La noticia cambió de sentido. Si Rosario provocó la atención de especialistas, investigadores y periodistas como ejemplo de una ciudad atravesada por la violencia y cuya tasa de homicidios dolosos triplicó la tasa nacional, ahora el caso es otra vez digno de estudio pero para indagar el fenómeno opuesto: una ciudad en tren de recuperar el orden con sorprendente rapidez y en particular con un abrupto descenso de los asesinatos, el síntoma de la criminalidad organizada. Pero la bonanza plantea interrogantes sobre sus factores y sobre la posibilidad de que no haya otra frustración.
El Ministerio de Seguridad de la Nación informó a principios de mes que se había cumplido un mes sin homicidios en Rosario por primera vez desde 2013, cuando empezaron a elaborarse los registros de estadística criminal. “Nuevo hito en el Plan Bandera”, proclamó el ministerio de Patricia Bullrich, por los operativos coordinados entre fuerzas provinciales y federales.
Bullrich destaca los resultados del Plan Bandera desde su ejecución. A mediados de enero dijo que en los diez primeros días del año no se habían registrado crímenes en Rosario y en febrero declaró que había una disminución de casos respecto del año anterior. La evaluación se reveló apresurada con los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, el chofer Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich, en la primera quincena de marzo.
Si se mostró más cauto en aquel momento, ahora el gobierno provincial exhibe los resultados y señala a su vez la notable disminución de homicidios dolosos entre enero y agosto. Los 66 casos reportados representan una reducción del 65 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando hubo 188 asesinatos, y está asociada con otros números positivos: el delito predatorio en Rosario disminuyó un 21 % y los heridos con arma de fuego un 57 %. En el orden de los reconocimientos, a diferencia del gobierno nacional, Maximiliano Pullaro tiene otra prioridad: “Fue la policía de Santa Fe la que demostró que aquí no iba a haber impunidad”, dijo el gobernador el 13 de agosto en el acto por el aniversario de la creación de la policía de Rosario.
“En febrero hablar de un cambio era apresurado”, dice un vocero del gobierno provincial en alusión a la publicidad del Plan Bandera. “La situación de marzo, por supuesto, fue una trágica excepcionalidad y marcó un quiebre. Hay políticas que implementamos desde antes de ese momento y que recién ahora empiezan a tener relevancia. El contexto actual es distinto”, agrega el vocero.
Los cinco ejes
Las políticas refieren en la óptica del gobierno al alineamiento del Poder Ejecutivo con la Legislatura y el Poder Judicial. Más allá de las tensiones por la reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia, hubo fallos que respaldaron decisiones controvertidas: el juez Rafael Coria rechazó primero una denuncia por lesiones contra 154 presos de Piñero y después el planteo de inconstitucionalidad del artículo de la Ley Orgánica que permite a la Policía volver a pedir documentos de identidad a quienes considere pertinente.
La convergencia de los poderes no tiene antecedentes en la historia reciente de Santa Fe y es la condición de posibilidad de la política en curso. “Desde el gobierno sostenemos cinco ejes estratégicos —sigue el vocero del gobierno provincial—. Estas decisiones están produciendo algún efecto que nos permite intuir que vamos por el camino correcto. Pero no pensamos que haya un problema resuelto, no lo dice el gobernador ni ningún funcionario. Nadie va a decir que ganamos una batalla o una guerra, ese no es el clima de gestión. Pensamos que hubo decisiones que demuestran un buen desempeño”.
Los ejes en cuestión son: recuperar el control de las cárceles a través del endurecimiento del régimen de detenidos de alto perfil; incrementar la operatividad policial con móviles que refuerzan lo que era un destartalado parque automotor; “gestionar codo a codo” con el Ministerio Público de la Acusación las investigaciones criminales, ahora redireccionadas por la ley de microtráfico hacia pequeños vendedores; la reforma normativa plasmada a través del conjunto de leyes sancionadas por la Legislatura incluso con la adhesión casi unánime del peronismo; la unificación de fuerzas entre efectivos federales y provinciales que se traduce en 260 móviles dispuestos en zonas calientes de Rosario.
La herencia del gobierno de Perotti no pudo ser peor: “Nos encontramos con mucho desánimo. Los policías no tenían incentivos. Estábamos entre la ansiedad por hacer cosas después de habernos preparado mucho tiempo y la urgencia de empezar a resolver los problemas. En un momento fue recibir un golpe atrás de otro, con las amenazas a Pullaro, a Cococcioni y sobre todo con los crímenes en marzo. Nos llegaban comentarios: “Si no los pueden enfrentar, ¿por qué no aflojan?” Y no fue una sola persona la que dijo eso. Pero la decisión era ir por otro lado”.
Política o pacto
¿La clave es entonces la política de seguridad del gobierno o un pacto policial-criminal, como señaló entre otros el diputado Carlos Del Frade? “Las dos explicaciones no son mutuamente excluyentes —dice el politólogo Hernán Flom—. Pensando en otros casos de disminución dramática aunque no tan rápida de la tasa de homicidios, como Sao Paulo, Medellín o El Salvador, en todos hubo una combinación de mejoramiento del sector de seguridad, políticas más o menos punitivas de disuasión del delito, y arreglos informales con actores criminales organizados”.
Flom se desempeñó en el Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2017 y 2019 en el área de capacitación policial y actualmente es profesor invitado de ciencia política en la universidad Trinity College, en el estado de Connecticut, EE.UU. “La saturación policial en las calles, mayor control de las cárceles y mayor coordinación con el gobierno nacional puede explicar parte del cambio —agrega—. Ocurrió algo parecido, aunque no al mismo nivel, apenas asumió el gobierno de Cambiemos y se envió un contingente importante de Gendarmería a Rosario. La disminución en los homicidios se manifiesta en toda la provincia, incluso en el Departamento La Capital, con lo cual cabe suponer que no hay un efecto relevante de desplazamiento del delito y que es una política comprehensivamente implementada”.
Para el criminólogo Esteban Rodríguez Alzueta es prematuro afirmar si la baja de homicidios es estacional o muestra una tendencia consolidada: “Hay que ser cuidadosos y no jugar con la incertidumbre de la gente. Tampoco se puede asegurar que bajando los homicidios intencionados disminuya el resto de las violencias altamente lesivas como las balaceras, las extorsiones y las expulsiones de grupos familiares de los barrios. Tengamos en cuenta que gran parte de estas violencias son el resultado de la incapacidad de la policía santafesina en todos estos años para agregar certidumbre a los barrios”.
Para Rodríguez Alzueta el cuadro de la inseguridad sigue armado. “Los homicidios pueden haber bajado, pero las armas están en la calle —dice el investigador de la Universidad Nacional San Martín y director de la revista Cuestiones criminales—. No sabemos si hubo una tregua y cuáles fueron sus términos ni sus protagonistas. El universo transa está compuesto por actores múltiples y muy desiguales, por lo que no sabemos cuánto de esta paz relativa se explica en la participación activa o en el compromiso de algunos actores que colaboran con la política en bajar las violencias a través de la amenaza de la violencia”. Al mismo tiempo, “Pullaro no es un improvisado, llega a la gobernación habiendo hecho gran parte de su carrera política en el Ministerio de Seguridad, hablando con la policía; no es casual que haya reincorporado algunos de los viejos policías a su entorno”.
La noticia cambió de sentido también para la policía santafesina: si hasta el año pasado hubo propuestas para retirarla de circulación hasta que se reformara, ahora está en proceso de relegitimación. “No me parece verosímil que haya semejante salto de calidad de la policía provincial en tan poco tiempo —observa Hernán Flom—. El gobierno provincial no ha llevado a cabo ningún proceso de reforma significativo y cualquier reforma requiere de un largo plazo para ser implementada. Además hay prácticas policiales muy arraigadas que hasta las reformas más exitosas no han podido desterrar”.
Flom analizó los mercados de la droga en Buenos Aires y Santa Fe y en los estados de San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil, en su libro Regulación informal de los mercados criminales en América Latina: Policía, políticos, drogas y violencia, publicado en inglés por la editorial de la Universidad de Cambridge. “En mi libro argumenté que anteriormente el componente político inhabilitaba un pacto policial-criminal en Santa Fe porque había demasiada fragmentación política, tanto dentro de la coalición de gobierno, el Frente Progresista, como en términos de los obstáculos por parte de la legislatura provincial”, dice el investigador.
El escenario ha cambiado: “Un gobierno más fuerte políticamente tiene, en general, mayor coherencia y más credibilidad frente a la policía para exigir que lleve a cabo una regulación efectiva del delito. Esto no quiere decir que el gobierno provincial esté usando a la policía con fines recaudatorios, sino que tiene la capacidad de ejercer un control más estricto sobre el accionar policial, habilitando ciertos negocios a cambio de mayor paz social”, agrega Hernán Flom (leer más acá).
Control de cambios
El gobierno provincial no ahorra las señales de respaldo y de reconocimiento a la policía provincial. “Tenemos un perfil pro-policía”, reconoce el vocero. Pero en paralelo al apoyo a la fuerza de seguridad —“no los vamos a dejar solos”, dijo Pullaro en enero al poner en funciones a los nuevos jefes de la provincia— tiene como reverso un control que aspira a ser estricto.
“La respuesta de la policía no fue tan inmediata a lo que quería el gobierno —dice el vocero—. Ganarnos la confianza para que trabaje llevó un tiempo. Si le sacás la atención, la conducción policial vuelve atrás muy rápido. Si no estás encima empiezan los vicios de todo acostumbramiento”.
Los ex jefes antidrogas de los departamentos Las Colonias y San Jerónimo están acusados de liderar una banda narco, entre otros casos de corrupción. “El gobierno anterior no iniciaba un sumario ni hacía investigaciones sino que desplazaba preventivamente a los involucrados. Hoy lo que sucede es que cuando existen pruebas o indicios se produce una sanción. Para nosotros no hay nada mejor que encontrar un delincuente con uniforme policial para demostrar qué pasa cuando sacan los pies del plato. Adentro, tienen todo el apoyo y el respaldo, pero afuera la sanción tiene que ser ejemplar”.
La superpoblación en las cárceles y los presos que siguen en comisarías son una de las preocupaciones reiteradas por el gobierno. La cárcel federal de Coronda parece un espejismo, siempre a la vista pero nunca alcanzado. “Estamos yendo a medidas urgentes de transición hasta tener la obra penitenciaria disponible. Pero es extremadamente preocupante, no solo por las condiciones precarias de los penales de las comisarías sino por lo que genera tener a policías que no están capacitados en custodia de detenidos de todo tipo. En cuanto a las cárceles consideramos preferible gestionar el problema del hacinamiento a gestionar los conflictos que esas personas generan en la calle, es una decisión política”, dice el vocero.
Esteban Rodríguez Alzueta subraya lo que le toca a la cárcel y al sistema penal, no en la respuesta al delito sino como parte del problema: “Cuando un pibe de un barrio sabe que tiene más chances de pasar por la cárcel que conseguir un trabajo o ir a la universidad, la pregunta que se hace es: qué me puede dar la cárcel el día de mañana. Muchos pibes transforman ese destino en una expectativa. La cárcel no interrumpe una trayectoria criminal, sino que forma parte del ciclo delictivo”, dice el investigador de la Unsam.
En esa deriva, sigue Rodríguez Alzueta, “la cárcel es la oportunidad que tienen algunos pibes de los barrios de acumular o incrementar el capital simbólico que necesitan para estar en el barrio, para seguir tallando ese personaje de tipo duro, ese cartel, para hacer frente a los distintos actores con los que se miden cotidianamente”. Los operadores judiciales que “le suben el precio al delito” y las intervenciones en los barrios realimentan el circuito: “Los pibes salen de la cárcel no solo con un certificado de mala conducta que los excluye del mercado laboral formal, es decir, que los precariza, sino con un cartel que le agrega más violencia a los delitos que existen. El que detenta un cartel y lo ostenta públicamente tiene que estar dispuesto a hacerlo valer. ¿Cuántas de las violencias que viven los vecinos son el resultado de la presión que le mete el sistema penal al barrio cuando está sacando de circulación a contingentes sociales?”. Una pregunta para hacerse también con el trasfondo de las imágenes de casas demolidas por haber albergado quioscos de drogas.
El silencio del peronismo
“Parece que ahora se pueden cuestionar algunas cosas; en el momento de emergencia en marzo no estaba el horno para bollos y algunos referentes parecían esperar la oportunidad para decir algo. Hasta ahora hubo un silencio pronunciado”, ironiza el vocero del gobierno.
Pero no todas son críticas. “Lo que hizo Pullaro exitosamente yo lo reivindico, porque lo hubiera hecho si hubiera tenido las condiciones que tiene él, aunque hubiera supuesto un pacto ilegal, pero así sosiego la violencia”, dijo esta semana Marcelo Sain en una entrevista con Reynaldo Sietecase.
En la interpretación del exministro de Seguridad, lo que se ha logrado en Santa Fe es una regulación estatal del delito “como existe en la provincia de Buenos Aires”, es decir la restauración de lo que se conoce como doble pacto (entre la política y la policía, y entre la policía y bandas criminales). Sin embargo, Pullaro rechazó explícitamente esa política durante la campaña electoral (como se puede ver acá): “Estoy completamente en contra. Al delito se lo combate en todas sus expresiones y no se negocia, no se regula, se lo combate de frente, que fue la política que yo llevé adelante (como ministro de Miguel Lifschitz)”.
La gestión de Pullaro aparece ante los ojos de Sain como un espejo de lo que quiso hacer como ministro y, según su análisis, no pudo por falta de compromiso del exgobernador Omar Perotti y del expresidente Alberto Fernández. Sain acaba de publicar La gorra y la tonfa. Apuntes sobre la institución policial y prepara otro libro como parte de su defensa en la causa por el llamado espionaje durante su actuación como ministro; desde que renunció a ese cargo, elevó progresivamente el tono de sus críticas hacia Perotti y del trato afectuoso (“soy un soldado de Omar”) pasó a otro más áspero (“gobierno de mediocres”, “cagón”).
Perotti se mantiene en silencio en general sobre los temas de la provincia y en particular sobre la seguridad. Sin embargo, aunque nadie le responde al ex ministro, el peronismo santafesino no hizo una reflexión sobre la gestión que inició Sain y continuaron de modo errático Jorge Lagna, Rubén Rimoldi y Claudio Brilloni. El silencio se trasladó al apoyo que dio el peronismo al paquete de leyes de seguridad sancionado en forma exprés por la Legislatura. Pero la falta de reflexión podría convertirse en otro problema agregado a lo que fue una gestión desastrosa y en lo inmediato demuestra, con los votos de los diputados y senadores, que el peronismo no tiene una propuesta de seguridad alternativa para la provincia de Santa Fe.
Mientras tanto, el gobierno provincial planifica sus próximos pasos: la reforma del sistema de policiamiento con el plan de estaciones en lugar de comisarías, la obra penitenciaria y los cambios en la Policía de Investigaciones son prioridades. “Este es el momento de encarar reformas profundas porque es el momento de mayor legitimidad para el gobierno”, explica el vocero. Habrá más noticias.
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