¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo? Bertolt Brecht planteó esa célebre pregunta en la obra de teatro La ópera de los tres centavos. El interrogante no deja de circular en la historia y en la literatura contemporánea como una impugnación del capitalismo y del derecho de propiedad. Con una ligera variante, podría ser aplicado a las gestiones que padeció el Banco Provincial de Santa Fe entre 1983 y 1996: ¿Qué es robar un banco comparado con fundirlo?, sería la pregunta en este caso.
El vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe durante los gobiernos de José María Vernet, Víctor Félix Reviglio y Carlos Reutemann fue exhaustivamente documentado por la comisión investigadora que presidió Alfredo Nogueras. En su primer mandato en la provincia, Jorge Obeid encargó la investigación y también resolvió que sus revelaciones permanecieran en secreto hasta que en mayo de 2017 el gobernador Miguel Lifschitz dispuso el libre acceso del informe, hoy disponible en línea.
El secreto fue recomendado por el Colegio de Abogados de Rosario, entonces bajo la presidencia de Oscar Russo, y Nogueras no alcanzó a presenciar el momento en que Lifschitz impulsó de nuevo la investigación ya que falleció en 2016. La Comisión no citó a Brecht pero recordó “un viejo adagio bancario” que tal vez respaldaría el dramaturgo alemán al introducir sus conclusiones: “Hay dos formas de vaciar un banco. Desde afuera, asaltándolo, o desde adentro. La segunda es la más fácil”.
El vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe es un ejemplo paradigmático del delito de cuello blanco y de impunidad en la historia criminal argentina. La Justicia tiene una nueva oportunidad en la causa, a partir de la resolución del camarista Jorge Andrés, de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, que el 7 de diciembre pasado anuló la prescripción de la acción penal contra los directivos que se desempeñaron en el banco durante la época en que se tramó el desfalco.
La prescripción fue dispuesta el 18 de agosto de 2021 por el juez penal de primera instancia Pablo Busaniche. Santa Fe es una ciudad chica, pero la coincidencia que se dio en ese tramo de la causa pareció coronar treinta años de impunidad: el juez es hijo de Dante Osvaldo Busaniche, empresario, ex presidente del club Colón y uno de los incobrables notorios del Banco, y él mismo integró el directorio de una de las empresas familiares beneficiada con créditos millonarios nunca recuperados.
En la resolución donde dispuso la nulidad, el camarista Jorge Andrés aceptó el principal agravio planteado por la ex fiscal Mariela Jiménez y el fiscal Jorge Nessier al apelar la prescripción: “el juez que resolvió la prescripción debería haberse apartado, ya que tiene un vínculo familiar muy estrecho con uno de los 30 principales deudores que más perjuicio le causaron al banco”. Pero lo que se comentaba en los pasillos de los tribunales santafesinos recién tuvo efecto cuando lo reveló una publicación del sitio web Zona Crítica.
“Hay dos formas de vaciar un banco. Desde afuera, asaltándolo, o desde adentro. La segunda es la más fácil”
Si los abogados que alegaron por la prescripción en nombre de once ex directivos desisten de la iniciativa “se deberá continuar con el trámite de las presentes (actuaciones)”, señaló el camarista Andrés. La causa retorna entonces a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional de Santa Fe, “en etapa de investigación”.
La apelación presentada por el Ministerio Público de la Acusación puntualizó una extensa serie de argumentos contra la prescripción de la causa. Para el camarista Andrés bastó con el primero: el juez Busaniche es hijo de Dante Osvaldo Busaniche, integrante de la Sociedad Piedras Blancas SRL que recibió préstamos por más de dos millones de dólares, y él mismo participó en la sociedad que nunca devolvió ese dinero.
Busaniche desconoció además el fallo del 22 de abril de 2016 donde la Cámara Federal de Rosario rechazó otro intento por consagrar la impunidad con la prescripción de la causa. Además de que su imparcialidad era por lo menos dudosa, “los actos de corrupción importan una violación a los derechos humanos y son, por eso, imprescriptibles”, plantearon los fiscales en su apelación.
Entre los presuntos responsables del vaciamiento se encuentra el camarista laboral Julio Alzueta. El juez Busaniche sostuvo en su resolución que la misma condición de camarista “implicaría una supuesta confianza pública que impediría analizar conductas de la persona cometidas con anterioridad, colocándolo en una posición privilegiada y dominante al formar parte del mismo aparato estatal que debía juzgarlo”, señalaron los fiscales. Una contribución a la eventual jurisprudencia para fallos de impunidad.
Justicia ciega
La denuncia fue presentada el 27 de agosto de 1990 por la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y el Banco Central de la República Argentina. Si el tiempo que pasa es la verdad que huye la Justicia santafesina trabajó desde el principio contra las posibilidades del esclarecimiento: la causa “estuvo inmovilizada durante 14 años en el Juzgado Civil y Comercial de la Sexta Nominación de la justicia provincial y otros cinco años más en la secretaría del juzgado federal número 1 de Santa Fe”, recordó la ex fiscal Jiménez en su requisitoria contra la prescripción.
En junio de 1993 el juez federal Raúl Dalla Fontana sobreseyó provisoriamente a los imputados. Sin mayores novedades, en 2008 la fiscal Cintia Gómez recomendó la prescripción y el 24 de junio de 2013 el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró extinguida la acción penal.
En octubre de 2013 un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) firmado por el fiscal Carlos Gonella denunció “un plan de acción” para “garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos” y acusó por esas maniobras a los ex jueces federales Víctor Brusa (condenado a 23 años de cárcel por delitos de lesa humanidad) y Héctor Tripicchio, y al subrogante Gerardo Yebra.
Siguió pasando el tiempo y el 22 de abril de 2016 la Sala A de la Cámara Federal de Rosario revocó esa resolución. El 5 de diciembre de 2016 la misma sala aceptó una apelación del fiscal federal Walter Rodríguez y concluyó que no había obstáculo procesal ni de índole jurídica para realizar una investigación seria.
Un planteo de incompetencia de la Justicia Federal, presentado por un abogado defensor, congeló la causa durante otros tres años. Finalmente asignada a la Justicia provincial, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación preparatoria en abril de 2019 que sustentó los argumentos contra la prescripción.
Pero el transcurso del tiempo y la falta de investigación de la Justicia provincial y federal tuvieron sus efectos: no hay imputados por la mayor estafa cometida en la historia de la provincia contra sus instituciones y sus habitantes y lo único que surge al respecto es una nómina de integrantes del directorio entre 1983 y 1996, entre 10 y 45 ex funcionarios según diversos legajos.
Se trata de abogados, economistas, consultores de empresas y antiguos funcionarios políticos, en particular del gobierno de Reviglio. En agosto de 2021, durante la audiencia en que el juez Busaniche intentó sepultar la causa, alegaron tres abogados en representación de los ex directivos Julio César Alzueta, Pedro Buchara, Luis Alberto Buffa, Osvaldo Diaponte, Roberto Simón Fatal Jaef, Rubén González, Hernán Eduardo Ingaramo, Gustavo Alberto Lupa, César Rubén Rosman, Emilio Alberto Sánchez García y Rodolfo Eduardo Vacchiano.
La gestión de la quiebra
En su informe, la Comisión Nogueras describió la debacle financiera del Banco Provincial como un proceso que se inició durante la dictadura y continuó con la democracia, en el que “las autoridades que ha tenido el Banco y los responsables de la provincia que debían supervisarlo no han tenido en cuenta las más mínimas recomendaciones para la seguridad de las colocaciones bancarias”.
En 1983 el Banco tenía una mora del 40,07 % de la cartera; su participación en los depósitos del país alcanzaba el 2,7 % y presentaba un patrimonio neto de 42.512.570 cólares. En diciembre de 1996 la mora se había incrementado al 73,9 % del total de los préstamos, de los cuales el 44,9 % era considerado ya irrecuperable; la participación en los depósitos del país había bajado al 1,14 % y su patrimonio neto era negativo, por 98.881.000 dólares.
La Comisión estimó así que entre 1983 y 1996 el banco perdió 141.393.570 dólares. El grueso del quebranto se registró durante el primer gobierno de Reutemann.
En el período analizado el Banco perdió el 58,12 % de sus depósitos (864.229.000 dólares), de los cuales el 71,62 % se localizó en el sector privado. “Podemos afirmar entonces que por el lado de los depósitos el banco ya se encuentra privatizado, por cuanto los depósitos perdidos fueron al sector privado bancario de la provincia. En lugar de vender la entidad al sector privado, se la retiró del mercado”, reseñó la Comisión Investigadora.
El vaciamiento se complementó con los préstamos, de los cuales el banco dio como irrecuperables más de 200 millones de dólares. En ese monstruoso paga Dios, 2.333.255 dólares correspondían al Complejo Piedras Blancas, un emprendimiento turístico del padre del juez Busaniche. La Comisión destacó que “este vaciamiento fue un accionar que se aplicó gradualmente y bajo todos los directorios que el Banco tuvo en el período analizado”.
La Comisión investigadora estimó que entre 1983 y 1996 el banco perdió 141.393.570 dólares. El grueso del quebranto se registró durante el primer gobierno de Reutemann
Otra maniobra que contribuyó a la ruina fue la utilización que hizo la Provincia de los recursos del banco a través de préstamos entre 1989 y 1994. Esta política fue perjudicial para el banco ya que las bajas tasas de interés cobradas, las quitas otorgadas, los costos por préstamos interbancarios y los redescuentos que el banco debió tomar para cubrir la iliquidez generada “afectaron significativamente su rentabilidad”.
El vaciamiento condujo además a una degradación patrimonial del Banco, en correspondencia con la progresiva obsolescencia de la tecnología y la reducción de su volumen operativo. La evolución de los depósitos indica una pérdida de 864 millones de pesos y una fuga de los depositantes del sector privado a partir de 1984.
Entre las razones del comportamiento del sector privado la Comisión apuntó la “falta total de interés en las cuatro gobernaciones del período analizado (Vernet, Reviglio, Reutemann y Obeid) en alentar un programa de gestión para el banco que, aunque sea de mínima, lo haya mantenido en su nivel de participación en el total nacional” y el desprestigio de la entidad provocado entre otros factores por “los créditos políticos otorgados a partir de 1984 que conllevaron pedidos de informes en la Legislatura y denuncias en Tribunales” y la “falta de profesionalidad y credibilidad pública de muchos directores y presidentes designados en el período analizado”.
Los préstamos se apartaron de los lineamientos básicos recomendados por el Banco Central y por las leyes orgánicas del propio Banco Provincial. No hubo análisis patrimoniales de los deudores antes de otorgar los créditos, ni se investigaron el destino de los fondos, la capacidad de pago y las garantías con que se otorgaba.
En diciembre de 1996 la mayoría de los préstamos a los principales deudores era de difícil recuperación por falta de garantías reales y por inexistencia de bienes para efectuar la acreencia. “Por ejemplo, en el sector de frigoríficos los que están en esa situación son empresas de tecnologías obsoletas, sin capital de trabajo; lo mismo para las del sector industrial, sanatorios, clubes de fútbol, particulares y obras sociales”, puntualizó el informe Nogueras.
“Los fondos otorgados no han ingresado para inversión en las empresas de los deudores sino para cancelar otros pasivos o retiros particulares —destacó la Comisión en otro pasaje de sus conclusiones—. En otras palabras, no sirvieron para incrementar el producto de la provincia sino para vaciar al banco. Lo mismo corresponde afirmar sobre el crédito al sector público: no tuvo como destino nuevas obras sino que fue a cubrir el déficit de la provincia”.
No hubo análisis patrimoniales de los deudores antes de otorgar los créditos, ni se investigaron el destino de los fondos, la capacidad de pago y las garantías con que se otorgaba
A partir del 10 de diciembre de 1983, mientras los deudores ya insolventes de la dictadura son considerados parte de la cartera viva, el crédito se concentró en pocos deudores. En particular, Orlando Didier y señora tenían a fines de 1996 el 7,50 % del total de los préstamos, con el saldo congelado a diciembre de 1991: el dinero que les concedió el banco fue de 110.731.500 pesos.
El informe Nogueras identifica dieciséis empresas y particulares que recibieron préstamos con irregularidades graves: Agritec SA, Complejo Turístico Piedras Blancas, Florencia SA, Frigorífico Hughes, Industria Aceitera Río Paraná, Lainatti Hnos (vinculados a Florencia SA), Massey Ferguson, Molino Arrocero San Javier SA, Ospim, Orlando Didier y Señora (vinculados a Industria Aceitera Río Paraná), Padoan y Cía Colonia Yatay SA, Sellares SA, Siderurgia del Litoral SA, Vicco Agropecuaria, Welbers y Wultrich SA. Otras cuarenta empresas y particulares que habitualmente denostan al Estado y pregonan las ventajas de la iniciativa privada también se apropiaron del dinero de los santafesinos con irregularidades de consideración, agregó el informe.
Según una auditoría de la Universidad Nacional del Litoral, Padoan y Cia Colonia Yatay —vinculada con el ex presidente de la Bolsa de Comercio y ex CEO de la empresa Vicentin— se benefició particularmente de irregularidades administrativas, de la influencia del poder político en decisiones crediticias y del incumplimiento de normas del Banco Central sobre cancelación de pasivos por capitalización de deuda externa.
Más de treinta años pasaron desde que la Comisión Gremial Interna del Banco presentó una denuncia ante la Justicia. Ninguno de los directivos identificados respondió por los cargos, más allá de invocar “la insubsistencia de la acción penal por operar un plazo razonable” y “el planteo de cosa juzgada por afectación del principio constitucional de non bis in idem”, y la consideración de que “estar sometido a una causa penal constituye de por sí una pena, y no es tolerable mantenerla por el abuso de derecho de nadie y menos del Estado”, como hizo el abogado Néstor Oroño, defensor de varios de los acusados, ante el juez Busaniche.
Entre los ex directivos, varios se desempeñaron como funcionarios del gobernador Reviglio: Pedro Buchara fue ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio; Emilio Sánchez García, subsecretario de Industrias y ministro de Agricultura y Producción; Rodolfo Vacchiano, fue titular de Hacienda después de ser ministro de la producción durante el gobierno de Vernet y antes de seguir carrera como ministro de Gobierno en las intervenciones federales a Catamarca (1991) y Corrientes (1992) y secretario de Provincias del Ministerio del Interior (1997/99). Fattal Jaef es economista, Ingaramo asesora a empresas y Julio César Alzueta, también ex directivo de la Caja de Jubilaciones de la provincia, es juez de la Cámara Laboral de Santa Fe.
La quiebra fue el camino de la privatización del Banco, entregado en 1998 al grupo de los hermanos Carlos y José Rohm. Las pérdidas superaron los 140 millones de dólares: ¿Qué es fundir un banco y por qué la Justicia no investigó una estafa semejante?
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