Ya había pasado poco antes de la brusca salida de la tablita cambiaria. En pocos días, dos declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, desataron el efecto contrario al previsto, con todo lo que ello significa en el precio de la palabra de un funcionario que hace del dominio de la city su carta de presentación. Primero fue su invitación desafiante a comprar dólares, aceptada con todo gusto por los actores a los que pretendía amedrentar. Luego llegó el off alarmista transmitido sin metáfora por Alejandro Fantino, que lejos de cumplir el objetivo original de intimidar a los gobernadores se convirtió en una confesión sobre la debilidad del esquema económico.
La fantasía interestelar del conductor de Neura terminó por revelar que la nave del capitán Toto entró en zona de deriva, no por alucinados misiles de kukas, jubilados o jefes provinciales, sino porque se está quedando sin combustible. En rigor, fue el JP Morgan el primero en eyectarse cuando recomendó poner en pausa el carry trade.
El banco de inversión puso en duda la sostenibilidad, al menos en el corto plazo, de la estrategia de atraso cambiario que elevó el déficit de la cuenta corriente, el motor de las últimas grandes crisis argentinas. Sus dudas se tradujeron rápidamente en una mayor presión sobre el mercado de divisas, probablemente con la participación del propio gobierno, que a instancias del FMI busca ahora sumar reservas de distintas maneras.
El sobrecumplimiento de la meta de superávit fiscal es el lazo más fuerte que hoy ata el plan económico al acuerdo de salvataje con el organismo internacional, que prestó 20 mil millones de dólares para que Milei llegue competitivo a las elecciones de octubre, de los cuales adelantó 12 mil millones y medita por estas horas si desembolsa otros 2 mil millones.
El problema es que esa turbina que Fantino confesó implícitamente como la única que estaría manteniendo en vuelo a la nave oficialista, también funciona con gasoil prestado. Y esa deuda comenzó a ser reclamada este jueves en el Senado, con el paquete de leyes aliviadoras de la situación de jubilados, discapacitados, inundados y gobernadores que fue aprobado por goleada en una sesión de alto impacto político.
La batalla del Senado
Bajo el fuego cruzado de las denuncias sobre golpe institucional, amenazas de vetos y acciones judiciales, y pedidos de sacar los tanques a la calle, una clara mayoría de senadores convirtió en ley el refuerzo de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la actualización automática de las prestaciones en discapacidad. También rechazó el veto al fondo de ayuda a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca y dio media sanción a los dos proyectos presentados a instancias de los jefes provinciales para repartir federalmente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.
El ministro Caputo dijo, en una de sus apariciones televisivas, que el costo fiscal del paquete era de 2,5 puntos del PBI. En cambio, Profit Consult, en base a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo estimó en 0,73 % para 2025 y 1,37 % para 2026, y Analytica en 0,49 % para este año y 1,12 % para el próximo.
Para la economista Florencia Florentín, de Epyca Consultores, la preocupación por el costo fiscal de los proyectos aprobados en el Senado manifiesta “la insostenibilidad del ajuste que lleva adelante el gobierno, basado en el recorte a jubilados, infraestructura, educación, salud y ciencia”. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) recordó que en 2024 el 30,6 % del recorte de gasto fue aportado por el rubro previsional. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Assap) reportó una reducción de 11 % en el gasto social durante el primer semestre del año, en relación a 2023.
La ruta del ajuste
A más de un año y medio de gestión, la discusión sobre la ruta del ajuste excede los posicionamientos políticos, ideológicos o morales y converge en el terreno de las urgencias prácticas. Las rutas detonadas, la parálisis de hospitales emblemáticos, la destrucción de organismos de prestigio internacional como el Inta, dejan de ser emblemas de la motosierra justiciera para ser fotos de la desidia y la ineficiencia. Sus pretendidos beneficios son menos visibles. Por caso, se espera que la inflación de junio vuelva a cortar una mini racha de desaceleración, esta vez la iniciada tras el pico de marzo. En cambio, el costo político se eleva y también el económico. La recaudación nacional del semestre permaneció prácticamente estancada en relación al mismo período del año pasado.
Más combustible
La torta de ingresos se achica por decisiones fiscales, como la eliminación del impuesto País, pero también por una desaceleración de la actividad económica. Así lo remarcó el último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Púbicas (Ipypp), que ubicó al impuesto a los combustibles como uno de los pocos “ganadores” del período, con un incremento interanual real del 75 %.
Aunque representa apenas el 2 % de los ingresos totales, este tributo es el que mayor dinamismo presenta en la recaudación y es a la vez uno de los más “peleables” por los gobernadores, toda vez que buena parte de la recaudación se destina a solventar fideicomisos creados para el financiamiento de obras de infraestructura que el gobierno nacional no hace. El proyecto que recibió media sanción de la Cámara alta elimina seis de esos fondos y establece la transferencia automática del 57 % de esa masa al conjunto de estados subnacionales. En la distribución secundaria, en Santa Fe esperan rescatar unos 200 mil millones de pesos anuales.
Según una estimación del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea, la provincia podría sumar en los próximos seis meses unos 24.647 millones por la coparticipación del 100 % de los ATN, respecto del promedio de 4.200 millones que recibió en los últimos tres semestres.
El 1 % del monto de la masa coparticipable que captura la Nación para hacer frente a emergencias en las provincias es el ejemplo más claro de la definición que el ministro de Economía de Santa Fe realizó hace unas semanas sobre el superávit fiscal de la Nación: “Se financia con la nuestra”. El informe de la Mediterránea recordó que entre 2017 y 2025 el Tesoro nacional sólo distribuyó el 26 % de los recursos del fondo de ATN a las provincias. Hubo variaciones dentro de ese plazo. Como en los años 2020 y 2023, cuando se repartió más del 80 %. O en 2024, cuando apenas se transfirió el 10 %.
La fundación cordobesa también pone esta pulseada en un contexto en el que los ingresos y los gastos de los Estados del interior crecen por encima de los de la Nación, luego de que el año pasado el ajuste corriera en paralelo. Influyen en ese punto decisiones de política tributaria pero también urgencias de gastos: las provincias están sosteniendo las obras y servicios mínimos que abandonó el gobierno central. Y ahora, además, están haciendo de avanzada en el plan de pedir dólares prestados en el mercado privado internacional.
Crujen las alianzas
Si los números muestran que la batalla del Senado se libra en un terreno marginal dentro de la magnitud de los recursos y gastos del Estado, la reacción de la administración de Javier Milei obedece en buena medida a otras razones. “El problema es político, por el debilitamiento de ciertas alianzas que lo habían ayudado a gobernar”, cita Florentín, de la consultora Epyca. La “traición” de un sector de legisladores y gobernadores que hasta ahora lo sostenían desde el fangoso espacio del pseudo oficialismo denota la erosión de lealtades y miedos sucesivos.
La entente que hace un año le permitió sancionar la ley Bases, con la cual pudo desguazar el Estado, amaga con iniciar el camino inverso. Y alerta así sobre la posibilidad de que una secuencia típica de crisis se instale en el horizonte: financiera, económica, política.
La dupla de Caputo y Fantino exhibiendo la granada del estallido económico no desentona con aquel Cavallo de la Convertibilidad, de la misma forma que el solitario viaje que no fue de Milei a Tucumán evoca a aquel Chapadmalal de Rodríguez Saá. Nada se repite pero es probable que esas huellas sean detectadas en la Casa Rosada, así como las giras de gobernadores por circuitos que hasta ahora parecían de su exclusividad, como las oficinas públicas y privadas en Washington.
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