Que estamos atravesando una situación muy compleja en términos de seguridad no es nuevo para nadie. Pero que impacte tan de lleno en las escuelas, ya no sólo con amenazas, sino también con balaceras, robos y vandalización de los edificios, implica un avance de la criminalidad, un corrimiento de límites, sin precedentes.
Las escuelas se sienten solas, sin las garantías necesarias para poder dar clases y toman la decisión de suspender las actividades. Esta gravísima situación hace que cientos de niños, niñas y adolescentes se queden sin ir a la escuela, en la calle, a merced de bandas criminales.
Naturalizar estos hechos es resignar las responsabilidades del Estado, que debe garantizar dos derechos fundamentales como son la educación y el trabajo de todo el personal en las instituciones educativas.
Es urgente que el Estado brinde una respuesta a esta situación y garantizar que los niños y niñas estén en las aulas, que las y los jóvenes estén en la escuela, que trabajadores y trabajadoras puedan puedan acompañarles y que las familias no tengan miedo de dejar a los chicos y las chicas en la escuela.
En la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe solicitamos una serie de reformas al proyecto del Ejecutivo de Emergencia en Seguridad: la incorporación de propuestas y medidas que protejan a las instituciones educativas y que deben ser priorizadas en esta ley: identificar riesgos y amenazas para la implementar políticas de seguridad pública en las escuelas; instalar cámaras de videovigilancia en las zonas aledañas a las instituciones educativas; proporcionar el personal necesario y permanente; apertura de senderos escolares con recorridos monitoreados, control urbano, alarmas comunitarias, puntos seguros y comunicación inmediata con los distintos actores responsables de la seguridad.
Además, propusimos implementar programas de inclusión socioeducativa que aseguren la continuidad en la educación obligatoria ante situaciones de interrupción de trayectorias educativas, de capacitación y formación laboral, trayectos de educación artística y física para jóvenes y adultos en contextos vulnerables, articulación con universidades, institutos de nivel superior, municipios y organizaciones de la sociedad civil, jornadas ampliadas, programas de becas, plan de mejoras de equipamiento para el fortalecimiento a instituciones educativas y culturales existentes.
Según el informe de gestión que la defensora general, Jaquelina Balangione, y del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, brindaron ante la Legislatura, la provincia tiene hoy el mayor nivel de encarcelamiento desde la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal en el año 2014. El 75% de las personas privadas de su libertad fueron condenadas por primeros delitos; más del 90% no completaron la educación obligatoria y casi el 100% no tiene ni tenía trabajo.
En las escuelas es donde podemos trabajar por más inclusión y mejores oportunidades para las y los jóvenes, ofrecerles herramientas para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Dejarlas vulnerables ante una criminalidad acuciante o cerrarlas porque no podemos protegerlas, no solo significa en el corto plazo mayor desigualdad y pobreza, sino dejar la puerta abierta a más inseguridad, abandono y muerte.
La autora es diputada provincial por el Partido Socialista y ex ministra de Educación de Santa Fe
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