La auditoría que se está llevando a cabo en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia reveló una serie de irregularidades que ponen en la mira a funcionarios de la gestión Perotti. Los casos más graves tienen que ver con suplantación de identidad para cobrar indebidamente fondos públicos y con envíos de partidas a lugares donde debían funcionar comedores o merenderos y en realidad eran terrenos baldíos o, en el mejor de los casos, galpones vacíos. ¿Corrupción, ineptitud, desidia? Las denuncias ya fueron presentadas en la Justicia provincial.
El gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro dio de baja 92 tarjetas institucionales —nombre con el que se designa a quienes reciben dineros públicos para comedores y merenderos— por distintas irregularidades que se habrían cometido entre 2019 y 2023.
La auditoría que se está llevando a cabo en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano relevó hasta el momento el 25 % del total de 799 comedores: casi el 50 % de los convenios registrados presentó algún tipo de irregularidades.
El único caso que tomó estado público es el del comedor Protegiendo Sueños San Lorenzo, apuntado porque habría sido en realidad una pantalla para financiar la campaña a intendente del concejal peronista Esteban Aricó. La entidad recibió unos dos millones de pesos mensuales.
Pero no es el único. “Los casos más graves son de supuesta suplantación de identidad donde una persona recibía fondos públicos del gobierno y no sabía de la existencia de esos fondos”, dijo Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio, a Suma Política. “Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes y los afectados hicieron lo mismo”, agregó el funcionario. “También nos encontramos que en lugares a los que se enviaban fondos para un comedor o un merendero, había un galpón vacío o un terreno baldío”.
Como el tema está en la Justicia, desde el Ministerio evitan por el momento dar nombres de los implicados o direcciones; las denuncias dan cuenta de las irregularidades y será la Justicia provincial la que determine si tienen sustento y, en ese caso, si hay funcionarios del gobierno de Perotti implicados.
Los detalles están contenidos en el informe interno que vienen trabajando funcionarios y personal de carrera del ministerio que, según relatan las autoridades actuales, desde hace tiempo proponían hacer el relevamiento.
“Las irregularidades más importantes son los lugares inexistentes que recibían fuertes sumas de dinero; muchos de ellos superan el millón de pesos por mes, en algunos eran varios millones y en uno de los casos cerca de 20 millones”, sostiene Basile.
Los montos que percibe cada comedor o merendero tiene que ver con la cantidad de gente que atienden; de eso depende el número de raciones que se les envían.
También se encontraron instituciones con falta de rendición de cuentas de varios meses; algunas fueron suspendidas provisoriamente y en ese tiempo pusieron en orden sus presentaciones, mientras que otras no lo hicieron y fueron suspendidas definitivamente. “A aquellas que regularizaron continuamos con los envíos, la idea es no cortar por cortar y menos en este contexto social”, dijo Basile para explicar las políticas oficiales. “A todas se les dio continuidad, y a las que presentaban dificultades las convocamos”, insistió.
No se detectaron irregularidades en la provisión de partidas ni en las compras a proveedores.
“Cuando llegamos, con la ministra Victoria Tejeda encontramos un desorden total en el área; lo que nos propusimos fue comenzar a ordenar, transparentar los procedimientos y, paralelamente, ordenar una auditoría”, explicó Basile.
Con índices de pobreza que superan el 55 % y de indigencia del orden del 15 %, en la provincia hay más de 300 mil personas alcanzadas por los planes alimentarios del gobierno santafesino. A la dramática situación social se suma que todos los programas son sostenidos por las arcas provinciales, ya que en diciembre se cortaron las partidas desde la Nación. La inversión de la provincia trepó de 1.090 a 1.900 millones mensuales.
“Hay muchas instituciones que trabajan muy bien frente a esta realidad que vivimos”, dijo en su momento la ministra Tejeda, una aclaración necesaria para mantener la confianza en el funcionamiento general de la asistencia.
Actualmente hay tres programas en marcha: tarjetas institucionales, la tarjeta única de ciudadanía —destinadas a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad— y el Prosonur (Programa Social Nutricional).
Además, el Ministerio de Desarrollo Humano también atiende casos de emergencia —por ejemplo hídrica—, que van por fuera de los montos asignados a los tres módulos alimentarios.
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