La forma en que se perseguirá el delito en Santa Fe tiene por definir un capítulo conflictivo e intrigante, que consiste centralmente en qué estatuto de conformación tendrá el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la entidad que nuclea a los fiscales desde que en 2014 arrancó el modelo acusatorio en la Justicia provincial. Las incógnitas principales se encajan centralmente en dos asuntos. Por un lado la ubicación institucional, vale decir si será un órgano del todo independiente, que manejará su propio presupuesto y designará a su personal. El segundo punto medular es si definirá por sí mismo la política de persecución del delito o deberá concertarla con otros poderes.
A un mes de la convención, estos puntos tienen a la política en profunda controversia. Ni siquiera para el gobierno que impulsó la reforma este punto está claro porque genera, en el ámbito de la coalición Unidos, ya explicitadas discordancias.
Maximiliano Pullaro admite que la cuestión ni siquiera está saldada al interior de su propio espacio. Hacia afuera el gobernador expresa que está de acuerdo con que el MPA tenga una condición de órgano extrapoder, vale decir, que no integre, ni pertenezca, ni esté en la esfera del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Avisa no obstante que en el gabinete de ministros y en el ámbito del Senado algunos de sus más próximos tienen posiciones distintas, que a él mismo le resultan atendibles.
La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, mantiene desde hace dos semanas reuniones con los distintos bloques de convencionales que participarán de la Constituyente. A todos les indica que la posición institucional es la que el MPA —que aglutina 653 trabajadores incluidos sus 159 fiscales, más 170 contratados y 154 pasantes— sea extrapoder. Los tranquiliza afirmando que eso no significa que el órgano que conduce se establezca como un cuarto poder del Estado. Sino que a los fines de su consolidación tenga autarquía financiera. Hoy la estructura administrativa para las remuneraciones del personal del MPA, un punto siempre sensible y crucial, es la del Poder Judicial. Las designaciones también dependen de la Corte Suprema por lo que la política de personal de las fiscalías provinciales implica una sujeción condicionante de la que el órgano quiere liberarse.
Todo esto significa poder, cederlo o ganarlo. Y por eso es una puja con un macizo brumoso, cambiante pero concreto como un tanque: la alianza de un sector de la Corte encabezada por Rafael Gutiérrez con miembros del Senado de la provincia.
Lo que temen sectores diversos es que un MPA autárquico financieramente y con potestad para fijar de modo exclusivo la política de persecución signifique un islote independiente desgajado de la estructura institucional. Vranicich busca llevar tranquilidad. Dice que no hay forma de no trabajar en coordinación permanente con el Poder Ejecutivo por la información de sus dependencias en relación a la cuestión criminal y por su manejo de las fuerzas de seguridad. Desde el gobierno de Pullaro le dicen que eso pasa mientras el MPA sintonice con la política del gobernador pero que puede haber quiebres. También puede haberlos, replica la fiscal general, en caso de un gobierno que deje de darle prioridad a perseguir delitos violentos.
En el gobierno hay sectores que no quieren saber nada de ceder una injerencia decisiva en el rumbo de las investigaciones. Si esa pretensión se explicita políticamente, ¿cómo se plasmaría el lugar del MPA en la Constitución venidera? La fiscal general alega que la política de persecución debe diseñarse con atención a los intereses de las víctimas, de la ciudadanía, y en procura de evitar la impunidad del delito.
En esa formulación general todos podrían estar de acuerdo. El disenso empieza cuando se arranca a hablar de qué tipo de ilícito y de qué autores. Los más reacios a conceder autonomías se lanzaron rápidamente a recortar funciones del MPA cuando investigaciones rozaron a políticos. Por ejemplo en 2016 cuando llegó a una fiscalía de Rosario una denuncia sobre manejo irregular de subsidios de senadores. Allí se puso el poder disciplinario de fiscales y defensores en manos de los legisladores y simultáneamente le inventaron una denuncia al fiscal Sebastián Narvaja que era quien impulsaba la denuncia contra los senadores.
Hace una semana el convencional electo Diego Giuliano criticó desde un panel la identificación y proximidad entre el actual MPA y el Ministerio de Seguridad que encabeza Pablo Cococcioni. Son planteos de conciliación no sencilla. En su mismo bloque tendrá a Armando Traferri, quien está imputado por asociación ilícita vinculada al juego ilegal, y quien reiteradamente ejerció acciones para que los demás poderes mantuvieran con rienda corta al MPA.
El pedido del reconocimiento constitucional de un MPA extrapoder plantea, para sus fiscales y la dotación de empleados, una política salarial equiparada al Poder Judicial, con intangibilidad de remuneraciones, y con un piso presupuestario objetivo que quede incluido en la nueva carta magna. Esto significa no pertenecer a la esfera judicial pero seguir en las mismas condiciones que funcionarios y empleados judiciales.
Esto lo proponen con el oído atento a una controversia que va y vuelve. En estos días dicen haber escuchado al ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, plantear sus reparos a la ley de enganche que conecta las remuneraciones de judiciales provinciales a los nacionales. Las objeciones es que esa conexión automática con las políticas decididas fuera de la provincia se debe pagar con el tesoro provincial. Un argumento que ya dio de manera idéntica el ministro de Economía Juan Carlos Mercier cuando en 1994 el gobierno de Carlos Reutemann se desacopló de esa ley, lo que generó un conflicto laboral durante seis meses, que concluyó con la marcha atrás de la medida.
En las reuniones con bloques de convencionales, Vranicich reivindica también que el MPA debe tener un mecanismo autónomo para la selección de sus fiscales, al estilo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con un órgano técnico administrado por el MPA, integrado con representación de todos los estamentos, que defina quiénes serán postulados para que el Poder Ejecutivo los designe con acuerdo parlamentario. Algo semejante para la cuestión disciplinaria: la remoción de fiscales debe volver, como se concibió en las leyes fundadoras del actual sistema acusatorio, con un tribunal especial administrado por el MPA, integrado con estamentos variados (representantes de legisladores y de universidades). A diferencia de lo actual donde hay un órgano híbrido a partir de que los legisladores, puntualmente tocados por investigaciones, avanzaron sobre las potestades disciplinarias y se las otorgaron. Algo que fue validado por una Corte Suprema cuya composición es hoy muy distinta.
¿Fiscales y defensores juntos?
A esta fecha en Unidos afirman, desde sus distintos sectores, no tener una posición sintetizada. Sí adelantan que en general hay acuerdo en que el MPA debe ser autárquico, manejar el presupuesto para todo su plantel, y también los concursos y designaciones de todo su personal que hoy están en manos de la Corte. Pero un sector no menor habla de un Ministerio Público a secas y ya no de un Ministerio Público Fiscal.
¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público, como pasa en la Nación y también en Santa Fe con la Procuración de la Corte antes de la reforma, incluya al Servicio Público de la Defensa Penal. ¿Fiscales que acusan del delito y defensores que asisten a imputados con un mismo jefe? Exactamente. Es algo no definido pero planteado. Porque eso simplifica todo el nivel administrativo, dicen sus impulsores en la coalición oficialista, para un órgano extrapoder que si toma la dimensión de un cuerpo tan voluminoso en estructura y funciones al menos incluya los dos institutos litigantes del modelo acusatorio.
Esta función doble, una misma cabeza que dirija a los que acusan y a los que defienden, históricamente ha recogido críticas furiosas, que entienden que intentar conciliar actividades contrapuestas bordea la esquizofrenia. Pero así está planteado. Darle a este Ministerio Público nuevo estatuto constitucional. Y que luego las funciones de cada instituto, sus atribuciones y recursos se perfeccionen en lo fino con el dictado de leyes especiales.
El Servicio Público de la Defensa tiene una peculiaridad: una conductora de una entidad estatal esencial, que lleva la palabra público en su nombre, que tiene mínima o nula presencia en el campo de la difusión. Estrella Moreno Robinson, defensora provincial, es reacia a fijar posicionamientos en cuestiones esenciales para la ciudadanía que se informa por la prensa. Pero la entidad que conduce tiene funcionarios que aspiran a lo mismo que el MPA: tener su propio personal, control de sus concursos, remuneraciones garantizadas en paridad con el Poder Judicial y nivel de Ministerio. Aunque seguro pocos o ninguno allí está pensando en convivir en una misma cartera con los fiscales.
El Servicio de Defensa tiene como pretensión, según deslizan funcionarios por debajo de Robinson, convertirse en órgano extrapoder y ser defensa integral. Esto implica que los defensores también participen no exclusivamente en asuntos penales sino en los litigios civiles, laborales y de familia. También absorber las Asesorías de Menores ya que ahora cambia el sistema de enjuiciamiento para menores punibles, que será íntegramente dentro del sistema acusatorio, donde en la provincia hay 4.000 causas que involucran chicos. Asimismo, disponer de un servicio de contacto y asesoría a víctimas y un órgano de Salud Mental, para los casos donde debe dirimirse si la persona a defender es o no imputable.
El tema es cómo se procesa una síntesis entre posiciones diferentes y a veces controversiales. Hace dos meses, al asumir el último cargo en la Corte Suprema provincial, Rubén Weder aludió rápidamente a que la Constitución debe saldar el estatuto del funcionamiento del MPA y del Servicio de Defensa. “Si bien dependen del Poder Judicial, no hay una relación, sino que parece depender del Poder Ejecutivo. Hay que definir si van a estar adentro del Poder Judicial o van a estar afuera”.
Gremios judiciales en combate
Eso saturó el radiador del MPA. La Asociación de Fiscales le planteó que su comentario era una intromisión. Pero Weder aludía, tal vez sin ingenuidad, a algo que de verdad está pendiente de dirimirse. Y en la que hay más convidados al debate que los lugares estrictamente institucionales. El sindicato judicial plantea enfáticamente sus diferencias con erigir un órgano extrapoder. Posturas semejantes aparecen en el Colegio de Magistrados que es el órgano gremial de jueces, fiscales y defensores.
Sobre el cierre de este texto el gremio de Judiciales jugó muy fuerte contra enmiendas a la actual ley del MPA y el Servicio de Defensa. Señaló que sus conductoras, Vranicich y Moreno, como responsables del posicionamiento extrapoder, “ponen en peligro el destino del trabajo y el sustento de fiscales, defensores, funcionarios y trabajadores” y a la vez de acuerdo al sindicato llevan a una “incertidumbre total” sobre carrera judicial y salarios. Rechazan la autarquía financiera. Aducen que desde las leyes de funcionamiento de ambos organismos y de presupuesto se fijaron las plantillas de personal para ambos institutos y los montos para su desempeño.
La inquietud o el miedo por el cambio institucional, si se da, se relacionan con que se resientan derechos laborales o de ingresos si se despegan del Poder Judicial. Hay también, creen desde los nuevos institutos, una relación histórica entre estas entidades con la figura de Gutiérrez. El histórico hombre fuerte de la Corte perdió peso con la renovación del tribunal, está en camino de ser retirado por el gobierno de Pullaro, pero su influencia es una construcción histórica y todavía se despliega.
“Lo que expreso en las reuniones con los convencionales electos —dice Vrancicih— es que planteamos ser un extrapoder como lo hicieron los reformadores de la Constitución Nacional del 94 pero que eso no implica erigirse como si el MPA fuera un Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Solo debemos tener la propia Superintendencia sobre nuestra administración y gestión que hoy tiene la Corte. La Corte ejerce el gobierno de los jueces. Los fiscales investigamos delitos y la Corte no debe tener superintencia o manejo de fiscales que hacen una tarea absolutamente distinta a la de los jueces”.
A exactamente 30 días de que los convencionales se sienten en sus escaños, lo que viene sobre el estatus constitucional del órgano de fiscales y defensores es aún incógnita.
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