El convenio que el gobierno provincial se dispone a firmar con la Administración de Ingresos Públicos (Afip) por el que tendrá que volver a pagarle el 1,9 por ciento de su recaudación, unos 8.000 millones de pesos anuales, podría reportarle el triple de esa cifra en nuevos ingresos impositivos que hoy no tiene por falta de información.
Esa es la estimación que hacen en el Ministerio de Economía de Santa Fe, a partir de datos de lo que ocurría antes, cuando la Afip prestaba ese mismo servicio, que ahora está cortado desde 2018.
La mayoría de las grandes empresas exportadoras asentadas en territorio santafesino tienen sus sedes en Capital Federal, y los encargados de auditar sus ingresos admiten que no es lo mismo ir a buscar esos datos desde la provincia que acceder mediante el organismo nacional, que tiene mejores herramientas para conocer esa información.
Al mismo tiempo implica un reconocimiento de que la Administración Provincial de Impuestos (API) está varios escalones por debajo en personal, capacitación y tecnología a la hora de enfrentar una inspección, especialmente a los grandes contribuyentes. “No vamos a pescar en una pecera ni a buscar a los almacenes”, grafican desde el gobierno.
Esa perspectiva de recaudación es el principal argumento de la Casa Gris para defender el convenio que generó tanta polémica, tras ser presentado en simultáneo con el acuerdo para el pago de la deuda por coparticipación, lo que dio lugar a hipótesis que insinuaron chantaje o condicionamiento por parte del gobierno nacional para firmar una cosa a cambio de la otra.
La estimación de Economía provincial de lo que podría recaudarse, que precisaron a Suma Política fuentes del ministerio de Economía, ya había aparecido insinuada por el ministro Marcos Corach, quien puso exactamente esa cifra en un ejemplo que utilizó durante una entrevista con “Aire de Santa Fe”.
El funcionario se oponía a que se compararan los 8000 millones de pesos anuales que se van a tener que pagar a la Afip -para que preste este servicio de colaboración- con otros montos del presupuesto provincial.
La diputada Clara García había dicho en plena sesión que equivalen al total de lo invertido en las rutas provinciales en lo que va del año (8311 millones) y hasta comparó la suma a pagar anualmente a la Afip con todo lo que este gobierno lleva gastado este año en varios rubros sumados: sistema penal, salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y técnica, vivienda y urbanismo y mitad del agua potable. “Todo eso equivale a 8000 millones”, enumeró.
“Van a entrar por una cuenta 151 mil millones y por otra se van a ir 80 mil en diez años, casi la mitad”, calculó con mirada de contadora.
“¿Pero por qué no lo comparamos con lo que perdemos, o con lo que podríamos volver a recaudar?”, se preguntó el ministro de Gestión Pública, y puso como ejemplo justo 25 mil millones (el triple de los 8000 a pagar), aunque aclaró que se trataba de una cifra tomada al azar, que ahora se ve tiene algún vínculo con las estimaciones oficiales de la realidad.
El diputado Carlos del Frade viene reclamando algo de estos aportes que faltan cobrar en la provincia, al señalar que 18 empresas exportadoras en Santa Fe facturaron el año pasado un billón de pesos, pero no dejaron nada en concepto de impuestos a la provincia. “Estamos discutiendo sobre 151 mil 800 millones de pesos, que representa la sexta parte del presupuesto provincial, pero si cobráramos el 5% de las exportaciones de estas 18 empresas tendríamos 50 mil millones de pesos todos los años. Deberíamos saber qué entra y que sale por los 38 puertos que tiene la provincia de Santa Fe”, reclamó el legislador del Partido por la Soberanía Popular.
“No somos Dinamarca”
Otras dos definiciones hicieron a Suma Política desde el Ministerio de Economía santafesino. Una es que está descartado el pedido que presentó el diputado Nicolás Aimar (PS), y que fuera aprobado por la Cámara de Diputados, para que los gobiernos municipales puedan solicitar de inmediato a la provincia los fondos que les corresponden por el acuerdo de la deuda por coparticipación que firmaron la Nación y la provincia, el 13,4% del total, unos 21 mil millones de pesos.
“Ese pedido sólo puede prosperar en Santa Fe”, contestaron descalificando la idea, y justificaron el rechazo en que “si bien los números en la provincia están bien, tampoco somos Dinamarca como para bancar a los 365 ciudades y comunas adelantando fondos que la provincia no va a tener en su totalidad hasta dentro de diez años”.
La propuesta consistía en crear un Fondo de Asistencia Especial para Municipios y Comunas, que se financie con lo que reciba la provincia en los distintos vencimientos de los bonos.
Desde el gobierno de Omar Perotti garantizaron que en la medida que los títulos sean recibidos por la provincia “todos van a ser de libre disponibilidad” y serán transferidos a los municipios.
Cada comuna podrá optar por el mejor destino, incluso dejarlo en guarda de la provincia y tener una renta amortizada para acreditar en cada vencimiento. “No queremos que pase lo de 2019 con fondos que no fueron coparticipados”, señalan con dardos al socialismo.
Para los próximos días el gobierno prepara una planilla con estimaciones de lo que le corresponde a cada municipio y comuna de Santa Fe, y que difundirán a través del área de Comunas y Municipios. El cálculo deberá considerar por ejemplo los adelantos que 91 de ellos recibieron a cuenta del pago de esta deuda y que hora tendrá que ser descontado.
También algunas situaciones puntuales como la de las comunas que en el medio de las negociaciones se convirtieron en ciudades y hasta de algunas comunas que se fusionaron.
La otra definición del área de Economía es que no ven con buenos ojos una idea que lanzó el intendente de Rosario sobre el convenio a firmar con la Afip, aunque eso deberá ser debatido en la Legislatura.
Javkin propuso que en lugar de los 8000 millones se pague a la Afip un porcentaje de la recaudación que se consiga por la información sensible que aporte el organismo nacional, una suerte de recompensa por resultados.
“El convenio es el mismo que tienen el resto de las provincias y va a tener varios artículos, no sólo ese que se envió a la Legislatura, porque además se ponen en marcha varios convenios más que incluso exigen secreto fiscal”, adelantaron.
Con el receso legislativo de julio, el tema recién será debatido a fin de mes, cuando se cree que también estará resuelta la homologación del acuerdo por la deuda que tramita la Corte, aunque no hay plazos para que se expida el tribunal supremo.
La idea del gobierno es usar los fondos que vayan llegando en acelerar obras de infraestructura que no están incluidas en el actual presupuesto.
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