“No me enteré de nada nuevo”, dijo Patricio Serjal el miércoles pasado al dirigirse inesperadamente al Tribunal que lo juzga junto a Nelson Ugolini. El comentario del ex fiscal regional de Rosario surgió a propósito de la extensa declaración que hizo su sucesora en el cargo, María Eugenia Iribarren. Sin embargo, a través de ese testimonio y de los que aportaron otros funcionarios y empleados, la fiscalía respaldó esta semana la evidencia acumulada en la investigación sobre la protección judicial al juego clandestino.
Además de Iribarren, la fiscalía presentó entre otros testigos al actual fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, al ex fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, y al director del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik. La sucesión de los testimonios apuntó a reconstruir hechos que surgieron a la luz después del asesinato del contador Enrique Encino, el 11 de enero de 2020, y que concluyeron con la denuncia contra Serjal, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y Ugolini en julio del mismo año.
La defensa de Serjal, ejercida por Ignacio Carbone y Renzo Biga, cuestiona la evidencia con el argumento de que el ex fiscal regional no estaba enterado de las coimas que pagaba el capitalista Leonardo Peiti e impugna la investigación como producto de un acuerdo espurio del fiscal Matías Edery con los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala. Esta línea se apoya en la denuncia realizada en septiembre de 2023 por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca —testigos de la defensa— y en la investigación siguiente del auditor del Ministerio Público de la Acusación Leandro Mai, que determinó la suspensión de Edery y su apartamiento de la causa.
Pasaron cinco años desde que se supo que los garitos clandestinos extendidos por Peiti desde Reconquista hasta Wheelwright contaban con un escudo de protección política, judicial y policial y que las coimas eran una especie de inversión del capitalista para garantizarse además la concesión del juego on line en Santa Fe. Pero el problema para el MPA no es el tiempo en sí sino el modo en que juega la crisis detonada a fines de 2023: la fiscalía, representada por José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, cuestionó reiteradamente a la defensa de Serjal por confundir la investigación de la protección al juego con el supuesto acuerdo con los hermanos Ortigala “y hacer conclusiones a las que no se llegaron”. La superposición se hizo patente con las preguntas dirigidas a Iribarren, donde por momentos era difícil desentrañar a qué causa referían; y Facundo Becerra, presidente del Tribunal que también integraron Hebe Marcogliese y Nicolás Foppiani, dijo a la defensa que se abstuviera de introducir frases con “sin embargo” y “entonces”, “porque establecen conclusiones”.
Al mismo tiempo está en escena el pasado reciente y el presente del MPA. “No compartí ninguna de las justificaciones con que (la fiscal general María Cecilia Vranicich) intervino la fiscalía regional de Rosario (el 19 de marzo de 2024). Ni siquiera eran ciertas u objetivas, ni comprendía cuál era mi rol. Preferí dar un paso al costado para no perjudicar a la institución”, declaró Iribarren con relación a la renuncia que presentó en septiembre de 2024.
“El monitoreo sobre los áreas especializadas en realidad era sobre mí —se extendió Iribarren ante una pregunta del abogado Carbone—. Lo que se pretendía supervisar eran las áreas de investigación de delitos complejos. Fui la única persona a la que no entrevistaron, el objetivo era claro. Se tomaron datos que tiraban personas o fiscales y no se corroboraron. Tenían una conclusión ya elaborada y trataron de encontrarle fundamentos. No creo que se haya resuelto la falta de cohesión interna que me reprocharon”.
El problema de las fuentes
Iribarren explicó la creación de la Agencia de Criminalidad Organizada, el 8 de abril de 2020, siguiendo directivas del fiscal general Jorge Baclini. Bajo su dirección, con el criterio de construir causas complejas y romper con el esquema burocrático de asignación de causas, integraron la Agencia los fiscales Luis Schiappa Pietra (coordinador), Edery, David Carizza, Gisella Paolicelli y Miguel Moreno, aunque éste “se manejaba directamente con Baclini, incluso trabajaba en otra oficina”.
Designada fiscal regional interina el 13 de agosto de 2020, Iribarren creó la Unidad de Balaceras y asignó a los fiscales Valeria Haurigot, Socca y Federico Rébola, “que venía de una licencia psiquiátrica y había trabajado en la causa de Los Monos”, a esa oficina. Pero lo que debía optimizar el funcionamiento de la fiscalía derivó en complicaciones crecientes por “cuestiones de protagonismo” y el intento posterior de armar un equipo de trabajo conjunto con la Agencia de Criminalidad resultó imposible; la división quedó sellada después de una discusión entre Haurigot y Schiappa Pietra que pudo escucharse desde los pasillos del Centro de Justicia Penal.
El testimonio de Iribarren fue importante para sentar aspectos controvertidos en el juicio:
—El teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz, que abrió la investigación a partir de datos filtrados por Nelson Ugolini, fue aportado por el actual integrante de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria Horacio Pueyrredón, quien lo recibió de un estudiante de Venado Tuerto residente en Rosario. No provino de los Ortigala, como dijo Peiti.
—Luego del homicidio de Carlos Argüelles, en septiembre de 2021, el fiscal Edery presentó una nota en sobre cerrado que contenía una lista de informantes que incluía a Mariana Ortigala. “Aclaraba que no existía contraprestación. El sobre cerrado se agregó en un bibliorato de la fiscalía. Nunca se abrió y fue secuestrado por las fiscales de Santa Fe Bárbara Ilera y María Laura Urquiza”.
—“Mariana y Rodrigo Ortigala no tenían nada que ver con la investigación. (Si Peiti los mencionó en su primera declaración) No era trascendente, la investigación importante era sobre Serjal, Ponce y Ugolini. Para nosotros lo más grave era la corrupción destinada a posibilitar el juego ilegal”.
—La figura del imputado colaborador, bajo la que se admitió el testimonio de Peiti, tomó como parámetro un antecedente de la Fiscalía Regional número 1.
La defensa de Serjal insistió en mencionar a los Ortigala como una especie de mano negra en la causa. Iribarren dijo que el uso de información proveniente de involucrados en delitos era y sigue siendo habitual. “Cuando se investigó el homicidio de (Roberto) Pimpi Caminos (2010), personas de la barra aportaron la información —ejemplificó—. Muchos fiscales reciben información (de esa manera)”. En la causa de Los Menores, la defensa de Lautaro Ghiselli objetó precisamente testimonios por provenir de “delincuentes”, como llamó a testigos de identidad reservada.
Iribarren recordó que un analista de la Agencia identificó la voz de Rodrigo Ortigala en un audio y a partir del reconocimiento fue imputado en la extorsión contra un financista. El punto es relevante ya que la defensa de Serjal subraya que resultó favorecido por su condición de informante. La ex fiscal regional respondió: “Había un dato aislado (sobre la participación de Ortigala en extorsiones); al mismo tiempo se preparaba la prueba para el juicio de Esteban Alvarado, donde él era testigo y había sido objeto de una maniobra (para presentarlo como instigador de una balacera contra la contadora Marina Marsili). Se habló con Baclini y con Vranicich y se decidió tomar una audiencia imputativa en libertad; Ortigala tenía una participación leve”.
Iribarren también dijo que la Agencia de Criminalidad entregó un informe sobre Ortigala a la Unidad de Balaceras y que Rébola fue asignado al caso.
—¿Rébola avanzó en algo? —preguntó la fiscalía.
—No. Por lo que leí en el diario esta semana lo imputó por la investigación de 2021.
Iribarren también recordó que en una conferencia de prensa el senador Armando Traferri, imputado como organizador de la asociación ilícita, “sugirió nombres de fiscales con los que se sentía cómodo”.
—¿Qué fiscales? —preguntó el fiscal Caterina.
—Moreno —respondió Iribarren, en alusión al fiscal que denunció a Edery en septiembre de 2023.
El legajo fantasma
Víctor Moloeznik fue convocado como testigo para revisar las visitas que Serjal hizo al Organismo de Investigaciones el 16 y el 17 de junio de 2020. El primer día el entonces fiscal regional pudo apreciar entre otras tareas un minucioso gráfico que la analista Johana Tarnowski había elaborado sobre la red del juego clandestino; el segundo, volvió con Ponce Asahad y comentó que Peiti “no es integrante de la banda sino víctima”, como si tuviera su propia teoría sobre el caso.
Peiti tenía entonces intervenido el teléfono; después de la visita de Serjal al OI, alertado por Ugolini, se lo dio a su secretaria, Brenda Lomello, quien también declaró esta semana. Entre otros datos, un pen drive con información de este teléfono reveló direcciones de garitos y anotaciones donde Peiti calculaba los gastos operativos de cada sala. Las coimas eran un renglón principal del presupuesto, con indicaciones de pago “por mes a cada comisario para que reparta con Jefe Insp y Orden”, “10 k solo para Sarna” (mención que en su momento precipitó la renuncia de Víctor Sarnaglia, indignado por la sospecha, a la jefatura de Policía de la provincia) y “para gastos de la Federal, fiscalía y otros” (sic). Peiti dijo que incluso “colaboró” y “siempre” con Apropol, el gremio policial no reconocido.
El 24 de julio de 2020, mientras transcurría la audiencia en que Maximiliano “Cachete” Díaz era imputado como organizador de una asociación ilícita, la versión sobre un topo que pasaba información del MPA a Los Monos se hizo pública. Al mediodía, Serjal, Ponce Asahad y Ugolini se reunieron con Baclini para protestar por los rumores; Ugolini, el más exaltado, dijo que quería trompear a los fiscales de la Agencia de Criminalidad. Una hora después el fiscal general recibió un mensaje de WhatsApp en el que Luis Rossini, abogado de Peiti, le pidió un encuentro personal en el que no estuviera Serjal.
Iribarren revivió la semana que transcurrió entre aquel día y el 31 de julio de 2020, fecha en que Leonardo Peiti fue imputado como integrante de la asociación ilícita liderada por “Cachete” Díaz y partícipe de una extorsión en grado de tentativa. Ese mismo día la fiscalía allanó el domicilio de Ponce Asahad y secuestró los teléfonos de Serjal —lo había reseteado— y Ugolini —borró las conversaciones con Peiti, según la fiscalía.
—Llamé a Serjal para avisarle que el Organismo de Investigaciones estaba en la puerta de su casa e iban a secuestrarle el teléfono. Eran situaciones muy violentas y desagradables. Se trataba de personas con las que trabajábamos, con las que compartíamos charlas, chistes —declaró Iribarren.
En el medio, el 29 de julio, Peiti se presentó en la base de la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez e hizo su primera declaración ante los fiscales. En ese momento la investigación transcurría en secreto; solo estaban al tanto Baclini y Vranicich.
Peiti no puso todas las cartas sobre la mesa. Sus declaraciones fueron reveladoras no solo por lo que dijo sino también por lo que se reservó. En su presentación, mencionó a Serjal, Ponce Asahad y Ugolini; después, a Traferri y el aporte de 200 mil dólares a la campaña de Omar Perotti; más tarde aportó detalles sobre el modo en que lo exprimía la policía de la provincia durante la jefatura de José Luis Amaya.
Sin embargo, Peiti mantuvo un núcleo en su relato. A los efectos del juicio actual contra Serjal y Ugolini los puntos significativos parecen los siguientes:
—En diciembre de 2018 Ponce Asahad lo contactó para advertirle que el fiscal Matías Merlo tenía una causa contra él y que podían ayudarlo con Serjal.
—A partir de ese momento Peiti comenzó a pagar una cuota mensual que oscilaba entre 4 y 5 mil dólares, en encuentros quincenales con Ponce Asahad. No obstante, como testigo en el juicio dijo que no sabía si el dinero llegaba a Serjal.
—El 11 de julio de 2019 personas no identificadas dispararon cinco balazos contra el frente de la casa de Servando Bayo 1085 y escribieron con aerosol “Leo paga” (sic). En un bar de Dorrego y Mendoza, Serjal le habría dicho a continuación: “Te aconsejo que no denuncies porque no están dadas las garantías hoy por hoy para denunciar. Tratá de seguir dilatándolo y manejate con Gustavo por el tema de la cuota y por todos estos problemas”.
—En la mañana del 14 de diciembre de 2019, reunidos en el Hotel Etoile de la ciudad de Buenos Aires, Serjal reiteró el instructivo anterior y le pidió a Peiti que mejorara el monto de la coima. “Le dije que se quedara tranquilo, que había pagado todos los meses como él me había indicado y que seguiría cumpliendo”, declaró el capitalista.
—Nelson Ugolini era su canal de información con la fiscalía y lo mantuvo al tanto de las investigaciones y los procedimientos en su contra.
El 5 de diciembre de 2018 Ugolini generó un legajo mellizo de otro que llevaba el fiscal David Carizza, con los mismos imputados, el misma motivo, las mismas observaciones. El empleado Lucas Sierra hizo el inventario de las causas que llevaba Ponce Asahad (“miles de legajos” por la oficina de allanamientos, las causas NN y las derivadas del cumplimiento del aislamiento por la pandemia) y declaró esta semana que aquel legajo nunca fue hallado; en las observaciones constaba un informe de Víctor Martínez, policía de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculado con Peiti.
El legajo fantasma creado por Ugolini era el instrumento para contener una investigación de Matías Merlo. El entonces fiscal de Melincué había descubierto unos garitos que funcionaban en un locutorio de Hughes; la dueña del negocio rendía cuentas a un tal Néstor, en Rosario, quien recibía además otras rendiciones diarias de salas de juego en Reconquista, Vera, Venado Tuerto, Casilda, Avellaneda y Wheelwright, y a su vez reportaba a Peiti.
Los testimonios de Sinópoli y Merlo evocaron ese capítulo en la trama. El 8 de diciembre de 2018 el abogado José Alcácer se comunicó al teléfono privado del entonces fiscal regional de Venado Tuerto: “No quiero molestar. Solo avisarte que te busca Alberto Tortajada (también abogado de Peiti)”. Ese mismo día Serjal llamó a Sinópoli diciendo que ambos tenían investigaciones coincidentes y no debían entorpecerse.
Las órdenes de allanamiento de Merlo tenían como destino garitos ubicados en Rosario; recibidas por Ponce Asahad y autorizadas por la jueza Melania Carrara depararon un enorme chasco para los investigadores, ya que los casinos interrumpieron la actividad. Sinópoli recordó “la gran bronca” que les produjo la situación además de la evidencia de que la información había sido filtrada en el ámbito del MPA e instruyó a Merlo para que hiciera correr la voz de que los allanamientos se suspendían y continuara al mismo tiempo la investigación; “la asociación ilícita investigada es importante y con conexiones de alto nivel”, le dijo por correo electrónico, y que debía recurrir a la Policía Federal.
Sinópoli explicó ante los jueces el criterio de recurrir a la Policía Federal:
—No estoy a favor ni en contra de la policía. Los policías son los que oyen y ven todo, los investigadores. Pero yo tenía sobrada desconfianza hacia la PDI. Tenía muy mala experiencia —insistió—. Filtraban información en distintas investigaciones, no solo con el 301 bis (el artículo del Código Penal que reprime el juego clandestino).
El ex fiscal regional agregó que Merlo, en cambio, “tenía confianza en su grupo, el de la PDI de Melincué”. Peiti, por su parte, estaba convencido de que la información que derivó en esa causa provino del entonces jefe de la PDI Daniel Corbellini en represalia por un desacuerdo en el arreglo que habrían mantenido.
El juicio transcurrió por momentos en un ambiente de extraña familiaridad. Sinópoli se refirió a Serjal en cada ocasión por su nombre de pila y el ex fiscal regional, al dirigirse al Tribunal, recordó que “compartimos algunas cosas” con Nicolás Foppiani, el actual juez que lo juzga y que antes se desempeñó como fiscal, como si añorara aquellos tiempos que parecen muy lejanos aunque solo pasaron cinco años.
Autor
