Entre la casa de Sabrina Ortiz y el campo hay diez metros de distancia. Recuerda que, hasta el 2007, en esa zona del barrio Villa Alicia, en Pergamino, había duraznos. Después empezó a haber soja. Picazón en la piel, brotes, problemas para respirar; sin saber de qué se trataba, los primeros síntomas de envenenamiento los tuvo su hija. Con el tiempo notó que los episodios, intermitentes, seguían un patrón: aparecían cada vez que se fumigaba. Dice que no es muy difícil darse cuenta cuando fumigan, que el gusto metálico del glifosato quema en la garganta, en la lengua, en la nariz y en la boca. En 2011, cuando cursaba el quinto mes de gestación de su segundo hijo, perdió el embarazo. Las consecuencias en su cuerpo continuarían, pero para ese entonces ya estaba convencida: tenía que hacer algo para defender a su familia.
La historia de Sabrina es el eje de un juicio histórico que transcurre desde principios de febrero en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, por la presunta contaminación por el uso de agroquímicos en campos linderos a la zona urbana de la ciudad. La causa tiene imputados a siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios de Pergamino. El tribunal está conformado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodríguez de Cruz y se espera que a lo largo de las audiencias declaren alrededor de cien testigos.
En su alegato de apertura, el fiscal Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, acusó a los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos. La normativa fija una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que a través del uso de residuos “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
En la descripción de los hechos, el fiscal sostuvo que los productores fumigaron en distintos campos de su propiedad “en forma reiterada y continua” entre 2011 y 2019. En algunos casos sin respetar los 100 metros de distancia establecidos por ordenanza municipal y en otros pasando por alto la zona de exclusión de 1.095 metros establecida por una medida cautelar dictada en agosto de 2019. Ese accionar tuvo su impacto en vecinos de barrios pergaminenses como La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia.
En tanto, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, que se desempeñaban como auditor y director de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, están acusados por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. En rigor, de haber permitido que se realicen fumigaciones con agroquímicos sin los debidos controles.
A lo largo de seis audiencias ya declararon los querellantes, los policías a cargo de la investigación, vecinos afectados por las fumigaciones, personal municipal y una parte de los acusados. Para las próximas jornadas se aguarda el testimonio de peritos médicos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y diversos especialistas sobre el impacto de los agroquímicos en la salud y el medio ambiente. Las audiencias seguirán hasta abril y se espera que a fin de mes se conozca la sentencia.
La causa
Fernando Cabaleiro, abogado querellante con largo recorrido en problemáticas ambientales, no duda al hablar de un juicio “histórico” en la Argentina, que trae la oportunidad de sentar un precedente importante en la materia. Dice que es histórico no solo porque se logró sentar en el banquillo de acusados a toda la cadena de responsabilidades, sino también por la “contundencia” de la prueba que se desplegará a lo largo del juicio. Según adelantó, presentarán unas 70 carpetas médicas que demuestran el impacto de las fumigaciones.
“Nosotros hablamos de un bloque empírico, que es lo que le pasa a la gente en el territorio. Estamos en esa etapa del juicio oral donde escuchamos el testimonio de los vecinos de los barrios fumigados de Pergamino. Son relatos muy crudos, donde las víctimas van narrando la historia que padecieron durante años”, explicó en diálogo con Suma Política. “Ahora va a empezar un bloque más científico, testimonios de conocimiento. Son médicos, bioquímicos, químicos, ingenieros que vienen estudiando el tema y van a aportar documentación científica sobre el impacto de los agrotóxicos en el ambiente y la salud”, añadió.
En ese sentido, recordó que, desde 2019, rige en Pergamino una medida cautelar que establece zonas de exclusión a 1.095 metros de la zona urbana de la ciudad. Según el abogado, parte de los testimonios del juicio aportan un dato revelador. “Los vecinos relatan que los problemas que aparecían cuando les fumigaban a metros de sus casas hoy no están más. Sí quedan las secuelas por la exposición crónica durante muchos años, pero los episodios agudos, ante cada aplicación, ya no están”, expresó y agregó: “Eso muestra la eficacia de la medida cautelar y que los responsables directos de esas situaciones eran los propietarios de esos campos que hoy están imputadas en el proceso”.
Cabaleiro describió como “fuertes” todos los testimonios que se escucharon durante el proceso, principalmente el de las mujeres, que ahondan en la salud de sus hijos por encima de la propia. “En las audiencias vemos como un patrón: las mujeres, que también han tenido problemas de salud, y en algunos casos muy graves, centralizan en los problemas que han tenido sus hijos. Detrás de eso hay un dolor muy fuerte, pero también mucha valentía. Es un dolor que las determinó para salir a denunciar todo esto y reclamar justicia”, sostuvo. “La denuncia de Sabrina Ortiz es una suerte de representación de toda esa lucha”, completó.
Genotoxicidad
La pérdida del embarazo fue un quiebre en la vida de Sabrina. Habla de un antes y un después. Para ese entonces ya había visitado despachos y dependencias municipales en busca de respuestas que no aparecieron. En la ciudad tampoco encontró abogados ambientalistas que la acompañaran a hacer una denuncia en Fiscalía. Una depresión profunda la dejó varios días sin poder salir de su cama. Cuenta que entonces, una mañana, su hija la fue a buscar. Mientras acariciaba la mano blanca y diminuta de su hija vio un manchón rojo de la última fumigación. Eso la sacudió de la cama.
“Me dije que si nadie iba a hacer nada por ella, lo tenía que hacer yo misma, que soy su mamá. Ahí se me ocurrió empezar a estudiar derecho”, recuerda en diálogo con Suma Política. Entre cursadas, rendidas, y su trabajo como docente, la vida siguió su curso. Sabrina volvió a ser mamá y, pese a algunas complicaciones, su bebé nació sano y salvo. Pero las fumigaciones siguieron.
“Para ese entonces mi hija empezaba a tener problemas más complejos que, en ese momento, no relacionábamos con los agrotóxicos. Eran problemas motrices, en las articulaciones. La vieron varios médicos, hicimos tratamientos, me dieron medicaciones, pero ella solo empeoraba. Recién cuando la vio el especialista número catorce, en la ciudad de Buenos Aires, me preguntaron dónde vivíamos. Ahí les dije que al frente de nuestra casa se fumigaba. Nos derivaron primero a infectología y después a toxicología”, relató. En paralelo, su hijo más chico también enfermaba, pero con síntomas y diagnósticos distintos.
Los análisis realizados en el Hospital Austral de Pilar arrojaron que su hija tenía cien veces más de sustancias agrotóxicas de lo que su cuerpo podía tolerar. “Su sistema inmune está explotado”, le dijo la doctora. En su hijo más chico, la cifra era mayor: ciento veinte veces más. “En el más chiquito descubrieron que tenía cadenas ganglionares que podían obstruir sus intestinos. También alteraciones en lo que es el sistema endócrino, se le disparaban algunas hormonas y después le daban normal. Él se perdió casi todo el jardín y no tuvo la vida de un niño”, recordó.
La salud de Daniela también empezó a sufrir consecuencias: dos accidentes cerebrovasculares con secuelas que arrastra al día de hoy. La familia decidió hacerse estudios de genotoxicidad y comprobaron lo que no querían: ella y sus hijos tienen daño genético. Lo explica con las mismas palabras que usaron sus médicos: “El veneno se va comiendo el ADN y lo va destruyendo”.
Denuncias
Daniela realizó la primera denuncia en 2011. De a poco su historia se fue haciendo conocida. La llamaban de las radios locales, algunos medios se hacían eco de su denuncia. Pero lo más importante fue lo que sucedió con sus propios vecinos. “Yo trabajaba todo el día y a muchos de mis vecinos no los conocía. Cuando empezamos a denunciar aparecieron otras madres diciendo que a sus hijos les pasaba lo mismo, pero no sabían por qué. Nos dimos cuenta de que éramos muchos en la misma situación y empezamos a mover un poco el avispero”, cuenta.
En esa dinámica, su historia se cruzó con la de María Alejandra Bianco, una vecina del barrio Santa Julia. La historia de su familia está atravesada por el cáncer: su pareja —fallecida en 2020— en el páncreas, su hijo más chico debió ser operado por un cáncer de tiroides, el mayor fue sometido a quimioterapia por una enfermedad autoinmune en la sangre. Se dio cuenta que algo pasaba y decidió salir a preguntar por el barrio. Lapicera y papel en mano, hizo un censo casero: detectó 53 casos de cáncer en unas pocas cuadras. A mediados de febrero, María Alejandra relató con detalle su historia ante los jueces, durante la segunda audiencia del juicio.
Sabrina se recibió en 2017 y un año después se matriculó. Lo primero que hizo fue presentarse nuevamente en la Justicia provincial, como damnificada y abogada en representación propia, y de sus hijos. Pero el expediente prácticamente no se movió. Entonces optó por tomar otro camino: realizó una denuncia anónima ante la Justicia Federal. Una semana después, el juez había ordenado siete diligencias para que la Policía Federal iniciara la investigación. Fue la primera vez, dice, en donde sintió que la escuchaban.
El juicio se da luego de ocho años de investigación. Sabrina sostiene que el expediente está repleto de pruebas científicas desarrolladas, no solo sobre el cuerpo de las personas sino también del ambiente. Como ejemplo, cita el estudio realizado por el INTA en 2019 sobre los pozos de agua de Pergamino, donde se detectó la presencia de 18 agrotóxicos. “Lamentablemente, para muchos se llega tarde. Pero sabemos que hicimos lo que pudimos desde nuestro lugar para cambiar las cosas. Son muchos años de pelearla y todavía falta”, dice Sabrina.
También habla del desgaste que implica un proceso del estilo, no solo en el cuerpo sino también en el bolsillo. Por eso, los denunciantes piden la ayuda de la comunidad para poder afrontar los gastos que demanda el juicio. Armaron un alias común: causa.pergamino. “Lo que deseamos es que haya justicia y que esto siente un precedente histórico para la salud de las personas y el cuidado del ambiente. Situaciones como las que vivimos no pueden pasar más”, finalizó.
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