El escenario no es el más adecuado. Superpoblación de presos, tráfico clandestino de teléfonos celulares, pabellones convertidos en coworking del delito que estalla en las calles de Rosario y una notoria debilidad en una institución que lleva un mes de acefalía. En ese tembladeral pondrá pie el nuevo director del Servicio Penitenciario de la provincia, Gabriel Leegstra.
La designación de Leegstra cierra el período de incertidumbre que se abrió después del rechazo generalizado entre partidarios y opositores al nombramiento de José Bernhardt, por su pasado como integrante del Batallón 601 de inteligencia durante la dictadura, y a la vez intenta hacer frente a una urgencia: el gerenciamiento del crimen desde las cárceles provinciales.
La nueva gestión en el Servicio Penitenciario coincide con el inicio de un juicio federal que tiene como principal acusado a Claudio “Morocho” Mansilla, fugado de la cárcel de Piñero con otros siete presos el 27 de junio de 2021 y recapturado por la flamante Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado el 17 de junio, cuando se había sentado a cenar en un departamento de la zona norte de Rosario.
Aquella fuga desató una crisis política al quedar al descubierto las condiciones de una supuesta cárcel de máxima seguridad: un perímetro con tejido de alambre, cámaras de vigilancia que no funcionaban, puestos de custodia abandonados. El entonces ministro Roberto Sukerman la definió como “un gallinero”. Ahora el Tribunal Oral Federal número 3 juzga a Mansilla por organizar desde la cárcel el tráfico de estupefacientes en un sector de la zona oeste de Rosario entre 2018 y 2019.
La sucesión actual de homicidios en los barrios Ludueña, Empalme Graneros y Tablada también está vinculada con órdenes dictadas desde cárceles provinciales, según investigaciones del Ministerio Público de la Asociación. Las prisiones santafesinas no interrumpen las trayectorias en el delito sino que les dan un nuevo impulso: sería el caso, entre otros, del meteórico ascenso de Francisco Ezequiel Riquelme, “Fran Riquelme”, que pasó de tiratiros callejero en 2020 a jefe de banda que en 2022 construye su prestigio desde la cárcel sobre la base de la violencia que encarga contra sus rivales, dirigidos a la vez por otros presidiarios.
Leegstra llega al Servicio Penitenciario desde la dirección del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe, un puesto para el que fue designado en 2017 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz. Su carrera transcurrió en la policía entre 1978 y noviembre de 2007, cuando se retiró como comisario general y jefe de la fuerza en la provincia. Una experiencia que se pondrá a prueba.
Tormenta de problemas
La extorsión contra el dueño de una pizzería por la que fueron imputados dos presos de Piñero y dos mujeres encargadas de recolectar el dinero expuso otra vez la funcionalidad de la cárcel para la producción de delitos. No solo por la trama del chantaje: los presos en cuestión están detenidos por robos y ahora agregan un nuevo delito a sus trayectorias.
La reincidencia en el delito ya no es un problema hipotético en el horizonte de los reclusos sino una realidad que se adelanta y se multiplica durante el mismo cumplimiento de la pena. Nunca más actual la típica observación de las crónicas policiales según la cual las prisiones actúan como escuelas del delito porque consolidan los vínculos y las prácticas al margen de la ley de los que soportan el encierro.
El gobierno provincial enfrenta la situación con acciones y proyectos desplegados en distintos ámbitos: unidades específicas para los fenómenos de las balaceras y el crimen organizado, gestiones de mayor coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, incorporación de un sistema de inhibidores para celulares en las prisiones.
“Nosotros vemos que el fenómeno de las extorsiones está en baja, más allá de la representación mediática de casos particulares, y lo refrendamos con el testimonio de los representantes de empresarios y comerciantes con los que nos reunimos”, afirma Andrés Rolandelli, subsecretario de Política Criminal.
La creación de una brigada destinada a intervenir en balaceras tuvo como primer paso “un cambio de metodología” acordado con la Fiscalía Regional de Rosario. El procedimiento consiste “en no otorgar brigadistas a un fiscal en particular sino en centralizar los efectivos bajo el mando de un responsable que interactúe directamente con un responsable de fiscalía, para optimizar el tiempo y los recursos y abordar los casos de manera expeditiva, por lo cual también pedimos a comerciantes y empresarios que hagan las denuncias directamente al jefe de la unidad de balaceras”.
Rolandelli también responde a otros cuestionamientos que recibió el Ministerio de Seguridad, como el denunciado descontrol sobre el almacenamiento de armas secuestradas en la sección Balística. “No es responsabilidad única y exclusiva nuestra, porque la Justicia tiene la potestad sobre esas armas, pero es lo que se dice en todo momento. Lo mismo respecto del hermano de la jefa de policía Emilse Chimenti (el subcomisario Cristian Chimenti, director de la Región Sur del Área Criminalística). Nadie protege a nadie, puede tener responsabilidad funcional en tanto jefe de un área pero de ahí a que esté involucrado en una trama más compleja no hay evidencias. Sin embargo, fue lo que se dijo”.
Decisiones precipitadas
La crisis de la policía santafesina se renovó el 28 de junio. Ese día presentó su renuncia el subjefe de policía de la provincia, Diego Germán González, después de usar un vehículo oficial para llevar a su hijo a una fiesta electrónica en la ciudad de Córdoba.
El ministro Jorge Lagna dijo que había una misión “estrictamente policial” de por medio en el viaje de González, pero el escándalo originado por la viralización de la foto de la camioneta Toyota con el logo de la provincia en el estacionamiento del recital forzó el desplazamiento. Dos semanas después, la subjefatura de policía de la provincia continúa vacante.
Ariel Zancocchia, el antecesor de González, está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a la administración y disposición de vehículos y autopartes pertenecientes a la policía de la provincia, además de afrontar cargos por defraudación al Estado, cohecho y peculado. El embravecido mar de fondo que rodeó al allanamiento del Ministerio de Seguridad en Rosario el 26 de noviembre de 2021 fue relacionado, entre otras especulaciones, con una revancha por la investigación que llevaba adelante la Agencia de Control Policial en torno a esas presuntas maniobras.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery imputaron a Zancocchia y otros seis policías en la causa. Entre otros argumentos se expuso que la proveedora de autopartes de la policía era la empresa Genarino Mecánica, cuyo socio había sido el propio Zancocchia antes de ser subjefe de la policía, como quien pasa de un lado a otro del mostrador. Según la investigación las irregularidades se extendieron “al menos” desde febrero de 2019 y llegaron hasta el 30 de julio de 2021.
Director General de Policía antes de asumir, Diego Germán González fue valorado por su condición de abogado y en tanto tal “porque necesitamos más trabajo en conjunto entre la Justicia y el Gobierno”, según declaró el ministro Lagna al ponerlo en funciones. Fue esa misma aspiración la que precipitó el nombramiento de Horacio Lucchini al frente de la Dirección Provincial de Política Criminal en diciembre de 2021.
Lucchini apareció en escena en el escenario devastado que dejó la renuncia de los funcionarios nombrados por Marcelo Sain. Sus créditos eran el de desempeñarse como secretario del juez federal Aurelio Cuello Murúa, en Venado Tuerto, y el de contar con relaciones —reales o imaginarias, el punto todavía no está claro— en el ámbito de la Justicia y los organismos de inteligencia. Pero los vínculos llegaban también a allegados a Esteban Alvarado, según la declaración de Mariana Ortigala que lo llevó a presentar la renuncia en el mes de marzo.
Ortigala sitúa a Lucchini como un operador en las sombras del Ministerio desde octubre de 2020, cuando se habrían entrevistado por primera vez en un hotel céntrico de Rosario con la mediación de Matías Herrera, primo de Facundo “Macaco” Muñoz (condenado por el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero) y vinculado con Alvarado a través de la cárcel. Lucchini estaba interesado en que Ortigala lo pusiera en contacto con Ariel “Guille” Cantero, de quien se reconoce como amiga, y le habría anticipado que preparaba “una cama contra Marcelo Sain”, entonces ministro de Seguridad.
La segunda reunión tuvo lugar después del nombramiento de Lucchini al frente de Política Criminal, cuando el entonces funcionario le presentó a Ortigala “una minuta de sugerencias con valores”: traslados a otras cárceles, “liberar una zona”, teléfonos celulares en la celda, “armar allanamientos contra una banda contraria”. Todo cotizado en dólares, nada de pesos.
Ortigala afirmó tener capturas de WhatsApp, audios y registros en video de sus conversaciones con Lucchini y Herrera, que puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Las ambiciones de Lucchini —que por otra parte se jactaba de ser nieto de Rolando Lucchini, el abogado del mafioso Juan Galiffi en la década de 1930— habrían sido convertirse en ministro de Seguridad en base a pactos con el crimen organizado. “Primero quería mediar entre Alvarado y Guille, pero después, porque aparentemente no había llegado a un acuerdo económico con Esteban, la prioridad la tenía el sur (los Cantero)”, relató Ortigala el 8 de marzo pasado, en una entrevista con José Maggi.
Lucchini también habría sondeado a Cantero, a través de Ortigala, “para que hagan una balacera en Rosario para generar una conmoción y aparecer él como controlador o salvador”. Esa propuesta coincide en el tiempo con las balaceras contra la parrilla El Establo y el puesto de comidas Jorgito’s Junior, que estuvieron rodeadas de conjeturas en torno a una mano negra —como se decía ya en los tiempos del abuelo Rolando Lucchini— para incidir en la política de seguridad.
“Tenemos bastante evidencia sobre los delitos que podríamos imputar y estamos avanzando. Es una investigación compleja por la función institucional que desempeñaba Lucchini”, dice el fiscal Schiappa Pietra.
El ex secretario de Política Criminal presentó su renuncia y no hizo declaraciones en ningún ámbito. “No tuvimos noticias de él desde ese momento, no se puso a disposición de la Justicia”, agrega el fiscal.
Una teoría por la ventana
La teoría de las ventanas rotas, como la que expusieron directivos del Instituto Manhattan ante el intendente Javkin en Nueva York, puede resultar novedosa para alguien que ignore la historia reciente e incluso las políticas de seguridad que se implementaron en Santa Fe desde fines de la década de 1990.
William Bratton, el director del Instituto Manhattan que se entrevistó con Javkin, estuvo en Rosario a fines de 1998. En ese entonces fue invitado por la Fundación Libertad y el Foro Regional Rosario y su visita precedió a la del creador de la teoría, George Kelling. Además de dictar conferencias, se reunieron entonces con funcionarios del gobierno provincial —a cargo de Jorge Obeid— y con jefes policiales: a partir de entonces las concepciones sobre “tolerancia cero” y los procedimientos de “saturación policial” —el abecé de las ventanas rotas— se incorporaron a las gestiones políticas locales.
La teoría de las ventanas rotas concibe al delito como un problema desvinculado de cualquier factor social o económico y lo restringe a la responsabilidad individual. Así lo expuso el propio Bratton durante su paso por Rosario: “El delito surge de posturas individuales, de personas que deciden violar la ley. Los individuos son los que cometen delitos: no creo que sean comportamientos impuestos por cuestiones sociales. El desempleo y la pobreza pueden influenciar, facilitar el crecimiento del delito, pero no son su causa”.
En la práctica, la teoría funciona como sustento de políticas que tratan al delito exclusivamente en términos represivos —su implementación suele estar acompañada por el incremento de la violencia policial— y las evaluaciones realizadas desde la criminología revela que sus resultados en cuando a la disminución de casos suelen ser tan repentinos como efímeros.
La difusión del encuentro de Javkin con representantes del Instituto Manhattan derivó en un cruce indirecto de opiniones a través de Twitter y de distintos medios entre el intendente y Enrique Font, titular de la Cátedra de Criminología de la UNR.
“No tenemos una policía para criminalizar a nadie”, dijo Javkin ante las críticas de Font. Habrá que ver si al regreso a Rosario trae las recomendaciones del Instituto Manhattan o si las dejó en el hotel, como esas cosas sin valor que se reciben en los viajes y que no hacen más que recargar el equipaje.
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