¿Qué beneficios, qué riesgos y qué perspectivas puede tener una política de mano dura?, preguntó Suma Política.
“El beneficio principal está a la vista y es que ha bajado radicalmente la violencia en Rosario, se ha reestablecido una noción de orden y de cierta paz social —enumeró el investigador Hernán Flom—. Esto a su vez consolida el poder del gobernador y lo habilita para mantener su modelo, lo cual podría permitir, a su vez, implementar cambios más profundos en la institución policial. Otro beneficio posible es que, a partir del restablecimiento del orden, el Estado logre penetrar ciertos espacios de la sociedad civil con agencias más allá del aparato de seguridad, o funcionar como el sostén para la expansión de mercados lícitos que, en conjunto, provean mejores oportunidades concretas a poblaciones más vulnerables. No me queda claro, por decirlo amablemente, que este sea el curso que quiera seguir el gobierno provincial”.
—¿La mano dura disciplina a las bandas criminales o incuba condiciones para nuevos estallidos de violencia?
—Tengo serias dudas de que no habiéndose modificado los factores centrales que habilitan al narcotráfico, al narcomenudeo y a la violencia criminal en Rosario, como el traslado fluvial de drogas a la ciudad, la capacidad de usar el puerto para exportar drogas, la fragilidad socioeconómica de la ciudad y la debilidad institucional de la policía, la justicia y el sistema penitenciario, el problema no se manifieste nuevamente. Asimismo, habrá que ver hasta qué punto el despliegue conjunto de Nación y provincia en torno a Rosario es sostenible en el tiempo.
—¿Cómo impacta la desfederalización de la ley de estupefacientes en el mercado de la droga?
—No le veo muchas ventajas. Primero, porque requiere mayor coordinación interinstitucional para profundizar en causas hasta llegar a actores más relevantes en la cadena criminal; de lo contrario, se concentra únicamente en los eslabones más bajos y por ende fungibles del mercado, alimentando la sobrepoblación carcelaria. Segundo, porque genera una oportunidad más fehaciente para que la policía provincial institucionalice su regulación informal e ilegal del mercado. Teniendo capacidad de coerción más clara sobre los minoristas, pueden establecer arreglos de extracción y recaudación. Esto puede salir moderadamente bien y generar arreglos de convivencia relativamente pacífica, como en Buenos Aires, o contribuir a una mayor competencia entre bandas y aumentar los niveles de violencia.
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