La novela de espionaje que surgió ante el conocimiento público el 26 de noviembre, cuando los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez ordenaron un espectacular procedimiento en las oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario, parece confirmarse como tal: la apertura de los sobres con los elementos secuestrados en lo que fue un allanamiento ilegal para la defensa y un registro de práctica para los investigadores no reveló la evidencia que se presumía abrumadora. Faltan pruebas de la alegada violación de la ley nacional de inteligencia y sobran las sospechas de una operación con múltiples propósitos.
¿Cuáles serían los motivos de la operación? Juan Lewis, abogado de Nadia Schujman, cree que “no hay una sola causa” y menciona la presunta ambición del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, para suceder a Jorge Baclini como fiscal general de la provincia, el encono contra Marcelo Sain por su actuación al frente del Ministerio de Seguridad y la intención de interferir en procesos contra altos mandos policiales que se encontraban en investigación.
La posibilidad de que las audiencias imputativas tengan lugar recién en el mes de febrero estaría justificada por “la complejidad” de la causa, o bien por la necesidad de ganar tiempo y mantener un estado de incertidumbre que resulte productivo para instalar la sospecha sobre los ex funcionarios. “Los fiscales no tienen nada concreto, están buscando algo para armar una acusación”, dice Lewis.
Temporada de pesca
Las declaraciones de los ex funcionarios acusados y de sus defensores y las demostraciones de adhesión a Nadia Schujman, referente de los organismos de derechos humanos y afectada por la investigación, contrastan con el silencio que mantienen los fiscales de Delitos Complejos y los comunicados difundidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través de WhatsApp para defender la legalidad de los procedimientos.
“Las actas están firmadas no solamente por el personal del Organismo de Investigaciones que llevó adelante las medidas sino también por el personal que estaba cumpliendo funciones en las oficinas (del Ministerio de Seguridad). En algunas de las oficinas había hasta cuatro empleados presentes quienes observaron las medidas de registro practicadas”, afirmó un mensaje presuntamente originado en la Fiscalía de Delitos Complejos, aunque distribuido sin firma responsable. Además, “se dio aviso al mismísimo ministro de Seguridad que se encontraba presente en la sede de Rosario y a cada uno de los funcionarios responsables de las oficinas públicas requisadas”.
La explicación de que los empleados hayan oficiado como testigos suena como un absurdo para la defensa. “Esta causa se inicia con manifestaciones de gente que trabajaba en el Organismo de Investigaciones. Pero no hay una teoría, una hipótesis concreta respecto del delito que se ha cometido. Por eso decimos que los procedimientos en las oficinas del Ministerio fueron una excursión de pesca”, explica Lewis, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Antonio Bonfatti.
El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, avaló los procedimientos como una intervención en flagrancia ante la destrucción de documentos y no se expidió sobre un pedido de apartamiento de los fiscales Hernández y Jiménez. Los investigadores se anticiparon al reemplazo de los integrantes del equipo de Sain en el Ministerio de Seguridad: lo que iba a ser un recambio prolijo de funcionarios apareció como una renuncia forzada por un escándalo.
“Hay que remontarse a la historia del Organismo de Investigaciones —plantea Lewis—. El personal ingresó por un acuerdo entre Baclini y (Maximiliano) Pullaro. Por ende es gente de la organización política del ex ministro. Lo dicen por lo menos dos de las personas que declararon: una funcionaria municipal en Pérez y un integrante de la Juventud Radical”.
La apertura de los sobres con los elementos secuestrados, en presencia de los abogados defensores, habría sido poco más que un bluff: “en su grandísima mayoría, eran cosas completamente ajenas a la investigación, como papeles del año 2002, documentos de la gestión de Pullaro en el Ministerio y pedidos de licencias”, según Lewis. También se exhibió “un minúsculo grupo de papeles, todos borradores, que daban cuenta de perfiles de personas hechos con artículos periodísticos y bases abiertas, y distintas medidas de investigaciones, realizadas en el marco de causas judiciales con indicaciones de un fiscal; por otra parte, no es un ilícito hacer perfiles de personas, cuando se investiga, y sobre todo cuando se investiga criminalidad compleja, porque de otra manera no se pueden advertir relaciones y patrimonios, salvo que se quiera restringir las tareas a los robos de los celulares en la calle”.
“No hay una sola causa que explique esta investigación —sigue Lewis—. Una, indudablemente, proviene de las broncas que generó Sain en el Organismo de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y la Legislatura. Otra cuestión que está presente es algo que no se tiene muy en cuenta porque todavía la ciudadanía santafesina no conoce bien la dinámica de una institución como el MPA, que es todavía novedosa y tiene mucho poder: un fiscal es el único funcionario que puede meter presa a una persona cinco días sin dar explicaciones a nadie”.
El mandato de Jorge Baclini como fiscal general de la provincia termina en 2023, por lo que el año próximo tendrá lugar el examen de los candidatos. “Empezó la pelea por la sucesión —analiza Lewis—. Como pasó en su momento con las fiscalías regionales, cuando hubo vivillos que intentaron impactos mediáticos para favorecer sus aspiraciones, Arietti se quiere posicionar en esa puja. Lo que más moviliza a los fiscales en este momento es que su jefe está juntando fuerzas y créditos para ser el fiscal general de la provincia. El compromiso del fiscal regional de Santa Fe con esta causa es indudable”.
Pelea de fondo
El enfrentamiento entre Sain y el fiscal Arietti suma varios rounds. En junio de 2020 el entonces ministro de Seguridad se presentó ante la Justicia Federal en Santa Fe para que se investigara a la fiscal Cristina Ferraro por el incumplimiento de deberes de funcionario público y la sustracción de medios de prueba en la causa por el crimen del empresario Hugo Oldani, perpetrado el 11 de febrero de 2020 en la capital provincial.
Arietti desplazó a Ferraro y la investigación del caso Oldani quedó a cargo de la fiscal Mariela Jiménez. El fiscal regional de Santa Fe contraatacó en marzo pasado, cuando pidió que Sain no regresara al Organismo de Investigaciones después de renunciar al Ministerio de Seguridad. Secundado por Diego Vigo, fiscal regional de Rafaela, Arietti invocó las presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas, la discriminación hacia los santafesinos, el hacinamiento de presos en comisarías y las “descalificaciones” de que había sido objeto.
Sain fue destituido de la dirección del Organismo de Investigaciones el 4 de noviembre por la Legislatura provincial, mientras avanzaban las actuaciones por la licitación para la compra de armas, una causa administrativa contra la ex funcionaria Débora Cotichini y, de modo más sigiloso, la investigación que asomó a la superficie con los procedimientos practicados en el Ministerio de Seguridad. Apenas dos días antes del registro o allanamiento de las oficinas se anunció la incorporación de Sain como asesor especial en materia de criminalidad compleja dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, nombramiento que fue saludado con una andanada de críticas por parte de los legisladores provinciales que impulsaron su expulsión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos en la provincia durante diez años.
Si la Justicia habla por sus fallos, desde la perspectiva de Lewis para el caso habría que entender la frase en el sentido de una sucesión de irregularidades. “Hay tres cuestiones que dan la pauta —dice—: la voluntad deliberada de sustraerse a cualquier tipo de control, sea de testigos, de la defensa y fundamentalmente del juez, porque no tienen evidencia fáctica ni hipótesis concreta; la forma en que se comunicaron los procedimientos, por la cual algunos medios y algunos funcionarios públicos, antes de que terminaran, dijeron que se había encontrado gran cantidad de evidencia y elementos comprometedores; y la falta de un hecho concreto que acredite el espionaje”.
En particular, para el defensor de Schujman, “llama la atención que haya personas ajenas a la causa hablando de la causa, por ejemplo Pullaro y Cándido, que mencionan más de mil carpetas y a organizaciones criminales en funcionamiento dentro del Estado; no entiendo en qué carácter están hablando, porque no son jueces ni fiscales ni investigadores, y parece que tienen información que nadie vio”.
La novela del espionaje en el Ministerio de Seguridad parece desdibujarse. “En una causa penal se imputan hechos, no normas penales o delitos en general. En esta causa no hay ningún hecho puntual, pero se está informando con un grado de generalidad para producir un efecto de desacreditación hacia los acusados —advierte Lewis—. ¿Espionaje a quién, de qué, cuándo, cómo? ¿En qué consiste la evidencia, cuáles son los documentos?” No más preguntas.
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