A casi un mes del espectacular “no allanamiento” en las oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe, la causa por presunto espionaje ilegal, que para los acusados es un armado que encubre una persecución, arrojó novedades concretas en el plano judicial. La defensa recibió, con una hora de diferencia, un doble “no” a sus planteos y todo indica que las pruebas que dicen tener los fiscales se mantendrán ocultas al menos hasta febrero.
En primer lugar, el fiscal general Jorge Baclini rechazó el planteo del abogado defensor Juan Lewis de apartar por “falta de objetividad” a los investigadores Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de la Unidad de Delitos Complejos.
Lo propio resolvió Baclini sobre el jefe de ambos, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, recusado por “enemistad pública” con el principal blanco de la causa: Marcelo Sain, el jefe de los acusados cuando era ministro de Seguridad. Sain, además, denunció a Arietti en otra causa.
Ahora, como superior del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Baclini negó los pedidos de Lewis, defensor de la ex directora de la Agencia de Control Policial y abogada de Hijos, Nadia Schujman, y otros cuatro sospechados. Los tres fiscales cuestionados seguirán a cargo de la pesquisa.
Con diferencia de una hora de esa resolución, este mismo miércoles a la mañana, se conoció la primera intervención de un juez en la causa. Hasta ahora todo había ocurrido sin actuación de un magistrado, algo que reclamó la semana pasada el propio Lewis en otro escrito ante el Colegio de Jueces.
Pero Nicolás Falkenberg, juez de la 1ª Instancia, negó el pedido de acceso a la investigación penal (las evidencias). El magistrado avaló la respuesta de los fiscales: Hernández y Jiménez dijeron que los acusados no solicitaron de forma expresa el pedido a ser convocados a una audiencia imputativa. Es decir, a que les digan qué delitos cometieron y cuáles son las evidencias.
Aunque Lewis ya estaba prevenido por las irregularidades en los inéditos procedimientos realizados en la Sede de la Gobernación en Rosario el viernes 26 de noviembre, ejecutados sin orden de un juez y sin testigos ajenos al lugar, de todas maneras recibió con sorpresa esta última novedad. Su sorpresa se entiende al repasar el pedido original, con fecha del martes 30 de noviembre.
El contenido de esa presentación resulta clave para esta instancia en donde se define si las pruebas (las “carpetas”) se exhibirán o no. Aquel texto señala que Nadia Schujman compareció ante los fiscales cuatro días después del procedimiento en donde le secuestraron su celular y elementos personales de un bolso.
Schujman designó un defensor (Lewis), solicitó el mencionado apartamiento de fiscales y pidió “ejercitar los derechos que la ley” le confieren, en particular “el art. 259 2° párrafo del CPP” (Código Procesal Penal). En el punto 4 “Petitorio” reitera: “Téngase presente el pedido de copias del legajo atendiendo a que hemos invocado el art. 259 2° párrafo del CPP”.
Citar artículos, aunque de dudoso gusto narrativo, es una práctica habitual en los escritos jurídicos para sustentar pedidos. Ese jeroglífico legal no es otra cosa que el segundo párrafo del artículo 259 del Código de Proceso Penal de Santa Fe (ley 12.734). Empieza así: “Las actuaciones que documentan la investigación penal preparatoria podrán ser conocidas por el imputado, su defensa y el querellante, después de realizada la audiencia imputativa”.
Si eso no ocurre, detalla el famoso segundo párrafo, “podrán imponerse de las mismas quince (15) días después de haber peticionado al Fiscal la realización de dicha audiencia, si por cualquier motivo ésta no se hubiera celebrado”.
¿Qué respondieron los fiscales ahora?: ese pedido que está por escrito no existe. ¿Qué respondió el juez este 22 de diciembre?: los fiscales tienen razón. Notifíquese.
Mientras redacta la apelación a esa resolución, Lewis asegura en diálogo con Suma Política: “Cuando uno dice «me presento en los términos del segundo párrafo del 259» no puede significar otra cosa que me presento y quiero ver las actuaciones, si no tomame la imputativa o caso contrario dentro de 15 días me las tenés que mostrar por ley”.
El abogado y ex ministro de Justicia, conocedor del sistema penal actual, añade: “Es un absurdo lo que responden los fiscales y el juez valida esos argumentos pueriles sin mayor argumentación”.
“Una institución descontrolada”
Los fiscales aprovecharon la controversia para pedirle al mismo juez Falkenberg algo que necesitan para llegar a febrero sin tener que mostrar la pruebas: decretar que la causa es compleja y duplicar los tiempos legales para exponer las carpetas con información sensible de personas sin una causa legal.
Lo reclamaron sin necesidad de convocar a una audiencia pero el magistrado se limitó a resolver el primer punto y sugirió que pidan eso por los mecanismos institucionales. O sea, tendrán que buscar otro juez que les avale ese atajo.
Para Lewis, la imposibilidad de conocer de qué acusan a los acusados es una capa que se agrega a un proceso cuanto menos extraño. El allanamiento en Gobernación de Rosario fue sin orden judicial porque, dijo el fiscal Hernández, se trató de una “requisitoria documental en una oficina pública”. Eso no alcanza para justificar el secuestro de teléfonos celulares, revisar bolsos e incautar objetos personales. El antecedente habilitaría a cualquier fiscal a desnudar funcionarios por el solo hecho de estar en un despacho.
A esa falla de origen se sumó lo que dejó por escrito en el acta oficial el suboficial de policía Juan Gabriel Bustamante: “Por orden de la fiscal María Jiménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos”, publicó Rosario Plus. El MPA ensayó una explicación: dijo que los testigos fueron los propios empleados del Ministerio que firmaron el acta.
Si el argumento luce débil, esa sensación se potencia cuando una de las firmantes del acta de procedimiento lo hizo pero bajo protesta. “Dejo constancia que mi mochila personal se encontraba colgada en un perchero y procedieron a requisarla sin orden judicial ni de ningún tipo. La misma contenía una agenda privada, la cual fue secuestrada, sin consulta a ninguna autoridad y sin mi consentimiento”, escribió, según reprodujo Rosario3. Otra rareza: allanados que son presentados como testigos y que a la vez se quejan del allanamiento.
“No es un problema de que el sistema funcione mal —considera Lewis— porque el sistema consiste en las personas que operan en él y si esas personas actúan de forma arbitraria, ahí radica el problema”.
En concreto, el abogado de Schujman y ex ministro del Frente Progresista señaló al MPA como una “institución descontrolada”, que carece de una instancia superior que le ponga límites y entonces surgen actores que utilizan eso para “objetivos mezquinos”.
La defensa apelará el fallo y el propio juez deberá resolver. Si es por la negativa, el mismo planteo se elevará a una cámara. Es poco probable que ese trámite se resuelva antes de la feria de enero y los fiscales habrán logrado su objetivo: mayor tiempo para armar una causa que hace un mes irrumpió en la escena pública y desde entonces no se conocieron más detalles. Como esos fuegos artificiales que dejan a todos mirando para arriba y no explotan.
La no presentación de las evidencias no implica que el delito no haya existido pero llama la atención que los sospechados reclaman la difusión y transparencia del caso mientras que los acusadores sostienen la opacidad. Como resumió el periodista Osvaldo Aguirre en Suma Política: “Faltan pruebas de la alegada violación de la ley nacional de inteligencia y sobran las sospechas de una operación con múltiples propósitos”.
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