Atacar al delito complejo desde todos los flancos sin afectar la actividad económica legal de la ciudad. Esa fue la premisa con la que el intendente Pablo Javkin anunció el envío al Concejo de un proyecto que amplía la ordenanza vigente desde 2014, para detectar mediante un sistema de alerta maniobras sospechosas de lavado de dinero en Rosario.
En su exposición quedó claro que el municipio asume una parte de la responsabilidad de ese problema; la otra es compartida con el resto de los organismos nacionales antilavado. “Hay que arremangarse todos”, invitó ante la mirada de representantes de la justicia y la AFIP (estuvo el director regional interino Martín Zirulnik), a la vez que explicó cómo su proyecto va a “ensanchar” el aporte que la Municipalidad puede hacer en ese sentido.
“Haciendo esto desde el municipio queremos empujar, hacer un aporte para que todos pongamos el foco en el movimiento económico”, resaltó buscando reciprocidad en otros sectores de la vida institucional.
Rescató como “pionera” la ordenanza impulsada en 2014 por el ex edil de Juntos por el Cambio Roy López Molina (fue invitado a la presentación), una iniciativa que surgió como respuesta a la polémica habilitación del boliche “Esperanto”, una franquicia gestionada por el empresario narco Luis Medina, posteriormente asesinado. “Los municipios en general no tienen herramientas desarrolladas en materia de persecución del lavado de activos”, comentó.
Pero la experiencia de casi diez años de esa normativa dejó la sensación de que había que mejorarla, para que sea “más preventiva”, y por eso el intendente propone estos cambios que ahora deberá aprobar el Concejo.
“Hay que trabajar con la experiencia, -dijo- no empezar todo de nuevo. No es que se me ocurrió un día hacer una ordenanza. Hay una experiencia ya, un impacto de cómo fue con ese sistema en las causas y hay un aprendizaje hecho y un proceso de digitalización y modernización que hoy nos permite ser más efectivos. Basarnos en esa experiencia que tuvo aportes en algunas causas importantes”.
Si bien Javkin rescató la predisposición de los ediles, no hubo tantos acompañando el anuncio: la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck; el edil de su sector político, Fabricio Fiatti; Juan Monteverde y Caren Tepp (Ciudad Futura), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Lisandro Cavatorta (PJ) fueron los que dieron el presente.
Por el lado de la justicia, no asistió ningún miembro de la Corte Suprema provincial que preside Rafael Gutiérrez. Pero hubo una nutrida tribuna: participó el fiscal general Jorge Baclini, la fiscal regional María Eugenia Iribarren, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra; el presidente de la Cámara Federal, Aníbal Pineda; el presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador, y el director del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik.
Javkin agradeció las presencias y destacó especialmente el trabajo de colaboración en el armado del proyecto de ordenanza de la actual jefa de Investigaciones de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Marina Marsilli, que antes había trabajado en el Concejo y en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad.
Aunque no se olvidó de reclamar otras medidas que escapan al ámbito municipal (fuerzas federales para el control de lo que sucede en la calle, más juzgados y sobre todo control en el Servicio Penitenciario para que las celdas “no sean un home office” de los presos), Javkin se enfocó en este proyecto que considera estratégico en la lucha contra el delito complejo, porque persigue adonde va el dinero que moviliza toda esa economía.
Perfil digital
El intendente resaltó que recién se pueden plantear ahora estos cambios y no antes, porque era necesario dar un primer paso, que era modernizar el perfil digital del municipio. “Ahora podemos tener digitalmente acumulada la información sobre las empresas y el movimiento económico de la ciudad, lo que nos va a permitir configurar un alerta frente a algunas situaciones sospechosas, y hacer trámites de modo digital; de lo contrario paralizábamos toda la actividad municipal, ya que el 90% de nuestra actividad económica es legal”.
Se puso así a resguardo de las primeras críticas que tuvo cuando anunció este proyecto en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo: que no se afecte a quienes trabajan legalmente.
Reconoció que “siempre hay un dilema entre el aporte de información que podemos hacer a investigar o prevenir un delito complejo y la traba que puedan tener las operaciones regulares que se dan en la ciudad a cargo de firmas reconocidas con años de trayectoria. Si uno persigue todo es lo mismo que nada. Hay que tener selectividad”, aclaró.
“La mejor manera de proteger y distinguir es cuando la acumulación de información que el municipio haga permita hacerlo rápidamente: habilitaciones, movimientos económicos, constitución de sociedades, transferencias de sociedades, de inmuebles que el municipio recibe permanentemente”.
“El perfil digital es el primer paso para distinguir por qué una firma concesionaria de autos que tiene 70 años de trayectoria es diferente a una que se abrió hace seis meses, porque la acumulación de información digitalizada va a permitir mostrar los años de antigüedad, la constitución de la firma, los accionistas, si hubo cambios en la constitución accionaria. El objetivo es ir a buscar lo que es útil en las causas judiciales que ataquen al delito complejo, queremos hacer un aporte importante”, prometió.
Cuándo se da un alerta
En el proyecto están definidas las actividades que pueden motivar un alerta. El intendente dio ejemplos de algunos casos: si sobre un mismo local hay muchos trámites de habilitación, o hay muchas transferencias sobre una misma sociedad que explota una de esas actividades, o esa actividad se muda o cambia sus socios, o el municipio concesiona un lugar y cambia muchas veces el concesionario.
La ordenanza especifica no sólo los rubros, sino también las acciones que se consideran llamativas en cada uno. “Lo hacemos de modo tal de proteger a la gente que en la ciudad trabaja desde hace tiempo en un rubro. Hay personas que trabajan en la gastronomía de esta ciudad hace 20 o 30 años, no vamos a ir a molestar a esas personas. Si vemos que cambia la sociedad habilitada o que hay transferencias sobre un inmueble muy llamativas (hay casos concretos que están en investigación) hemos aprendido que el problema está en la transferencia y no en el local. Vamos a poner foco en la transferencia”, explicó el intendente.
Para Javkin la parte fuerte que puede aportar el municipio es el conocimiento del territorio. “No podemos allanar, pero sí mostrar algún movimiento económico. No tengo material para saber cómo se paga un auto o cómo configura el patrimonio una persona, pero sí me puedo dar cuenta si en un local sucesivamente se cambia de sociedad cada dos o tres años, si se habilitó una concesionaria y si es de una empresa que no tiene ningún antecedente en el rubro”.
Y reiteró que “no se va a poner en sospecha las actividades de empresas que tienen 50 o 60 años de trayectoria en la ciudad, pero tenemos que estar alerta a inversiones novedosas en estos rubros de gente que antes no participaba de esa actividad. Ese es el primer foco”, remarcó.
Una autoridad de control
La ordenanza prevé crear una autoridad de aplicación que será la encargada de recibir y procesar los reportes de alerta y evaluar en cada caso cómo proceder: si informar a la UIF o al organismo de contralor pertinente. Actualmente Rosario tiene con la UIF una adhesión voluntaria, un régimen de colaboración.
Javkin pretende complementar eso con la posibilidad de un alerta ya trabajado. “No estaríamos comunicando solamente una situación sino un procedimiento del municipio con una serie de factores que marcan el alerta. La información sería completa. El alerta no sería el hecho del pedido de habilitación sino toda la acumulación de información que tenemos”, ejemplificó.
Esa unidad de aplicación y control sería integrada por personal de las secretarías de Gobierno, Hacienda, y Modernización y Cercanía, y por un miembro del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad.
Más rubros y trámites
El proyecto antilavado propone además una ampliación de rubros a controlar y suma algunos trámites más. Pone el foco en una lista más amplia: permisos de habilitación, transferencias, cambios y anexos de rubro, venta y alquiler de vehículos y motos, comercios, casas de juego, apuestas y casinos, loterías, hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, restaurantes, bares y confiterías bailables, bares con amenización musical y los rubros de nocturnidad, playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas.
También plantea controlar las concesiones públicas de obras y servicios que estén ligadas a esos rubros, así como la construcción, ampliación y reforma de inmuebles de más de 500 metros cuadrados y la adquisición de más de dos licencias de taxis y remises.
En cada uno de estos rubros hay un parámetro económico. No se pondrá el foco en toda la actividad de cada uno. Por ejemplo en el caso de lotería, bares y restaurantes se lo hará a partir de un monto de 7 millones de pesos, que es desde el cual la Municipalidad está obligada a llamar a licitación pública.
Este es uno de los cambios importantes a la ordenanza: se modifica el valor de actualización mediante el cual se investigaba. Se fijó un piso porque el 80% de las habilitaciones no figuran dentro del rubro que está bajo sospecha.
Se prevé un mecanismo de actualización, porque los valores fijados en pesos fue una de las cosas que no funcionaron con la ordenanza anterior. Cada uno de los rubros tiene un monto desde el que se activa. En la construcción se pone en metros cuadrados. En general se toma el monto que tiene el municipio como obligación para llamar a licitación pública, multiplicado por dos en algunos rubros y por cuatro en otros.
También se pedirá más información: identificación, constancia de inscripción impositiva -que ya estaba-, se incorporan normativas ya desarrolladas por otros organismos como la declaración de persona políticamente expuesta; se exigirá el plan de inversiones del proyecto a realizar, con el presupuesto de gastos e inversión, la declaración de origen y licitud de los fondos, y la documentación adicional que cada trámite en particular dispone para esos rubros.
El sistema de alerta se activa cuando se nota a nivel local, en función de esa información acumulada de cada lugar. “En la locación es donde los municipios podemos hacer el mejor aporte -resaltó Javkin–. Hay organismos que tienen mejores sistemas, mayores facultades y mejores potestades para hacerlo. Quizás la ventaja del municipio es la de la locación, cuando la transferencia repetidamente se da sobre un mismo inmueble, es posible que el alerta salte mucho más rápido por lo que puede informar el municipio que por el análisis societario por ejemplo”.
El sistema de alerta se activa con inconsistencias patrimoniales o fiscales, cuando hay sucesivas transferencias de habilitaciones municipales (algo muy común en el rubro de la nocturnidad), frente a cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas, ante inversiones de determinado monto por parte de personas jurídicas que no declaran una actividad económica o empleo remunerado que lo justifique.
También se activará cuando se advierta una actitud que pretende eludir la entrega de información, o en el caso de la constitución de empresas con alto aporte de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.
Habrá un instructivo y un trámite para ese alerta sospechoso. Pero el intendente apunta a algunos sectores en particular: “Hay que ir especializando la mirada, algunos territorios, algunas zonas, y algunos rubros donde esto se da con mayor peso local. Es ahí donde queremos enfocar. Atacar todo es malo. Hay que poner el foco en lo que es irregular para proteger la actividad de las personas que tienen trayectoria, historia”.
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