El operativo de saturación se desplegó el martes pasado en un amplio sector del barrio de Tablada e involucró a cien policías de distintas áreas. Según la información oficial, el resultado fue la inspección de 55 autos, 41 motos, 160 personas y cinco taxis. Cumplida esa tarea, los efectivos formaron en orden cerrado para tomarse fotografías destinadas a la prensa y las redes sociales y se retiraron. Un rato después personas todavía no identificadas ametrallaron el frente de una casa en el barrio y dejaron un muerto y dos heridos.
Los autores del tiroteo en la calle Ameghino 199 le tomaron el tiempo a la saturación policial. El ataque se perpetró desde un auto que seguramente no fue objeto de inspección en el operativo y más allá del hecho en sí patentizó un problema que parece agregarse a la situación de violencia que vive Rosario: la distancia de la actual conducción del Ministerio de Seguridad con la realidad que le toca enfrentar.
Un mes es poco tiempo para exigir resultados. Pero la sucesión de homicidios, la balacera contra un negocio en Génova y avenida Alberdi y el test del intendente Pablo Javkin —recorrer zonas de la ciudad para comprobar la ausencia de patrulleros— componen un cuadro de urgencia que se agrava ante el silencio de los funcionarios. El Ministerio de Seguridad de la provincia no tiene nada para decir fuera de escuetos comunicados de prensa sin referencias concretas, como si su desempeño y la violencia en Rosario transcurrieran en mundos paralelos.
El ministro Rubén Rimoldi no expuso sus criterios al asumir funciones, fuera de las declaraciones que hizo en función de retornar a la policía de hace un cuarto de siglo, cuando el narcotráfico no había explotado como problema, los juicios se realizaban por escrito y los funcionarios políticos, como recordó el ex ministro Daniel Cuenca, tenían que pedirle permiso al jefe de policía de la provincia para hablar con un subordinado.
Rimoldi rompió el silencio en una entrevista con el programa De 12 a 14. Dijo que abogaba por una “mano justa”, una declaración de manual para aventar la sombra de la mano dura; afirmó que en Rosario circulaban 150 patrulleros y no 12 como afirmó el ex ministro Maximiliano Pullaro el día de la balacera en Génova y Alberdi, y reiteró la decisión de coordinar a la policía a partir de reducir las áreas especializadas y reconstruir la pirámide vertical. Ese parece el criterio más nítido de su gestión: volver al modelo que conoció cuando se retiró de la policía.
Pero el ministro tiene que rendir cuentas. El jueves, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad un pedido de la diputada Lionella Cattalini para que Rimoldi informe sobre los avances respecto al Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario en la Provincia, “habiendo otorgado un período de gracia al nuevo ministro y encontrándose vencidos los plazos que establece la ley”. La convocatoria siguió a una presentación realizada por el diputado Carlos del Frade a fines de agosto y aunque no fija una fecha establece un plazo implícito para las próximas semanas.
La interna policial suma otro factor de incertidumbre a la gestión y pone en duda la esperanza de que delegar el gobierno de la seguridad en un policía garantice la cohesión de la fuerza. Las coincidencias entre los sectores en pugna, además, no dejan de ser preocupantes: en las opiniones de sus voceros, cualquier policía asociado a la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad sería merecedor del ostracismo.
La renuncia del subsecretario de Investigaciones Criminales, Andrés Rolandelli, fue interpretada en ese marco. El hecho de que Rolandelli sea asociado con Sain, cuando no integró el equipo del ex ministro y se mantuvo junto a Jorge Lagna, da cuenta del profundo resentimiento que incuban sectores policiales hacia lo que provenga de la política. Su desplazamiento significa otro avance de la vieja guardia: “El área investigaciones pasa a disposición del jefe de policía de la provincia, como era antes de la reforma”, tuiteó el ex comisario José Luis Juárez, hoy cronista policial.
La política de la boca cerrada
La policía provincial es hoy una espectadora de las investigaciones que, por razones de seguridad, los fiscales de la justicia federal y provincial llevan adelante con otras fuerzas de seguridad. La complicidad reiteradamente probada de policías y de áreas completas como la División Judiciales y la Brigada de Drogas, prácticamente en todos los escalones de la pirámide institucional, justifica la necesidad de mantenerla a distancia.
El asesinato de Maximiliano Lucero, en el barrio Nuevo Alberdi, condensó esta semana problemas que atraviesan a la fuerza. El crimen fue cometido por una mujer policía que se desempeña en la Comisaría 12, la dependencia policial de barrio Ludueña donde según los vecinos tenía contactos el sindicado narco Mauro Gerez.
El crimen fue el desenlace de una pelea entre vecinos. Lucero, empleado de 34 años y padre de dos hijos, le reclamó al esposo de la policía el pago de una garrafa. La mujer reaccionó de acuerdo a lo que son las generales de la ley en la calle: el asesinato como forma de resolver un conflicto.
La zona de Caracas y Matheu, escena del crimen, fue cubierta de inmediato por un amplio operativo policial. El despliegue y la rapidez de los efectivos contrastó con la experiencia cotidiana de los vecinos, acostumbrados a no recibir respuestas a sus reclamos. La conclusión es lo que sugirió la madre de Lucero a las cámaras de televisión en medio de la indignación y el dolor: la policía no está presente cuando los vecinos la requieren pero acude sin demora cuando se trata de alguno de sus miembros, como si actuara en defensa propia.
La reacción de los vecinos muestra desde otro ángulo el tejido roto de la policía con la comunidad. Los operativos de saturación no solo parecen ineficaces para prevenir la violencia y disuadir a las bandas criminales sino que refuerzan la impresión de extrañeza y de hostilidad que se tiene en los barrios respecto de fuerzas de seguridad que intervienen al modo de ejércitos de ocupación y se retiran sin generar lazos ni restaurar la confianza hace tanto tiempo perdida.
“Medio millón de armas”
No todos son comisarios retirados en el nuevo perfil del ministerio. En las fotos protocolares puede advertirse la presencia de un nuevo funcionario que acompaña a Rimoldi: Edgardo Glavinich, antes asesor de la Defensoría del Pueblo y ahora subsecretario de Seguridad Pública.
Glavinich es además secretario del Consejo Argentino para la Seguridad Integrada (Capsi). En una entrevista con una radio de Funes afirmó que en la provincia de Santa Fe “hay medio millón de armas en circulación” según “un monitoreo” del que no dio precisiones y destacó que la edad promedio de inicio en la delincuencia “bajó a los 14 años” y “el castigo es muy bajo”.
En la misma entrevista, Glavinich reivindicó el antiguo uso del guardapolvo blanco en las escuelas públicas como un elemento que igualaba a la sociedad mientras “hoy le hemos generado clases sociales a los chicos” con la privatización de la enseñanza. En la misma línea el funcionario considera a las comisarías como lugar de presencia del Estado. En las fotos suele posar a la derecha del ministro, ubicación que representaría también su pensamiento.
El Ministerio de Seguridad no se pronuncia mientras tanto sobre las balaceras y los crímenes que azotan a Rosario. En el mundo de los comunicados de prensa solo se da cuenta de reuniones entre funcionarios y de operativos que parecen exitosos en la medida en que se los abstrae de la realidad concreta.
Pero el sol no se puede tapar con las manos y los crímenes cotidianos recuerdan la existencia de los problemas de seguridad y las causas de la violencia, como lo señaló la comunidad educativa del barrio Ludueña en un comunicado difundido en el mes de mayo: “El barrio es víctima tanto de la violencia generada por los tiroteos, como también de la violencia provocada por el olvido de políticas públicas básicas las cuales se padecen desde hace tiempo”.
En ese contexto, cuando las bandas vuelven a demostrar que los operativos de saturación no afectan al control que tienen de los territorios, “la zona se colma de fuerzas de seguridad, medios de comunicación y políticos realizando un despliegue superficial y momentáneo, pero al cabo de días vuelve a suceder como una reproducción cíclica a la cual los sectores más postergados estuviéramos destinados”.
Con la nueva gestión y la política de mantener la boca cerrada, la seguridad en Santa Fe parece abandonar el ámbito de la discusión pública para convertirse en un asunto del que se habla a puertas cerradas. Pero en los barrios se reclama presencia policial. Y también se requieren las explicaciones del ministro.
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