El pedido fue en 2022, pero el Consejo de la Magistratura se tomó su tiempo. “Recién el primero de abril abrió la investigación sobre el juez federal Marcelo Bailaque por rechazar medidas de prueba contra el jefe narco”, dice la diputada provincial Lionella Cattalini, que presentó una nota ante el organismo.
En la primera audiencia el Consejo de la Magistratura notificó a Bailaque y le comunicó que podía hacer su descargo. “Lo que pido es que se agilice —explica la legisladora del Partido Socialista—. Si tardaron casi dos años en iniciar la investigación, ¿cuánto van a demorar para llegar a un resultado? El Consejo tiene que impulsarlo”.
La causa remite a una denuncia anónima presentada ante la Justicia Federal en Rosario el 9 de abril de 2013 e investigada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre ese año y 2015. Según se expuso en el juicio contra Alvarado por el crimen del prestamista Lucio Maldonado, el juez Bailaque rechazó escuchas telefónicas pese a múltiples evidencias sobre la estructura y los negocios de la organización y sobre la participación de altos jefes de la policía de Rosario.
“El tema nos remonta a 2013 —subraya Cattalini—. Nadie puede saber qué hubiera pasado si se investigaba entonces pero la realidad es que el juicio se realizó en 2022. Podríamos haber ahorrado mucho tiempo si se actuaba en tiempo y forma”.
La denuncia del testigo de identidad reservada de abril de 2013 se asoció después con otra investigación iniciada en septiembre del mismo año, donde según una declaración del comisario Maximiliano Lencina había escuchas por la fuga de un preso federal detenido en Santa Fe. Recién el 20 de noviembre de 2015 el juez Bailaque autorizó las intervenciones que solicitaba la PSA, pero en ese momento resultaron inútiles porque las líneas estaban desactualizadas.
“Saber cuáles son las motivaciones del juez para negar medidas de investigación tiene que ser de público conocimiento, sobre todo teniendo en cuenta el poder que ha adquirido Alvarado en el último tiempo y la capacidad de atemorizar a una ciudad entera”, enfatiza Cattalini.
La diputada recuerda que Alvarado y Los Monos fueron condenados por la justicia provincial “e incluso en 2014 Bailaque devolvió la causa de Los Monos a la justicia provincial”. Por entonces “Alvarado era conocido, ya había sido detenido en Buenos Aires, y siguió siendo conocido pero la Justicia Federal reaccionó recién en 2022, después que la justicia provincial lo condenó”.
El juez tiene ahora la palabra, si acepta el ofrecimiento para hacer un descargo. “Tenemos que conocer los motivos para desconocer catorce informes y no aceptar cuando era oportuno que se intervinieran teléfonos —dice Cattalini—. Si hablamos de impunidad, si hablamos de la responsabilidad de los funcionarios, la Justicia Federal no puede estar exenta. Es el momento de que empiece a dar explicaciones”.
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