El tema seguridad era una de las cuestiones que concentraba mayor expectativa en el discurso del gobernador Omar Perotti a la Legislatura. No sólo porque fue el eje de la campaña por la que fue elegido, sino porque en la última semana se sucedieron noticias que involucraron cambios de funcionarios en la gestión, imputaciones al ex ministro del área, detenciones de líderes narcos y aumento de la cantidad de homicidios.
Con todo, el asunto fue nombrado cuarto dentro de los cinco ejes de gestión que presentó al comienzo del discurso de apertura de sesiones, aunque lo definió como “prioritario y urgente”, y reconoció ya sin vueltas que “más de la mitad de los homicidios están vinculados a organizaciones criminales y economías ilegales ligadas al narcotráfico”.
“No nos gusta y nos duele el escenario actual, pero no le escapamos, le ponemos el cuerpo, no hay especulación”, dijo de entrada para cruzar los comentarios por las redes que varios legisladores hicieron mientras daba el discurso.
Viene de años: su primera definición de la inseguridad como “un flagelo” provocó algunas reacciones, al igual que cuando señaló que es un “problema estructural que la provincia arrastra desde hace años y que sobrepasa la instancia local y provincial”.
Herencia: después se explayó sobre las deficiencias que encontró al asumir: “Eran más los policías que se retiraban que los que ingresaban, no contaban con equipamiento y tecnologías adecuadas, había necesidades edilicias urgentes, móviles fuera de servicio, chalecos vencidos y faltaban municiones”.
A la Nación: así como se dedicó a revisar la responsabilidad de los anteriores gobiernos socialistas, también le dirigió otros reproches directamente al gobierno nacional. “Ni Santa Fe ni ninguna otra provincia puede abordar por sí sola este reto”. Reclamó en ese punto que la estrategia de lucha contra el crimen organizado debe ser “federal, integral, coordinada y sostenible y transparente”.
Repitió una frase que ya utilizó públicamente y que también hizo propia el intendente de Rosario, Pablo Javkin. “La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otros lugares”. Rosario también es Argentina sería la traducción más directa.
Más efectivos: volvió a pedir la presencia federal en todas sus expresiones: más efectivos en los territorios más calientes, mayor control en las rutas de las mercaderías y fondos ilícitos y, especialmente, una estructura de justicia federal y penitenciaria “más sólida y acorde al tamaño del problema”.
No mencionó directamente la promesa de hace un año del gobierno nacional que incluía la llegada de mil efectivos y un nuevo destacamento, que está todavía en construcción.
Convocatoria: el mensaje sobre el tema que más preocupa a los santafesinos incluyó un llamado al resto de los sectores políticos: “Nadie debería permitirse hacerse el distraído, ni pretender sacar rédito con declaraciones oportunistas, críticas vacías de propuestas o especulaciones mezquinas, tanto oficialistas como opositoras”.
Advirtió que a pesar de lo que se está haciendo “no alcanza solo con más recursos; necesitamos unirnos frente a la inseguridad”, donde volvió a mencionar la necesidad de “prevenir la complicidad política y judicial con la criminalidad”.
Reclamó una “unidad santafesina y un compromiso para ganarle al delito y exigir juntos a los tres poderes de la Nación que hagan lo que deben hacer frente a la amenaza del crimen organizado”.
En este sentido adelantó que en los próximos días va a realizar una amplia convocatoria a instituciones, partidos políticos, líderes religiosos, sindicatos, organizaciones sociales, intendentes y presidentes comunales para decirle a la Argentina que Santa Fe requiere mayor presencia federal.
“Necesitamos que el Ejecutivo nacional, las cámaras de senadores y diputados de la Nación, los bloques con presencia legislativa, la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema de justicia prioricen lo que está ocurriendo en Santa Fe. Todos detrás de un reclamo que es justo”, arengó.
Volvió a repetir una frase con la que asumió su gobierno hace más de dos años: “En Santa Fe ya no hay retorno en la decisión que hemos asumido de cortar el vínculo entre el Estado, en todos sus niveles, y el delito”, pero reiteró que “el camino es largo y se están dando los pasos necesarios”.
Policías: dio números y precisiones: 1.500 policías ingresaron en los últimos dos años (casi el doble que los dos años previos), otros 1.200 ingresarán este año y 1800 en 2023; anunció la creación de tres nuevas escuelas regionales de policía en Murphy, Rafaela y Reconquista (que se suman a las de Rosario y Recreo); hay 1.600 detenidos más que en 2019, el mismo número de la sobrepoblación de plazas por encima de la capacidad disponible. También hay en la provincia 463 presos federales.
Unidad especial: la creación de una unidad especial de investigación del crimen organizado ya había formado parte de varios anuncios anteriores. Ahora el gobernador precisó que ese proyecto está en proceso de selección y capacitación del personal.
Inversiones: detalló inversiones de tecnología para mejor la seguridad en las cárceles provinciales, porque enfatizó “no podemos permitir que desde allí se organicen delitos.”
Permisividad: fue crítico del sistema actual, pidió castigos ejemplares para terminar con la permisividad de las comunicaciones en las cárceles federales y en las provincias reclamó mayores controles y restricciones. También dijo que los tres poderes del Estado provincial “debemos bregar por mayores restricciones a la hora de aplicar libertades condicionales y prisiones preventivas”.
Justicia federal: sobre el rol de la Justicia en la lucha contra la inseguridad, sostuvo que es “un imperativo impostergable” fortalecer la estructura federal. Para eso reclamó la implementación de un sistema de justicia federal oral y público, con más fiscales, para lo cual se afectará el histórico edificio militar que fue sede del Comando del II Cuerpo de ejército en Sarmiento y 9 de Julio de Rosario.
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