Un abogado implicado en la investigación que tiene al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque con prisión domiciliaria, por un complejo caso de corrupción institucional, viene impugnando el trámite judicial de la causa. Este viernes logró por primera vez una medida a su favor. La Cámara Nacional de Casación Penal habilitó que su planteo se revise. Eso puede ser la puerta de entrada para que el caso por el que está detenido el magistrado rosarino caiga.
Bailaque ya no tiene fueros. A fines de junio el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia como juez federal de Rosario para evitar ser destituido: el Consejo de la Magistratura ya había recomendado su suspensión por mal desempeño, lo que lo encaminaba al juicio político. El ex magistrado, acusado en una secuencia de delitos en tres causas diferentes, cumple prisión en su domicilio con tobillera electrónica hasta fines de agosto. La medida puede ser prorrogada cuando se venza.
El abogado tributarista Guillermo Zenklusen, de Rafaela, solicitó impugnar la causa que implica a Bailaque. En ese trámite el estudio y el domicilio de Zenklusen fueron allanados. Este abogado dice que tales medidas fueron ilegales e ilegítimas por un tema formal. Indica que como los hechos que se le atribuyen ocurrieron antes de la vigencia del nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal de Rosario deben ser investigados en el sistema previo.
Zenklusen hizo ese pedido ante el magistrado de primera instancia y la Cámara Federal de Rosario, que rechazaron el reclamo. Pero tuvo otra suerte en la Cámara Nacional de Casación Penal donde dos de sus jueces, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, aceptaron que se abra el recurso. Eso es un primer paso para que el caso se someta a discusión. Si el planteo de Zenklusen, en la siguiente etapa, encuentra aval de este tribunal, el efecto es que la causa volverá a foja cero. Con ello la medida cautelar contra Bailaque –la prisión domiciliaria y un embargo por 600 millones de pesos– quedarán sin efecto.
Tal decisión fue interpretada en sectores jurídicos como un guiño de los camaristas Borinsky y Mahiques a la posibilidad de que el trámite quede cerrado. Esto en el medio de una cerrada discusión donde el gobierno nacional quiere imponer el sistema acusatorio en Comodoro Py desde noviembre lo que implica para los jueces federales porteños una pérdida de poder real.
Una cuestión central que indica la sugestiva densidad de esta trama. Borinsky acaba de ingresar a la sala que consideró esta cuestión. El abogado de Zenklusen es Ignacio Pascual. Es ex secretario de Borinsky. Y firman artículos juntos en el diario La Nación. Además, la designación es del 10 de junio de 2025. Es decir, cuando ya se había fijado el Tribunal de Casación que iba a intervenir, en el que aparecía Borinsky desde el 1º de ese mes.
Los casos en la lupa
Uno de los casos por los que está acusado Bailaque es un presunto chantaje contra el empresario bursátil Claudio Iglesias donde el ex juez está en una trama junto al financista Fernando Whpei y al ex director regional de la ex AFIP Carlos Vaudagna. Según la acusación del fiscal federal Juan Argibay existió un chantaje en el que Whpei le solicitó 200 mil dólares al empresario Iglesias a cambio de que Bailaque paralizara una causa por lavado de dinero en su contra.
Según declaró Iglesias como testigo, el grupo extorsionador le propuso que Guillermo Zenklusen fuera su abogado. El planteo del fiscal era que Zenklusen era un profesional de confianza del grupo que no avanzaría con vehemencia en el trámite contra las medidas de Bailaque, que se había basado en un anónimo con datos genéricos para imputar a Iglesias.
Todo esto ocurrió en 2019. Pero el caso fue impulsado el año pasado cuando ya regía el sistema acusatorio en la Justicia Federal de Rosario. En abril de este año el estudio jurídico y el domicilio de Zenklusen en Rafaela fueron allanados. El fiscal quiere saber si Zenklusen tiene participación en la trama extorsiva. Ante eso el juez federal Eduardo Rodrígues Da Cruz autorizó no solo las medidas de allanamiento sino también el levantamiento de secreto bancario, bursátil y fiscal, y pedido de informe a empresas de telecomunicaciones.
Zenklusen rechaza todos los cargos y desde ese momento dio una pelea judicial con un argumento técnico: lo estaban investigando al margen de un juez natural del sistema procesal, que regía en el momento de los hechos.
Eso fue rechazado por el juez federal Da Cruz el 14 de mayo pasado y por la Cámara Federal de Rosario por unanimidad el 28 del mismo mes. Pero ahora Mahiques y Borinsky dieron vuelta el criterio. Este viernes dictaminaron “que en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”.
En Rosario, los jueces intervinientes consideraron que el caso no era del viejo sistema procesal porque por el hecho de corrupción investigado había una investigación fiscal que no había sido judicializada, vale decir, que no había intervenido ningún magistrado. El planteo es que no podía perdurar el sistema residual cuando no había imputación formal contra ninguna persona, ni afectación al derecho de defensa. Y que incluso el nuevo procedimiento es más ágil y favorable al imputado, además de sacar el asunto de la oscuridad de un expediente.
Esto es lo que se va a debatir ahora en Casación que se habilitó el recurso.
En el expediente junto a Bailaque está también cumpliendo prisión domiciliaria por 90 días el aludido financista Fernando Whpei, a quien el fiscal actuante consideró el mediador para solicitar dinero al empresario Iglesias, quien admitió que realizó seis pagos hasta totalizar 160 mil dólares para que la causa en su contra se frenara.
Bailaque había intentado la misma vía de apelación a la medida en su contra que hizo Zenklusen pero sin conseguir el resultado de este último. En Casación el 25 de marzo pasado, por mayoría, se declaró inadmisible el pedido de Bailaque, con las firmas de los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que debía discutirse si el viejo código era el que debía aplicarse para esta causa.
Para el caso de Zenklusen la integración de la sala había cambiado, ya que Barroetaveña fue reemplazado por Borinsky.
El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”. Gemignani no firmó por estar de licencia.
A fines de noviembre, tres fiscales acusaron a Bailaque de presuntas maniobras dilatorias en favor del narcotraficante Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau. También lo acusaron por irregularidades al transferir fondos inmovilizados de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín para favorecer a un financista amigo suyo que es Fernando Whpei. Los fondos fueron derivados a la mutual de Whpei desde cuentas bancarias oficiales.
El último caso es haber intervenido en una madeja extorsiva en la que resultaron afectados el citado empresario Iglesias junto al agente financiero Jorge Oneto.
Otro de los imputados, el ex jefe de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna, se convirtió en imputado colaborador en marzo pasado. Como arrepentido confesó maniobras que se llevaron adelante para extorsionar financistas.
Todo esto llevó a que el juez Rodrígues Da Cruz impusiera prisión preventiva a Bailaque y a Whpei. Las medidas adoptadas ahora por Casación impulsan a discutir si está bien que el caso haya sido tramitado en el nuevo sistema penal. Si la respuesta es no, la medida cautelar contra ambos deberá cesar de inmediato. Y para la causa penal, al menos en la tramitación actual, tendrá punto final.
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