Se dice que un legajo judicial vuelve a fojas cero cuando las actuaciones recomienzan desde un nuevo punto de partida. Nunca más apropiada la expresión para el fallo que anuló la prescripción de la causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe entre 1983 y 1996. Pero en este caso el expediente retorna a fojas cero en un sentido literal: no se conserva prácticamente nada de la única investigación realizada dentro del ámbito de la Justicia que procuró desentrañar la monumental estafa.
Durante más de treinta años, la causa por el vaciamiento rebotó de la Justicia provincial a la Federal y de Santa Fe a Rosario sin mayores avances. La gestión de la impunidad no fue indolencia: surgió como reacción ante una investigación realizada entre 1985 y 1986 por el entonces juez Julio De Olazábal, que reunió testimonios, pericias e informes a partir de la primera denuncia. Esas actuaciones están perdidas, lo mismo que 29 cuadernos de pruebas obtenidas en la misma instancia.
La investigación surgió de una auditoría interna realizada en agosto de 1985 sobre los cincuenta principales deudores del banco. El diputado radical Rubén Bilicich accedió a parte de la información y la difundió en los medios de prensa, por lo que el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Raúl Carignano, se presentó ante la fiscalía en turno de la capital de la provincia y exigió la intervención de la Justicia. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción número 2, a cargo de De Olazábal.
El expediente se inició el 16 de diciembre de 1985 con una declaración de Bilicich. El diputado radical describió cinco casos de irregularidades detectadas en la auditoría: adelantos concedidos a Ospim, Obra Social del Personal de la Industria Metalúrgica, vinculada a la Unión Obrero Metalúrgica, y préstamos concedidos a las empresas Río Dulce SA y Florencia SA —vinculadas entre sí— y los frigoríficos Maciel, Carcarañá y Santa Tecla.
Entre esa fecha y mayo de 1986, De Olazábal recibió declaraciones indagatorias —las de los integrantes del directorio del Banco— e informativas —de gerentes y empleados jerárquicos—, reunió informes y auditorías y en definitiva produjo una investigación que en 1997 fue valorada por la Comisión Nogueras como el principal conjunto de pruebas sobre el vaciamiento.
Durante más de treinta años la causa rebotó de la Justicia provincial a la Federal y de Santa Fe a Rosario sin mayores avances. Las actuaciones y las pruebas obtenidas están perdidas
El directorio del Banco era presidido desde el 21 de enero de 1985 por el contador René Santiago Alfredo Giorgis, quien se desempeñaba al mismo tiempo como asesor contable de la seccional Rosario de la UOM. Su designación en el cargo fue otra proyección de la influencia que ejerció en la época el estudio de Héctor Cerrutti, abogado de la UOM, un laboratorio donde se configuraron la política, la justicia, el sindicalismo y hasta la economía santafesina después de la dictadura.
Giorgis falleció en julio de 1997, cuando la Comisión Nogueras comenzaba a difundir sus conclusiones. El resto de los integrantes del directorio, citados a indagatoria por De Olazábal el 17 de abril de 1986, fueron Oscar Alberto Salín, Jorge Gómez, Francisco José Orpinell, Juan Carlos Carraro, Hernán Ingaramo, Aldo Isidoro Rozín, Loris Donati, César Rosman, Ricardo Emilio Vicco, Juan José Dionisio Spinacci y Juan Mario Quagliotti. Entre ellos, Ingaramo y Rosman solicitaron en 2021 la prescripción de la causa.
Los directivos comparecieron con el abogado Jorge Majul, otra señal de la presencia del estudio Cerrutti. En principio se abstuvieron de declarar, pero Giorgis pidió una ampliación de indagatoria en la que respondió a los cargos y el resto de los funcionarios adhirió a sus argumentos. La situación se complicaba por las declaraciones que De Olazábal obtuvo de gerentes y empleados jerárquicos, en particular sobre la relación bajo cuerda entre el Banco y la UOM y los créditos otorgados a Río Dulce SA y Florencia SA contra la opinión unánime de los departamentos técnicos.
Eran tiempos oscuros en la provincia. El 8 de febrero de 1986, un sicario asesinó al abogado Mario Lisandro Armas, diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, cuando fue a retirar su auto en un estacionamiento céntrico de Rosario. Según diversos testimonios —entre ellos, el del abogado Majul— el autor del crimen fue un ex miembro de los servicios de inteligencia de la dictadura, empleado del abogado Cerrutti. El Padrino —como se llamaba en los corrillos de la política al asesor de la UOM— también convocaba en su estudio a parte de la mano de obra desocupada de la dictadura.
La operatoria normal y la política
El llamado a indagatoria de los integrantes del directorio preocupó a sectores políticos y judiciales que no deseaban tanta aplicación en las investigaciones. El juez de Instrucción número 8 de Rosario, Hugo Casella, se declaró competente para intervenir en la causa y la Corte Suprema de Justicia de la provincia le dio la razón, con lo que las actuaciones y veintinueve cuadernos de prueba recopiladas por De Olazábal fueron remitidos a los Tribunales de Rosario, un agujero negro en el que no tardaron en perderse. Jorge Barraguirre, único integrante de la Corte que se opuso al cambio de jurisdicción, sufrió un atentado explosivo en su casa.
Casella era uno de los jueces ungidos por designio de Cerrutti, junto a su esposa, Raquel Etchegaray, jueza en lo laboral: dos fueros estratégicos y una misma conducción en las sombras. Bajo su instrucción, el sumario incorporó careos irregulares entre el contador Giorgis y los gerentes que en principio habían aportado datos sobre los maniobras y entonces “aclararon” sus dichos. Un grupo de legisladores provinciales exigió un conjunto de medidas que fueron rechazadas por la fiscal interviniente, de cuyo nombre no se acuerda el Informe Nogueras.
Casella recibió la causa en junio de 1986. No solo sobreseyó a los imputados, el 10 de marzo de 1987, sino que sacó copias del expediente y se las envió al Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia para que examinara la situación de De Olazábal. El mensaje no podía ser más claro: el que pretendiera investigar se arriesgaba a quedar fuera de la Justicia santafesina.
La resolución también dispuso que los 29 cuadernos de pruebas fueran entregados al Banco Provincial, con lo que se perdieron documentos irrecuperables. El juez Casella terminaría destituido por efecto de “la causa de los autos truchos”, como se conoció a un escándalo que conmovió a los Tribunales rosarinos sobre fines de los años 80, y posteriormente se desempeñó como gerente de recursos humanos en el Banco de la Empresa, cuyas actividades terminaron en una quiebra; a su vez la jueza Etchegaray sería más tarde sometida a jury y exonerada en 2002.
El encubrimiento se reactivó frente a las actividades de la Comisión Nogueras. Mientras el periodista y dirigente peronista Evaristo Monti argumentó en junio de 1997 que la conformación de la Comisión violaba la Constitución de la provincia, un planteo finalmente desestimado, el juez Juan José Pazos se negó a otorgar una copia de la resolución a Nogueras porque “afectaría la reserva o prohibición de informar datos según el artículo 51 del Código Penal”. En julio de 1997, no obstante, la Sala Penal III de la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de Pazos.
“Si se hubiera seguido esa causa (la de Julio De Olazábal) se hubiera arribado a una idea clara y fundamentada en elementos objetivos sobre qué sucedió realmente”, afirmó Oscar Russo, entonces presidente del Colegio de Abogados de Rosario, que analizó las actuaciones. Pero si en 1997 ese expediente estaba todavía disponible, hoy se encuentra perdido en la dimensión desconocida del Archivo de los Tribunales de Rosario.
Lo que subsiste de aquella investigación es la reseña que hizo Russo en el Informe Nogueras, en la que transcribe parte de las indagatorias y de las declaraciones de gerentes del banco. Entre otros, el gerente comercial de la Sucursal Buenos Aires del Banco señala entonces que a la par de la operatoria normal, “existe otra que puede designarse como política, a través de la cual y sin intervención de la parte administrativa del Banco se conceden préstamos y adelantos”.
En noviembre de 1985 Ospim le debía al banco diez millones de dólares. La cuenta se abrió en la sucursal de Buenos Aires y permaneció abierta pese a que los cheques de la obra social de la UOM rebotaban sin fondos. “La operatoria implicó desviar en forma importante fondos captados en el interior de la República hacia la Capital Federal a la vez que disminuyó la capacidad crediticia del Banco. Es indudable que entre Ospim y el presidente del Banco o todo el Directorio había una vinculación particular”, dijo el gerente general comercial del área sur, Jorge Berutto. Si bien Giorgis se inhibía de actuar en esos casos, ya que era asesor de la UOM, “todo el Directorio estaba de acuerdo en apoyar la operatoria de Ospim”, reconoció Ingaramo en su indagatoria.
El ex directivo, que ahora pide la prescripción de la causa, se defendió entonces diciendo que “las comisiones opinan pero no obligan” a conceder los préstamos; y cuando le exhibieron la colección de informes negativos sobre las empresas finalmente beneficiadas dijo que “la política crediticia del Banco la fija el directorio y no los funcionarios administrativos”.
También el abogado Rosman sostuvo que no hubo perjuicio contra el banco “dado que el proyecto goza de tal significación que existen firmas que han ofrecido hacerse cargo de la deuda de Río Dulce para continuar la iniciativa”. Lainatti Hermanos, los que venían supuestamente a deshacer el entuerto, en realidad iban a engrosar el pagadiós al Banco.
Las irregularidades con Río Dulce comenzaron en la época de la dictadura militar, cuando Peters SA y Alberto Márquez compraron la Alcoholera Florencia con créditos del banco. El gerente de Comercio Exterior del Banco, Jorge Goytía, declaró que “el señor Alberto Márquez se entendía directamente con el Directorio” y “no daba importancia a los funcionarios” que le reclamaban la devolución del dinero.
Peters y Márquez transfirieron su deuda a la empresa Río Dulce, propiedad de los hermanos Alberto y Sergio Matera —hijos del cirujano Raúl Matera— y de Eugenio Nougués. Pese a que los informes técnicos alertaron sobre la insolvencia de la firma, Río Dulce recibió dos préstamos millonarios. Uno de los créditos estaba destinado a la zafra azucarera del ingenio Ñuñorco, de Tucumán, que tenía su producción gravada por préstamos no devueltos a otros bancos y cuyos trabajadores estaban en huelga por falta de pago.
El gerente Jorge Berutto dijo que Raúl Matera había atendido al contador Giorgis por un accidente, en el Hotel Plaza de Buenos Aires, y que al mismo tiempo impartió “la orden de tramitar en forma acelerada” el pedido de créditos para Río Dulce y sin hacer caso de los molestos informes técnicos la firmó en el mismo hotel.
Al declarar ante De Olazábal, los miembros del directorio pretendieron que no existía perjuicio para el Banco porque la deuda de Río Dulce había sido asumida por el grupo Lainatti Hermanos, de Llambí Campbell. Favor con favor se paga: según el Informe Nogueras, el grupo libró fondos en favor de dos ex directores del banco y un perito tasador del banco sobreestimó en seis veces la productividad de la planta alcoholera —objeto de los préstamos— que nunca llegó a funcionar.
Para Luis María Lainatti, propietario del grupo junto a su hermano Omar Reynaldo, no fue suficiente: en una entrevista publicada en 2020 atribuyó el cierre de la planta en la localidad de Florencia a “la falta de apoyo del Banco Provincial de Santa Fe”. Según su versión, “no se pudo devolver los créditos y la empresa quebró. La devolución se comenzaría a hacer a partir de producir y vender. Entonces con las ganancias se devolverían los créditos. Así era lo acordado con las autoridades del Banco. La administración de Vernet nos engañó y la de Reviglio nos liquidó” (http://www.florenciahoy.com/inicio/noticia/3040/A-33-aos-del-cierre-del-trapiche-habla-uno-de-los-dueos.html).
La evaluación de Alcoholera Florencia en el informe Nogueras es bien diferente de lo que recuerda Lainatti: “Se trata de un proyecto que tenía por finalidad la construcción de una planta de alcohol anhidro para integrarse al plan alconafta. El financiamiento de este emprendimiento (solventado exclusivamente por el Banco) tuvo en los últimos diez años tres titulares, los cuales al desviar el destino de los fondos en beneficio propio solo llegaron a un avance del 70 % pese a que con los créditos concedidos podrían haberse concluido no menos de dos plantas”.
Los hermanos Lainatti le quedaron debiendo al banco 7.468.247 pesos. Entre los integrantes de la sociedad aparece además Lilian Marta Didier, apellido que se repite en quienes ocupan el puesto número 1 entre los deudores: el señor Orlando Didier y la señora Noemí Didier, quienes recibieron más de 110 millones de pesos del banco (actualización de 1997) y no los devolvieron.
La clausura de la investigación iniciada por De Olazábal no solo garantizó la impunidad para los presuntos responsables por las irregularidades: fue también una luz verde para que el vaciamiento continuara y el Banco se hundiera literalmente en el descrédito.
Siempre a pérdida
Las consideraciones de Lainatti sobre la falta de apoyo político también quedaron contradichas por la Comisión Investigadora. Según el informe, el gobernador Víctor Reviglio avaló un crédito mediante un decreto firmado en 1989 y el mismo año el Fiscal de Estado de la provincia, Edgar López, se negó a accionar contra Florencia SA, Lainatti Hnos y Omar Reynaldo y Luis María Lainatti invocando justamente órdenes expresas del gobernador.
La Comisión reclamó la intervención del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Santa Fe para examinar la intervención del fiscal Edgar López en esa circunstancia y en otra causa por un reclamo de la empresa Transporte Maipú donde su intervención, además de que no correspondía, generó un nuevo perjuicio para el Banco.
El proceso de informatización fue otro golpe contra el banco de los santafesinos: se hizo sin un estudio previo que evaluara las dimensiones técnicas y económicas, “imprescindible en un proyecto de la envergadura del que se encaraba”. La Comisión Nogueras detalló irregularidades jurídicas y técnicas en la concesión a IBM, “negociaciones paralelas a las formalidades del proceso licitatorio” y la falta de controles “y decisiones desacertadas” por parte de las autoridades del Banco, “que terminan produciendo cambios y adquisiciones posteriores que perjudican al Banco”.
En 1989 Enzo Eduardo Larrosa —se presentó ante el juez como secretario de las campañas financieras del Partido Justicialista en Santa Fe—, Luis Buffa, Edgardo Calafell y Ángel De los Reyes abrieron la cuenta “Comisión de Finanzas de la campaña Menem presidente”. Bajo la apariencia de recaudar fondos, se utilizó para girar en descubierto. Buffa aseguró en declaraciones periodísticas que se enteraba por los medios de la existencia de tal cuenta; en 2021 fue uno de los once ex directivos que pidieron la prescripción de la causa.
Otro asunto examinado por la Comisión Nogueras fue la denuncia presentada en 1989 contra la Mutual de Trabajadores Autónomos de la provincia de Santa Fe. El empresario Orlando Vignatti, fundador de la Mutual, fue director del banco y durante su gestión en el directorio se autorizaron giros y créditos en una cuenta que dejó una deuda para la provincia estimada en 1.821.790,10 pesos. El ex presidente del Banco Agustín Santiso declaró a la comisión que un abogado rosarino tuvo tres años en un cajón la denuncia contra Vignatti sin decidirse a presentarla, hasta que finalmente la Justicia la recibió con patrocinio de Dardo Racciatti. Por entonces ya se habían extraviado los sumarios internos ordenados a raíz de la denuncia.
A la fecha de su constitución la mutual era presidida por Vignatti y tenía como tesorero a Héctor Camilucci, senador provincial y ex secretario de la Cámara de Diputados de la provincia. Los dos junto con Luis Rubeo (h) integraban el directorio de Cablevisión Sur SA junto con Joaquín Do Brito y Norberto Nicotra. Al difundirse los hechos en 1989, Do Brito y Nicotra afirmaron también que se enteraban por los medios de su condición de directivos.
El 8 de enero de 1996 la Asociación Bancaria santafesina estimó que el Banco Provincial había perdido 240 millones de dólares en créditos nunca ejecutados mientras otros 478 millones se anticipaban como incobrables. Por ese entonces la administración de Nicolás Baclini (presidió el directorio del Banco entre agosto de 1990 y diciembre de 1991) había privatizado el clearing en favor de la empresa Ocasa, de Alfredo Yabrán, también a pérdida, y como anticipo de la entrega del banco a los hermanos Carlos y José Rohm.
Según un informe presentado por Ángel Sciara, ministro de Economía del gobierno de Hermes Binner, el proceso de regularización, saneamiento, privatización y liquidación del Banco de Santa Fe significó para la provincia una pérdida neta final estimada en 4.387.856.171,75 pesos. Más de mil millones de dólares estadounidenses.
“Seguramente, otra hubiese sido la suerte del banco si se hubiesen tenido en cuenta expresiones contrarias de diferentes sectores políticos, sindicales, empresarios y sociales —dijo Sciara en el informe, de 2011—. De hecho, la permanencia en el sector público de varios bancos provinciales, como el caso del Banco Municipal de Rosario, así como la del propio Banco de la Nación Argentina, demuestran que había otros caminos al embate privatizador de la década de los 90. No obstante, la provincia perdió su banco público”.
La pérdida del banco fue un proceso que comenzó a gestarse en 1983 y quedó documentado por la Comisión Investigadora. “Es ilógico y contra las reglas del mercado, que se pague para vender en lugar de cobrar por lo que se vende. Sin embargo, esto es lo que aconteció con la privatización del Banco Provincial de Santa Fe”, señaló Sciara. “Lo que hemos reconstruido es una historia desagradable, con hechos, circunstancias y nombres —afirmó previamente Nogueras—. Corresponderá a otras instancias sancionar conductas”. Todavía lo esperamos.
Pero la resolución del camarista Jorge Andrés que anuló la prescripción de la causa no está firme. Los abogados de once ex directivos plantearon la inconstitucionalidad del fallo, a lo que deberá responder el Ministerio Público de la Acusación. La extinción de la acción penal había sido resuelta en 2021 por el juez Pablo Busaniche, hijo de Osvaldo Busaniche, deudor histórico del Banco de Santa Fe y él mismo —el juez que dicta la prescripción, por si no se entiende— parte de la sociedad que recibió préstamos millonarios del banco de los santafesinos y no los devolvió.
La suerte de la causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe se resolverá en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Habrá que ver si se repite la situación de 1986, cuando la intervención del máximo tribunal habilitó la construcción de la impunidad o si es posible otra historia.
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