La investigación por grave daño ambiental en Capitán Bermúdez ocasionado por la compañía Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), avanza a paso firme. El juez de San Lorenzo, Eugenio Romanini, falló a favor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que siga tomando muestras en pozos de agua y en tierra del predio para conocer los presuntos niveles de contaminación.
El magistrado no sólo habilitó que se pueda seguir trabajando en la zona sino que también aceptó las muestras ya tomadas y presentadas. Se tratan de todas las que se extrajeron cuando en diciembre de 2020, la Fiscalía de Estado —mediante una nueva denuncia de contaminación contra la empresa— fue a tomar pruebas y detectaron pozos que no estaban habilitados ni mencionados por la compañía.
Por esta causa, solamente dos de los cinco implicados quedaron formalmente imputados en la audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Rosario el año pasado. Se trata del ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini. Los dueños de la ex Electroclor -el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, representados por el abogado Mariano Cúneo Libarona- no fueron imputados dado que el juez actual de la causa, Carlos Andrés Gazza, considera que todavía sigue vigente una resolución del juez Juan José Tutau que extingue la acción penal contra ellos. Por este motivo, se espera que se defina la validez de dicha resolución.
Serjal y Luzzini quedaron formalmente imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Y Serjal, además, por omisión de persecución. A los titulares de Petroquímica Bermúdez, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pretenden imputarlos por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.
Una de las hipótesis con la que especulan los fiscales tiene que ver con los motivos que habría tenido el ex fiscal regional Patricio Serjal para haber aceptado frenar la acción penal contra la empresa. Allí concentran la investigación.
Así las cosas, hasta el momento, hay satisfacción por parte de los fiscales que investigan la presunta contaminación por el reciente fallo del juez Romanini. Uno de ellos, Schiappa Pietra, contó a Suma Política que habían solicitado la ampliación de estas inspecciones —aprobadas— para relevar lo que entendían como “irregularidades”.
“Ellos (la defensa) se opusieron a esto pero no tenían ninguna razón para que no pudiéramos avanzar con la medida de investigar”, expresó el fiscal. Sin embargo entiende que todo el trámite llevará tiempo, dado que “cada vez que entramos al predio lo hacemos con personal del laboratorio biológico de la Policía de Investigaciones (PDI) e implica todo un movimiento que necesita cierta preparación para poder seguir relevando la zona”, explicó.
Mientras se siguen tomando muestras para detectar niveles de contaminación en la empresa, se está a la espera de que la Cámara resuelva si sostiene o no la resolución de Tutau que extingue la acción penal contra los dueños. En caso de que se desestime su validez, se podría avanzar hacia una imputación penal contra ellos.
El delito de contaminación prevé una escala penal de 3 a 10 años para “el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, según detalla el artículo 55 de la Ley 24.051. A su vez, “habría que agregarle multas millonarias para la reparación del ambiente”, indicó públicamente el fiscal Edery.
A su vez, la firma tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el ahora Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y cuyas tareas ya están en marcha.
Al respecto, Schiappa Pietra recordó que pese a estos trabajos iniciados y de que muchas bombonas de cloro fueron relocalizadas, “hay otras tantas que no se sabe aún dónde están”.
En consecuencia este programa de remediación pretende comenzar a paliar los efectos de la contaminación pero “lamentablemente perdurará durante mucho tiempo, inclusive años, por eso la importancia de que prosperen estas acciones”, concluyó.
Desde el inicio
El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.
Capitán Bermúdez vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser un poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.
El propio municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de que se generen fugas de gases.
En este contexto la empresa presentó un informe ambiental pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató emisión de gas cloro que afectó a parte de los empleados de la firma lindera Celulosa SA proveniente de la ex Electroclor. Por esto fue intimada al cierre seguro de su planta, pero no lo hizo.
Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la provincia Miguel Lifschitz ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.
Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de la Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Ledesma avanzó hacia una imputación pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional Serjal para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.
La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.
El freno a la causa que falló
La investigación del caso sigue en pie gracias a que el juez penal de San Lorenzo, Carlos Andrés Gazza, resolvió hacer lugar al pedido de los fiscales y declaró nula la resolución que hace tres años dio por cerrada la causa por contaminación contra la petroquímica. “El tribunal no puede aceptar que la investigación no siga adelante”, sostiene el fallo en uno de sus apartados.
La causa se cerró el 8 de marzo de 2019 y de acuerdo a los testimonios que se volcaron en las audiencias fue por orden del ex fiscal Serjal. La decisión fue trasladada por el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, al juez Juan José Tutau. Sin embargo, la resolución que ordenó reabrir el caso no cuestiona el accionar de Tutau: considera que ordenó la medida porque le ocultaron información.
“El Estado no puede archivar una causa de esta forma”, dijo Schiappa Pietra en su alegato. La defensa de la empresa había apelado al concepto de cosa juzgada, que fue rechazado por el juez. El juicio oral se desarrolló en los tribunales de Rosario durante cuatro audiencias y posteriormente se escucharon los alegatos de las partes. En el transcurso de las audiencias prestaron testimonio el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; el ex fiscal de Estado, Pablo Saccone; el ex secretario de Medio Ambiente del Frente Progresista, César Mackler; el fiscal Juan Carlos Ledesma y el juez Tutau, entre otros.
La investigación que llevaron adelante los fiscales Schiappa Pietra y Edery terminó con una denuncia contra los dueños de la empresa por “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”.
Se presume que en la planta había sustancias contaminantes como amoníaco, amianto y ácido sulfúrico y que la ex Petroquímica Bermúdez no tomó ninguna medida para evitar el grave daño ambiental que estaba produciendo.
Autor
