Faltó poco para que el gobierno nacional lo celebrara como una gran noticia. El video atribuido a “una organización narco terrorista todavía no identificada”, según los términos de un comunicado oficial, llegó en el momento oportuno para relanzar el proyecto de ley anti mafia, volver a la carga por la participación del Ejército en la represión de la delincuencia y reflotar la expresión “narcoterrorismo”, estrenada durante los crímenes de marzo en Rosario y con escasa pregnancia en la opinión pública a pesar de la intensa publicidad que aportaron los principales medios nacionales.
El video de poco más de un minuto de duración sorprendió por más de un motivo: los trajes de cazafantasmas de los cuatro protagonistas, las armas de guerra que exhiben y el mensaje que uno de ellos profiere, cuyo contenido cargado de amenazas contrasta extrañamente con un tono de voz que se escucha desganado. También sonaron raras la insistencia en marcar a Buenos Aires como territorio y la preocupación que los presuntos narcos expresan porque los niños vayan a la escuela y no se conviertan en delincuentes, algo inédito en las bandas criminales.
Como suele ocurrir con los hechos impactantes de la crónica policial, parece que el suceso fuera extraordinario o representara una escalada en medio de un conflicto. Pero no es la primera vez que un registro en video de estas características empieza a circular en medio de una crisis de seguridad. El problema no son tanto los registros en sí sino los efectos que producen a partir de los relatos periodísticos y de las respuestas políticas.
En mayo de 2023 junto con audios que fabulaban sobre “un toque de queda narco” se viralizaron en redes sociales imágenes de violencia y caos que fueron atribuidas a Rosario cuando procedían de otros países. En marzo de este año tuvo amplia difusión un mensaje que anunciaba falsamente la unión de bandas narco de distintos barrios de la ciudad. El fenómeno es internacional: en Ecuador proliferan los videos apócrifos desde principios de año, cuando una banda tomó un estudio de televisión en la ciudad de Guayaquil y generó un suceso desestabilizador del gobierno. Los registros pueden ser fakes, pero sus efectos están comprobados como formas de difusión del miedo y la incertidumbre a través de las redes sociales y del periodismo.
Lo novedoso del caso actual no sería la existencia del video sino, como expuso José Curiotto en Aire de Santa Fe, que esta vez la difusión corrió por cuenta del gobierno nacional. La gestión del presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich no demoró en compartir el video con medios de prensa nacionales y en difundirlo por sus redes.
La difusión del video no solo renovó las declaraciones bélicas de Bullrich y su reclamo para que el Congreso avale la ley anti mafia y la incorporación del Ejército a patrullajes y procedimientos en la calle. También reavivó el clamor punitivista de una parte de la población, algo tan necesario como el video para que las normas tengan consenso entre los legisladores. Y en medio de una situación como la que vive Rosario, cuyos indicadores de seguridad mejoran pero donde nada parece todavía definitivo, agregó un factor de temor y alarma: el gobierno provincial anunció que se elevaron los niveles de alerta de las fuerzas de seguridad.
El sospechoso de siempre
El mito del caballo de Troya cuenta que un grupo de soldados aqueos se ocultó en un enorme caballo de madera para ingresar a la ciudad de Troya, reducir a los centinelas y permitir el ingreso del grueso de su ejército. El supuesto video narco podría ser un artilugio muy parecido, si la investigación de la jueza María Servini no aclara la trama que lo rodea: lo único que resulta claro hasta el momento es que la representación sirvió para que el gobierno nacional justifique el concepto de narco terrorismo y la necesidad de la ley anti mafia, que será tratada en las sesiones extraordinarias del Senado, en el Congreso Nacional, y tiene altas posibilidades de recibir sanción.
En conferencia de prensa durante su paso por Rosario, la ministra Patricia Bullrich celebró los resultados del Plan Bandera y anunció la detención en Puerto San Martín de las personas que habrían filmado el video. La ministra de Seguridad de la Nación dio el asunto por resuelto en un 90 % (sic), aunque no se secuestraron ni las armas ni los trajes utilizados en el rodaje y los sospechosos no declararon todavía ante la jueza Servini.
Horas después de la difusión del video, el gobierno nacional suspendió por un mes las visitas de Ariel “Guille” Cantero en la cárcel federal de Marcos Paz. La medida también invocó declaraciones sacadas de contexto durante el juicio que acaba de concluir en la Justicia Federal de Rosario. El líder de Los Monos permanece en un régimen de aislamiento extremo y sin embargo persiste la sospecha de que de alguna manera transmite órdenes al exterior.
Lo notable de estas versiones es que el foco apunta a Cantero y excluye el complemento necesario para que un preso pueda comunicarse con el exterior: la complicidad de empleados penitenciarios. En ese sentido, el gobierno nacional todavía no aclaró cómo fue posible que Mauricio Laferrara escapara en octubre de 2023 del penal de Villa Devoto y por qué no se advirtió la fuga hasta pasados unos días.
La película completa en la que en todo caso se inscribe el supuesto video narco es más inquietante y ofrece menos pistas para las investigaciones. Su trama visible comprende el crimen de Andrés Bracamonte y Daniel Attardo, las balaceras contra los domicilios de Leopoldo “Pitito” Martínez y el llamado “Turco Baltazar” y la saga de cinco atentados incendiarios producidos en distintos puntos de Rosario.
Las balaceras podrían inscribirse en la disputa por la sucesión del liderazgo de la barra, o por su copamiento por parte de la banda de Los Menores. Los atentados incendiarios, en cambio, abren un enorme signo de interrogación porque no hubo mensajes ni “firmas” que se adjudicaran los ataques.
A primera vista los blancos de los atentados con bombas molotov y cubiertas incendiadas parecen desconectados entre sí: una verdulería en barrio Azcuénaga, la parroquia del padre Ignacio, un auto en el centro de la ciudad, la Secretaría de la Niñez, un predio de la Policía de Investigaciones. Pero esta heterogeneidad podría mostrar un criterio parecido al de los crímenes de marzo: los objetivos son elegidos al azar y en consecuencia cualquier lugar puede convertirse en el escenario de un ataque.
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