Curiosamente el primer gobernador en adherir al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros es peronista. Y es justamente uno de los dos mandatarios elogiados por el entorno de Cristina Fernández de Kirchner en la cumbre del PJ de esta semana donde se criticó a Axel Kicillof por convocar a elecciones desdobladas. Raúl Jalil fue señalado por el kirchnerismo como un ejemplo positivo —al igual que el santiagueño Gerardo Zamora— por llamar a elecciones concurrentes para octubre, actitud mencionada como una mejor estrategia de confrontación con el modelo de Javier Milei. Sin embargo este jueves Jalil volvió a apoyar una medida libertaria, en este caso la flexibilización de los controles impositivos. El gobernador de Catamarca está convencido de que el plan beneficiará la movilización de ahorros y capitales en su provincia y en todo el país. En la foto se lo ve cómodo y sonriente junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos; el vicejefe del Interior Lisandro Catalán; el ministro de Economía Luis Caputo y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
Un par de días antes Jalil, un representante del tucumano peronista Osvaldo Jaldo -el segundo convocado a firmar- y los gobernadores de fuerzas provinciales, más los radicales y los del PRO —un total de 17 mandatarios— habían participado de la ronda de conversaciones vía zoom con funcionarios nacionales de la que no participó la provincia de Santa Fe. En general se expresaron algunas dudas y más elogios al proyecto que apunta al uso de los dólares no declarados, los que metafóricamente se mencionan como “dólares del colchón”.
Además de Maximiliano Pullaro y del porteño Jorge Macri, de esos encuentros virtuales no fueron parte Kicillof ni el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela y el pampeano Sergio Ziliotto. Tampoco el santacruceño Claudio Vidal ni su vecino Gustavo Melella, que pelea desde Tierra del Fuego por la quita de impuestos a artículos de electrónica importados y en detrimento de las ensambladoras locales. El cordobés Martín Llaryora no estuvo pero lo representó su ministro de Economía. La ausencia santafesina fue justificada recién un par de días después tanto por fuentes del gobierno nacional como de la provincia de Santa Fe.
Fuentes del equipo encargado de avanzar en la adhesión de las provincias confirmó a Suma Política que el desencuentro será saldado y que ya se organiza una reunión bilateral con Santa Fe. También recordaron el buen vínculo de Pazo con el ministro de Producción provincial Gustavo Puccini, un vínculo que surgió cuando el actual titular del ente recaudador nacional se desempeñaba en el área productiva bajo el mando del ministro Caputo.
Antes de las aclaraciones, funcionarios nacionales indicaron a este medio que Santa Fe había expresado que no adheriría y que mantendría controles. Sin embargo no fue el motivo por el que Pullaro —ni en su nombre el ministro de Economía Pablo Olivares– no fue parte de los zoom. Los santafesinos alegaron cuestiones técnicas ya que desde el año 2017 —después de los juicios que llegaron a la Corte— se estableció que no habría intercambio de información. Si ya no hay intercambio no habría necesidad de adhesión, relataron a este medio.
Otra versión indicaba que la conferencia que dieron el ministro de Economía y su par de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni —donde explicaron medidas para evitar que las mafias aprovechen “ventajas” de los anuncios nacionales— fue mal interpretada en el Palacio de Hacienda o en alguna otra oficina.
En diálogo con Suma Política, Olivares explicó que además de no tener intercambio de información “solamente vamos a poner en análisis a quienes puedan estar sospechados”. Es decir que no irán en contra del anuncio nacional y no habrá controles masivos ni generales excepto aquellos que se promuevan a partir de datos de inteligencia criminal sobre, por ejemplo, personas con algún vínculo con delincuentes o con organizaciones delictivas.
La misma aclaración se hizo llegar a la ARCA a través del ministro Puccini, funcionario que oficia como enlace. Incluso, pudo confirmar este medio, la provincia pedirá a sus legisladores que acompañen el proyecto de ley que Javier Milei envíe al Congreso. “Si nos pasan el modelo de convenio, lo vemos y si les suma que lo firmemos, lo haremos”, confirmaron funcionarios que esperan leer la letra chica de los anuncios del gobierno y que conocen la necesidad de gestualidad requerida desde la Rosada. Por si hubiera quedado alguna duda recordaron que ya apoyaron las iniciativas más críticas como la Ley Bases, el paquete fiscal, el veto al ajuste previsional y el acuerdo con el FMI.
Sí coinciden muchas fuentes consultadas, al menos en principio, en que sería necesario respaldar los anuncios con una ley. La falta de una norma que fije la legalidad del plan fue la razón por la que el gobernador Kicillof y el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, avisaron que mantendrán los controles contra la evasión. No están, de todos modos, cerrados a ninguna conversación pero exigen “seguridad jurídica”.
En esas arenas movedizas los santafesinos toman distancia y evitan más confusiones. Los de los bonaerenses no son los mismos controles que hará Santa Fe aunque en la provincia, como en varias otras aliadas a Milei, analizan la necesidad de firmar o no una adhesión y en consecuencia si se puede avanzar en esta suerte de blanqueo sin ley.
Por otra parte el caso santafesino abre una duda al resto de las provincias. Si el distrito no intercambia información con ARCA, ¿cuál sería el problema para cualquier otra administración si no adhiriera? La pregunta surge de la amenaza de Nación transmitida por el vocero Manuel Adorni: gobernador que no adhiera no recibirá más información de la ex AFIP ni sobre la facturación de personas o empresas y tampoco sobre consumos que superen los nuevos umbrales.
Varios de los gobernadores consultados —que estuvieron en alguno de los dos zoom organizados desde el Salón de los Escudos en la planta baja de Casa Rosada— indicaron que se les explicó lo mismo que habían visto en la conferencia de prensa por televisión y que se subrayó: tras la caída de la recaudación por el bajo consumo prometen la reactivación económica y el flujo de impuestos como el IVA. Varios celebraron esa perspectiva pero algunos que mostraron voluntad de acuerdo, como el chubutense Ignacio Torres (PRO), pidieron tiempo para estudiar la propuesta en consulta con sus ministros de Economía.
Según se indicó desde Jefatura de Gabinete, el acuerdo apunta a garantizar la implementación plena del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, preservar la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos.
El anuncio incluyó una advertencia: aquellas provincias que no adhieran perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos superiores al umbral de 50 millones de pesos que fijó ARCA.
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