Pareció salido de “La Mala Hora”, una novela breve de García Márquez donde la aparición de unos misteriosos pasquines en un pequeño pueblo colombiano crea una situación de profundo misterio, perturbación y escándalo en sus habitantes. Esto pasó en San Jerónimo Sud, a 35 kilómetros de Rosario, hace tres años. Comenzaron a circular imágenes de contenido sexual de mujeres jóvenes de la localidad. Eran videos donde había escenas explícitas o desnudos de las afectadas. Que sin embargo no tenían que ver con ellas.
Desde el principio se dijo que el uso de la inteligencia artificial y programas de edición había generado el montaje gráfico de unas veinte mujeres del pueblo y de otros de la zona. La circunstancia hizo hablar a toda la región. Las que aparecían lo pagaron caro. Algunas muy afectadas en su vergüenza. Otras incluso más allá con fuertes crisis de pareja.
Los casos fueron denunciados por algunas de las víctimas en 2023, a dos semanas de los eventos turbulentos que desataron los hechos, en la Fiscalía de San Lorenzo. Las imágenes se subieron a un canal abierto de la red social Telegram y luego fueron borradas. En el mismo canal se comentó que hubo registros similares de personas de localidades vecinas. Al mismo tiempo las denunciantes señalaban en la fiscalía que entraban a Telegram y veían contenido pornográfico con sus rostros.
En la fiscalía solo tenían las declaraciones de las damnificadas. No había ningún registro de imágenes que hubiera sido guardado. Pero todo empezó a moverse cuando una mujer de San Jerónimo Sud se presentó en la comisaría a fines de septiembre de 2023. Dijo que se sentía perjudicada a nivel personal porque varias personas le habían dicho que las fotos que comentaba todo el pueblo circulaban en Telegram asociadas a la línea de su celular. Afirmó estar desconcertada ante la reiteración de planteos que le parecían incomprensibles y que quería saber de dónde provenía todo aquello.
Desde la fiscalía a cargo de Aquiles Balbis se centraron en el relato de la denunciante, averiguaron quién era y no surgió nada anormal. Pero cuando examinaron a su pareja, un hombre que hoy tiene 51 años y es dueño de una verdulería, encontraron un dato llamativo: había tenido un único antecedente penal, que terminó en el archivo, por distribución y circulación de material pornográfico, a raíz de una denuncia de la entidad civil Missing Children. Resultaba sugestivo.
Por eso se ordenó un allanamiento a su casa de San Jerónimo Sud. De su vivienda se llevaron seis teléfonos celulares, dos pendrives, una notebook 29 CDs y DVDs, una cámara fotográfica y cinco archivos de memoria.
En la fiscalía entendían que se podía llegar a una acción civil por resarcimiento o reparación pero que si había existido un montaje no había delito penal. Las mujeres acudieron entonces al Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Las abogadas Juliana Tagliatti y Celina Ponti Marcuzzi impulsaron a partir de sus denuncias una querella privada.
Este miércoles hubo una audiencia en los Tribunales de San Lorenzo donde todo este conflicto llegó a una conciliación entre el dueño de la verdulería, Luciano Larrabeitía, y las jóvenes mujeres damnificadas.
Las representantes legales de las jóvenes mujeres reclamaron pena al autor de los videos por “haber afectado la dignidad, el honor y la imagen de las denunciantes, a través de la publicación y la difusión de los videos, de imágenes creadas por inteligencia artificial que circularon por la red social Telegram. Los videos llegaron a un sinnúmero de personas en varias localidades afectando la vida laboral, social y familiar de las damnificadas”. La abogada querellante resaltó que se trató de un hecho de violencia de género porque fueron todas mujeres las afectadas en entornos digitales que lesionan el derecho de ellas de vivir una vida libre de violencia. Y que produjo afectaciones en la intimidad de sus representadas y consecuencias de índole psicológica”.
“Hace dos años cambió nuestras vidas para siempre. De repente nos encontramos en esta situación que ninguna de nosotras eligió. Fue muy doloroso transitar esto”, dijo una de las mujeres que fue víctima.
Toda la audiencia fue de sobria pero muy expresiva emotividad. “Alzamos nuestra voz para que alguien nos escuche y se haga justicia. No puede ser gratis para alguien sentarse en su casa y arruinar la vida de un grupo de mujeres. Esto fue violencia de género. Hubo más de veinte denunciantes y terminamos solamente seis acá. Muchas porque fue muy costoso psíquicamente llevar adelante un proceso así. A nosotros esto nos arruinó la vida. Destruyó vínculos. Teníamos amistades y teníamos vínculos. Esto me afectó en la intimidad porque yo hoy estoy separada de mi pareja. Fue muy grave y nos llevó a situaciones muy límite”, concluyó.
También fue significativo en el trámite que el acusado fuera más allá de la admisión mecánica de su culpa y la espera del final del acto jurídico. Cuando terminó de escuchar a las mujeres, a su relato de vidas trastornadas por lo ocurrido, les habló.
“Quisiera decir que estoy de acuerdo con lo que dijeron las tres chicas. Yo las entiendo”, dijo Larrabeitía. “Les pido disculpas aunque sea tarde y no sirva de nada ahora. No pude darme cuenta entonces del daño que estaba causando. Puedo darme cuenta hoy, después de mucho tiempo de tratamiento psicológico y psiquiátrico, de la gravedad de los hechos. Les pido disculpas a las que están presentes, a las que no y a los que se vieron afectados por lo que pasó. Por supuesto que es algo que nunca más voy a volver a hacer y me avergüenzo de haberlo hecho”.
La jueza Griselda Strologo aceptó homologar la pena a la que se llegó en el acuerdo de conciliación. Pero también remarcó la importancia de que en este proceso penal oral, en una audiencia, el ofensor y las ofendidas pudieran quedar frente a frente. Destacó la trascendencia de que las mujeres le pudieran decir cara a cara a quien las ofendió gravemente el alcance del daño que había producido y sus muy duras consecuencias. Y que este pudiera explicar cómo el hecho de escucharlas allí implicaba para él entender más cabalmente ese perjuicio y disculparse.
El fiscal Balbis, que peritó los teléfonos del acusado y solicitó los allanamientos a su casa, gestiona un abreviado por delito de tenencia simple de pornografía contra Larrabeitía por los contenidos hallados en su teléfono. Según dijo a Suma Política no pueden canalizarse en un mismo documento o en instancia única con la querella privada. En su delito no hay víctima porque no tiene imágenes de las mujeres afectadas ya que fueron producto de un montaje. Sin embargo tras identificar al autor y allanar gestionó con la defensa la reparación que fue aceptada este miércoles por el imputado. “Es un muy buen precedente lo que pasó hoy”, sostuvo.
La jueza Strologo les señaló a las víctimas que lo importante de lo que pasó en la audiencia no es la pena impuesta, sino que puedan ser escuchadas y que no impere la idea de que lo que les ocurrió es intrascendente para la comunidad y para la Justicia. En el Código Penal vigente al momento de los hechos los delitos contra el honor, como éstos, solamente reciben multa por la figura de injurias. Que es un delito de instancia privada.
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