¿Cómo contar la historia? La fiscalía y los abogados defensores de Patricio Serjal y Nelson Ugolini compartieron esa preocupación en el tramo final del juicio por la protección judicial al juego clandestino, el de los alegatos. Al margen de que las respuestas sean diferentes y de que cada cual trató de argumentar y sobre todo de convencer, lo que se disputa no es solo la suerte de los acusados sino la propia causa y el modo en que involucra al Ministerio Público de la Acusación.
Pasaron cinco años desde que Serjal y Ugolini fueron acusados de integrar una organización criminal liderada por Traferri. Una investigación que fue considerada como modelo de persecución al crimen organizado ahora sería un ejemplo de las peores prácticas judiciales. La figura del arrepentido pasó de ser exaltada como un avance a la impugnación de una componenda. También están afectados por la sospecha el procedimiento de los juicios abreviados y el empleo de informantes por parte del MPA, patentizado en el escándalo alrededor de Mariana Ortigala.
La defensa de Serjal retomó el argumento que expuso el año pasado la defensa del senador Armando Traferri: la causa respondió a un plan orquestado por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Pero no repitió simplemente esa versión sino que afiló el lápiz sobre los testimonios comprometedores para desmerecerlos, hizo pie en la fractura del MPA y resaltó los hilos sueltos de la investigación, como los testimonios de Leonardo Peiti sobre el pago de sobornos a insaciables jefes de la policía provincial y de la Policía de Investigaciones. Convidado de piedra, por su parte, Sain se ve ante un escenario donde explotan su condena mediática y no lo quieren escuchar.
A ver si nos ponemos de acuerdo. Si yo direccioné la investigación contraTraferri, entonces no se trató de una maniobra de espionaje político (…) “Socca: "Los que beneficiaron a Traferri fueron los fiscales que lo investigaron cometiendo irregularidades" https://t.co/J4wJLzM3Uy
— Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) October 22, 2025
El cristal con que se mira
Ignacio Carbone y Renzo Biga, los abogados de Serjal, habían pedido que se incorporara la pericia del teléfono de Mariana Ortigala y las comunicaciones que sostuvo con el fiscal Matías Edery mientras era informante de la Agencia de Criminalidad Organizada. La solicitud fue rechazada, pero de todas maneras los defensores introdujeron la cuestión en el debate. Hubo cruces con la fiscalía, que objetó la confusión de causas extrañas entre sí: la del juego clandestino y la iniciada a Edery a partir de la denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno.
Los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato no creen que la declaración del fiscal Pablo Socca y otros planteos de la defensa hayan alterado hechos que consideran probados. “La investigación tiene bases sólidas e incluso evidencia que es muy anterior a todo lo que pueda declarar Socca, que en gran medida se apoya en conjeturas”, afirma un vocero de la fiscalía; “lo que quedó en claro con los testimonios de la fiscal Bárbara Ilera o del fiscal Alejandro Rébola, también testigos de la defensa, es que ellos no pueden afirmar ningún direccionamiento ilegal”.
Ignacio Carbone y Renzo Biga describieron una trama oculta detrás de la declaración de Leonardo Peiti que involucró a Serjal. El capitalista del juego clandestino habría sido presionado por Mariana Ortigala; y a su vez Ortigala habría seguido instrucciones de los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra a cambio de favores para su hermano Rodrigo, vinculado con extorsiones. Desde esta perspectiva, los juicios abreviados de Peiti y Ponce Asahad habrían sido una recompensa por los aportes a la causa.
La fiscalía probó que el teléfono de Maximiliano Cachete Díaz no fue un aporte de Ortigala, como ella dijo. La defensa de Serjal expuso “inconsistencias y contradicciones” en las declaraciones de Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, y trató de restar entidad al relato de los encuentros donde el ex fiscal regional habría exigido aumentos en los sobornos que el capitalista pagaba en forma periódica. El testimonio de Ponce Asahad y la coincidencia de teléfonos en el bar Safyta no alcanzarían para probar una de esas reuniones.
Habría que creer que el encuentro de Peiti y Serjal en el Hotel Etoile de la ciudad de Buenos Aires no fue tal. Se habría tratado de una casualidad. Serjal solía parar en el lugar cuando viajaba para “cortar la semana” y porque lo encontraba cómodo y nada suntuario. Habría que creer también que Peiti llegó, pasó unas horas en ese hotel y se fue sin motivo apreciable.
La defensa argumentó que no hay pruebas de que Serjal haya exigido más dinero del que presuntamente recibía a través de Ponce Asahad. Apenas la palabra de Peiti. Tampoco habría prueba de que ambos hablaran en la recepción del hotel: el abogado Rodolfo Minni, que acompañaba al ex fiscal, no lo recordó. Ni de que Serjal haya recibido un solo dólar de los que admitió recibir en su nombre Ponce Asahad, si hasta pagó un viaje a los EEUU en doce cuotas de tarjeta de crédito. Del mismo modo, “no está acreditado que Ugolini se haya enriquecido o que variara su situación patrimonial: es una persona con una vida más que modesta, a pesar de que tiene un sueldo medianamente bueno como empleado judicial y la mujer es una científica, investigadora del Conicet con trabajos en el exterior”, dice Francisco Broglia, su defensor.
“La fiscalía tampoco pudo acreditar el cohecho que imputa a Ugolini —enfatiza Broglia—. No hay prueba de que él recibiera dinero de Peiti, y éste lo dice expresamente. Mucho menos surgió que hubiera un reparto de dinero por parte de Ponce Asahad, supuestamente el recaudador. El único punto que trajo la fiscalía es un favor de Peiti que de ningún modo constituye el delito de cohecho, consiguiéndole a través de un amigo una casa para que se mudara la mamá de Ugolini, pero ella pagaba los gastos de esa casa, el alquiler, los impuestos y los servicios”.
Broglia no afirma la versión del direccionamiento de la causa en perjuicio de Serjal. “Pero sí puedo observar la ausencia de prueba tanto contra Ugolini como contra Serjal y cómo se construyó la causa a partir de dos arrepentidos. El fiscal Pablo Socca fue muy claro al decir que la actuación de Edery y Schiappa Pietra había sido arbitraria e ilegal. Hubo muchas irregularidades”.
Entre esas irregularidades, Broglia puntualiza: Luis Rossini fue considerado testigo e intervino como abogado de Peiti cuando había confesado ser partícipe de un cohecho; el ofrecimiento de la fiscalía a Peiti de mantener la libertad si colaboraba con la investigación “fue una coacción, una forma de presión”; el testimonio de Socca sobre la presunta intención de Serjal y Traferri “tiñen de una evidente parcialidad la investigación”; Ponce Asahad y Peiti “declararon presionados por su situación y para lograr alguna mejora en su posicionamiento procesal”.
Renzo Biga coincidió en ese punto en el alegato por Serjal: “la declaración de Peiti fue condicionada” por el ofrecimiento de la fiscalía. No se habría tratado de un pedido de colaborar con la investigación en abstracto sino de poner el nombre de Traferri sobre la mesa. En el medio habrían intervenido los hermanos Ortigala, vecinos circunstanciales de Peiti en el edificio de Servando Bayo 1085; Rosario es chico.
La fiscalía planteó en cambio que “la organización criminal” atravesó varias etapas en su historia. La primera, “de inicio y consolidación”, transcurrió a partir del primer contacto comprobado entre Traferri, Ponce Asahad y Serjal con la referencia presente de Leonardo Peiti. Corría marzo de 2017, cuando el senador hizo una llamada perdida para que el fiscal agendara su número. Los fiscales recordaron una declaración de Serjal del 2 de marzo de 2021 sobre un pedido de Traferri para cerrar una causa donde las fiscales Natalia Benvenutto y Valeria Pedrana habían imputado a Roberto Esteban Peiti, hermano de Leonardo y “gente amiga”.
El comienzo de la segunda etapa estaría marcado por la resolución 62/2018, que Serjal firmó para concentrar las causas por juego clandestino en la Fiscalía de Delitos Económicos. Fue al día siguiente de que la fiscal Marianela Luna allanara catorce casinos clandestinos que funcionaban en la ciudad de Casilda y alrededores.
La resolución estuvo precedida de un incidente. En marzo de 2018, Luna comunicó a la Fiscalía Regional la inminencia de los allanamientos; ipso facto, los garitos bajaron las persianas y las ruletas dejaron de girar. La fiscal de Casilda esperó que pasaran dos semanas y, callada la boca, concretó los procedimientos, esta vez con resultados positivos.
Luna preguntó si había hecho algo mal y siguió un nuevo entredicho con la fiscalía regional. La fiscalía de Delitos Económicos venía de una situación de crisis después que los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián MacCormack se atrevieron a investigar a senadores provinciales por los subsidios que otorgaban. Los investigadores fueron desplazados y en su lugar Serjal nombró a David Carizza y Benvenutto.
En el mismo período se produjo la filtración de los allanamientos que preparaba el fiscal Matías Merlo en Melincué. Según el abogado Biga, la filtración no provino de Serjal sino de Víctor Martínez, de la Policía de Investigaciones; esta agencia esquilmaba a Peiti y quedó registrado que Martínez le pidió “uno o dos allanamientos positivos” para presentar un procedimiento exitoso contra el juego clandestino.
Según Broglia, tampoco existió un legajo “poncho” para neutralizar las investigaciones de Merlo:
—El legajo poncho es una invención de la fiscalía. No hay ningún elemento para decir que Ugolini creó ese legajo para bloquear la causa de Melincué. Ni siquiera hay prueba para decir que ese legajo se creó con fines ilegales porque es una derivación de otro que no tenía relación con el de Melincué y donde hubo allanamientos y detenidos.
En el juicio, Ugolini se mantuvo en un discreto segundo plano. Este bajo perfil contrasta notoriamente con el que surge de conversaciones telefónicas donde se lo escuchó enérgico e indignado ante las acusaciones. Entre otros registros, cuestionó a Merlo por “hacerse el fantasma” y pretender allanar los garitos.
El ex empleado de Ponce Asahad habló de un error administrativo para explicar la desaparición del legajo “poncho”, que según la fiscalía apuntaba a prevenirse de lo que pudiera emprender Merlo. “Es común que se pierdan legajos y sean reconstruidos. Esta cuestión marca los manotazos de ahogado de la fiscalía y los dichos sin sustento que llevaron a la causa. Ugolini es un chivo expiatorio de otros intereses”, afirma Broglia.
Doble juego
El homicidio del contador Enrique Encino y el hallazgo del teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz, en enero de 2020, señalan el período de “crisis” de la organización, según la fiscalía. “Acreditamos que Ugolini pasa información a Peiti en ese momento y después a lo largo de la investigación hay un montón de filtraciones de Ugolini a Peiti vinculadas al juego, por ejemplo para avisarle sobre las líneas de teléfono que estaban intervenidas”, señala el vocero.
Las defensas, en cambio, niegan que se haya probado la existencia de la asociación ilícita. “Lo que surgió de las declaraciones de Ponce Asahad y Peiti y de las demás pruebas rendidas en el debate es que Ugolini no tenía ninguna relación con Ponce Asahad en relación a las filtraciones sino que tenía un vínculo de amistad propio con Peiti”, dice Broglia. En ese sentido se explicaría “la única información que Ugolini le pasó a Peiti”, sobre la situación de dos tiratiros detenidos en los alrededores del Casino City Center, “para que Peiti se lo pasara a su vez a Cachete Díaz y pudiera conjurar las amenazas que recibía de Los Monos”.
A partir del 11 de agosto de 2020, con la imputación de Serjal, “termina el período de crisis pero no la existencia de la asociación ilícita; marcamos un cuarto período, el de control de daños, el miedo sobre todo a que Peiti hable, sobre todo después de que Ponce Asahad, de manera sorpresiva, dice que quiere declarar y contar lo que sabe”, según el vocero de la fiscalía.
En ese sentido, la fiscalía expuso el año pasado un doble juego de Peiti, al mismo tiempo imputado colaborador en la investigación de los fiscales y en contacto con Traferri. Los abogados Luis Rossini y Fernando Moschini habrían sido los enlaces para transmitir órdenes; en particular, “la de no ser nombrado y evitar su apodo, Pipi”, porque “no había que nombrar al jefe, y mientras tanto que cayeran los fusibles”, según la reconstrucción de la fiscalía.
¿Cómo contar la historia? La última palabra la tendrán los integrantes del Tribunal, Facundo Becerra, Hebe Marcogliese y Nicolás Foppiani, y su veredicto, esperado para los primeros días de noviembre.
Autor
