Tras el anuncio que realizó el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Walter Gálvez, sobre la inversión de un millón y medio de dólares para instalar un sistema que va a inhibir totalmente el uso de celulares desde el interior de la cárcel de Piñero en pos de mermar las balaceras extorsivas en Rosario, comenzaron a surgir las primeras críticas sobre la efectividad de la medida.
“Casi siempre, cuando vos restringís algo —como en este caso la señal telefónica— se arma un mercado alrededor de esto. En general, lo manejan los servicios penitenciarios. En los penales siempre hay algunos puntos ciegos donde los inhibidores no alcanzan a cortar la señal y se termina tarifando la zona”, le dijo a Suma Política el criminólogo Enrique Font.
Ex funcionario y académico, fue durante cuatro años vicepresidente del Subcomité de Prevención de Tortura de la ONU, un cargo en el que la tarea consiste en inspeccionar cárceles en todo el mundo. “Yo ví de todo en cuanto a penales súper securitizados; inclusive, conocí la cárcel en México de la que se escapó el Chapo Guzmán”, contó.
Según Font, en todas las cárceles que conoció, sobre todo en Latinoamérica, en las que tenían inhibidores, todos los presos —contado por ellos mismos— “tenían sus sistemas para comunicarse con afuera”. Además, “en los penales, siempre hay puntos ciegos, y lo que termina pasando es que en esas zonas donde no se corta la señal se cobran aranceles, como sucede en las cárceles de Guatemala”.
La semana pasada, Gálvez le había adelantado a Suma Política que el millonario sistema que van a instalar en Piñero “no existe en el país” y que esperan que esté operativo “a fin de año”.
El funcionario provincial explicó que “el objetivo es ampliar la banda de inhibición en esa cárcel, porque si bien actualmente cuenta con cinco inhibidores, son muy chicos para frenar a los altos perfiles, que actualmente son treinta. Por eso estamos avanzando en diferentes etapas para mejorar esta situación”.
Los dispositivos que se van a instalar serán desarrollados por el Invap, que los fabricará con “tecnología israelita” y que operarán con un sistema denominado “full jamming” que “evitará” cualquier comunicación en el perímetro (acá, la nota completa).
Font señaló que no le parecen “mal” los inhibidores sino que “los presenten como la panacea que va a resolver los delitos que se cometen desde adentro de las cárceles, cuando en realidad no lo van a lograr, porque rápidamente se van a encontrar formas alternativas de comunicación”.
Es que “dada la prohibición, aparece el mercado”. Y, a su vez, esta medida “va a profundizar” la estratificación dentro de las cárceles. Es decir, “que los presos más pobres son los que no van a tener ni la plata ni los contactos para poder comunicarse”.
El criminólogo Font también apunta contra la “distorsión” que este nuevo sistema va a generar en Piñero. “Es una cárcel que ya está reventada, donde abunda la corrupción y la superpoblación —como sucede en el resto de los penales santafesinos—, con lo cual invertir ese dinero solamente en una no va a disminuir la intensidad de la criminalidad en Rosario”.
Y recordó que algo similar sucedió en los 90 cuando se presentaron las cámaras de videovigilancia como la solución a los delitos, pero “el fenómeno siguió”. Font entiende que ante la “desesperación” empiezan a “ofrecer panaceas” que “no lo son”.
¿Y entonces?
“¿Qué hubiese hecho usted con ese dinero?”, preguntó Suma Política.
“Se podría utilizar para aplicarlo en políticas de prevención social del delito —respondió Font—. También se puede destinar a tener programas en el interior de las cárceles, o a fortalecer intervenciones en los barrios La Tablada y Las Flores, ahí, en el territorio, para trabajar en inclusión con pibes que tiran tiros. Y después lo expando a otros barrios”.
“Hay que hacer una reforma profunda y profesionalización de la policía, hay que transformar el Ministerio Público de la Acusación (MPA) donde no se labura en serio y están todos preocupados en ver cómo renuevan sus cargos y demás. No es posible que todavía no tengamos investigaciones para establecer de dónde provienen las armas ilegales, por ejemplo”, añadió.
En el contexto en el que se vive, Font cree que ponerse a hablar de políticas públicas sofisticadas “parece una locura”, porque primero “hay que parar la trayectoria catastrófica en la que venimos. Y la verdad no veo a nadie muy dedicado a eso”.
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