El Ministerio Público de la Acusación confirmó la hipótesis del Ministerio de Seguridad de la provincia: los crímenes de trabajadores que conmovieron a Rosario entre el 5 y el 9 de marzo apuntaron a quebrar decisiones del Poder Ejecutivo provincial respecto al tratamiento de los presos de alto perfil. Así lo expusieron tres fiscales en una audiencia realizada el martes pasado, que fue precedida y es continuada por especulaciones sobre la intervención de Esteban Alvarado como instigador de algún episodio y a control remoto desde la cárcel de Ezeiza.
La participación de Alvarado forma parte de la investigación por los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el chofer de la línea K Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich. Sin embargo, los fiscales admiten que hasta ahora no hay ninguna evidencia.
La sospecha contra Alvarado presenta un problema adicional: determinar cómo podría haber intervenido en los hechos un preso aislado en una celda de castigo, sometido a requisas diarias y sorpresivas, monitoreado las 24 horas por cámaras de vigilancia y sin contacto físico con ninguna persona más que con el Servicio Penitenciario Federal que lo custodia, según las disposiciones del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario.
El mismo interrogante se plantea respecto de Alejandro Núñez, a quien los fiscales Adrián Spelta, Franco Carbone y Patricio Saldutti imputan como instigador de los crímenes de los taxistas y de una balacera contra la comisaría 15. “A partir del primero de enero de 2024, Núñez está sometido a un régimen ultra estricto como preso de alto perfil en el pabellón 28 de la cárcel de Piñero”, dice el abogado Gonzalo López Ocariz, a cargo de su defensa.
En el caso de Nuñez, la acusación surge de una frase de DMG, el menor de 15 años identificado como autor de los crímenes de Figueroa y Bussanich: “el menor cuenta los hechos en el Juzgado de Menores número 2, por otra parte en condiciones cuestionables, y cuando termina dice que lo encargó Chucky Monedita (el apodo de Nuñez); nada más: no dice cuándo, cómo ni de qué manera”, enfatiza López Ocariz, que apeló la imputación este viernes.
La mención de Alvarado viene a cubrir un vacío que refleja un problema frecuente en las investigaciones: ir más allá de los implicados a la vista en la violencia narco e identificar con pruebas a sus mandantes. La cuestión también se plantea alrededor de la amenaza contra Ángel Di María. El fiscal Pablo Socca imputó por lo pronto a Pablo Ezequiel Acotto, de 35 años, y a Sara Belén Gutiérrez, de 23, como los que realizaron disparos y dejaron una nota intimidatoria frente al country de Funes donde vive la familia del jugador de la selección.
Acotto recibió 4 millones de pesos que pagó una persona no identificada hasta ahora, según la acusación. Su captura se logró a partir de una investigación previa del fiscal federal Javier Arzubi Calvo por narcomenudeo en Pérez, en la que su teléfono era escuchado, y se complementó con las imágenes tomadas por las cámaras de monitoreo municipal de Funes del auto utilizado en la ocasión.
En esa causa, como en la de esta semana, la expectativa de mayores avances parece supeditada a las pericias sobre los teléfonos celulares incautados. Y así como la sombra de Alvarado fue invocada en la última audiencia, la de Los Monos apareció en torno a la amenaza contra Di María. Pero en ese sentido ambas investigaciones permanecen en el plano de la especulación.
La teoría del caso
La investigación de los crímenes de los trabajadores se encauzó a partir de informantes que respondieron al ofrecimiento de recompensa del gobierno provincial. Así surgió el nombre de DMG, y a partir de la declaración del menor se construyó una versión de los hechos en la que convergen lateralmente testigos de identidad reservada —entre ellos otro menor— y registros de cámaras de vigilancia.
Los actores visibles en la escena de los crímenes son tres chicos de 15 y 16 años: ellos son los que llevan adelante la orden de matar a cualquiera, elegir blancos de balaceras estratégicos para la repercusión y dejar notas con amenazas. Según la acusación, Brenda Pared trazó el plan criminal contra los taxistas siguiendo instrucciones de su esposo, Alejandro Núñez. Para eso habría utilizado como enlace a Gustavo Alejandro Márquez y Macarena Solange Muñoz, también imputados, y a otro menor de 17 años.
“Más allá de la validez o no validez de la declaración del menor, que para el caso de Núñez es indistinto, el señalamiento inicial que hace no fue corroborado por ningún elemento de prueba en la audiencia. No se secuestró un teléfono, una carta, una nota. Nada. No hay ninguna constancia de vinculación entre Núñez y Pared con el resto de los imputados”, argumenta López Ocariz.
La presencia de DMG une los crímenes de los taxistas y el asesinato de Bussanich, que según los fiscales fue gestionado por Axel Uriel Rodríguez. El menor recibió las instrucciones a través de una video llamada realizada desde la cárcel de Ezeiza, lo que vuelve a exponer las fallas del sistema penitenciario federal aun con las medidas de endurecimiento dispuestas por la ministra de Seguridad de la Nación.
Alrededor del adolescente se despliega un trasfondo todavía difuso: una mujer que le alcanza la nota con amenazas, un hombre que se encarga de descartar el auto usado para llevarlo a la estación de servicio Puma, alguien que dice que el momento indicado es cuando Central juega en el Gigante de Arroyito y la policía está entretenida en el estadio. El crimen del colectivero Daloia, finalmente, habría sido perpetrado por un hombre de 38 años y otro menor de 17 que están identificados y prófugos.
La audiencia del martes sirvió además para descartar interpretaciones poco rigurosas. El hallazgo de zapatillas en las escenas de los crímenes no fue un mensaje mafioso como se fabuló sino un producto de la fuga atropellada de dos chicos de 15 y 16 años que acababan de matar. También perdió entidad la hipótesis de la unión de bandas criminales y en todo caso lo que surge es una conexión eventual entre personas de los barrios Tiro Suizo y Santa Lucía; la referencia a esa presunta alianza contra el gobierno provincial, en una nota intimidatoria, no fue sino una estrategia para la difusión del miedo.
La imputación contra Núñez plantea más preguntas de las que supuestamente responde. El preso de alto perfil solo recibía visitas de Brenda Pared, quien estaba en prisión domiciliaria (ahora fue trasladada al Order) y en consecuencia debía pedir permiso a un Juzgado Federal. El Servicio Penitenciario provincial escuchaba las conversaciones presenciales y telefónicas entre ambos y el pabellón 28 tiene cámaras de vigilancia de funcionamiento permanente (aunque tuvieron un apagón el 2 de marzo, en el horario en que según los presos recibieron una paliza por el tiroteo contra un colectivo del Servicio). ¿Cómo pudieron filtrarse las órdenes presuntamente dadas en un sistema más que aceitado por la reciente ley de ejecución penal?
“Las visitas se cumplen durante 30 minutos, en un habitáculo de 3 metros por 3 dividido por una pared con un blindex —explica López Ocariz—. No hay posibilidad de contacto físico entre las partes. De un lado se sienta un empleado del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias y del otro una empleada del Servicio Penitenciario”. El 2 de marzo, después del tiroteo contra el colectivo a la altura del barrio Rucci, una disposición administrativa ordenó además el aislamiento preventivo de los presos de alto perfil durante quince días, lo que incluyó a Núñez, quien “durante los días en que ocurrieron los hechos que se le achacan estuvo encerrado dentro de una celda sin posibilidad de hablar ni siquiera con otros presos”.
Cría fama
La historia de Alvarado se actualiza con las nuevas sospechas y con el pedido al Consejo de la Magistratura de que agilice una investigación en torno a las defecciones de la Justicia Federal (ver acá). Condenado a prisión perpetua, enfrenta todavía una causa por la tentativa de fuga de la cárcel de Ezeiza, en Lomas de Zamora, y otra por lavado de activos, en la Justicia Federal de Rosario.
A falta de evidencias, surge el recuerdo de su aversión hacia el gobernador Maximiliano Pullaro. El mecánico Carlos Argüelles declaró al respecto que Alvarado fantaseaba con arrojar paquetes con marihuana desde un avión y con el nombre de Pullaro en el Gigante de Arroyito, cuando jugara Central. Esta ocurrencia remite además al interés por la aviación como recurso logístico, una característica de su trayectoria delictiva desde sus inicios como contrabandista entre Paraguay y la provincia de Córdoba hasta el plan para escapar de Ezeiza.
En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último intento de Alvarado contra las restricciones impuestas después de su intento de evasión. “Está en un pabellón de máxima seguridad de Ezeiza, aislado, sin contacto con otros presos. Desde hace un año solamente recibe visitas de la esposa y de los hijos, y los ve a través de un blindex. No recibe paquetes con alimentos y tiene hasta cuatro requisas diarias”, detalla un vocero de la defensa.
Una resolución del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario dispuso además en abril de 2023 la instalación de inhibidores de señales para telefonía celular y el control directo las veinticuatro horas con cámaras de vigilancia. “Alvarado está aislado en un buzón, una celda de castigo. No sale al patio, no tiene televisión ni radio. Ni siquiera cuenta con el teléfono habilitado para hablar con su abogado. ¿Qué más se podría hacer con él?”, plantea el vocero.
La situación de Alvarado resulta similar así a la de Ariel “Guille” Cantero: presos aislados en pabellones de máxima seguridad se convierten en fantasmas que amenazan a la ciudad de Rosario, tienen de rehenes a sus habitantes, y verosimilizan construcciones acusatorias.
Los crímenes de trabajadores agravan una forma de presión de los grupos narcocriminales sobre la justicia y la política que puede remitirse a 2018, con los atentados contra domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial. También entonces se introdujeron las notas, destinadas tanto a amenazar como a confundir a los investigadores y a la opinión pública.
Desde entonces el método escala en su grado de violencia. Un antecedente significativo —donde, a diferencia de otros, hubo una investigación exhaustiva— se registró con las balaceras a escuelas y estaciones de servicio entre el 9 y el 14 de noviembre de 2021 por las que fue acusada Patricia Celestina Contreras como instigadora. Pero la explicación de que estos hechos apuntan a provocar la conmoción pública, a fuerza de repetirse, parece ya insuficiente.
Además del incremento de la violencia, los crímenes de marzo agravan las situaciones que se reiteran desde 2018 por la utilización deliberada de menores como sicarios. En el intercambio que se produce entre criminales que ofrecen garantías de impunidad y chicos que matan para comprarse un par de zapatillas se anuda otro factor de crisis.
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