El diputado socialista Joaquín Blanco lo definió como un todoterreno y la trayectoria de Nelson Rodolfo Ugolini parece confirmar esa apreciación. Las estafas perpetradas con automotores por una organización disfrazada como cooperativa vuelve a poner en foco al ex empleado de la Fiscalía Regional de Rosario que todavía espera fecha de juicio como integrante de otra red delictiva, la que protegió al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
Los fiscales Pablo Lanza y Fernando Dalmau atribuyeron a Ugolini y otras ocho personas los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas por abuso de confianza, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y amenazas simples. El juez Alejandro Negroni dictó la prisión preventiva y la inhibición general de los imputados en la audiencia realizada el 8 de agosto. El ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación se encuentra entonces por primera vez detenido, después de haberse mantenido en libertad en los días álgidos de la causa por el juego clandestino.
Ugolini fue imputado ahora por asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real como coautor de estafas reiteradas por abuso de confianza en relación a seis hechos, todos en concurso real y, por si faltaba algo, con amenazas simples en carácter de autor.
Las estafas remiten a diciembre de 2023 cuando Alexis Guarda, prófugo y con captura recomendada, abrió un negocio de compraventa de automotores que en pocos meses se trasladó de Pellegrini al 3100 a Pasaje Independencia al 3200 y finalmente Pellegrini al 4800. La concesionaria se conformó como una cooperativa y fue una fachada para atraer a las víctimas, que entregaban dinero y vehículos y contraían créditos prendarios en bancos y entidades financieras. Todo iba sobre ruedas en los contratos y los recibos firmados hasta que llegaba la hora de entregar los vehículos.
Guarda ya tenía experiencia en estafas, a través de la agencia Vendo tu auto, que dejó a otros damnificados en Santa Fe, y perfeccionó el método en Rosario donde se hizo llamar Rodrigo Dipp y se exhibió en un departamento de Puerto Norte. Las apariencias eran insospechables: los clientes eran enviados a oficinas de Corrientes al 600, Paraguay al 1700 y Rodríguez al 1100 para completar los trámites mientras la organización se promocionaba en las redes sociales y ofrecía asesoramiento con vendedores y gestores.
Según la investigación, Camila Mendoza tuvo un rol protagónico en la asociación ilícita. Oriunda de Venado Tuerto, como el propio Ugolini, se presentaba como abogada y representante de las concesionarias y se multiplicaba en las tareas: “Amedrentaba a la víctima cuando le realizaban reclamos, concertaba las operaciones a sabiendas que no cumplirían con lo pactado y se encargaba de realizar maniobras para complicar las operaciones de entrega de autos a las víctimas a sabiendas que desapoderarían de su vehículo a quien lo entregara en consignación y del dinero que entregaban”. Mendoza fue acusada por asociación ilícita y como coautora de 32 estafas.
Si Mendoza iba al frente con las víctimas, Ugolini no tuvo un rol menos activo aunque trataría de reducir su papel al de un inocente asesor: según la acusación, “proporciona el andamiaje jurídico para perpetrar las maniobras, concreción de los documentos y conformación de las cooperativas” y también “ha amenazado, amedrentado, intimidado y atemorizado a víctimas que reclamaban a la concesionaria de autos”. Como en la causa del juego clandestino, el ex funcionario judicial expuso su astucia para embarrar la cancha y desviar la atención, ya que “ha intentado representar a víctimas que reclamaban a la concesionaria en pos de dirigir los reclamos hacia otras personas y no a la concesionaria”.
La mayoría de los imputados señaló la presencia de Ugolini al lado de Alexis Guarda, en la ingeniería de las estafas. “Camila Mendoza dio cuenta de que cuando ella ingresa a la organización en la primera reunión la entrevista Ugolini. Y por su declaración surge que no era un mero rol de un asesor letrado sino que claramente formaba parte del grupo. Ugolini recibía además a damnificados tratando de demandar a otras personas en vez de a los verdaderos responsables”, detalló el fiscal Dalmau a la prensa. El perjuicio fue estimado hasta el momento en 150 millones de pesos.
El empleado del año
Ugolini no es un recién llegado al rubro automotor, ya que en Venado Tuerto y como empleado de la Cámara Penal fue vinculado con irregularidades en la causa en torno a un desarmadero ilegal. En la ciudad donde nació hace 37 años inició lo que parecía una promisoria carrera como empleado judicial después de ingresar en el escalón más bajo, como pasante, hasta que tropezó con ese obstáculo.
De investigador, así, pasó a investigado en la causa por el desarmadero y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe lo separó del cargo en 2010. Ugolini se mudó por entonces a Rosario junto a su madre, viuda. No le faltaron contactos ni benefactores: el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti le prestó una casa para que pudiera alojarse la madre, sin cobrar alquiler. Y según el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, también invocaba otros poderes: “en la cocina de la casa tenía un altar de San La Muerte, con velas negras”.
Venado Tuerto parece haber sido el punto de contacto entre Ugolini y Peiti, y también entre Ugolini y Alexis Guarda. Como se supo más tarde, el capitalista tenía una red de casinos en distintas ciudades y pueblos del departamento General López; incluso en Hughes, el pueblo natal del gobernador Maximiliano Pullaro.
Los contactos de Ugolini dieron resultado en 2015, cuando reingresó a la Justicia provincial en Rosario y fue destinado a la Unidad Fiscal NN, para causas sin imputados. Parecía entrar por la puerta chica, destinado a una oficina perdida en un rincón de los Tribunales, pero curiosamente se trataba de la unidad que recibía denuncias sobre juego clandestino.
“Ugolini era un empleado muy activo, que como dice la ley orgánica del Tribunal estaba a disposición las veinticuatro horas”, ironizó el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad al declarar en el juicio por el asesinato del contador Enrique Encino. “Muy activo en el sentido de que estaba al tanto de todo”, agregó Ponce Asahad, apelando a los sobreentendidos del auditorio.
La licencia por enfermedad de la fiscal Verónica Caini puso a Ugolini al frente de la unidad. Ponce Asahad lo conoció en ese momento y quedó impresionado: “Era muy diligente y colaborativo, con notables conocimientos informáticos. Lo que yo no sabía eran las vinculaciones que tenía Ugolini con determinados actores como tampoco ciertas atribuciones que se concedía y que traspasaban la línea que se debe trazar entre el personal administrativo y los fiscales”.
Ponce Asahad puntualizó que desconocía “la vinculación estrecha” entre Ugolini y Peiti, una amistad “que se retrotrae en el tiempo” a la época en que las denuncias sobre casinos clandestinos llegaban a manos de Coqui, como lo conocían cariñosamente sus compañeros de trabajo. “Hay personas que forjaron esa relación”, agregó el ex fiscal, y otra vez apeló a los sobreentendidos al mencionar a un abogado “al que le decían Rusito” y a “otro penalista del foro de larga trayectoria”.
“Con la causa por el juego clandestino ya avanzada, y pese a la prohibición de mantener contacto, hay fotos de Peiti y Ugolini juntándose a comer. Tenían una relación de estrecha amistad y Peiti ejercía una especie de tutela en relación a las necesidades económicas de Ugolini”, dice el fiscal Matías Edery, que el lunes se reincorpora a la Fiscalía de Rosario en la Unidad de Siniestros Viales.
Las manos en el fuego
Con esos antecedentes, “el fiscal Patricio Serjal me asigna entre otros a Nelson Ugolini y Virginia Lara”, recordó el ex fiscal Ponce Asahad, que fue destituido en forma express por la Legislatura provincial y pasó trece meses en prisión. “¿Por qué digo Ugolini y Lara? —se preguntó durante el juicio por el crimen de Encino—. Por la estrecha relación de amistad que tenían”.
Ponce Asahad habló de “traición” y de “emboscada” para describir la actitud de Ugolini cuando se supo que había filtrado datos de detenidos a pedido de Peiti y de Los Monos: “Fui y di la cara ante el fiscal general Baclini, dije «pongo las manos en el fuego porque es un empleado correctísimo». Era el que manejaba todo, aun sin instrucciones expresas mías. Hasta usurpó la función de fiscal”.
Ugolini se encuentra a la espera de un juicio sin fecha cierta, junto al ex fiscal de Rosario Patricio Serjal. “Será acusado como parte de una organización con tres ramas, una dedicada al juego clandestino, otra a la cobertura judicial y la última a la protección política”, detalla Edery, que por su parte afronta una investigación de fiscales de Santa Fe cuya base, paradójicamente y según dijo en su descargo, proviene de una maniobra preparada por el ex empleado.
El 10 de enero de 2020 Ugolini filtró información judicial a Peiti sobre la situación procesal de dos detenidos, a requerimiento de Maximiliano “Cachete” Díaz. Alerta a las mínimas señales de peligro, comenzó a intrigar en los pasillos contra “los fiscales estrella” —como llamaba a Luis Schiappa Pietra y Edery— y en febrero de 2020 intentó confabular con la fiscal Melisa Serena según un mensaje recuperado de la red Telegram: “Hacete la boluda y estirá la oreja en la fiscalía de San Lorenzo. Me acaba de llegar información policial de que quieren controlar dos variantes importantes. Una, juego clandestino; dos, puertos secos”.
Después de la audiencia del 23 de julio de 2020, cuando el caso tomó estado público, “Ugolini empieza a elaborar una estrategia para culpar y denunciar a quienes lo investigábamos. Esta estrategia se acredita con un manuscrito hallado en su poder y con los mensajes de su teléfono celular”, señaló Edery en su descargo.
El fiscal que protagonizó el juicio contra Esteban Alvarado entre otras causas está acusado de proteger a Mariana Ortigala, integrante de Los Monos. Después de una suspensión votada por la Legislatura se reintegra en un destino alejado de las investigaciones complejas.
Mientras la acusación contra Edery movilizó con rapidez a los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca en una audiencia que tenía otro fin, produjo una investigación de notable celeridad por parte del auditor del Ministerio Público de la Acusación Leandro Mai y derivó en la intervención también ágil de las fiscales santafesinas María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, el juicio contra Nelson Ugolini y Patricio Serjal parece dormir un sueño profundo. Pero si Ugolini pudo mantenerse en segundo plano mientras la atención pública se concentraba en Ponce Asahad y en Peiti, las estafas con la compra y venta de automotores marcan un despiste en la marcha del todoterreno y lo exponen en otro caso de criminalidad organizada.
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