El recorrido judicial por la muerte del niño Juan Facundo Gorga, succionado por un ducto en la pileta del Jockey Club de Rosario el pasado 3 de enero, sumó pedidos de imputación para los miembros de su comisión directiva por la incorporación de pruebas. “Afirmamos que su muerte es precisamente el resultado típico a que refiere el artículo 84 del código penal, o sea un homicidio culposo”, sostienen los letrados patrocinantes de la familia del pequeño en su extensa presentación dirigida a la fiscal que diligencia el caso, Mariela Oliva. Y anticiparon que aportarán nuevas pruebas en los próximos días.
“La investigación penal preparatoria avanzó mucho y muy bien gracias a la excelente labor de la fiscal, que ha demostrado un gran compromiso y avanza dando los pasos que corresponden”, dijo el abogado penalista Víctor Corvalán, portavoz del estudio que integra junto a Evelyn Quain. Y agregó que los nuevos aportes a la causa “lo constituyen testimonios de socios del Jockey Club de Rosario que colaboran, así como no colabora su comisión directiva, que en todo este tiempo lo único que ha hecho es poner trabas y que además no dio el paso al costado que éticamente se espera de un directivo para que venga otra autoridad para investigar internamente lo que sucedió”, enfatizó.
“Eso es lo que hubiera correspondido, pero no sólo se quedaron sino que siguen subestimando la actividad de la fiscal y los querellantes, considerando que se trató de un accidente”, comentó. Y no pasó por alto que al mes de la muerte de Juan Facundo hubo festejos y acontecimientos sin hacer mención al hecho. “Sin embargo se nos acercan socios, por ejemplo una socia que escuchó de boca de un vocal de comisión directiva el reconocimiento que efectivamente la comisión siempre estuvo al tanto de lo que pasaba con ese ducto, aunque pensaban que no iba a suceder lo del niño”, detalló.
Además del nuevo testimonio de primera mano, que aportaron a la causa, Corvalán repasó otros hechos significativos que robustecen la hipótesis de la querella. “La propia fiscal tuvo la oportunidad de escuchar a un socio quien mientras nadaba sintió que algo lo atrapaba y metió la mano para investigar que se trataba del ducto; indignado escribió una nota denunciando esta situación a las autoridades del Club, al día siguiente se vació la pileta y aparentemente habrían puesto una reja. Digo aparentemente porque nunca se pudo corroborar con esa reja, algunos dicen que se oxidó y la sacaron”, relató.
Pero no es el único testimonio. También en la fiscalía otro socio aseguró haberle hecho llegar el incidente de la persona que metió la mano, y tuvo que hacer una fuerza de sentido contrario para zafar de la presión por succión del ducto, al mismo presidente del Jockey Club, Charles Roberts, quien lo derivó al intendente de la institución, sugerencia que se cumplió. “Ellos sabían que eso era riesgoso”, acotó el letrado. Y sumó un hecho que vuelve a dimensionar el peligro potencial del ducto sin protección.
“Dos temporadas atrás la propia comisión directiva sancionó con quince días de suspensión a un joven por hacer la travesura de poner un toallón adentro de ese ducto, trabando el mecanismo del filtro”, narró Corvalán. Y sumó un detalle: los empleados que en las últimas temporadas pintaron como cada año la pileta “nunca vieron la reja”, acotó, y citó testimonios que dan cuenta de que el presidente del club nadaba en esa pileta los sábados por la mañana.
Nuevas imputaciones
¿Qué solicitaron como apoderados de la parte querellante, Gabriel Gorga y María José Chena, papá y mamá del niño de 10 años, que murió al quedar atrapado por la fuerza del ducto? “Que se hagan efectivas las imputaciones para el presidente del club, pero habiendo nuevas pruebas, como la confesión de un vocal, una persona mayor, absolutamente indubitable, verosímil, que se impute al resto de la mesa ejecutiva, y sobre todo al presidente del country, Jorge Sánchez Almeyra, por ser quien más conoce el tema. Por ejemplo, fue quien sancionó el incidente del toallón en el ducto y que tiene la responsabilidad directa de la pileta”, detalló Corvalán.
Además anticipó que en los próximos días sumarán nuevas pruebas al expediente por la muerte del pequeño y experimentado nadador, que no pudo salir a la superficie porque no pudo desprenderse de la succión, en la tarde que enlutó el inicio del entonces flamante 2024. Para el letrado lo que terminó con la vida de Juan Facundo fue consecuencia de una grave imprudencia de parte de todos los responsables del natatorio, ya que lo habilitaron bajo dos riesgos intolerables, o dichos técnicamente “no permitidos” por el ordenamiento jurídico.
“Los dos riesgos no permitidos, que en este caso confluyen, son el riesgo que genera tener un ducto sin ninguna protección y el riesgo de no tener un modo para proceder en una emergencia al inmediato apagado del motor para liberar la presión que impedía sacar a Juan Facundo de su posición”, explicó sobre la angustia vivida al tratar de apagar el filtro.
Al momento de la muerte de Juan Facundo, la mesa directiva del Jockey Club estaba integrada, además de Roberts como presidente, por Diego Cripovich, Carlos María Félix Linari Micheletti, Luciano Walter Magri y Almeyra. “La función de la mesa directiva consiste en la adopción de las medidas diarias, ejecutivas, para un mejor desarrollo y cumplimiento de los fines. De allí que centremos nuestra solicitud de que sean convocados a imputativas”, explican los letrados en la solicitud a la fiscal.
Además solicitan que se complete el elenco de imputados con los intendentes del club, ya que estas personas, por el rol institucional y laboral que cumplían, también estaban en situación de garantes de la seguridad de los socios y de sus hijos en oportunidad de asistir y utilizar el natatorio de la pileta “la dulce”; en consecuencia –afirman-, se impone que sean convocados para ser imputados.
“Hay muchas otras evidencias que permiten inferir el conocimiento que la mesa directiva tenía de esta riesgosa situación del ducto sin protección y de una sala de máquinas de complejo acceso para apagar el motor”. Y que “en su momento demostraremos los motivos económicos que llevaron a tomar decisiones equivocadas por no atender como prioridad la seguridad del usuario”.
“No puede haber ética en una sociedad si no se empieza por respetar el Derecho, cuando una sociedad vive impunemente y se burla de las normas jurídicas porque considera que no le corresponde responder, aunque sabe que el Código Penal es claro en relación al homicidio culposo, y se considera por encima de eso, entramos en un problema ético muy grave, que nos atañe a todos”, reflexionó Corvalán. Para plantear un interrogante de fondo a modo de cierre: “¿Cómo hemos sido formados en esta sociedad para entender que podemos vivir sin respetar la ética?”.
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