La definición de cómo será la ubicación institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la nueva Constitución promete tensionar al máximo o romper una armonía de dos años entre el órgano que agrupa a los fiscales provinciales y el gobierno provincial. La fiscal general María Cecilia Vranicich dijo que unificar la duración de los mandatos del jefe de los fiscales santafesinos con el del gobernador es un golpe bajo institucional. Que eso afectará directamente la independencia de los fiscales. Y que esta discusión el gobierno no la dio y la quiere meter por la ventana en la reforma.
El planteo lo hizo de manera explícita Vranicich en un panel en el Colegio de Abogados de Rosario esta semana. Tiene fuerte significación política porque golpea a la iniciativa manifiesta del bloque radical que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro como convencional. Vranicich también dijo que le preocupa que el órgano disciplinario que juzga a fiscales no se integre de manera equilibrada y tenga supremacía de legisladores. Cree que esa es la garantía para hacer lo que la política quiera y rechazar lo que no quiera.
Esto ocurrió a una semana de que el crucial capítulo judicial se trate, el jueves próximo, en la Convención Constituyente que funciona desde el 14 de julio. Y viene a aumentar la rigidez de un tema que está completamente trabado dentro de la misma coalición que lidera Pullaro. Los radicales abrazan la propuesta del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Que es que el mandato del fiscal general dure cuatro años, al igual que el del gobernador, y que las gestiones de ambos sean coincidentes. En la iniciativa del PRO hay similitudes. Los socialistas se oponen frontalmente a esta idea.
“Hay dos proyectos, uno de la UCR y otro del PRO, que bajan la periodicidad. Eso no nos parece mal. Pero nos quieren meter por la ventana sin dar una discusión franca y sincera que (el del fiscal general coincida) con el inicio del mandato del Ejecutivo y dura cuatro años. Esto afecta la independencia. Están diciendo: «como gobernador elijo a los ministros y también al que lidera el MPA». Ahora, si esta es la discusión deberían haberla dado francamente. Han hecho esto de modo oculto. Es un golpe bajo institucional. Afectaría directamente la independencia del MPA. Esto más allá de que trabajamos hasta ahora muy fuerte junto con el Ejecutivo. Pero entrar e irse con el mismo gobierno es otra discusión. Ese debate no lo dieron. Lo quieren meter por la ventana”.
En el panel estaba también escuchando e interviniendo la defensora provincial Estrella Moreno Robinson. Entre el público había fiscales, defensores, docentes de la Facultad de Derecho de la UNR y abogados particulares.
Uno de los disertantes fue el especialista en sistemas procesales Alberto Binder, presidente del Instituto en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), que fue asesor principal de los gobiernos del Frente Progresista en la implementación del modelo acusatorio en Santa Fe en 2014. Binder plantó una crítica feroz a la propuesta de instalar en Santa Fe un Consejo de la Magistratura para la selección de jueces. Y dijo que lo que buscan es aumentar el control de la política sobre las instituciones judiciales para condicionarlas.
“Estoy muy en contra. He prestado atención al Consejo de la Nación y al de Capital Federal. La creación de un órgano permanente genera una burocracia para proponer jueces y es una mala idea. Ayuda a la politización porque se convierte en un imán de los lobbies y acrecienta el juego de intereses del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura de la Nación es un antro de corrupción. Aún los que arrancaron con un representante popular se han burocratizado. Treinta años después vemos que no sirvió”, dijo.
Binder dijo también que la participación directa de diputados y senadores en el Consejo de la Magistratura como órgano permanente es inconstitucional. “No pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Si yo intervengo en el proceso de selección, que va a poner límites, después no puedo nombrar. Diputado y senador son además cargos full time. No fueron elegidos para esto. Arman un cuerpo así y se cargan de asesores. Si quieren nombrar un órgano técnico que respeten lo que debe ser un órgano técnico. Acá lo que se quiere es aumentar el control de la política sobre las instituciones judiciales. Que lo digan claramente. Me da pena que Santa Fe, que tenía una tradición más prolija, ahora está en discusiones que son un enchastre”.
El radicalismo en la Constituyente busca que haya un Consejo Asesor de la Magistratura integrado por un representante del Poder Ejecutivo, que ejerce la presidencia, dos diputados y dos senadores. También dos representantes de abogados y dos de universidades públicas.
Algo que Vranicich, no es nuevo, rechaza y volvió a decir. “Somos independientes de otro poder del Estado. Esto incluye al Poder Judicial. Quien más nos ha obstaculizado en nuestra eficiencia y eficacia es la propia Corte y lo he dicho en la propia Convención”, dijo la jefa de los 159 fiscales provinciales. “Por eso peleamos para tener nuestra propia superintendencia. Para eso necesitamos que la Constitución nueva hable de que somos autónomos, autárquicos e independientes de todos los poderes del Estado”.
La fiscal general nunca disimuló que el quiebre lo tienen, precisamente, con el bloque político del gobernador. Porque con el socialismo, aquí enfrentado a los radicales en un dilema de imposible solución si uno de los dos espacios no cede, tiene acuerdo. “Con el Poder Legislativo tenemos una discusión con el sistema de remoción. Pero decimos que la función del diseño de la política de persecución penal la tiene en Ministerio Público de la Acusación en coordinación con el Poder Ejecutivo. Porque sectores del Poder Ejecutivo pretenden ponerlo como una facultad de ese poder y no de los fiscales”, sostuvo.
La discusión con los legisladores no es menor. Se origina en el desembozado intento de control que la Legislatura asumió de golpe en 2016 sobre los fiscales. Ocurrió cuando dos de ellos, Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, le dieron curso a una denuncia sobre el direccionamiento en provecho propio de subsidios multimillonarios de cinco de los 19 senadores santafesinos. Se armó un legajo por enriquecimiento ilícito. La Legislatura santafesina respondió en el acto sancionando por unanimidad una ley inédita en el país, sin debate, asignándose a sí misma el control disciplinario de todos los fiscales y defensores.
Además a Narvaja lo denunciaron por un delito y lo sacaron de la Fiscalía de Delitos Económicos. El caso se archivó por inexistente pero la causa contra los senadores murió a poco de nacer. A esa ley la Cámara Laboral de Rosario la declaró inconstitucional. La consideró una reprimenda al que osara meterse con corrupción política. La idea era que si un fiscal está sujeto al poder disciplinario de un legislador, investigar a un legislador, o a un político allegado, se volvería un imposible. La Corte Suprema, con contacto directo con los senadores, de manera dividida dio vuelta el fallo de Cámara. Eso se discute hasta hoy en la Corte Suprema de la Nación.
La exteriorización de Vranicich transparenta una pelea de poder real. Y la novedad es que por primera vez aparece un choque frontal entre la conducción de los fiscales y el radicalismo. Cuando en 20 meses de gestión la confluencia entre ambos, para bien y para mal, fue resaltada por todos los actores del sistema penal y político.
Los radicales quieren dirimir la cuestión disciplinaria con un tribunal controlado por el Ejecutivo. Los fiscales provinciales, al menos la parte decidida a ir contra actores no tradicionales del delito, saben que esa es la condición para que rozar a la política con investigaciones criminales se torne prácticamente inviable. Como dijo Binder, y coincide Vranicich, se trata de aumentar el control de la política sobre las instituciones judiciales.
En el campo del pullarismo han hecho público que lo que no aceptan es lo contrario. Que la cúpula del Poder Judicial, como juzgan que pasó históricamente, le marque el paso a los gobiernos elegidos con el voto popular. Es un debate fino porque lo que dicen efectivamente ocurrió. Hasta ahora los legisladores santafesinos lo que eligieron es, en nombre de ir contra eso, ponerles un torniquete a los que pretendan meterse con sus zonas oscuras.
“Hoy el jury de enjuicimiento de jueces lo conforma la mayoría de los ministros de la Corte. Esto nos juega en contra. Porque tenemos un montón de fiscales sancionados y por los mismos hechos los jueces no tuvieron sanción”, concedió Vranicich en el foro del Colegio de Abogados. “La política mira eso”, agregó.
La fiscal general recordó allí que ellos proponen que para enjuiciar fiscales y defensores haya equilibrio en el tribunal de enjuiciamiento. “Si la balanza está desequilibrada no nos espera un buen futuro. Nuestro sistema de origen en el tribunal de enjuiciamiento habla de un representante de la fiscalía, de los colegios de abogados, un senador y un diputado. Pero hay un proyecto que va por más y dice que la presidencia la tiene que tener el Poder Ejecutivo”, dijo.
Se refería al proyecto del radicalismo. Que dispone que haya en el tribunal tres senadores y tres diputados. Más el representante del Ejecutivo. Y luego un representante del Ministerio Público, uno de los abogados y uno de las universidades. “En un escenario donde de los diez consejeros siete provendrían del estamento político entre legisladores y Ejecutivo, no van a elegir un perfil técnico sino político”, dijo Vranicich.
El jueves que viene es en el bloque del gobierno donde estas cuestiones deberán alcanzar una difícil síntesis. “Que duela pero que haya unidad”, dicen en la coalición. Veremos cómo.
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