“Nos entregaron”, sintetizan los jubilados después de la caída del esperado, aunque ínfimo, aumento en sus haberes. El miércoles 20 se movilizaron a plaza San Martín o siguieron la votación de la Cámara de Diputados desde sus casas. Les tocó la hiel y no el bienestar; ya lo dijo el Gobierno, no hay para todos, los recursos son finitos. “Hace unos días había votos y después no, acá está la responsabilidad de los gobernadores que mandaron a votar por los Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN). Negociaron”, explican. Y aseguran que seguirán en la calle y juntando un millón de firmas para llevar al Congreso, comenzando por los 83 legisladores que les dieron la espalda, con el mantra de falta de recursos, que sí hubo para bajar retenciones, impuestos y exenciones varias a sectores con espalda mucho más ancha que las frágiles de quienes sienten el agobio y la angustia de ser ignorados.
“Vamos a seguir buscando los carriles para llegar con nuestros reclamos, estamos haciendo una campaña de un millón de firmas, en el Pami y peatonales, para llevarlas a los legisladores, para que quienes votaron en contra vean el daño que nos están haciendo”, dijo Juan Manuel Isola, portavoz del Frente de Jubilados en Lucha (Frejel), que se reúne en La Toma, en el centro de Rosario. “Pedimos una jubilación mínima de un 1.250.000 pesos, como la canasta básica de adultos mayores, por la moratoria, porque hay varones y mujeres que aportaron aunque no llegaron, por los medicamentos que nos quitaron y un sistema de urgencia que sea real. En Rosario se privatizó el sistema de ambulancias y no hay más durante las horas de la madrugada, y en horas normales están muy escasas”, explicó.
Pami y Anses
“Reclamamos la devolución del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS), disuelto por decreto 2248/91 y sustituido por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), por decreto 2741/91, con la autarquía económica, financiera y contable en manos de sus legítimos dueños, los jubilados, pensionados y trabajadores activos, con la participación del Estado, como ente autárquico no estatal”, alegó Isola. Y dijo que requieren la emergencia sanitaria en todos los niveles del Pami, a lo largo y ancho del país. “Las autoridades que se designan a dedo tienen un solo propósito, degradar y eliminar servicios que inexorablemente nos conducirán hacia la muerte; basta de querer tapar el desguace y desbarajuste hablando de sillones oxidados o corrupción solamente”, enfatizó.
Según Isola, el Pami nació con muy buenos principios, “pero a través de los distintos gobiernos se fue degradando, lo intervinieron, y comenzaron a manejarlo de una forma no regular sin la participación de los jubilados”, dijo. E hizo foco sobre este giro: empiezan a desaparecer los fondos, que son muchos e importantes, “no sabemos siquiera cómo se manejan, y si se utilizan para otras cosas fuera de la salud. Un botín político es la frase correcta, cada vez que sube un gobierno ponen sus funcionarios cuando deberían estar los trabajadores jubilados”. A modo de ejemplo ilustró con el cambio de sistema de entrega de pañales, “que se venía manejando dentro de todo bien, a través de las farmacias, y ahora los envían por empresas particulares, eso no correspondería”.
“Exigimos la normalización genuina, transparente y sin conspiración del Pami, que fue creado como entidad de derecho público no estatal con personería jurídica individual y financiera, dentro del régimen de obras sociales administradas por sus legítimos dueños que son jubilados pensionados, trabajadores activos y la participación estatal”.
Isola no pasó por alto una espada de Damocles que pende sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. “Se maneja en forma política, por eso el riesgo constante de sus acciones con los distintos gobiernos, mientras nadie sabe qué hacen, ese es también el pedido que tenemos, al que sumamos el trabajo precarizado que afecta mucho a estos fondos; hoy no ingresa ni la parte patronal ni de empleados que no tienen los aportes que le corresponden”, describió.
Además consideró que al actual gobierno no le importa lo que pueden hacer los empresarios con los trabajadores, que en una situación como la actual, por desesperación por el trabajo aceptan lo que sea. “La sociedad necesita un sistema de seguridad social que tiene que ser blanco y transparente, este gobierno lo sabe pero piensan que la gente se tiene que arreglar sola, entonces queda una parte de la población desplazada y el resto está enmarcado en un sistema de gente como uno, gente de bien, qué significará ser de bien”, ironizó.
Para Isola, la sociedad tiene que entender que merece vivir en una forma humana, digna, “no todo es luchar luchar contra la inflación, no queremos un país dividido en dos con un sector que vive muy bien y otro con una vida penosa”, señaló. Y destacó la fuerza de los jubilados en lucha, que con problemas de salud y años, acuden cada vez que movilizan. En su opinión, es evidente que se sigue la orientación de los organismos financieros internacionales, FMI y otros, con la finalidad de volver a implantar los seguros privados para jubilados.
“Estamos en presencia de una política de destrucción de derechos y asistencia de trabajadores y trabajadoras, un sistema de seguridad social totalmente contrapuesto a lo que dicta la Constitución Nacional, artículo 14 bis, que reconoce el derecho a percibir una jubilación digna que garantice un nivel de vida generalizando una movilidad vinculada al 82 por ciento del salario en actividad”, argumentó y señaló el abismo que hay con la realidad de las jubilaciones.

Jubilados en la Reforma Constitucional
Jubilada como autónoma pero aún trabajando, Susana Glenn llevó a la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Reforma de la Carta Magna santafesina, la voz de jubilados. Integra Alerta Jubilados que surgió en 2917, y hoy también integra el Frejel. “Cuando (Mauricio) Macri, amenazaba con destruir las jubilaciones, retiró el 20 por ciento de impuestos a las Ganancias que iba al Anses, y lo reemplazó por el impuesto al cheque, además se llevó mucha plata del Fondo de Garantía, con letras del Tesoro”, explicó sobre aquella motivación y dejó una declaración de principios: “los jubilados de hoy somos los jóvenes de los años 70, que dimos un montón de luchas”.
¿Por qué los jubilados en la Reforma? “Porque no nos garantizan derechos, si bien se enuncian, en la práctica no los tenemos, con (Alberto) Fernández no fue una maravilla pero había medicamentos gratuitos, ahora hay que comprarlos y eso a veces implica casi una jubilación “, explicó. Y describió el lado más oscuro del ajuste que padecen: “la gente se está muriendo, no toma la medicación que necesita y no tenemos ese registro de personas a las que se les va deteriorando su salud, terminan en terapia y muriendo, si están mal nutridos peor. Quién puede decir si un jubilado cuando muere en una clínica sólo es por algo físico o una angustia que lo derrotó”, describió.
“En la Comisión conté que el 28 de agosto de 1948 Evita proclamó los Derechos de la Ancianidad; uno de ellos era a la tranquilidad, a vivir sin angustia, en ese derecho se sintetiza lo que debe ser un adulto mayor, disfrutar la familia y el descanso; trabajar si lo desea pero no porque no le alcanza para comer”, relató Glenn. Se trató de un decálogo que incluía asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto por las personas mayores. Esta declaración de principios fue pionera a nivel mundial y precedió e inspiró a nivel internacional.
“Estos derechos se incorporaron a la constitución de 1949 y se derogaron en la de 1956, de ahí en más venimos perdiendo derechos, se pueden enunciar pero no los tenemos porque la jubilación es una miseria, la salud cada vez recortan más, somos variable de ajuste”, enfatizó. Y pasó revista a situaciones tan dolorosas como complejas. “Acá en Rosario hay un geriátrico provincial que no da abasto y es cada vez peor. Aunque nunca fue brillante la situación, antes con una jubilación se pagaba una pensión y dormía calentito, hoy gente grande duerme en la calle”, enfatizó. Y dijo que en el hogar Santa Josefina Bakhita, para adultos mayores en situación de calle, (que comenzó como el Crotario del padre Tomás Santidrián que funcionaba en la Estación Rosario Norte) hay 28 hombres y no hay lugar para más, funciona en una casa que dio el Arzobispado en comodato, en Riobamba entre Iriondo y Crespo, y se sostiene con cuotas de socios que colaboran. “Habría que difundir esto”, comentó.
“El Estado debe asegurar albergues para adultos mayores, seguridad y atender la salud de grupos vulnerables y discapacitados que cuántas veces los vemos tirados en la calle. Pedimos que estos derechos se incorporen en la Constitución Provincial”, dijo, y confrontó esa realidad con las noticias sobre corrupción con medicamentos.

El Día D
La votación por los derechos de jubilados y discapacitados concitó la atención en las transmisiones de lo que iba ocurriendo en la Cámara de Diputados. No fue un día común. En Rosario, el Frejel movilizó desde las 10 a las 13, junto a jubilados del Iapos, en la plaza San Martín. El resto de la jornada fue tensión y sorpresa. ¿Cómo lo vivieron? “Con una gran tristeza por haber entendido que los funcionarios que debían representar al pueblo no lo hicieron, mucha bronca y dolor, porque cuesta creer que no entiendan por lo que estamos pasando, y que llamamos genocidio, porque no pueden comprar medicamentos, que si antes costaban dos mil pesos hoy cuestan treinta mil”, dijo Isola. Y subió el nivel de angustia porque “hay quienes ya no se alimentan bien, no pueden descansar bien por pensar cómo harán al día siguiente para comer, la angustia es terrible, esto no se banca más”.
De haber podido hablarles a los 83 legisladores, Isola les hubiera marcado su falta de humanidad, ganando sueldos de millones. “Cuando un gobierno no piensa en su gente, en su clase de trabajadores, no merece ser gobierno, les hubiera dicho que si no saben la situación en la que vive su pueblo, con precarización y desempleo, que renuncien y se vayan, creo que lo está expresando la gente cuando no va a votar”. Además reparó en la forma en que comunica este gobierno, confundiendo y ocultando. “El gobierno tiene un mensaje muy particular, dice no se devalúa, se flota, no es default se reperfila, la inflación no sube disminuye la velocidad a la que bajan los precios, que no aumentan los precios, se corrigen, y con un índice de Precios al Consumidor (IPC) mentiroso. Nos pagan los haberes, pero hay un sector de la población que está disfrutando un dólar barato para viajar, de un sistema que nos está matando a todos nosotros, que viven una vida distinta a la gran mayoría y son quienes gobiernan”.
Para Glenn, “habría que estudiar más a Noam Chomsky para entender el proceso de desculturización que estamos sufriendo hace mucho y que explican cómo se comunica, las noticias se van deformando, todos los días hablan de casos de corrupción falsos o verdaderos, se culpa al que se fue, y con todo eso la gente pierde la capacidad de análisis”. Y sumó: “en los partidos no hay formación de cuadros, no hay debates, se arman listas a dedo, tenemos que generar más discusión política con la gente, tengamos memoria para tener futuro; pensar por sí mismo, dejar el odio de lado, como decía el Papa Francisco, nadie se salva solo, no actuar por lo que nos cuentan y tratar de analizar la información que recibimos”.
¿Qué hubiera dicho a los legisladores que blindaron el veto? Risas. “No lo vas a poder publicar. Pero les diría que no tienen corazón, ni sentimiento, simplemente actuaron por su propio bolsillo, porque corrieron otros intereses, los gobernadores no pueden ir contra el pueblo, se olvidaron que llegaron con el voto popular. No sé qué pasará en las próximas elecciones, muchos jubilados votaron a Bullrich olvidando que les sacó el 13 por ciento en 2001, los dirigente también tendrían que hacer memoria”, enfatizó Glenn. Derrotados desde la irracionalidad, los jubilados no comprenden cómo quienes deberían velar por ellos no entienden que la angustia demuele al final de la vida y las fuerzas, y que citando tantos números, cómo no pueden advertir que con 370 mil pesos, no se vive 30 días. ¿O habrá algo de castigo por los cuatro millones de las moratorias?

































