La nueva Constitución tiene sus primeras definiciones. La Convención Reformadora aprobó este miércoles la posibilidad de que el gobernador –y quienes lo sucedan en adelante– puedan ser reelectos por un período. Por medio de una cláusula transitoria se definió que la gestión de Maximiliano Pullaro sea considerada como un primer mandato, por lo que podría competir en 2027. Distinto criterio se adoptó con los legisladores, que ya no tendrán reelecciones indefinidas: solo podrán ser reelegidos por un período, empezando a contar desde 2027. Entre los cambios sustanciales también se destaca el fin de la mayoría automática para quien gane la elección a diputados y de los fueros parlamentarios. La jornada tuvo cruces calientes, con La Libertad Avanza levantando la bandera de la “unicameralidad” en la Legislatura, que finalmente no prosperó. Una sesión tan trascendental como picante, que quedará en la historia de la provincia.
La sesión estaba convocada para las 14, pero comenzó media hora más tarde. La reunión tenía como objetivo poner en debate y votar los dictámenes sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que surgieron este martes del trabajo realizado por la Comisión Redactora. A eso se le suma la cláusula transitoria, que aborda la habilitación del actual gobernador para competir por un nuevo mandato. La mayoría de los espacios hicieron uso de la palabra, a lo largo de la sesión. La primera votación en general se hizo pasadas las siete de la tarde. La jornada finalizó pasada la medianoche. Unas diez horas de sesión.
El dictamen de mayoría de Poder Legislativo llegó con las firmas de todos los bloques, menos La Libertad Avanza; mientras que el dictamen de mayoría de Poder Ejecutivo, tuvo menos consenso: lo firmó Unidos para Cambiar Santa Fe, el Frente de la Esperanza y Somos Vida y Libertad. En tanto, para el dictamen de la cláusula transitoria, el oficialismo contó con el acompañamiento del bloque Más para Santa Fe y del Frente de la Esperanza.
La unicameralidad que no fue
A lo largo de la tarde se dieron distintos cruces, que tuvieron a los convencionales libertarios como los más críticos del proceso reformador. Entre los principales cuestionamientos apareció el debate por la unicameralidad. En la previa, fue el caballito de batalla del espacio, que pedía la eliminación del Senado con dos objetivos: un ahorro significativo en las arcas provinciales, además de la eliminación de la figura del senador, a los que definieron como “señores feudales” de sus distritos.
“Entendemos que debería haberse habilitado la reforma de este punto”, dijo Marcos Peyrano, de La Libertad Avanza, poniendo a la provincia de Córdoba como ejemplo. En una misma línea, Silvia Malfesi, de Somos Vida y Libertad, insistió con su modificación hasta último momento. “Estamos perfectamente habilitados para introducir la unicameralidad”, expresó y agregó: “Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica. El pueblo pide a gritos la unicameralidad, pero acá hay una casta ciega sorda y muda que quiere mantener el privilegio de un sector de la politiquería barata y berreta”.
Diego Giuliano, del justicialismo, se encargó de rebatir el argumento económico. “La Legislatura más cara de la Argentina es la de Tucumán, que es unicameral, mientras que la más económica es la de San Luis, que es bicameral”, planteó. En tanto, por el oficialismo, Esteban Motta hizo un planteo similar: “Si es un tema presupuestario, los invito a que ajustemos el presupuesto legislativo de ambas cámaras. Pero es un tema institucional y de representación, no presupuestario”.
También, las exposiciones empezaban a delinear quiénes se perfilan como ganadores y perdedores de una reforma que se acerca a su final. Mientras los convencionales del oficialismo destacaron los resultados del proceso durante toda la jornada, los bloques libertarios y “celestes” hablaban de una oportunidad perdida. Juan Domingo Argañaraz incluso pidió perdón a la ciudadanía por entender que la reforma se hizo “de espaldas a la gente”.
Poder Legislativo
Las reformas introducidas al Poder Ejecutivo se aprobaron con 52 votos afirmativos y 15 negativos, en la votación en general. La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad no acompañaron el dictamen de mayoría.
Entre los principales cambios aparece la distribución proporcional de los diputados, aunque no especifica el sistema a aplicar. La reforma deja atrás la mayoría automática que otorgaba 28 diputados al ganador de la categoría, sobre los 50 diputados que conforman la Cámara baja. El nuevo esquema abre un panorama legislativo con un esquema político más repartido. En resumen, los gobiernos deberán dialogar más para lograr consensos.
Por otra parte, se pone un límite a la reelección de los legisladores, que podrán reelegir solo un mandato. Tanto diputados como senadores podrán volver a postularse luego de un período de intervalo. También se modificó el período de sesiones ordinarias, que ya no comenzará el 1º de mayo, sino que tendrá su inicio el 15 de febrero. La nueva Constitución fija, como requisito para ser diputados, tener 21 años y dos años de residencia inmediata, en el caso que no haya nacido en la provincia. Para el caso de los senadores, se establecen 25 años de edad, con dos de residencia inmediata y efectiva en el Departamento para el que se postula.
La conformación de las listas deberá respetar la paridad de género. Llamativamente, fue uno de los puntos que generó cruces entre legisladoras de distintos espacios. Para Granata, la redacción habilita “una trampa”: que un legislador o legisladora que quede afuera de la Legislatura por paridad de género, se cambie el DNI a “no binario” y obtener igual la banca, independientemente de su género de nacimiento.
“Es un error enorme de la Constitución y una trampa que van a empezar a hacer. La paridad de género se la van a tener que meter en el bolsillo”, argumentó Granata en su exposición. Desde el peronismo le respondió Lucila De Ponti: “Hay que tener muchas ganas de ser legislador para cambiarse el género en el DNI. No traigamos absurdos”.
A su vez, los legisladores pasarán a tener inmunidad de arresto, pero no de proceso. Es decir que los legisladores no podrán ser arrestados sin autorización de la Cámara a la que pertenecen, con la aprobación de los dos tercios de los miembros presentes. Sin embargo, no se requerirá de la autorización de la Cámara para su detención cuando exista condena penal firme por delitos dolosos, ni si es encontrado cometiendo un delito en flagrancia con pena privativa de la libertad.
Poder Ejecutivo
Pasadas las nueve de la noche, comenzó el debate en torno a las modificaciones del Poder Ejecutivo. El justicialismo, La Libertad Avanza, y el espacio Activemos, comenzaron su exposición explicando sus dictámenes de minoría, donde se marcaban diferencias con el dictamen oficialista. Finalmente, el dictamen de mayoría se aprobó por buen margen: 51 afirmativos contra 16 negativos. Los votos positivos fueron de Unidos, Más para Santa Fe, el Frente de la Esperanza y parte de Activemos; mientras que los votos negativos los aportaron La Libertad Avanza, Somos Vida y Libertad, y Rubén Giustiniani, que se apartó de la postura del bloque.
En líneas generales, los cambios amplían las atribuciones del Poder Ejecutivo en torno a la planificación de políticas públicas, de seguridad y administrativas. Entre los puntos destacados aparecen la prohibición de emitir decretos de necesidad y urgencia por parte del Ejecutivo, así como la imposibilidad de habilitar facultades delegadas. También, los alcances del juicio político y la posibilidad de que el gobernador indulte o emita penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial.
Desde Más para Santa Fe se refirieron a ese tema. Fue la convencional Jaquelina Balangione la que planteó que el indulto es una ampliación de facultades “contraindicada en el derecho moderno” y cuestionó los argumentos oficialistas, que giraron en torno a la posibilidad de “corregir” una sentencia que puede ser equivocada. “El indulto es una facultad discrecional del gobernador. No es para corregir una sentencia errónea. El indulto se utiliza para delitos comunes, siempre que el gobernador decida utilizarlo”, evaluó.
Sin embargo, el debate giró en torno a la principal reforma: la habilitación al gobernador y vice a una reelección inmediata de cuatro años, o sucederse recíprocamente por un período consecutivo.
Rubén Giustiniani adelantó su rechazo al dictamen de mayoría, argumentando su desacuerdo con la reelección del gobernador. “Es coherente con lo que hemos sostenido toda la vida. El gobernador juró por una Constitución que no le permite la reelección. No se puede beneficiar de una reforma constitucional por una cuestión ética y jurídica”, cuestionó.
El encargado de defender la reelección del gobernador fue Lisandro Enrico. “Es cierto que el gobernador juró por una Constitución que no permite la reelección. Pero cuando concluya esta convención vamos a jurar por la nueva Constitución, tanto los convencionales como el gobernador de la provincia”, sostuvo. “Jurídicamente no hay ninguna duda, éticamente corresponde la observación que haga cada uno”, remarcó.
El ministro de Obras Públicas de la provincia también sostuvo que el debate de la reelección siempre estuvo arriba de la mesa. Incluso, con Pullaro encabezando la lista de convencionales de Unidos. No obstante, desde La Libertad Avanza, Mayoraz usó ese mismo argumento para criticar la decisión: “Los llena de orgullo que el gobernador no haya escondido su intención encabezando la lista. Creo que es lo más vergonzoso de ese proceso. El frente Unidos siempre que propuso la reforma constitucional, anticipó la autoexclusión del gobernante de turno. De entrada, no nos parece una conducta ética”.
La cláusula transitoria
La habilitación de la reelección seguía dejando un problema sin resolver: ¿desde cuándo comienza a regir? Por eso, en las comisiones previas se propuso introducir una cláusula transitoria que zanje ese problema: se definió que el mandato vigente cuente como un primer período, por lo que Maximiliano Pullaro podría presentarse para un nuevo mandato dentro de dos años.
Un sector del peronismo no acompañó esa cláusula. Fue la única intervención de Juan Monteverde durante la extensa jornada: “Cuando el gobernador dijo sí juro, le estaba jurando a la provincia de Santa Fe que en cuatro años se volvía a su casa”, expresó y agregó: “Lo que me preocupa es que se confirma lo que muchos dijimos desde el principio. Que el único interés de esta Convención era la reelección del gobernador. Y tengo la tranquilidad de habérselo dicho el primer día”.
En tanto, desde La Libertad Avanza proponía definir la situación en un referéndum obligatorio. La votación finalizó 45 votos afirmativos y 22 negativos, es decir fue aprobada con más de los dos tercios de los presentes.
La jornada comenzó caliente y con el correr de las horas se fue bajando su intensidad. El conflicto se reanudó sobre el final, cuando Amalia Granata denunció que un fotógrafo estaba tomando imágenes a la pantalla de su celular. “Ya pasó que se filtraron conversaciones privadas que tuvimos en parlamentaria y no quiero que se filtren conversaciones privadas con mis hijos. Si vamos a ir a los golpes bajos, caemos en algo que no hay retorno”, dijo y añadió: “Tómenlo como una amenaza o como quieran”.
También el libertario Javier Meyer le puso pimienta al final: “Lo de la cláusula me llama la atención. Creo que no hay un dejo de vergüenza. Es terrible eso”. El presidente del cuerpo, Felipe Michlig, tuvo que intervenir después de su discurso. “Tratar de sinvergüenza al resto de los convencionales no corresponde”, recordó.
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