El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó este miércoles al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La propuesta prevé un aumento escalonado de los recursos hasta lograr una participación del 1,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2031. Además, la iniciativa encomienda al gobierno recomponer la crítica situación salarial de los trabajadores del sector. Desde el organismo confían en que tendrá el visto bueno del cuerpo legislativo porque, como exigía el gobierno, se especifica de dónde saldrán los recursos para financiar el incremento. “Construimos una ley seria, responsable y muy razonable, que busca darle una respuesta estructural al problema del financiamiento”, describió Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La presentación se realizó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la presencia de un nutrido grupo de rectores de distintas universidades públicas del país. El documento, elaborado por una comisión específica designada durante el último plenario del CIN en San Luis, apunta a que los fondos para el financiamiento universitario queden garantizados en una ley y no sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno. En total son doce artículos que tienen como premisa fijar un piso básico de recursos para su funcionamiento y la recomposición salarial de los trabajadores.
Entre los puntos destacados, el proyecto de ley fija un esquema de aumento presupuestario destinado a la educación universitaria, que se irá incrementando de forma progresiva hasta llegar al 1,5 % del PBI en 2031. Para este año, la inversión nacional prevista para las universidades nacionales de todo el país es del 0,88 % del PBI, la participación más baja de la última década. El guarismo del año en curso quedó por debajo de lo invertido en 2024 (0,91 %) y 2023 (1,48 %).
Por otra parte, la iniciativa encomienda al gobierno nacional poner en marcha una recomposición salarial para los trabajadores del sector, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023, y la obligación de convocar a paritarias cada tres meses. Además, establece que los recursos destinados a los gastos de funcionamiento de las universidades se actualicen de forma automática, contemplando la variación de precios del año calendario anterior.
Para cumplir con estos puntos, la iniciativa señala que el Poder Ejecutivo deberá transferir todos los meses una parte de los fondos que recauda en concepto de coparticipación al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Esa “proporción universitaria” se calculará en función del último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. El texto de la ley pone énfasis en que la ecuación no impactará en la distribución de los fondos coparticipables a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La ley también propone crear un fondo anual de 10 mil millones de pesos destinado a la creación y promoción de carreras estratégicas, y encomienda al gobierno la ampliación de becas para estudiantes universitarios. Ambos aspectos se financiarán “con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados como ingresos”.
Con Bartolacci como uno de los protagonistas, los rectores del CIN expusieron los detalles de la iniciativa este miércoles ante diputados de distintas fuerzas políticas, que se comprometieron a darle curso legislativo. La idea de algunos bloques de la oposición es que la semana próxima se habilite el tratamiento del proyecto y que a mediados de junio se discuta en el recinto.
El proyecto vuelve a poner en debate un tema incómodo para el gobierno nacional y todo se encamina a que su tratamiento esté acompañado por movilizaciones estudiantiles en distintos puntos del país. Si bien hay optimismo en que se apruebe, todavía está fresco el antecedente del veto presidencial del año pasado, que luego fue ratificado por el Congreso, pese a la minoría parlamentaria del gobierno.
Salarios docentes
“La diferencia con la ley del año pasado es que se buscaba resolver el problema del financiamiento del ciclo en curso. Este proyecto de ley incorpora la posibilidad de pensar en una solución de fondo”, explicó Bartolacci, en diálogo con Suma Política. Para el rector rosarino, uno de los valores del proyecto es que se fijan mecanismos para que sea el Congreso quien defina las competencias en materia presupuestaria de las universidades.
“Construimos una ley seria, responsable y muy razonable, que busca darle una respuesta estructural al problema del financiamiento”, expresó y agregó: “Hay una planificación para ir incrementando año tras año el porcentual del PBI destinado a educación superior; se establece un fondo específico para la creación de nuevas carreras estratégicas, y también se encomienda una solución al problema salarial, que es el más angustiante y el más urgente a resolver”.
En ese sentido, Bartolacci definió como “crítica” la situación salarial de los docentes y no docentes universitarios. Hay tres datos que comparten desde el CIN que son elocuentes. Un docente con dedicación inicial, que dicta unas diez horas semanales, cobra alrededor de 150 mil pesos por mes. En tanto, un profesor titular con una materia a cargo, que tiene más de 20 años de antigüedad y formación posdoctoral en el exterior, cobra 310 mil pesos por mes. Todo eso, enmarcado en una misma realidad: el 80 % del personal universitario argentino percibe un salario por debajo de la línea de la pobreza.
“Nadie en su sano juicio puede entender que con esos recursos alguien pueda realizar bien su tarea. Creemos que es lo que requiere atención más urgente, porque es algo que deteriora a toda la institución”, evaluó el vicepresidente del CIN. “Tenemos expectativas de que este proyecto pueda avanzar y nivelar esa situación. Ahora vamos a empezar a conversar nuevamente con los legisladores en cada una de las provincias, para tratar de explicar y sensibilizar en torno a la importancia de esta ley”, añadió.
La situación de la UNR
El presupuesto de las universidades no se actualiza desde octubre de 2022. Recién en julio de 2024, luego de un reclamo sostenido de la comunidad universitaria, hubo un incremento del 270 % en la cuota de gastos de funcionamiento. En abril de este año, hubo una nueva actualización del 27 %. En la sumatoria, el aumento no llega al 300 %, cuando la inflación durante el mismo período de tiempo fue más del doble. Para Bartolacci, ese desfasaje genera una serie de dificultades en la UNR.
“Nosotros tenemos la particularidad de que somos una de las universidades más grandes. Entonces, la posibilidad de mantener bien los edificios o invertir en equipamiento requiere de erogaciones mucho mayores. Pero también somos una de las universidades que más se expandió en los últimos cinco años, con la creación de nuevas carreras: cuatro escuelas medias, la escuela de oficios y una secundaria virtual. Esa expansión, en un contexto de restricción presupuestaria, plantea enormes desafíos”, remarcó.
Ante ese escenario, el rector local planteó que la situación es incluso más compleja que la del año pasado, cuando se motorizaron marchas a lo largo y ancho del país, exigiendo mayor presupuesto para las universidades en primer lugar, y luego para protestar contra el veto presidencial impulsado por Javier Milei. “Hasta donde podamos vamos a seguir. El punto es que hay un momento donde ya no se requiere esfuerzos sino hacer magia. Y nosotros no podemos hacer magia. Por eso trabajamos en una respuesta que sea estructural”, definió Bartolacci.
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