Cuando promediaba la segunda mitad de 2025, asociaciones de industriales rosarinos comenzaron a alertar que “no llegaban a marzo” sin asistir a un colapso del sector. Tras las elecciones legislativas, en las que se impuso La Libertad Avanza, esa línea roja se adelantó. En diciembre, una ola de cierres y despidos agitó el cambio de año. En los últimos días, el cierre de la fábrica de neumáticos Fate tomó el lugar icónico de una crisis que sintetiza los efectos negativos del ataque a la producción industrial y al sistema de relaciones laborales y sociales que la tiene como centro.
A fines del año pasado, durante un encuentro organizado por la CTA Autónoma, Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), recordó que la limitación de la jornada laboral, el reconocimiento de derechos, la construcción de ciudadanía social y la instalación de protecciones fueron conquistas defensivas de la clase trabajadora. Pero al mismo tiempo expresaron un pacto, siempre tenso, en el que “el capital industrial encontraba condiciones de reproducción que incluían, entre otras cosas, un mercado interno vigoroso”. Hoy, en cambio, la inversión del empresario “se diluye en la especulación del accionista y la rentabilidad deviene cada vez más renta que ganancia”.
En este marco, no es casual que en medio de la crisis más profunda desde 2001, una coalición política patronal se impusiera en la votación parlamentaria para dejar al borde de la aprobación una ley que convalida, promueve y en muchos casos impone el trabajo precario. Al tiempo que transfiere el equivalente de 2.500 millones de dólares al sector financiero a través de los fondos de despido, mediante un mecanismo que será subsidiado por la seguridad social. O, como sus mismos promotores decían en otras épocas, con “la plata de los jubilados”.
La ley es “fundacional”. El Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma la calificó como “el ataque más importante a la ley de contrato de trabajo desde 1976”. Entre otras cosas, abarata y facilita despidos, personaliza y flexibiliza la relación laboral, extiende la jornada de trabajo, debilita la negociación colectiva y prácticamente deja sin herramientas de reclamo a los trabajadores. En definitiva, desplaza la tutela del Estado desde los trabajadores a la patronal.
La industria en el galpón
Esa misma tutela desaparece, con el aval de muchas entidades empresariales, frente al triple efecto de la caída de la actividad, el aumento de los costos financieros y tarifarios, y el subsidio a las importaciones. Los relevamientos sobre el cierre de establecimientos y el despido de personal se volvieron frecuentes. El último reporte del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) actualizó la cuenta a noviembre pasado: 22 mil empresas y casi 300 mil trabajadores menos en veinticuatro meses.
La Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) de Santa Fe actualizó este mapa para la economía provincial: 2.341 empresas y 10.484 trabajos registrados menos desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. El 75 % fue en la industria. Se destacan por la negativa las cadenas de línea blanca (-1.029), maquinaria agrícola (-964) y automotriz (-830).
Las unidades de mayor tamaño expulsaron más trabajadores: 2.633, equivalente a una pérdida de 11,6 %. Las más pequeñas, en cambio, son mayoría en lista de cierres. Un indicio, señala la entidad, de que en esta franja se sostiene el empleo “a pesar de las condiciones adversas”. Esto obedece, estima, a que “el proceso de selección, contratación y formación de un trabajador reviste una dificultad mayor”. Es así que, “cuando la caída del consumo y la presión importadora vuelve insostenible el funcionamiento directamente se decide el cierre”.
A través de su Observatorio de Importaciones, Apyme registró en sus últimos reportes un aumento de las empresas importadoras a nivel nacional. En diciembre de 2025 fueron 13.079, récord en los últimos ocho años. El análisis acercó la lupa a 15 cadenas productivas que vieron crecer en dos años un 49,7 % la cantidad y 54 % el valor de las compras al exterior. En sectores que son estratégicos para Santa Fe, como el automotor, la maquinaria agrícola, la línea blanca, los lácteos y los muebles, se registraron máximos desde 2015. Solo en 2025, el volumen ingresado de carne de cerdo aumentó 142,7 % interanual, el de pollo 388,7 %, el de productos de línea blanca 220,4 % y el de maquinaria agrícola 120,5 %.
“Las cadenas productivas que más empleo generan en la provincia muestran récord de importaciones y mayor caída de empleo”, agregó el informe, en el que se destacó que la combinación de desregulación comercial, tipo de cambio, costos de servicios y condiciones de financiamiento está “modificando los incentivos económicos”, de tal manera que muchas empresas “encuentran más rentable importar que producir”. Todavía resuenan las palabras del presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martin, en el acto de fin de año de esa entidad: “Los que vivieron la experiencia de los 90 adelantaron esta vez la decisión de convertirse en importadores”.
En este punto, la incógnita es si todas podrán insertarse como oferentes de logística y distribución frente a un mercado interno que se achica y al crecimiento récord de importaciones por courier a través de plataformas como Shein, Temu o Mercado Libre.
Presente griego
Presentada como reparación ideológica para los empresarios, la reforma laboral contribuirá, en rigor, a deprimir la demanda junto con los ingresos salariales. El beneficio será marginal para las pocas cadenas habilitadas para insertarse en el nuevo esquema de división internacional del trabajo, menos guiado por las ventajas comparativas que por las decisiones políticas de un puñado de Estados poderosos, entre los que no está Argentina. Por otra parte, la reducción de aportes sociales promocionada por el ministro Caputo se limita a un régimen temporal y condicionado a nuevas contrataciones, que probablemente no abunden por la recesión, la extensión de la jornada laboral y el abaratamiento de las horas extras.
Aun con la muerte del paciente, la operación fue un éxito para el oficialismo, al menos en lo inmediato. La coalición de senadores, diputados y gobernadores que dejaron a la norma al borde de la sanción definitiva, se sienten cerca de completar, en el cuarto intento desde 1976, la devolución de la estructura económica argentina a los estándares del siglo XIX.
Pasarán a la historia por eso. “Cada despido, cada pyme y empresa cerrada tendrá nombre, apellido y rostro de cada legislador que levantó la mano”, los maldijo Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones, gremio integrante de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf). Los embarcados de la marina mercante fueron expulsados, por esta reforma, de la ley de contrato de trabajo.
Martín Lucero, titular de Sadop (docentes particulares) y secretario adjunto de la CGT Rosario, se expresó en sintonía: “Muchas veces la representación no está a la altura del pueblo, quiero saber cómo van a hacer algunos para caminar por el cordón industrial de San Lorenzo”.
Gremios en la calle
Aun con la derrota legislativa, la pelea contra la reforma laboral mostró a las organizaciones sindicales recuperando algo de gimnasia y protagonismo, en un momento clave ya que la conflictividad crece a la par de la crisis de representación política.
El tardío despertar de los grandes tanques gremiales, sumado a la transformación que operó en el mundo del trabajo mientras muchos de ellos dormían, no alcanzó para frenar una reforma que asesta un golpe muy serio a su propia existencia. Pero “la fortaleza”, como describe el investigador Luis Campos a ese complejo y vasto mundo que es el movimiento obrero argentino, mostró señales de vida que pueden ser relevantes de cara al escenario económico y social que se viene.
La consolidación de espacios de convergencia del sindicalismo más combativo, algún indicio de renovación y discusión interna en la CGT, y la decisión de volver a la calle contribuyó a construir, a los tumbos y con artillería algo oxidada, un paro general fuerte en la mayoría de los sectores claves de la economía, más allá del entusiasmo con el que algunos grandes medios rastrillaron el centro para relevar locales abiertos. La normalización de la central obrera rosarina cumplió con la tarea de comprometer a organizaciones de peso con la acción colectiva y esquivó en su debut el destino de sello superestructural que marcó a experiencias anteriores.
Mientras se discuten las acciones para cuando el proyecto de reforma se trate en revisión del Senado, hay dirigentes como el secretario general de ATE, Ricardo Aguiar, que se entusiasman con ver en la victoria del oficialismo un triunfo pírrico equiparable al de Mauricio Macri con la reforma previsional de 2017.
Recalculando
Faltan varios kilómetros para corroborar, o no, esas expectativas. El contexto es de mayor debilidad para las organizaciones que protestan. Pero sí aparece más claro que el conflicto social irrumpió en el radar de la política.
Con el argumento de la adhesión del transporte a la huelga, el gobierno provincial declinó esta vez descontar el día a los empleados públicos. En el discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció dos medidas que formaron parte de la disputa con los gremios del sector público: achicó a un mes el delay de aumento en los haberes del sector pasivo y aseguró que no prorrogará más allá del tercer trimestre de este año el aporte extra para la Caja de Jubilaciones.
Un eco de la negociación que permitió cerrar el conflicto policial se dejó ver en la oferta que realizó el gobierno provincial a los gremios del sector público en el marco de la paritaria, sobre todo en la aparición de algunos pisos y refuerzos salariales. A los docentes les ofreció garantizar un salario mínimo de 1,2 millón de pesos para los maestros de grado con 25 horas semanales sin antigüedad, que se eleva a 1,3 millón con el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (Fopcid). Al igual que pasó con las fuerzas de seguridad, pone a la base más cerca de superar la canasta de pobreza del Indec.
Tanto en esta mesa como en la de la administración central, la propuesta oficial garantiza un incremento mínimo de 170.000 pesos desde febrero. También ofreció el 3 % de compensación por el desfase inflacionario de los últimos dos meses de 2025, tomando como base los salarios de diciembre e incluyendo la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo. Para el primer semestre, la suba propuesta fue del 12,5 %, distribuido en base a las expectativas inflacionarias relevadas por el Banco Central: enero 2,6 %; febrero 2,1 %; marzo 2,2 %; abril 2 %; mayo 2 %; y junio 1,6 %. Sumó ofertas especiales para mejorar los suplementos de asistentes escolares y hospitalarios, así como para trabajadores del nuevo sistema penal juvenil.
El viernes, UPCN y ATE provincial aceptaron el ofrecimiento. La secretaria general de los estatales de Rosario, Lorena Almirón, picanteó: “Parece que con una 9 milímetros en la cintura merecés un 40 % de aumento salarial pero si no merecés un 12,5 % en cuotas”. En el caso de los docentes, la asamblea provincial de Amsafé rechazó la propuesta del gobierno por el 99,5% de los votos. El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, dijo que la oferta es “totalmente insuficiente” porque “no contempla cláusula de actualización, deja abierta una mayor pérdida salarial ante la inflación y no responde a la caída acumulada del salario”. Además, cuestionó el anuncio oficial sobre el piso salarial. “No sabemos de donde salen los números oficiales”, dijo. Precisó que, según el acta paritaria, un maestro que se inicia cobrará en junio 1.037.205 pesos. Así las cosas, habrá actividades de protesta en plazas de toda la provincia durante la semana próxima, mientras que el 2 de marzo se realizará un paro de 24 horas. Luego, una “carpa blanca” recorrerá los 19 departamentos. El agite de maestros y maestras, por fuera de esta orgánica, ya comenzó hace unos días con concentraciones autoconvocadas en pequeñas localidades del norte y sur santafesino.
En el marco de sus críticas, Almirón advirtió que la inflación se acelera, en sentido contrario a la escala de expectativas que la provincia toma del REM para el primer semestre. Una primera mitad en la que, como señaló en su momento el economista Cristián Módolo, “se verán las consecuencias de la derrota de la economía real” en las últimas elecciones.
Al defender la oferta paritaria provincial, la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, Malena Azario, se acercó a este último diagnóstico. Fue cuando destacó el “gran esfuerzo del gobierno” en un contexto en el que “la recaudación provincial cayó un 10 %”.
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