Ni el voto voluntario para los de 16 y 17 años, ni la extensión del mandato de los presidentes comunales de dos a cuatro años, ni la autonomía para los municipios, y menos aún la reforma de la Constitución provincial. Todos esos temas ocuparon tiempo y espacio en la agenda política del primer semestre del año, pero en su mayoría parecen a esta altura condenados a no prosperar. Por desaciertos en la estrategia, falta de voluntad política o ineficiencia en la gestión, lo concreto es que a las expectativas del gobierno y a las previsiones parlamentarias se las llevó el agua.
Si el año legislativo en 2022 va a terminar un mes antes por el Mundial de Fútbol, que empieza el lunes 21 de noviembre, después del receso de julio van a quedar apenas tres meses para que se puedan abordar tantas iniciativas pendientes. Aunque se está trabajando en una agenda entre el Ejecutivo y la Legislatura para sacar del archivo y convertir en leyes algunos proyectos que cuentan con media sanción (como la ley de Educación), no parece haber un lugar para ninguna de estas cuestiones, las más sensibles de la política.
No se trata de ocurrencias al pasar, todas estas ideas tuvieron impulso desde el gobierno o alguna cámara, especialmente en Diputados, pero con el avance del tiempo fueron perdiendo fuerza y se cayeron de la agenda.
El último asunto que sufrió ese proceso no se originó en el Ejecutivo sino en el ámbito legislativo y fue la presentación de nada menos que nueve proyectos de reforma de la Constitución provincial que a poco de ingresados ya parecen condenados a la nada.
En junio duraba el interés y hasta se armó un cronograma para que se pudieran unificar tantas iniciativas en una o dos, pero tras el rechazo del radicalismo a convalidar el tema se desinflaron los impulsos y se desarmaron hasta las jornadas de discusión legislativa que se habían programado. También se desactivaron los encuentros privados que habían comenzado para acordar detalles de la promocionada reforma.
Los temas que hicieron punta
La historia se remonta a agosto de 2021 cuando el gobierno provincial envió el proyecto para permitir el voto joven, una iniciativa que en el país tienen todas las provincias excepto dos: Santa Fe y Corrientes. En el resto, los menores de entre 16 y 18 años pueden votar voluntariamente, algo que ya está consagrado para los comicios nacionales. La iniciativa incluso fue incluida por el gobernador en la agenda de sesiones extraordinarias de este año.
“Es paradójico que los santafesinos y santafesinas de 16 y 17 años van a poder elegir presidente de la Nación pero no a un presidente de comuna o al intendente de su ciudad”, se quejaban desde el oficialismo tras enviar la iniciativa que reforma dos artículos de la ley electoral.
Al proponerse una votación optativa, parecía que el tema había encontrado la excusa perfecta para ser apoyado por todos los partidos, pero desde el gobierno insisten en que lo ven muy difícil. “Siempre se dijo que la Cámara más conservadora era la de Senadores, pero ahora en Diputados estamos encontrando algo parecido”, reprochan desde la Casa Gris.
En busca de consenso, y para que quede claro que el objetivo no pasa tanto por sacar una ventaja electoral sino por lograr el éxito en una iniciativa política del gobierno, se propuso que se apruebe ahora pero que se aplique más adelante. Una cláusula transitoria podría definir que rija a partir del 2026 el voto joven. Pero ni las movilizaciones que planean las juventudes de estudiantes secundarios parecen poder cambiar el destino de este congelamiento.
Además del proyecto oficialista, el mismo planteo hicieron cuatro diputados que ingresaron iniciativas desde distintos bloques. Pero el tema sigue en el cajón de las comisiones y en los registros de los debates de las audiencias públicas que se realizaron cuando parecía que se iba a aprobar.
Autonomía, tal vez
El ex ministro de Gobierno Roberto Sukerman asumió a comienzos de 2021 y se propuso darle renovado impulso político a la gestión con otras dos iniciativas que después de casi dos años siguen peleando todavía una chance de meterse en la discusión: las autonomías municipales y la extensión del mandato de los presidentes comunales de los actuales dos años a cuatro. Esta idea tiene el consenso de la mayoría de los mandatarios, por ahora condenados a buscar reelecciones que les den el tiempo mínimo que necesitan para dejar alguna huella de su gestión.
El problema en este punto es que la Constitución santafesina es taxativa sobre la duración de los mandatos de dos años, y la oposición interpreta que así como se podría cambiar esta cuestión, se podría hacer lo mismo con otras reglamentaciones de la Carta Magna. Y nadie quiere generar semejante antecedente.
El tema de las autonomías fue muy celebrado y es el único que el gobierno tiene en carpeta para insistir y relanzar entre agosto y setiembre próximos. Juega a favor que cuenta con la aceptación de varios bloques en Diputados, por lo que es el único que mantiene cierta posibilidad de ver la luz este año.
En la lista de Sukerman de ese momento se anotaban otras iniciativas que también quedaron en el olvido: restringir la inmunidad parlamentaria de los legisladores, obligar a diputados y senadores a informar su declaración jurada patrimonial, transparentar el acceso a la información pública, y habilitar formas de participación ciudadana.
En medio de una estrategia que proponía que si no se iba a reformar la Constitución se aprobaran leyes que pudieran resolver por un atajo legislativo algunos problemas que plantea ese antiguo texto, se inscribían también las ideas de limitar por ley las reelecciones de los presidentes comunales y habilitar el calendario parlamentario de febrero a diciembre (hoy es del 1° de mayo al 30 de noviembre). Se inició entonces un interesante debate, pero por falta de acuerdo no se llegó ni a la presentación legislativa de estas ideas.
La Defensoría y ocho pliegos
Entre las asignaturas pendientes de la agenda política provincial también se cuentan el tratamiento de los pliegos que deben pasar por la Legislatura. En este grupo hay que anotar un pequeño avance: el gobierno ya envió por tercera vez pliegos de jueces y fiscales (ahora fueron 15 en total), después de dos intentos frustrados donde algunos no fueron aprobados y el último que dio lugar al retiro de los diez enviados, porque la mitad de ellos no iban a ser respaldados. Esta vez se concretó un trabajo previo de consenso para que salgan todos.
Los que siguen en veremos son los ocho pliegos políticos que están pendientes de definición: dos son para cubrir vacantes en el Tribunal de Cuentas de la provincia, que actualmente está trabajando con tres miembros. También debe acordarse el nombre de cuatro miembros del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), entre ellos el del representante gremial, que la última vez que fue propuesto fue retirado por el gobernador, que ahora debe considerar uno de dos nuevos nombres propuestos por los gremios del sector.
El Enress está acéfalo desde hace tiempo, ya que tiene apenas un director de los cinco que lo integran, y para alcanzar el quórum se necesitan al menos tres. La falta de designación del representante gremial había dado lugar a la aplicación de una multa diaria a la provincia sobre el final de la gestión de Miguel Lifschitz.
Otro pendiente del que se empieza a hablar es la designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, un cargo que está vacante desde que terminó hace ya casi un año el mandato del socialista Raúl Lamberto. Está tácitamente acordado que será un nombre que le corresponderá proponer a la oposición al actual gobierno del peronismo. También debe proponerse un candidato para la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya anterior titular, Analía Colombo, terminó en mayo pasado su mandato y ya está trabajando en Unicef.
Actualmente la Defensoría está representada por los dos defensores adjuntos, el ex vicegobernador Jorge Henn para la zona norte y Gabriel Savino en el sur, quienes tienen mandato hasta noviembre de 2024.
Para que algunos o todos estos temas pendientes de la agenda política puedan resolverse este año, o sea antes del Mundial, las agendas del Ejecutivo y la Legislatura tendrán que lograr una coordinación más eficaz que la alcanzada hasta ahora o, según otra interpretación, “que la reticencia especulativa no se imponga a las necesidades de gestión”.
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