Los próximos pasos legales
H.R.
En el Ejecutivo provincial ya se pusieron a trabajar para darle forma al escrito que presentarán para intentar rebatir el fallo de Sala II de la Cámara Laboral de Rosario que declaró inconstitucional la ley que le permite a los legisladores investigar y sancionar a los fiscales que cometen faltas graves. Los abogados oficiales tienen 10 días para ingresar el recurso, plazo que vence a fines de la semana próxima, a partir de lo cual la Cámara tiene que hacer un “análisis de admisibilidad”. Si estima que puede haber alguna crítica de constitucionalidad válida lo eleva a la Corte, si lo declara inadmisible al Ejecutivo le queda la posibilidad de ir directamente a la Corte, que tendrá la última palabra sobre la legalidad o no de la Ley 13.807.
“Las consideraciones que hicieron los jueces de la Cámara Laboral, más allá de circunscribirse al caso específico de Spelta, abren juicio sobre la legalidad del procedimiento de enjuiciamiento a los fiscales”, confió a Suma Política el secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia, para quien “los jueces entienden que se rompe con la independencia del MPA, tal como está reglamentado hoy el enjuiciamiento a los fiscales, y que no puede ser la Legislatura quien debe juzgarlos, sino la Auditoría, que forma parte del MPA. Por lo tanto los propios fiscales se tendrían que indagar a sí mismos”.
El funcionario cuestionó el fallo porque le niega a la Legislatura las facultades normales que tiene de dictar las leyes y arriesgó que de sostenerse el fallo que le impediría juzgar a los funcionarios del MPA el sistema “quedaría en una laguna, donde nadie puede enjuiciar a los fiscales”.
“Si eso sucede se produce una situación que llamamos de gravedad institucional”, advirtió y sostuvo que, a su entender, “no hay una puja de poderes, pero sí se crea una inestabilidad institucional acerca de que uno de los poderes del Estado, como es el Judicial a través del MPA, queda sin poder juzgar a los funcionarios públicos que tienen a su cargo investigar los hechos ilícitos que se producen”.
El presidente del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, coincide en esa mirada y no cree que haya una cuestión corporativa de poderes del MPA contra la Legislatura. “Creo que hay una corriente que justifica esta posición sobre que la Legislatura no tiene poder de control sobre los fiscales, y encuentra un respaldo en algunos voceros o constitucionalistas y ejercen este tipo de acciones. Pero no creo que sea una cuestión corporativa del Poder Judicial o del MPA completo. Sí hay una cierta cantidad de fiscales que están de acuerdo con este posicionamiento desde el primer momento en que se sancionó la primera ley, la 13.695, para que la Legislatura controle a los fiscales, en noviembre de 2017”.
Los legisladores están convencidos de que es imprescindible el control externo sobre el MPA y ponen como ejemplo lo que sucede con el fiscal Gustavo Ponce Asahad. Hoy, más allá de estar detenido con prisión preventiva acusado de exigir y cobrar coimas al capitalista del juego ilegal Leonardo Peiti, ese fiscal está suspendido por la Legislatura.
Si no se hubiese dado ese paso que posibilita la Ley 13.807 y el día de mañana fracasa por alguna razón la causa judicial, y se cae la instancia penal, Ponce Asahad podría volver a su cargo y seguir siendo un fiscal más en la provincia. La evaluación que se hizo en la Legislatura de las pruebas encontradas y de todo el proceso que llevó a la suspensión inmediata en sus funciones es algo que hoy, tal como está planteado el sistema, no puede hacer la Auditoría del MPA porque no posee esas facultades.
Farías sostiene que eso ayuda a entender por qué en el juego de la división de poderes, el Poder Legislativo, que de hecho es el que termina dando la aprobación a los pliegos para la designación de jueces y fiscales, es lógico que también mantenga un poder para evaluar su desempeño y en su caso suspender o llegar a lo más grave que es destituirlos con una causa clara y objetiva en un proceso que garantice el derecho a defensa.
“Me parece que siempre hay controles cruzados entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo. Cualquier funcionario del Ejecutivo puede ser llevado a juicio y no por eso no puede iniciar alguna acción sobre el Poder Judicial. La Legislatura tiene la facultad de hacerles juicio político a los jueces y eso no nos garantiza impunidad, no nos garantiza que un juez no nos pueda seguir un procedimiento porque nosotros le podemos iniciar un jury de enjuiciamiento”, argumentó el diputado socialista que descartó que la ley tenga como objetivo ser un elemento de presión sobre los fiscales para garantizar la impunidad de los legisladores.
Además, Farías marcó similitudes y diferencias con los jurys a los jueces, ya que son dos procesos diferentes pero que ambos tienen su complejidad para sancionar a los funcionarios del Poder Judicial. “En todo caso que los fiscales que no están de acuerdo propongan nuevos mecanismos. Pero acá lo grave es que se considere inconstitucional toda la ley, con lo cual se considera inconstitucional que tengamos la potestad de hacer este tipo de control. Eso no me parece correcto”, concluyó.
Por su parte, Somaglia le dijo a Suma Política que “el Poder Ejecutivo más allá de ser respetuoso de la independencia del Poder Judicial y el MPA en particular, entiende que la independencia no significa indiferencia” y en ese sentido agregó: “Por lo tanto, nosotros siempre estamos prestos a mejorar todas las leyes que se vinculan a la actividad de la Justicia y, más aún, si se trata de funcionarios públicos judiciales que tienen una responsabilidad social tan alta como son los del MPA. Si es este sistema que hoy nos rige o si puede existir otro que pueda mejorarlo, perfeccionarlo o ajustarlo a algún principio constitucional lo veremos después de que esta contienda quede dirimida”.
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