Esta vez fue el turno de la EPE. Antes habían sido el desmanejo en Aguas Santafesinas y el envío de fondos para comedores fantasmas. Lo más visible de la herencia que dejó el gobierno de Omar Perotti son deudas, dudas y desprestigio para el Estado provincial.
Los casos de la EPE y Aguas tienen el mismo sello. La empresa proveedora de la energía en la mayoría de las localidades de la provincia arrastra un déficit operativo de 30 mil millones de pesos “por la decisión arbitraria de mantener congeladas las tarifas”. Aguas Santafesinas SA tenía en enero de este año un atraso tarifario del 584 por ciento y una dependencia absoluta del Tesoro provincial, al punto tal que sólo el 10 por ciento de sus ingresos provenía del cobro de las tarifas.
La decisión política del gobierno de Perotti en ambos casos fue congelar tarifas y que la provincia asumiera las pérdidas, pero como la inyección de fondos resultó insuficiente provocó un deterioro en la calidad del servicio. ASSA, por ejemplo, llegó al récord de 10 mil reclamos en Rosario, cuando la media histórica se ubica entre tres y cuatro mil.
El nuevo presidente de la EPE, Hugo Marcucci, fue el encargado de transmitir los resultados de la auditoría realizada en esa empresa a pedido del gobernador Maximiliano Pullaro.
La auditoría tomó datos comparativos de los períodos 2020-2023 y 2015-2019, bajo el gobierno del Frente Progresista. Marcucci dijo que se detectó una pérdida mensual de 4.200 millones de pesos por “fraude o robo de energía”, lo que representa un 7,32 % de la energía operada.
Esto se reflejó en que hubo un 31 % menos de inversión en bienes de capital durante el período 2020-2023 contra el período 2015-2019. Según datos de la auditoría, la calidad del servicio cayó en un 8,5% y con cortes que duraban un 23% más de tiempo que en el período anterior. “Eso genera muchísimos perjuicios en la calidad del servicio, problemas de tensión con las líneas, pero también es parte de la energía que nosotros pagamos y no cobramos, y no estoy hablando de sectores que por condición social tienen esta dificultad, sino también de aquellos sectores que pudiendo pagar energía, nos roban a todos los santafesinos”, precisó Marcucci.
Un dato elocuente de que el congelamiento de tarifas no buscó favorecer a los sectores más vulnerables, es que les fueron otorgados planes a tasa negativa a los grandes usuarios.
Las conclusiones del trabajo arrojan: inexistencia de visión estratégica, insostenibilidad económica, deterioro en la calidad del servicio, ineficiencia de procesos y falta de innovación tecnológica.
Entonces, reaparecen una vez más las mismas preguntas: ¿cuál fue la finalidad de Perotti al desfinanciar las empresas, desmejorar los servicios y generar un cuestionamiento social a su funcionamiento? ¿Quiso dejar instalada una bomba de tiempo para que le explote a su sucesor o tuvo un objetivo a largo plazo, más de fondo? Estos días, después de muchos años, reaparecieron las consultas sobre una eventual privatización de la EPE. O tal vez no haya que hacer tantas especulaciones y aceptar que fue inoperancia.
Sin ser la misma situación que la EPE y ASSA, las irregularidades en la gestión de comedores y merenderos —cuyo funcionamiento es vital para miles de santafesinos— contribuyó en la gestión Perotti al desprestigio del rol del Estado. La auditoría que está llevando adelante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano reveló que casi el 50 % de los fondos auditados presentó algún tipo de irregularidades.
Los casos más graves tienen que ver con suplantación de identidad para cobrar indebidamente fondos públicos y con envíos de partidas a lugares donde debían funcionar comedores o merenderos y eran terrenos baldíos o galpones vacíos. Así lo detalló Sergio “Checho” Basile, secretario de Desarrollo Territorial del ministerio, a Suma Política el 16 de marzo pasado (la nota, acá).
El tema llegó a la Justicia provincial con las denuncias presentadas por el Gobierno y los particulares damnificados.
Un hilo conductor
EPE, ASSA y comedores son tres áreas diferentes con un eje en común: una gestión cuestionable que dañó al Estado provincial.
En el caso de la EPE, Marcucci aportó otros datos de la auditoría:
— Hay 869 expedientes de factibilidades sin resolver en toda la provincia por 85.000 millones de pesos, de los cuales 200 edificios pertenecen a Rosario por 25.500 millones de pesos. Estas conexiones están en mora.
— La EPE tiene un 27 % de clientes entre morosos e incobrables por un monto total de 53.000 millones sólo en 2023, y ante esta situación “nadie acciona, nadie intima, y esto hace que la morosidad vaya creciendo”.
— Debe 1.500 millones de pesos en obras y 3.246 millones a proveedores.
— Déficit operativo de 30 mil millones de pesos.
— La deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Camessa) representa 200 millones de pesos mensuales y se dejó de pagar al comienzo de la gestión de Perotti. Se hizo un convenio del que quedan 72 cuotas (de 96) por un total 19.000 millones.
— Se otorgaron planes para grandes usuarios a tasas negativas. “Tenemos en el 2023 una tasa del 30 % cuando la inflación corría al 211 %. Eso también es una herencia que tenemos, lo hemos revertido, pero hubo pérdidas importantes en el orden de los 26.000 millones”, dijo el funcionario.
Las declaraciones de Marcucci no hacen más que describir un panorama similar al que denunció la presidenta de ASSA, Anahí Rodríguez, en una entrevista que Suma Política publicó el 27 de enero pasado. “El abandono fue tan grande que lo ven todos los usuarios, la retirada del Estado ha sido total. No es una situación que se vaya a solucionar de un día para otro”, dijo para advertir la gravedad del problema (la entrevista completa).
El panorama que detalló en ese momento fue el siguiente:
— Retraso tarifario residencial. La propia empresa pidió en junio de 2023 un aumento del 128 % para aplicar este año, pero la inflación y las devaluaciones empeoraron el panorama. Un informe del Enress del 5 de enero pasado sitúa el atraso en un 584 por ciento.
— Ecuación económica negativa. El 90 % de los ingresos de ASSA provienen actualmente del Tesoro Provincial y el 10 % del cobro de las tarifas. En 2019 las cuentas eran diametralmente opuestas, ya que la empresa generaba el 85 % de sus recursos.
— Récord de reclamos. En Rosario hay más de 10 mil reclamos pendientes de solución. Nunca la ciudad tuvo un techo de esta magnitud; la media histórica se sitúa entre 3 y 4 mil. El mejor momento fue en 2014, cuando los reclamos de los usuarios se lograron reducir a 1.400.
La conclusión a la que arribó Rodríguez es lapidaria. “Nunca la empresa estuvo en esta situación. Estamos muy lejos de los parámetros de calidad en la atención al usuario, de eficiencia interna y externa para una empresa de la magnitud de ASSA, que provee agua potable a dos tercios de la población de la provincia”.
EPE, ASSA y comedores, tres ejemplos de mala praxis en la gestión de políticas públicas. Pero el Estado no es bobo. Hay buenos y malos funcionarios, buenos y malos gobiernos. Y quizás también algún gobernador con intenciones políticas que no fueron explicitadas.
El fantasma de la privatización
Después de los números expuestos por Marcucci, reapareció la mención a la posibilidad de la privatización de la empresa. Fue el gobernador Pullaro quien validó el tema ante una pregunta periodística. “Hay varios interesados en empresas energéticas en el país. Hay fondos árabes interesados en más de una empresa en el traslado y producción de energía”, dijo el mandatario. No obstante, aclaró que el objetivo de su gobierno “es seguir trabajando por una empresa eficiente, que se hagan los ajustes que deben hacerse para sanear sus cuentas y pueda invertir”.
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