A partir de diciembre de 2019 cuando entró en default, la historia de Vicentin empezó a contarse en clave judicial. En cinco años, el grupo económico que ocupaba el cuarto lugar en el ránking de exportadores de granos y subproductos de Argentina, perdió una quinta parte de sus activos, casi el 60 % de sus trabajadores, tiene una deuda impaga con sus acreedores por 1.600 millones de dólares y nunca explicó dónde fueron a parar los casi 800 millones de dólares que la empresa tenía en las cuentas del Banco Nación como resguardo de los créditos.
A esta apretada síntesis de default, fuga de activos y un concurso preventivo plagado de objeciones y vicios, que forma parte de los últimos años de la casi centenaria empresa santafesina, se le sumó un nuevo capítulo esta semana cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación del concurso de acreedores de la cerealera —abierto el 10 de febrero de 2020— y habilitó en forma indirecta la instancia del cramdown (plan de salvataje) para que un tercero o la propia compañía realice una nueva oferta para el pago de su deuda.
La decisión del máximo tribunal que tenía el expediente desde noviembre último se concretó casi en tiempo récord, teniendo en cuenta que se trata de la cima de la pirámide judicial y de un caso que siempre es una brasa caliente para el que la agarra. Tal vez, una cosa explica la otra.
De todos modos, la resolución de la Corte, que decide “declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado, y remitir los autos al Tribunal subrogante”, que en este caso es la Cámara de Rafaela, deja un camino en el que abundan los interrogantes, que van desde la continuidad de la empresa mediante la fórmula de contratos a fason —que hoy tiene con Bunge/Viterra y ACA— hasta el pedido de quiebra por parte de la propia cerealera o la refundación con nuevos dueños.
Mediante la modalidad de contrato “a fason”, Vicentin logra hacerse de mercadería (granos) para procesar y mantener activas sus plantas, una materia prima que le proveen otras empresas del sector, en este caso Bunge y ACA.
La primera trinchera
En cualquiera de estos escenarios, la primera trinchera son los casi 3 mil trabajadores de las plantas de San Lorenzo, Avellaneda y Reconquista, que no tienen certezas sobre su futuro laboral en un contexto macroeconómico de fuerte ajuste. Pero también, la forma en que se le dé un cierre definitivo a lo que fue llamado “el default del siglo”, quizás permita desentrañar la red de acuerdos políticos, empresariales y judiciales que garantizaron impunidad para un conjunto de delitos económicos, esos que pocas veces ocupan el prime time en la agenda mediática.
“Hay una incertidumbre muy grande porque ellos hacen su juego entre distintos grupos financieros, pero nadie sabe cómo va a terminar”, planteó el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra, al ser consultado sobre el tema y dejó claro que el cramdown abre un escenario de “desguace”.
Esa misma preocupación planteó Daniel Succi, secretario general del Sindicato Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (Soea), quien buscó apurar el trámite y pidió una audiencia —nunca concedida— a la Corte antes de la resolución. El dirigente declaró en ese momento al diario La Nación que la principal preocupación era que “los trabajadores sigan teniendo sus puestos y que a Vicentin no la compre un capitalista y la deje tirada, como ha ocurrido en otras ocasiones con tantas empresas”.
Consensos en duda
A priori la Corte dejó asentado en el fallo que apunta a impedir eso. El ministro Daniel Erbetta se refirió en los fundamentos a “la envergadura del conflicto” por su “extraordinaria relevancia económica y social para nuestra región y para el país” y aseguró que eso “pone en cabeza de esta Corte la máxima responsabilidad institucional a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento de los fines que el ordenamiento tiene en miras, procurando la conservación de la empresa, la preservación de las fuentes de trabajo, la tutela del crédito y especialmente la prevención del fraude”.
La ministra María Angélica Gastaldi, en cambio, se desmarcó del resto de los integrantes de la Corte y avaló lo actuado por Vicentin. Así como hizo en marzo de 2024 cuando el tribunal admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad presentado por Commodities, ahora reiteró su rechazo considerando como entonces “que no sobrepasan de una expresión de disconformidad de la compareciente con la solución brindada por los sentenciantes”.
Además, dijo en el fallo que “no pueden inferirse” perjuicios —tal como argumentó Commodities— por un tratamiento diferencial a los acreedores en la propuesta de Vicentin que afecte el denominado “pars conditio creditorum” (igual condición de crédito). Los planteos “no consiguen demostrar la arbitrariedad o el desenfoque reprochados al pronunciamiento recurrido”, agregó la ministra.
Aunque todos los involucrados aseguran que esos objetivos son prioritarios, cada uno juega sus fichas en un partido que involucra tanto el reparto del negocio granario como pases de facturas personales.
“Es una verdadera oportunidad para refundar Vicentin”, dijo Gustavo Feldman, asesor legal de Commodities, del grupo Grassi, el cual junto a Cima —grupo inversor que compró las acreencias de los bancos internacionales— y el estudio jurídico Salvatierra, ven en el cramdown una oportunidad para quedarse con la cerealera. “La intención del grupo es salvar la comercialización de granos, preservar las fuentes de trabajo y honrar la deuda”, explicó en una entrevista en Radio Universidad el letrado. “No va a ser lo mismo que si se hubiera invertido en su momento en Vicentin, nadie nunca pretendió que las cosas fueran ahora como si no hubiera pasado nada, pero tampoco el latrocinio que significaba la propuesta que hicieron”, aclaró.
Para los directivos de Vicentin la posibilidad de que este jugador se quede con la empresa es casi claudicar ante el enemigo. Commodities fue el acreedor que denunció no sólo irregularidades en el trámite civil y comercial, sino que llevó a los directores del grupo a sentarse en el banquillo de los acusados en la Justicia Penal.
Por eso, en las últimas horas los asesores legales de la empresa deslizaron la posibilidad de pedir la propia quiebra, o en todo caso, echar mano de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como publicó el portal ReconquistaSF, donde el directorio de la empresa tiene su centro de operaciones.
Ya habían denunciado que la dilación en la aceptación de la propuesta concursal les había ocasionado pérdidas cercanas a los 48 millones de dólares en capital de trabajo y muchas dudas sobre la posibilidad de que continuaran los contratos de fason.
“El activo total de Vicentin hoy se calcula en 234.102 millones de pesos, casi la quinta parte de diciembre de 2019, cuando declaró el estrés financiero”, apuntó el diputado del FAS, Carlos del Frade, quien integró la Comisión de Seguimiento por el caso Vicentin en la Cámara de Diputados de Santa Fe, la única instancia política que estudió a fondo el caso desde el momento del default y denunció recurrentes irregularidades por parte de la empresa y acciones de vaciamiento. Pero lejos de avalar los argumentos de la empresa explicó que fue producto de “un vaciamiento” que incluyó ventas de activos y fusiones entre las empresas de un holding que para el legislador y la comisión incluían unas 32 compañías y no sólo la concursada.
Aunque Vicentin tiene un plazo de 10 días para recusar la decisión y pedir que se remita a la Corte nacional, el fallo de 114 páginas que fue avalado por cuatro miembros del máximo tribunal santafesino (Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco) con la disidencia de María Angélica Gastaldi, fue un nocaut para la empresa que veía cada vez más cerca la posibilidad de vender los activos a sus “inversores estratégicos” Bunge/Viterra y ACA.
La decisión aleja esa posibilidad y abre la puerta para que entre el grupo Grassi-Cima. “El fallo de Corte extirpa del mundo jurídico la resolución amañada de la Cámara de Reconquista que acogió la propuesta ignominiosa de Vicentin”, dijo Feldman y consideró que “ahora es una vía de un solo sentido que desemboca en el salvataje” porque “no puede haber otra propuesta de la concursada”.
La carambola menos ventajosa
Para los gremios aceiteros ninguna salida garantiza la continuidad laboral sino todo lo contrario. “Entre los interesados hay empresas que nada tienen que ver con la agroindustria, hay corredores de Bolsa, jugadores del sistema financiero y van a comprar o sostener las partes de Vicentin que les convenga”, aseguró Yofra y planteó que “si no hay una intervención del Estado, es probable que algunas operaciones se cierren”.
“Ellos cuando hacen la propuesta en el marco del concurso preventivo aseguran que al nodo norte, es decir las operaciones en Avellaneda, le dan una vida útil de dos años y medio”, explicó del Frade ratificando el temor de los gremios. Es decir “le ponen una fecha de vencimiento a su propia cuna”, reflexionó.
Pero tampoco el escenario puede quedar tan abierto porque sería una bomba de tiempo que no sólo afectaría al gobierno de Santa Fe en el plano laboral, sino a las propias arcas nacionales, jaqueadas por la falta de dólares. “El riesgo hoy no es sólo que quiebre Vicentin, sino si van a seguir funcionando los contratos a fason”, planteó el representante legal de la Federación aceitera, Carlos Zamboni. “Si Bunge y ACA se retiran y no entregan más mercadería, los trabajadores de Vicentin no van a poder cobrar sus salarios y eso va a tener consecuencias en todas las plantas agroexportadoras”, dijo, para dimensionar el problema que podría enfrentar el resto de la industria si activa la disputa con dos gremios con gran poder de fuego.
Una muestra más de que así como hace cinco años el comportamiento de la cerealera puso un manto de duda sobre todo el negocio agroindustrial, hoy la forma en que se resuelva su futuro también involucra a todo el sector. Cualquier escenario “tiene que incluir a los trabajadores”, reiteró Zamboni y si eso no ocurre la ola expansiva puede volver a tocar a muchos más que a Vicentin.
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