Para poder erradicar el uso de celulares desde la cárcel de Piñero, donde se encuentran alojados algunos de los principales delincuentes de “alto perfil”, la provincia de Santa Fe invertirá un millón y medio de dólares para incorporar un sistema de inhibidores “full jamming”, que blindará la señal del penal por completo.
Se trata de una deuda pendiente que tenía el Ministerio de Seguridad para lograr controlar absolutamente el flujo de llamadas entrantes y salientes de una de las cárceles más pobladas y usualmente vinculada a balaceras extorsivas.
Según confirmó a Suma Política el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez, se trata de un sistema que “no existe en el país”, tendrá un costo de “un millón y medio de dólares” y pretenden que esté en funcionamiento “antes de fin de año”. El funcionario explicó, además, que se trata de “un desarrollo completo del Invap” (empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad).
“El objetivo es ampliar la banda de inhibición en esa cárcel, porque si bien actualmente cuenta con cinco inhibidores, son muy chicos para frenar a los altos perfiles, que actualmente son treinta. Por eso estamos avanzando en diferentes etapas para mejorar esta situación”, indicó Gálvez.
Desde que Seguridad provincial presentó la nueva Unidad Especial de Extorsiones, Amenazas y Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró constatar que gran parte de las balaceras que tienen a maltraer a la ciudad de Rosario como a otras localidades vecinas se planifican desde las prisiones santafesinas, y la de Piñero es una de las principales.
Esta Unidad Especial, que aborda las causas complejas que estén relacionadas a extorsiones y balaceras y que tiene la misión de desarticular las bandas criminales que actúan en diferentes zonas de la región, viene exigiendo la restricción absoluta de las comunicaciones en los penales.
Este también es uno de los principales reclamos de los fiscales que intervienen en las causas de balaceras como es el caso de Pablo Socca —quien integra la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto con Valeria Haurigot—.
En reiteradas oportunidades, el funcionario judicial sostuvo que “si las autoridades no impiden el ingreso de celulares a las cárceles, esto no se termina”. De hecho, la extraordinaria fuga de ocho reclusos de la cárcel de Piñero en junio de 2021 fue posible porque se cocinó desde uno de los pabellones.
Finalmente, el Ministerio de Seguridad activó esta línea de acción. “Estamos en diferentes etapas de contratación con el Invap de Bariloche. Se firmó un convenio marco y en función de éste hay uno específico que se está desarrollando ahora y que estará listo en 30 días, el cual consiste en hacer una revisión de los inhibidores que ya están colocados en la cárcel de Piñero para mejorarlos”.
Una vez listo este trabajo, se procederá con el desarrollo del proyecto de “inhibición total” que desde el Invap fabricarán con “tecnología israelita” y que operará con un sistema denominado “full jamming” que evitará cualquier comunicación en el perímetro.
“Es una necesidad que tenemos; no existe en ninguna penitenciaría del país y sería dar un salto enorme para limitar las comunicaciones dentro del penal”. Pero, además, están avanzando en incorporar más equipamiento en materia de seguridad para las cárceles. El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios adelantó, a la vez, que están evaluando instalar “sistemas body scan y scanner de bultos —como los que se encuentran en los aeropuertos— no solo para asignar a Piñero sino también para la cárcel de Coronda”.
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