Una pesadilla recorre la ciudad de Rosario: una banda narco exige la devolución de un cargamento de cocaína y está dispuesta a regar de sangre el barrio La Cerámica hasta que le devuelvan la droga. Esta leyenda urbana se recorta entre los audios con amenazas, videos y garabatos manuscritos que provocan alarma, alteran la vida cotidiana y sostienen teorías conspirativas, y aceita los mecanismos del miedo ciudadano y sus formas de transmisión.
El catalizador del pánico colectivo fue la pelea entre dos mujeres en el Polideportivo Deliot, de Rouillón y Seguí, en la noche del 18 de mayo. Las imágenes de la lucha cuerpo a cuerpo entre las mujeres ante unos cuatrocientos espectadores, congregados previamente por las redes sociales, y del despliegue de veinte patrulleros en principio para resguardar el orden se propagaron de inmediato.
Una chispa basta para incendiar la pradera y ese fue el efecto que tuvieron las imágenes en un contexto como el que padece Rosario, donde un audio con amenazas, un video o un mensaje que invoque a la mafia alcanzan para generalizar el temor y verosimilizan las peores conjeturas. El episodio grotesco y el espectáculo de la multitud enfervorizada se combinaron con los incidentes generados por la intervención policial: corridas, disparos, gritos.
En su libro Fake news, trolls y otros encantos, Ernesto Calvo y Natalia Araguete analizan la propagación de mensajes en las redes sociales y en particular la viralización, la activación en cascada de contenidos y creencias previas que definen el sentido de lo que se comparte en los muros. El encuadre de las imágenes del Polideportivo Deliot remitió, así, a una especie de sentimiento de indignación ya cristalizado en Rosario: veinte patrulleros respondieron a una pelea entre dos mujeres que se disputaban a un hombre mientras en otras zonas de Rosario hubo una balacera contra una escuela y asesinaron a un remisero.
El encuadre predominante en la viralización reforzó así una opinión instalada, que difícilmente sería controvertida: la violencia recrudece, el Estado no interviene, la policía llega tarde o se ocupa de tonterías, y de hecho esa fue la observación que agregaron algunos usuarios que se presentan como periodistas. “Esas irresponsables se estaban peleando y los vecinos se comunicaban asustados con el 911. Los patrulleros se dirigieron al lugar para atender las incidencias”, dice Brilloni. El ministro también llama la atención sobre la cantidad de personas que presenció ese espectáculo de feria miserable: “Es el estado de la sociedad que tenemos y el debate para dar desde la escuela a la mesa de café. Un desquicio, realmente. Pero nos enojamos porque fueron veinte patrulleros”.
El hecho de que algunas cuentas de Twitter que compartieron las imágenes se ocupen ahora de la defensa del policía que asesinó por la espalda a un ladrón en el partido bonaerense de Moreno parece indicar que el blanco de la viralización no fue el gobierno de Omar Perotti ni una reacción contra la proclama de romper los vínculos con el delito, que tan pocos resultados depara al cabo de casi cuatro años. De hecho, usuarios muy activos arrobaron al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al difundir los videos: la utilización del episodio transcurre en otro marco y aparece en conexión con el reciclaje de discursos punitivistas y “antipolíticos”.
Los videos tomados en Rouillon y Seguí ingresaron masivamente a las redes y además se replicaron porque la pelea entre La Luchona y La Cucaracha, tristes apodos de las rivales, se convirtió en un suceso nacional. Eran registros breves que no tenían sentido en sí mismos sino por referencia al encuadre con que se los presentó. La viralización se produjo en combos, particularmente a través de Twitter y TikTok, e incorporó videos de violencia extrema registrados en otras ciudades y audios provenientes de cadenas de WhatsApp —por ejemplo de una mujer supuestamente vinculada con una iglesia evangélica, que hablaba a la congregación— sobre “el toque de queda narco”. La reacción del Ministerio de Seguridad de la provincia y el anuncio de una investigación del Ministerio Público de la Acusación hicieron que usuarios de redes sociales borraran los mensajes donde compartían esos contenidos, aunque los efectos perduran.
El “toque de queda narco”, que se anunciaba para las 22 horas en punto, estaba referido a la situación en La Cerámica. “No tenemos ningún indicio que permita ratificar y ni siquiera rectificar los dichos esgrimidos en esos audios —dice el ministro Brilloni, consultado al respecto—. Desde el momento que empezamos a recibir los audios, la fiscal Haurigot empezó a investigar y con el ministro Marcos Corach nos presentamos como querellantes porque queremos que la persona que hizo estos audios y mandó estos videos se presente ante la Justicia. Estamos frente a un hecho de intimidación pública”.
La leyenda afirma que una banda narco dejó un cargamento de cocaína en una casa en alquiler y que alguien se llevó la droga. Esa sería la explicación de la ola de crímenes que atravesó La Cerámica entre el 10 y el 13 de mayo, y en la que fueron asesinados Jeremías Natanael López, de 15 años, Luis Alberto Gómez, de 36, Máximo Luján, de 13, y Maite Gálvez, de 14. No hay nada comprobado, pero el crédito mediático a la leyenda, la falta de resultados en la investigación y el miedo de los vecinos mantienen en pie los rumores.
La alusión a un toque de queda puede parecer insólita, pero no deja de tener sentido. Característico de los gobiernos autoritarios, el toque de queda es un símbolo del poder que se ejerce con la máxima violencia. El uso de la expresión se corresponde con un imaginario extendido sobre las bandas de narcos y extorsionadores, respaldado por casos de la crónica diaria: entre tantas otras, la historia de un gerente que se fue de Villa Gobernador Gálvez después que le pidieran cuatro millones de pesos para no matar a su hija y a su esposa, el comercio de pastas del centro de Rosario que cerró por temor a balaceras o el tiratiros que baleó la escuela Rosa Ziperovich aunque había un móvil en la puerta. No hay toque de queda, pero la inseguridad y el miedo producen restricciones crecientes en la vida cotidiana.
Según explica Brilloni, los audios comenzaron a difundirse al mediodía del 18 de mayo, unas horas antes de la pelea que reunió a una multitud en el Polideportivo Deliot. Los crímenes en La Cerámica y las balaceras contra las escuelas y comercios fueron el contexto inmediato que facilitó su difusión. En comparación, otro hecho de inseguridad pasó completamente desapercibido en la noche anterior: la captura de una mujer policía y tres hombres provistos de uniformes policiales en barrio Belgrano.
La subinspectora Gabriela Natalia Ballón se encuentra con carpeta médica, expresión que en la jerga policial describe una gama de situaciones que va desde los cuadros psiquiátricos a la falta de motivación por el trabajo. Con sus acompañantes tenía entre manos tres oficios judiciales falsos para hacer allanamientos. Para qué los necesitaban no se sabe, pero Ballón es la ex mujer de Juan José Raffo: este ex oficial de policía de prolongada trayectoria en connivencia con el delito, animador de una peña que convocaba a policías retirados y en actividad en un galpón de la zona oeste, actualmente tiene pedido de captura internacional en una investigación por tráfico de drogas. Y el nombre de Raffo aparece como principal sospechoso en maniobras de desestabilización del orden público en la historia reciente de Rosario.
La construcción mediática de la imagen de Rosario es otro factor que favorece la viralización de episodios de inseguridad. En estos relatos ya no se trata de que determinados barrios aparezcan como territorio de los narcos y la violencia como el resultado de una guerra sin control en la periferia. Ahora la ciudad entera estaría sumida en el caos y en ese marco situaciones que probablemente no tendrían mayor proyección adquieren un rango destacado en la cobertura y el seguimiento de los medios nacionales. Se espera más violencia, más muerte, más titulares con sangre.
En el discurso político, la ciudad es además un ejemplo de lo que no debe hacerse en seguridad. Así lo planteó esta semana Luis Juez al presentar su plan de seguridad para gobernar la provincia de Córdoba: el objetivo es “no llegar a ser Rosario”.
El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, sospecha que la difusión de audios y videos responde a una campaña y que podría tener un motivo electoral. También Maximiliano Pullaro planteó esa hipótesis cuando su apellido fue mencionado en el papel que unos tiratiros dejaron después de balear una sucursal del Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria. Y con el río revuelto, Patricia Bullrich anunció en Twitter que encabezará una expedición de policías y militares a Rosario en caso de ser elegida presidenta.
Las teorías conspirativas no necesitan pruebas para postularse y son difíciles de rebatir porque por su misma naturaleza no parecen obligadas a presentar datos concretos y remiten a creencias. En esos casos, la política llega para arrojar su cuota de leña al fuego. Pero lo que surge en la escena de los hechos basta para desvirtuar esos fantasmas y observar los peligros reales: la nota que apareció después de la balacera contra el Complejo Rosa Ziperovich refiere al tratamiento de los presos de alto perfil y sus familiares en la cárcel de Piñero
El ministro Brilloni está convencido de que la investigación permitirá detectar el origen de los audios. “Si le ponemos toda la fuerza y la creatividad necesaria tenemos que llegar al autor. Es nuestra convicción, del gobierno de la provincia y el ministerio de Seguridad: poner todos los elementos del Estado a disposición”, dice. “Estamos trabajando con la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, del Ministerio de Justicia de la Nación), con el representante de WhatsApp en Argentina, y probando con oficios a prestatarias internacionales. El resultado de las tratativas es secreto en esta instancia”, apunta por su parte una fuente de la investigación.
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