La ley de ART dividió al sindicalismo aunque todos niegan que haya “grieta”
Por Ignacio Cagliero
Después de tres años de debate parlamentario la provincia de Santa Fe adhirió a la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (ley de ART). Si bien el proyecto encontró posiciones a favor y en contra desde un principio, logró abrirse camino primero en la Cámara de Senadores y finalmente tuvo sanción definitiva en Diputados. Pero las disidencias persisten en el sector de los trabajadores: pese al fuerte rechazo de una gran parte del arco sindical, un número importante de gremios manifestó su apoyo a la ley. ¿Se abre la grieta dentro del movimiento obrero?
La ley se aprobó en Diputados el jueves 22 de octubre, con 27 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones. Se dio una curiosidad: a pesar de ser una ley fomentada desde el Ejecutivo provincial, el oficialismo no lo acompañó en la Cámara baja. Un día antes de la votación, un gran número de gremios se concentraron frente a la sede de la gobernación, en Rosario, para dejar asentado con un “pañuelazo” su rechazo al proyecto. Bajo la consiga “Basta de muertes en el trabajo, la salud no es un negocio”, alrededor de 20 organizaciones gremiales dejaron clara su postura.
La mayoría de los sindicatos que expresaron abiertamente su rechazo a la ley de ART se agrupan dentro del Movimiento Obrero Santafesino (MOS), que nuclea al Movimiento Sindical Rosarino (MSR) y a sectores específicos de la CTA de los Trabajadores, y de la CGT santafesina. La Bancaria, Amsafé Rosario, Sadop, ATE Rosario, Luz y Fuerza, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) y Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), son algunos de los gremios más fuertes que se alínean bajo esas banderas.
En la vereda de enfrente, entre los gremios que acompañaron a la normativa se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Camioneros Santa Fe, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa).
Desde los sectores que apoyan la iniciativa destacaron su aprobación en la Legislatura y señalaron la “agilización” de los tiempos que debería traer la nueva ley, dado que hasta ahora los trabajadores pueden llegar a tardar años en cobrar sus respectivas indemnizaciones, como confió Sergio Aladio, secretario general de Camioneros Santa Fe a Suma Política. Por su parte, Martín Lucero, titular de Sadop, el gremio de los docentes privados, sostuvo que la ley se aprobó “por el fuerte lobby que hicieron las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ART) y las empresas que se ven beneficiadas con esta medida, y que son las que pagan las campañas electorales”.
¿Salud o negocio?
La ley nacional 27.348 sobre Riesgos de Trabajo se sancionó en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, estableciendo algunas reformas en cuanto al trámite administrativo y judicial que deberán afrontar los trabajadores en caso de accidente o enfermedad laboral. En líneas generales, el cambio fundamental es que el trabajador no deberá acudir directamente a la Justicia, sino pasar previamente por una comisión médica que evaluará su situación y determinará la reparación que su ART deberá afrontar. Esto es lo que vendría a evitar el histórico embotellamiento de causas en los Tribunales.
Cumplido ese primer trámite, si el trabajador no queda conforme con lo resuelto por la comisión tendrá 60 días para acudir a la Justicia, aunque en caso de optar por ir a juicio queda sin efecto el dictamen médico inicial y no cobrará hasta la sentencia. Para Lucero, la nueva norma busca “mejorar la rentabilidad de las empresas a costa de la salud de los trabajadores”.
“Es una ley extorsiva. Al poner trabas al cobro y al reclamo de la indemnización, termina poniendo al trabajador en la disyuntiva de agarrar un mal acuerdo con la junta médica o esperar mucho tiempo un juicio. Yo creo que el hecho de que los efectos de la sentencia sean suspensivos, es decir que uno tenga que esperar a que termine el juicio para cobrar, es la mejor forma de que el trabajador termine arreglando por la coyuntura, por lo que necesita en el momento”, argumentó.
El referente de los docentes privados remarcó además que dificultar las formas de llegar a un juicio laboral derivará inevitablemente en una relajación de las condiciones de seguridad e higiene laboral: “La lógica del empleador la mayoría de las veces es imponer reformas que de alguna manera optimicen sus ganancias bajando lo que ellos llaman el costo laboral. Dentro de ese costo laboral están las condiciones de trabajo”.
Lucero agregó que la ley viene acompañada de conceptos como “la industria del juicio” que discursivamente empantana el fondo del asunto. “El debate no está en cómo se invierte mejor en las empresas para que no haya accidentes de trabajo, sino en cómo, cuando hay un accidente de trabajo, se paga menos”, cuestionó.
En una misma línea se pronunció Analía Ratner, secretaria general de La Bancaria Rosario, quien calificó a la ley como “nociva” para todos los trabajadores. “Básicamente lo que planteamos es que la vida y la salud de los trabajadores no son un negocio. Les estamos delegando a las comisiones médicas el poder que tiene un juez natural, estamos actuando de manera inconstitucional”, señaló.
“Partiendo de esa base, donde se quita el derecho a los trabajadores de acceder libremente a la Justicia, donde la misma ART considera el porcentual de discapacidad o enfermedad de un trabajador, y que a veces ni te reconocen en el listado de enfermedades laborales que tienen, creemos que es cercenar un derecho fundamental de los trabajadores. Desde ese punto no podemos estar nunca a favor”, agregó la dirigente gremial.
Soluciones más rápidas
El referente de Camioneros en Santa Fe, Sergio Aladio, destacó que la nueva ley es un avance en cuanto a los tiempos y evita las “demandas interminables”, que actualmente son el mayor problema. “La verdad que tener la oportunidad de hacerlo de esta manera creo que es un beneficio importantísimo”, aseguró.
No obstante, el sindicalista consideró que la nueva ley es solo “el comienzo” en orden a “garantizar plenamente al trabajador la verdadera atención, el verdadero monto económico, y sobre todo el tránsito, tenemos que tratar de que continúe la vida laboral para ese trabajador”.
Aladio fundamentó el acompañamiento de Camioneros a la ley a partir de las reformas que se le fueron incorporando durante su tratamiento. Entre ellas la implementación de un observatorio que va a estar conformado por distintas entidades gremiales, empresarias y colegios de abogados: “Va a ser parte del control de los distintos dictámenes que se vayan haciendo en cada uno de los lugares”.
Las modificaciones también fueron vitales para que otros sindicatos sumaran su apoyo. Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario, remarcó que el proyecto original contemplaba muy pocas comisiones médicas en toda la provincia y que finalmente ese número se terminó aumentando de 5 a 13, para garantizar un mayor alcance territorial.
Pero los tiempos en la demanda judicial terminaron siendo el mayor punto a favor para la mayoría de los gremios que acompañaron la sanción: “Generalmente alguien que tenía un siniestro tardaba cuatro o cinco años para poder llegar a cobrar. Y realmente quien sufre un accidente o una incapacidad no tiene que esperar todo ese tiempo”, admitió Donello. “Queremos que cuando haya una desgracia el dinero se lo lleve el trabajador y que se cumplan los plazos. En seis meses tendría que estar solucionado el problema”.
Privados y estatales
Una de las posturas comunes que sobrevolaron el debate sobre la Ley de ART fue que los gremios que rechazaban la iniciativa eran, principalmente, aquellos que no estaban contemplados por este régimen, como es el caso de los sindicatos estatales. Si bien el amplio listado de gremios que rechazan también incorpora un gran sector de los trabajadores privados, el referente de la UOM Rosario adhiere en parte a esa teoría.
“Cada uno tendrá sus motivos. Yo tengo que hablar como gremio de la industria. Muchos de los gremios que estamos viendo que se oponen no están afectados por la ART. Los gremios que son provinciales, o municipales, no tiene el problema que tenemos los industriales sobre accidentes de trabajo y ART. Cada uno tiene la libertad de pensar y ejercer la voluntad que quiera. Pero nosotros tenemos que ser realistas de la situación que vivimos de los compañeros nuestros que se accidentan y tardan años para poder cobrar un siniestro”, resumió Donello.
Para el referente de camioneros en tanto existió un componente ideológico por el cual muchos gremios expresaron su rechazo. “Algunos lo entendieron como una ideología política y estaban convencidos de que esta era una ley de Macri, cuando realmente es una ley que venía de mucho tiempo atrás —remarcó Aladio—. Y en la provincia de Santa Fe tuvo una modificación muy fuerte que es la participación de los gremios”.
En la otra vereda, Lucero, referente de los docentes de escuelas privadas, admitió que muchos gremios entendieron a la nueva ley como “menos gravosa” que otras reformas que se discutieron pero negó que la grieta sea entre trabajadores públicos y privados. “El movimiento obrero tiene sus matices —asumió—. Ahora, no es real esta división que han hecho algunos legisladores de que los gremios de la actividad pública estaban en contra porque no están regido por la ley de ART, y los de la privada estaban a favor. No es cierto. Acá hay diferencias de matices porque hay diferencias de trayectorias. Hay un montón de gremios dentro de la actividad privada, entre los cuales nos encontramos, que estamos en contra. Lo hemos dicho desde el primer momento”.
Para la referente bancaria Analía Ratner, en tanto, la discusión forma parte de un debate más profundo: hacia dónde va el movimiento obrero en la región. “Cada uno dará las explicaciones que le correspondan a sus representados y representadas —dijo—. Yo no me permitiría hablar de cualquier otra organización y de cuáles son los argumentos para acompañar o no esta postura”.
¿Hay grieta?
Los dirigentes coincidieron en que las diferentes posturas sobre esta ley no abren una grieta dentro del gremialismo en la provincia de Santa Fe. Para Aladio siempre hay puntos de coincidencia entre los trabajadores: “¿Quién no va a estar de acuerdo en la defensa de los derechos de los trabajadores? ¿Quién no va estar de acuerdo en que queremos que haya más trabajo en la provincia? Esos son puntos de coincidencia que tenemos que seguir reforzando y trabajando en conjunto”.
Donello también minimizó una posible disputa: “Yo no me voy a llevar mal con ninguno de los compañeros que no acompañaron esta ley. Yo creo que cada uno tiene responsabilidades y obligaciones para nuestros representados. Muchas veces vamos a estar juntos en un reclamo y otras veces seguro que no. Y eso no hace que nos peleemos. Tengo muy buena relación con el noventa y nueve por ciento de los gremios y con muchos de ellos son amistades”.
A su turno Ratner insistió en la necesidad de trabajar en la unidad de los distintos sectores gremiales: “Veo con mucho optimismo y con esperanza la posibilidad de poder reunirnos. Buscar cuáles son los puntos que nos unen, que tienen que ser aquellos que garanticen las condiciones de trabajo dignas, la salud y la vida de los trabajadores. Y representarlos de ese modo”. Para la dirigente bancaria si se avanza en ese sentido “no hay grieta posible” entre los trabajadores. “Eso nos uniría y dejaríamos de estar pensando en cuestiones individuales para pensar más en el sentido colectivo que es lo que amerita en estos momentos la sociedad y sobre todo el pueblo trabajador”.
Por último, Lucero aseguró que el movimiento obrero “camina en unidad” en la provincia de Santa Fe. “Esto que ha sucedido es anecdótico. El movimiento obrero está sin dudas en camino de empezar a desandar una historia de unidad —expresó—. Creo que se ha hecho más una disputa de quienes quieren interpretar al gremialismo, que entre los sindicatos en sí. Para nosotros esto no es un problema”.
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