Hace dos años los fiscales que investigaban al senador Armando Traferri por corrupción institucional ligada al juego clandestino fueron corridos del caso. Todo empezó cuando uno de estos fiscales, Matías Edery, fue denunciado por omitir investigar a Mariana Ortigala, como retribución presunta por la información ligada a Esteban Alvarado que ella le daba. Y que esta supuesta garantía de impunidad incluía no tocar a su hermano Rodrigo Ortigala, que resultó imputado recién esta semana.
En la audiencia de esta semana en la que Ortigala fue imputado de extorsionar durante 2021 a dueños de agencias de automotores en nombre de Los Monos quedó en evidencia que desde la oficina de Edery le transmitieron al fiscal Federico Rébola la prueba que éste utilizó para acusar entre lunes y martes.
Lo consignó de forma explícita Rébola al indicar que Carla Belmonte, empleada de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos complejos cuyo superior era Edery, le traspasó por mail el 8 de agosto de 2021 la información que situaba a Rodrigo Ortigala como autor de los aprietes. Y que el 12 de septiembre de 2021 el empleado Ignacio Fauda, de la misma agencia, le suministró teléfonos de Mariana Ortigala y Rodrigo Ortigala para aportar a esta posible pesquisa, que ellos pedían al sospechar que estaban cometiendo delitos.
Dos años después de que se pasaran esos datos, los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca convocaron a una audiencia en la que imputaron a Mariana Ortigala por actuar como testaferro del líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero. Allí denunciaron, primero en el acto judicial y luego en conferencia de prensa, que Edery había protegido a Ortigala.
Esto desató un conflicto institucional en la Fiscalía Regional de Rosario cuyos efectos llegan al día de hoy. El fiscal Edery terminó desplazado de las causas complejas como la que tiene estas semanas en juicio por corrupción al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y, por la misma trama fáctica, al senador Traferri.
En la audiencia del lunes y martes pasado, el fiscal Rébola agregó otros pormenores que indican que la Agencia de Criminalidad Organizada comunicó en 2021 la evidencia para implicar a los Ortigala a otra unidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario para que los investigaran por delitos. Aludió a un correo electrónico del auditor del MPA Leandro Mai de fecha 28 de diciembre de 2023 con el reenvío de un informe sobre los vínculos de los hermanos Ortigala en estas extorsiones y con los nombres de las víctimas.
Allí Rébola sostuvo que fue el fiscal Luis Schiappa Pietra, que trabajaba junto a Edery, quien mandó el informe al auditor Mai. Este mail, indica, “estaría fechado el 25/08/2021”. ¿Por qué utiliza el condicional? Porque el informe que fue entregado en la Fiscalía Regional Rosario para ser remitido a Rébola aparentemente se traspapeló o desapareció. Rebola dice que nunca llegó a sus manos antes. Sin embargo los empleados de la disuelta Agencia de Criminalidad Organizada conservan el recibo de la Mesa de Entradas de la Fiscalía Regional, firmado por la empleada que estuvo en la recepción y le dio ingreso sellado el 3 de septiembre de 2021.
Pero además en la Legislatura, cuando se hizo el proceso disciplinario a Edery que terminó con una suspensión de cuatro meses en su contra, se mostraron intercambios de WhatsApp entre Rébola y la empleada Belmonte donde ésta le indica que había elementos para investigar a los Ortigala por las extorsiones, le pasa un cuadro con información y le anuncia que los ampliará en un informe. Esos intercambios son del año 2021.
Lo que pasó esta semana es de mayúscula relevancia institucional. Ocurre que Matías Edery y Carla Belmonte tienen hace dos años en curso una causa penal por omisión de investigar a Ortigala, la que está a cargo de las fiscales Barbara Ilera y María Laura Urquiza donde el primero está imputado. Se trata de un caso reabierto porque el juez Gonzalo Fernández Bussy ya lo había archivado por no encontrar mérito. No obstante lo que mostró el fiscal Rébola en la audiencia de esta semana es que fueron Fauda y Belmonte, empleados de Edery, los que le suministraron la información para imputar a Rodrigo Ortigala hace cuatro años.
Rebola indicó que esa información tuvo que ser perfeccionada para imputar, que no alcanzaba lo aportado para hacerlo. También destaca que una de las causas contra Ortigala por extorsión presunta, la que tenía como víctima a Rodrigo Villar, Schiappa Pietra no la delegó y estuvo a su cargo hasta la semana pasada.
Es un duelo de controversias y tensiones explícitas. Los miembros de la ex Agencia lo que dicen es que no se los puede acusar de omitir informar sobre los delitos presuntos de los Ortigala cuando está tan documentado que pasaron datos concretos que Rébola consignó en su audiencia de esta semana. Y que además Schiappa Pietra informó por nota de la que hay constancia a la ex fiscal regional María Eugenia Iribarren que debía reasignar el legajo contra Ortigala porque los hermanos estaban proporcionando a ellos información como testigos protegidos en la causa Alvarado. Si eran testigos, razones de política criminal volvían recomendable que otros los imputaran. Dada esa circunstancia no imputarían por lo que pasaron la información, aducen, para que algún otro fiscal lo hiciera. Como eso no pasó dado que la Regional no lo reasignó, frente a la nota donde pedían que lo hicieron —y se reproduce abajo—, el legajo quedó en su despacho.
Que los empleados de Edery hace cuatro años redactaron un informe y correos electrónicos que dicen que Mariana y Rodrigo Ortigala tienen mérito para ser investigados es lo que quedó de manifiesto como asunto medular en la imputación, que finalmente hizo Rébola logrando la prisión preventiva por dos años de Rodrigo Ortigala por extorsiones contra dueños de agencias de automotores.
A Carla Belmonte las fiscales de este caso le secuestraron el teléfono sin orden judicial en 2023. En diciembre pasado el camarista penal Daniel Curik rechazó hacer una pericia forense de su contenido porque, en su criterio, no había motivos para retenerle su móvil. Adujo que esta empleada siempre explicó razonadamente lo que esta semana el fiscal Rébola demostró en su audiencia al exponer la prueba: que lejos de encubrir o proteger a los Ortigala habían elaborado un informe encaminado a imputarlos cuatro años antes.
Pero Edery está imputado por omisión de investigar a los Ortigala, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato. En 2024 la Comisión de Acuerdos de la Legislatura lo sometió a un proceso disciplinario por haber mantenido intercambios con mensajes de contenido sexual con la imputada Lorena Córdoba que estaba implicada en la causa de juego ilegal. Lo suspendió 120 días por esta conducta inaceptable en un funcionario judicial. Pero la Legislatura no consideró en esa sanción la atribuida protección o favorecimiento a Mariana Ortigala.
Otra situación relevante es que la Auditoría General de Gestión del MPA estaba en conocimiento del informe donde la Agencia de Criminalidad Organizada comprometía a los Ortigala y, hasta donde es público, no lo consignó en un sentido que desmoronaba la idea de que Edery había protegido o garantizado impunidad a su testigo informante en la causa Alvarado.
En la causa penal que le siguen a Edery las fiscales de Santa Fe ya se gestionó la apertura de su teléfono. Las acusadoras tienen la expectativa de que allí aparezcan eventualmente nuevos motivos para imputar. Los tres magistrados que autorizaron la extracción forense les fijaron a las dos fiscales la restricción de ceñirse, en sus búsquedas, exclusivamente a contenidos específicos y a los intercambios con tres personas: Lorena Córdoba, Natalia Salinas y Mariana Ortigala. Y aclararon que se les debe informar las identidades de todos los que accedan a lo que contiene el aparato, una forma de marcar que en caso de filtraciones habrá a quienes responsabilizar por eso.
Algo central es que lo que dio lugar a la apertura del teléfono es un delito de omitir investigar que, según lo que expuso Rébola, no existió.
Abrir los contenidos del teléfono es algo rutinario en muchas pesquisas. Pero aquí ocurrió en situación donde el delito atribuido quedó a posteriori desmentido en un acto de gobierno. Edery investigó durante seis años a las organizaciones criminales más importantes de Rosario. Pueden hallarse en sus intercambios asuntos de intimidad pero también mensajes con actores institucionales, tanto nacionales como santafesinos, de los tres poderes del Estado durante esas pesquisas.
Siguen en pie otros planteos para Edery de parte de las fiscales actuantes. Que prestó asesoramiento jurídico indebido a Mariana Ortigala. Que favorecieron a su hermano con una imputación que le permitió cumplir una condena condicional. Y que tuvo a Mariana Ortigala como testigo colaboradora cuando no había una legislación que lo permitiera.
En el juicio a Serjal
Esta semana la ex fiscal regional Iribarren dijo sobre esto último al declarar en el juicio a Serjal que Edery le presentó en sobre cerrado un listado de los informantes de los que recibía aportes en la causa Alvarado donde estaba Ortigala. Reconoció que eso tuvo posterior reglamentación. Pero bordeó la ironía al señalar que todos los fiscales trabajaban casos en base a información policial cuyo origen es ignorado y que esta práctica rutinaria no levanta objeciones.
Más allá de cómo avancen estos trámites la conclusión es que los fiscales que investigaban a figuras institucionales de la provincia fueron corridas de esos casos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que hoy no lleva adelante pesquisas de ese perfil en cuanto a implicados no habituales en delitos penales. Siguen las ya iniciadas por ellos contra Serjal y Traferri, como ejemplo, tan voluminosas en carga probatoria que sería extremadamente costoso, en términos de capital institucional, dejar de lado.
Las discordias que se expresaron, a veces a los gritos en pasillos del MPA, con la denuncia de Edery fueron acalladas pero perduran. En marzo de 2024 a la Legislatura acudieron seis fiscales, dos federales y cuatro provinciales de Rosario, que desmintieron omisiones de parte de Edery durante su proceso disciplinario. Los provinciales fueron Georgina Pairola, Viviana O’Connell, Ana Julia Milicic y Horacio Pueyrredón. Los fiscales federales Matías Scilabra y Diego Iglesias, que es el jefe de la oficina que investiga narcotráfico en Argentina, sostuvieron en la Comisión de Acuerdos que sin la información que Edery les aportó sobre Ortigala nunca habrían podido acusarla en la Justicia Federal.
La hoguera de rencores
Toda la conflictividad interna en la Fiscalía Regional de Rosario fue aplacada a partir de la elección como fiscal general de María Cecilia Vranicich. Pero la turbulencia, como saben todos, lejos está de haber cesado. Y aflora todo el tiempo en el juicio actual al ex fiscal regional Serjal por corrupción. Con una situación paradojal: los testigos principales que propone la defensa son los fiscales que denunciaron a Edery y los que lo investigan. Para la última semana del juicio están convocados a comparecer Pablo Socca, Miguel Moreno, Barbara Ilera o María Laura Urquiza, y Federico Rébola.
Los defensores citan a estos fiscales precisamente con el afán no disimulado de desacreditar la pesquisa de los colegas que llevaron este caso a juicio. Vale decir que las armas destacadas para demoler la causa son compañeros de trabajo de los que hicieron la investigación. En su momento el senador Traferri, hoy imputado en este caso como jefe organizador de la trama del juego ilegal, sostuvo que Edery y Schiappa Pietra eran los brazos instrumentales en la fiscalía de una persecución maliciosa encabezada por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.
No obstante los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que reemplazaron a los apartados, sostuvieron los mismos elementos acusatorios con los que fueron involucrados tanto Traferri como Serjal. Hay una disputa en términos de caso penal. El pleito de fondo, cada vez más elocuente, movilizado por una hoguera de rencores no apagados y de imprevisibles resultados, es político.
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