Adhesión a la ley de ART: la grieta entre prevención y costos laborales

Por Hipólito Ruiz

La adhesión a la ley de ART divide aguas en la provincia desde hace años. El Senado le dio media sanción a fines de junio a un proyecto enviado por el gobernador Omar Perotti y ahora la discusión está en la Cámara de Diputados, donde no hay unanimidad de criterios.

Los trabajadores miran con desconfianza el proyecto porque saben que es una posibilidad latente de perder derechos; los empresarios piden a gritos que se apruebe porque quieren reducir la cantidad de juicios, que cuantos más son, más tienen que pagar de alícuota a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Mientras que éstas equilibran sus costos judiciales subiendo el proporcional que les cobran a las empresas por cubrir a sus empleados.

Este sistema llegó de la mano de Carlos Menem, en 1996, con grandes perjuicios para los trabajadores. Pero la Corte Suprema de Justicia fue podando la ley con fallos de inconstitucionalidad. Hasta que la gestión de Mauricio Macri impulsó un nuevo proyecto que insiste, con algo de maquillaje, sobre viejos aspectos. Por eso en Santa Fe desde febrero de 2017 se debate si se adhiere y en qué términos a la Ley 27.348.

Si el proyecto que tuvo media sanción por unanimidad en el Senado es ley, lo que cambia respecto al sistema actual es que el trabajador ya no podrá acudir directamente a la justicia ante un accidente o enfermedad laboral. Primero tendrá la obligación de pasar por una comisión médica (CM) que evaluará su caso y dictaminará el grado de daño sufrido y la reparación que la ART debe afrontar.

El primer obstáculo que se presenta es el que tendrán, sobre todo, los trabajadores de las pequeñas localidades donde no habrá una comisión médica fija. Eso puede significar un obstáculo para una persona que no tenga los recursos necesarios para ir hasta donde está la comisión o que no pueda o no cuente con un abogado y un médico que lo asesoren, y lo acompañen a defender su posición ante la CM.

Para salvar esta dificultad los senadores aumentaron la cantidad de CM. El proyecto de Perotti establecía siete comisiones médicas fijas (tres para Rosario y una para las otras cuatro jurisdicciones) y dos móviles. Ahora ese número se elevó a 13 comisiones: ocho fijas (Santa Fe tendrá dos) y cinco móviles, una para cada jurisdicción. Habrá que ver, si esto se aprueba, cómo funcionará en la práctica.

El segundo problema para los asalariados es que una vez terminado el trámite administrativo se reduce el tiempo que tiene el trabajador para acudir a la Justicia. Si una vez que la comisión médica le dice que no o no le da lo que el trabajador entiende que le corresponde, éste sólo tiene 60 días para iniciar un juicio. Mientras que en el régimen legal común, el trabajador tiene dos años para iniciar la demanda. No todos los trabajadores están bien informados o cuentan con el adecuado asesoramiento legal y si dejan correr los días pierden el derecho al reclamo judicial.

El tercer cuestionamiento que se le hace al proyecto es el efecto suspensivo que se establece en el Artículo 12. Esa cláusula le impide al trabajador cobrar lo que la CM le reconoce si es que decide ir a la justicia porque considera que la reparación no se ajusta al daño sufrido. “Eso significa que se deja todo parado hasta que gana el juicio, que la plata que le están ofreciendo no la puede agarrar y eso es, claramente, una medida extorsiva”, le dijo a Suma Política el abogado laboralista de Rosario Jorge Elías.

Los argumentos a favor

Los empresarios de la provincia vienen reclamando la adhesión de Santa Fe a la norma nacional desde hace 40 meses. El argumento que exhiben para convencer a los trabajadores es que esta ley sólo ordena cómo deberán hacer su reclamo y les plantean que el trámite administrativo tiene una resolución rápida de 60 días y que, si no están conformes con eso, después les queda abierta la vía judicial.

“En la medida en que se cumplimenten el resto de los elementos necesarios, como la creación de las comisiones médicas y que es algo que venimos pidiendo como empleadores desde el primer día, no debería haber ninguna obstrucción, ningún debilitamiento de los derechos de los trabajadores”, afirmó Walter Andreozzi, secretario de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

“Eso va a reducir una alta litigiosidad que, a su vez, deriva en una alta alícuota. Es una ecuación directa. Más juicios, más alícuota”, blanquea el referente de los industriales y le pone números a la pérdida de competitividad de las empresas santafesinas frente a las de otras provincias que ya adhirieron: “De acuerdo a los últimos análisis que tenemos el promedio de alícuota de Santa Fe es de 4,06 de promedio. Mientras que la media nacional es de 2,78. Eso quiere decir que un trabajador santafesino te cuesta 4,06 por ciento de la masa salarial, mientras que un trabajador, a nivel nacional promedio, se paga 2,78 por ciento de la masa salarial”.

Esas diferencias se dan, por ejemplo, con Córdoba, que el año pasado tuvo unos 5.000 juicios derivados de la ley de riesgos del trabajo. Mientras que en Santa Fe, que no tiene ley, fueron 18.000. Córdoba y Santa Fe suelen ser provincias con indicadores muy similares en su participación a nivel nacional en distintos temas. Mientras que en este hay diferencias notorias. La tasa de juicios de Córdoba es de 7,5 por ciento del total de juicios a nivel nacional y Santa Fe es más del 27 por ciento. Para los empresarios, eso marca el problema claro de la falta de adhesión.

Luego, Andreozzi argumenta que esta ley permitirá que el trabajador tenga una rápida atención en salud y que eso también suceda en el caso en que el trabajador reclame un resarcimiento. “Un trabajador en Rosario inicia hoy un juicio y tiene en promedio entre cuatro y cinco años para poder cobrar. Esta ley establece las comisiones médicas con lo cual se debería definir su situación en 60 días hábiles. Después, si esa comisión médica le tira todos los porcentajes para abajo, puede iniciar un juicio”, aseguró.

Del otro lado, hay gremios que sospechan que el paso administrativo puede terminar poniéndole límites al reclamo judicial. Si la comisión médica fija un porcentaje de incapacidad muy bajo, cómo hace un trabajador para pedirle a un juez lo que considera justo con un dictamen muy desfavorable en la vía administrativa. Si bien lo que fija la comisión médica es un piso para el resarcimiento que recibiría el asalariado en un futuro juicio, de alguna manera también termina condicionando hasta dónde puede llegar el reclamo.

Salud, prevención y política

La palabra salud no se menciona ni una vez en los 20 artículos que tiene el proyecto aprobado en el Senado. Mientras que, en el Artículo 6, se habla de la prevención dejando en manos del Poder Ejecutivo Provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo “la implementación de medidas de acción conjunta en cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades laborales”.

Por eso una de las críticas que se le hacen a la ley es que en lugar de poner el foco en la prevención de los riesgos del trabajo para reducir la cantidad de reclamos judiciales, parece poner el foco sólo en reducir los niveles de litigiosidad. Al respecto, Andreozzi dijo que “a esta ley no hay que pedirle más que lo que esta ley da” y que para discutir sobre la prevención hay que generar otro debate que es una ley a nivel nacional y que eso “es un pendiente del Congreso de la Nación con una ley sobre la seguridad y la salud en el trabajo”.

“El objetivo de esta ley es ordenar el proceso. Si le pedimos otro objetivo a esta ley, seguro que es deficiente porque no es materia para eso”, expresó y aseguró que desde Fisfe se viene proponiendo desde hace tiempo que se constituya un observatorio tripartito entre el Estado, los sindicatos y los empresarios para hacer un seguimiento de las comisiones médicas. Esa propuesta, que le da alguna participación a los representantes de los trabajadores, no figura en la letra del proyecto de ley, por lo que hasta el momento es una expresión de deseo que depende de la voluntad política del gobierno de turno.

Sin embargo, Elías sostiene que con esta ley el Estado no va sobre las causas, sino sobre las consecuencias. “No está diciendo vamos a controlar para que no haya más accidentes, está diciendo vamos a regular para que no haya más juicios”, sintetizó.

El gobierno de Omar Perotti viene impulsando desde marzo la adhesión de la provincia a la ley de ART. La discusión lleva años en Santa Fe ya que la mayoría de los gremios sostiene que eso significa una pérdida de derechos para los trabajadores. Mientras que los empresarios muestran los números que marcan cómo esa norma reduce la litigiosidad y aseguran que para el trabajador se traducirá en una notoria reducción de los tiempos en los que cobrará su resarcimiento ante un accidente o una enfermedad.

El ministro de Trabajo de la Provincia, Roberto Sukerman, mantuvo un encuentro con representantes sindicales y aseguró que recibió el apoyo de más de 60 gremios, aunque evitó mencionarlos. Pero hay otros tantos que se manifestaron en contra de la iniciativa.

Ahora los diputados santafesinos están definiendo qué hacer con el proyecto que llegó con media sanción del Senado. Este miércoles la comisión de Asuntos Laborales –luego de reunirse con diferentes actores gremiales y empresariales– emitió un dictamen de mayoría, que modifica lo aprobado por el Senado en los dos puntos más polémicos: elimina el efecto suspensivo, por lo que los trabajadores no deberían esperar al juicio para cobrar lo otorgado por las CM; y, en lugar de tener 60 días hábiles el trabajador para iniciar la demanda judicial, otorga un plazo de dos años. Además, agrega un contralor externo a las actuaciones de las CM. Ese dictamen fue firmado por Fabián Palo Oliver, Lionella Cattalini, Silvana Di Stéfano, Sergio Basile y María Laura Corgniali, todos del Frente Progresista.

Los otros dictámenes de minoría son los firmados por Carlos del Frade (FSP) y Paola Bravo (PJ), que rechaza la adhesión a la ley nacional. Mientras que el segundo de minoría es el firmado por las diputadas Cesira Arcando (FE-Juntos por el Cambio) y Betina Florito (Somos Vida) que sostiene el efecto suspensivo pero amplía a dos años el plazo para que el trabajador pueda iniciar una demanda judicial.

Ahora al proyecto sólo le resta pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales para llegar al recinto, algo que se podría dar en una o dos semanas. Ahí se definirá cuál será la redacción final que se le dará al dictamen de mayoría, que puede sostener la última versión con o sin modificaciones o volver al proyecto que votó el Senado para que así se termine la discusión. Mientras que si se hace alguna modificación, por más mínima que sea, el proyecto deberá volver a la Cámara Alta.

Desde la vigencia de la Ley 27.348, en febrero de 2017, todas las fuerzas políticas que gobernaron impulsaron su aplicación. Con mayor o menor convencimiento lo hicieron Juntos por el Cambio y ahora el peronismo, a nivel nacional, y el Frente Progresista y el peronismo en la provincia. Eso es un claro indicio de que más temprano que tarde en Santa Fe habrá adhesión a la ley nacional de ART. La discusión es cuánto pierden y ganan los trabajadores y empresarios de la provincia, porque las ART tienen su rentabilidad asegurada.