conozco —dice, consultada para esta nota—. Ni siquiera conocía a las otras mamás, porque sus nenas iban a otras salas y a otros turnos del jardín. Además ninguna mujer quisiera pasar por lo que yo pasé. Contener a mi hija es una tarea de todos los días.
La abogada Walker Torres cuestiona la decisión del Tribunal de no escuchar a las niñas como “un nuevo silenciamiento de las víctimas”:
—Los niños tienen el derecho a ser oídos en forma personal. Así lo establece la Convención de los Derechos del Niño de 1994. Desde hace años se escucha a las víctimas en procesos de familia y más recientemente en los procesos penales. Los jueces estaban enterados de la presencia de las niñas, que esperaron tres horas en un cuarto hasta que se rechazó el pedido. Fue una nueva demostración de que en la Justicia santafesina hay una postura negadora del derecho de escuchar a las víctimas.
Judith Quiroz cuenta además que no bien se difundieron los hechos, en octubre de 2021, la directora del Jardín de Infantes le dijo que podía darle una compensación económica. El ofrecimiento se reiteró en llamados telefónicos, donde también recibió amenazas para que desistiera de las denuncias.
—Durante el juicio nos trataron como a delincuentes —dice Judith—. Ponían trabas para que los familiares asistieran. Si queríamos ir al baño nos acompañaba la policía, mientras la esposa (de Trigatti) se movía con libertad. La Justicia siempre hizo esa diferencia y lo del viernes pasado fue otra falta de respeto. Nunca nos quisieron escuchar.
La abogada Walker Torres destacó que la decisión de los camaristas “siguió el criterio regresivo del fallo de primera instancia, por el cual el niño es incapaz de hablar por sí mismo” y rebatió los argumentos del rechazo a la declaración de impacto: “Sostuvieron que era una nueva prueba, cuando se trataba del derecho que tiene toda víctima para ser escuchada. De todas las cosas que hicieron en esta causa es una de las más graves”.
Finalizada la audiencia se abre un compás de espera cargado de incertidumbre. El Cladem exhortó mientras tanto a los jueces de la Cámara de Apelaciones a “valorar la prueba sin recurrir a estereotipos ni prejuicios basados en tradiciones culturales patriarcales y adultocéntricas, que crean jerarquías entre la niñez y la adultez y afectan el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia”.
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