Una imagen vale mil palabras y para el caso de la seguridad en Rosario hay material para elegir. Quizá ninguna sea tan elocuente como la foto de una comisaría que se atrinchera con vallas en prevención de tiroteos, como se vio en Ludueña y en Empalme Graneros. La pérdida de autoridad de la policía provincial, sometida a la violencia como cualquier hijo de vecino y a la defensiva contra los grupos armados, no puede ser más evidente. Pero si los delitos en la calle y el narcomenudeo son problemas compartidos con otras grandes ciudades, ¿cómo se explica la crisis de la seguridad en Rosario y por qué, en particular, la tasa de homicidios aumenta en la ciudad mientras disminuye en el resto del país?
La pregunta se repite una y otra vez en artículos, informes y libros de producción reciente, desde Dejar matar, dejar morir, el informe que difunde hoy el Observatorio de Política Criminal que dirige Ariel Larroude, a la octava entrega de Geografía narco, del diputado provincial Carlos Del Frade, pasando por Ciudad de pobres corazones, libro del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, y los artículos que publica en distintos medios Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata.
Los estudios del caso Rosario podrían extraer más argumentos del informe de gestión que presentó Jorge Baclini como despedida del cargo de fiscal general del Ministerio Público de la Acusación: la tasa de esclarecimiento de los homicidios en Rosario va en pronunciado descenso desde 2019 y el año pasado alcanzó al 33,1 por ciento de los casos; cuatro de cada diez presos llegaron a las cárceles santafesinas por robos, al menos dos de cada diez por homicidio doloso y otros cuatro de esos diez no tienen condena firme.
Menos visible pero igualmente significativo en el Informe de gestión del MPA es el reporte sobre la intervención de la Sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal. La medida fue dispuesta en abril de 2022 después de que un agente con apenas tres meses de servicios en la policía canjeó 11 armas secuestradas en procedimientos por una moto. El suceso puso al descubierto el descontrol en el área y demostró que la propia policía es proveedora de armas para grupos delictivos, como se comprobó también en procedimientos donde jefes de comisarías tenían armas con numeraciones borradas en sus domicilios.
La Sección Balística carecía de un registro; a ojo de buen cubero los observadores calculaban que había unas 3 mil armas de fuego pero la intervención encontró 4.500 —de las cuales un número no precisado no está relacionada con ningún legajo, por lo que no se sabe de dónde vienen— y 50 mil municiones. “Además, se encontraron más de 15.000 evidencias incriminadas sin trazabilidad provenientes de las Inspecciones Técnicas Oculares en el marco de los hechos de balaceras y homicidios cometidos en la ciudad de Rosario”, detalla el Informe rubricado por Baclini. La Sección Balística ya no puede funcionar como depósito, una medida de prevención contra el tráfico de armamento.
La política de mirar para otro lado
En Dejar matar, dejar morir, documento que sigue al informe preliminar Un sueño de paz, el abogado y consultor en seguridad Ariel Larroude apunta dos factores del nivel de la violencia letal en Rosario: “una mutación en la teoría del doble pacto que históricamente reguló el trabajo de la policía” por la cual la policía provincial, lejos de mantener la criminalidad bajo la alfombra como habría sido el caso hasta los gobiernos del Frente Progresista, “ha potenciado la disputa violenta entre bandas dedicadas al narcotráfico y sus procesos de diversificación criminal”; y la desorientación del Estado “a la hora de intervenir en el mercado de estupefacientes”, patentizada en el giro del actual gobierno de la provincia desde la propuesta de conducir políticamente a la policía a delegar el mando de la seguridad nada menos que en la policía santafesina, como quien dice una cosa y después dice la otra.
Sain describe a Rosario como una anomalía en la que se asocian la violencia narco y “el Estado compinche”. La hipótesis de Ciudad de pobres corazones, libro en el que no se refiere a su desempeño como ministro de Seguridad, es que la violencia está determinada por el quiebre de la regulación ilegal del negocio narco y proliferación de grupos delictivos “con baja capacidad de gerencia de los territorios y extremadamente impetuosos que ejercen el negocio”.
Una de las singularidades del caso Rosario, dice Sain, es la divergencia con las prácticas ortodoxas de las organizaciones criminales, que no confrontan con el Estado ni hacen de la violencia permanente una estrategia. Desde la balacera contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en 2013, los grupos locales sostienen un enfrentamiento a través de tiroteos y atentados de frecuencia periódica: la violencia es constructiva, destaca Sain, ya que funciona como fuente de prestigio y de vigencia en el mercado.
El “bloque histórico de poder” que describe el ex ministro —la constitución de esa entente de socialistas, radicales y peronistas remitiría al gobierno de Bonfatti— coincide con lo que Del Frade denomina PUS, el “Partido Único Santafesino”, “la unidad estructural de los bloques dominantes de la política, los grandes medios de comunicación, las empresas hegemónicas, los tres arzobispados más poderosos y la eternidad de un poder judicial que responde al sistema”, como lo define en el libro Geografía narco 8.
Del Frade traza un panorama histórico del narcotráfico en la región —desde un embarque de cocaína detectado en el puerto de Rosario en abril de 1978—, se detiene en “el mosaico roto del presente” y propone un programa que incluye el acuerdo de las fuerzas con representación legislativa para construir una política de seguridad democrática, el control bicameral de las fuerzas de seguridad y el “enfrentamiento y eliminación de los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales”. Esos puntos básicos, sin embargo, “parecen cada vez más un libelo de ciencia ficción, una especie de sainete desubicado ante la resignación consensuada del PUS, ahora también corrida por derecha por la irrupción de fascismos alimentados por las redes sociales”.
El Observatorio de Política Criminal insiste en la necesidad de reemplazar íntegramente a la policía por fuerzas federales. La propuesta también ha sido formulada por otros referentes, entre ellos la ex ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic: “Hay que retirar del patrullaje, de las comunicaciones y del trabajo de calle a la policía de Santa Fe y dejar solo a las fuerzas federales. Es lo que se hace con la Gendarmería en la Villa 1-11-14, en el barrio Padre Ricciardelli de la ciudad de Buenos Aires, desde 2011”.
La tesis del doble pacto fue enunciada en 2010 por Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. El primer pacto involucra a la dirigencia política con las fuerzas de seguridad y consiste en entregar “poder y cierta protección (impunidad, mirar para el costado, dejar hacer negocios)” a cambio de evitarse el problema de generar una política de seguridad y de participar en los beneficios de la caja negra. En el segundo pacto, las fuerzas de seguridad arreglan con organizaciones o sectores de la criminalidad e intercambian tolerancia hacia ciertas actividades a cambio de que se mantengan dentro de carriles que no perturben a la opinión pública y al electorado, y de una tajada importante en los beneficios.
Según el análisis de Larroude, el doble pacto no se quebró en Santa Fe sino que tiene una vuelta de tuerca todavía más desquiciada: “Ese pacto dado entre la policía, la delincuencia y el poder político (…) se ha dinamizado y ha adquirido formas mucho más promiscuas y peligrosas”, dice. En particular, “ciertas estructuras policiales no se limitan a regular la violencia letal para mantenerla dentro de índices delictivos tolerables, sino que la orientan, la acondicionan y la potencian para que esta se desarrolle sin control alguno en la periferia de la ciudad”.
La clase política santafesina acompaña ese cambio con una nueva declinación de su responsabilidad, agrega Larroude en Dejar matar, dejar morir: “Ha decidido no intervenir frente a la criminalidad salvo en aquellos casos donde la envergadura de los hechos suponga una crisis que atente contra la gobernabilidad, cuestión que solo se da cuando estos se mediatizan y se desarrollan frente a lugares y sectores poblacionales alejados de los territorios de disputa narco”, como ejemplificó la reacción ante el tiroteo contra el Supermercado Único, de la familia Roccuzzo.
El crimen desorganizado
Esteban Rodríguez Alzueta señala que la crisis tiene una dimensión institucional y otra económica. El punto de vista se amplifica más allá de lo ya sabido: “no sólo la policía ha perdido la capacidad para detener la violencia, también la justicia en la medida que permanece aferrada a viejas y nuevas prácticas”, afirma.
Contra el clamor de la política santafesina para que haya más jueces y fiscales y se intensifique la persecución penal, Rodríguez Alzueta cita las estadísticas carcelarias: “la población encarcelada en la provincia de Santa Fe se ha multiplicado exponencialmente, pasando de tener 3.794 personas privadas de libertad en 2008 a 9.350 en 2022”. Por añadidura, como informó ante la Legislatura la ahora ex defensora general Jaquelina Balangione, para el caso del penal de Coronda la mitad de los detenidos no completó la escuela primaria y existen apenas 50 plazas para estudiar: un indicador de que el tratamiento penitenciario, en teoría aquello que ofrece a los presos un horizonte alternativo al delito, es otro fracaso del que la política santafesina no acusa recibo.
Larroude subraya la contradicción entre el discurso de los gobiernos nacionales y provinciales que hablan de la pelea contra “las mafias” y los datos del Sistema Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación durante 2017 y 2021, según los cuales la mayoría de los procedimientos de las fuerzas de seguridad responden a hechos referidos a la tenencia de estupefacientes para consumo personal y a la tenencia simple de sustancias. Del crimen organizado, hay pocas noticias.
“Este direccionamiento represivo hacia figuras delictivas menores —puntualiza Larroude— se agudizó especialmente en aquellas jurisdicciones que han desfederalizado la persecución al narcomenudeo a partir de la adherencia a la ley 26.052, siendo estos los distritos de CABA, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Salta, Formosa, Entre Ríos y Santiago del Estero. Lugares donde se le otorgó a las fuerzas de seguridad locales un mayor margen de intervención en la investigación y represión de la comercialización minorista de estupefacientes que no se ha visto reflejado en términos judiciales”.
Rodríguez Alzueta señala por otra parte la fragmentación de las investigaciones judiciales como una práctica de rutina: “La justicia lotea la realidad según causas que corren por cuerdas separadas, que tramitan no solo en otro despacho sino en otra competencia. No sólo se parcelan las investigaciones complejas sino las investigaciones de los delitos comunes. El loteo judicial beneficia a las personas que están siendo acusadas o investigadas, porque las causas nunca se acumulan ni se leen de manera completa y compleja”.
En el coloquio de Fundeu realizado en Rosario en noviembre pasado, Rodríguez Alzueta dijo que “es fácil pegarle a Los Monos” y provocó reacciones del público. “Nos metemos con ellos porque son negros débiles, pero dejan en pie a los blancos poderosos. Estos tienen familiares con carreras profesionales intachables, que velan por su inocencia y disimulan sus ganancias”, apuntó en otro artículo.
“Las palabras que usamos para nombrar los problemas están preñadas de prejuicios raciales y sociales. Estas categorías le cuidan las espaldas a la élite rosarina, toda vez que postulan al mundo de las drogas como un mundo separado y separable de los empresarios exitosos”, destaca Rodríguez Alzueta.
El crimen organizado se repite en las categorías corrientes del discurso político y mediático, como un argumento para avalar un sentido común represivo que no hace caso de la tasa de encarcelamiento ni del fracaso de la intervención federal. Sin embargo, Ariel Larroude observa que las bandas rosarinas “no deben ser entendidas como estructuras vertebradas y organizadas” sino que constituyen “células horizontales e invertebradas compuestas en su mayoría por jóvenes de la periferia rosarina”.
Las observaciones del fiscal Adrián Spelta sobre el enfrentamiento entre bandas que provocó la muerte del niño Máximo Jerez en Empalme Graneros son demostrativas al respecto: “Cuando hablamos de bandas parecería que hablamos de un contexto organizado y de muchas personas —declaró a radio La Red—. Esto no es así. Son conflictos territoriales menores. No son bandas como antes se conocían, que manejaban una zona de la ciudad de Rosario. Estas bandas manejan o pretenden manejar un barrio y su capacidad de ataque es limitada. De cualquier manera, son muy violentas. Estos conflictos antes se resolvían de otra manera, cara a cara. Ahora, cualquier conflicto que tengan estos pequeños grupos, llamados bandas para generalizar, lo resuelven de manera mucho más violenta”.
Los funcionarios provinciales y federales tienen una mirada terraplanista sobre el fenómeno, dice Rodríguez Alzueta: “para ellos todo es narcotráfico, todo se carga a la cuenta de las disputas territoriales entre narcos y, al hacerlo, no solo pierden de vista otros conflictos sociales violentos, con mucha historia en el territorio, sino el papel que les cabe a las propias instituciones del Estado en la reproducción y expansión de las violencias altamente lesivas”.
Se corrió un límite, según el análisis del gobernador Omar Perotti. La observación parece indiscutible cuando los estudiantes de una escuela corren entre las balas a la salida de una clase de educación física, como pasó el jueves en Tablada. Sin embargo, vuelve a dejar en la oscuridad a ese otro actor protagónico de la crisis: el Estado que brilla por su ausencia.
Bonus track. En 2010, el año en que Alberto Binder planteó la teoría del doble pacto entre políticos, policías y delincuentes, fue asesinado en Rosario Roberto Pimpi Camino. El crimen resonó sobre el trasfondo de los vínculos del barra brava de Newell´s con policías. Roberto Rosúa, ministro de gobierno de Jorge Obeid, reaccionó airadamente en defensa del control de la policía durante su gestión, en una entrevista con José Curiotto:
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