Mientras el gobierno nacional hace malabares para sortear la crisis cambiaria a pocas semanas de las elecciones de medio tiempo, el tejido productivo en la provincia de Santa Fe comienza a mostrar signos preocupantes en el último trimestre del año con un grupo de empresas que produjeron despidos, suspensiones y cierres sorpresivos. De acuerdo al último informe de la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE) la actividad fabril presentó en julio del 2025 una caída del 5.2 % interanual, marcando una interrupción en el ciclo de recuperación registrado en el segundo semestre del año pasado. El documento consigna que la producción industrial está un 10.2 % debajo del 2022 y un 3.9 % menos con relación al 2023.
Vassalli con jornada reducida y Acindar en crisis
Entre los casos más resonantes aparece la situación de Vassalli, asentada en la ciudad de Firmat, cuyo conflicto se remonta a cuatro meses atrás cuando la empresa se atrasó en el pago de salarios y los trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizaron protestas y retención de tareas. Tras un conflicto que se extendió por cuatro meses, el miércoles 1° de octubre las partes acordaron retomar las actividades el lunes 6, con una jornada laboral reducida a cuatro horas, un plan de pago por los sueldos adeudados y la continuidad de los 288 empleados. El pacto tendrá una duración de seis meses y está prevista la incorporación de un veedor permanente del Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
“A nosotros no nos preocupa la jornada reducida porque si la fábrica tiene venta de cosechadoras cuando aumente la demanda no nos van a alcanzar cuatro horas para producir”, aseguró Diego Romero, titular de la delegación local de la UOM. Además, el sindicalista ponderó la incorporación de un funcionario de la cartera de Trabajo provincial para monitorear las actividades en la planta y recordó una experiencia similar ocurrida en 2017 cuando el entonces ministro de la Producción, Luis Contigiani, designó a Emiliano Pietropaolo en un lugar similar para sostener el acuerdo: “Esto nos garantiza que un porcentaje de la venta de las máquinas va a ser para pagar las deudas. Está bueno que la provincia se comprometa porque es una empresa santafesina y hay que cuidarla”.
En el 2024, la histórica fábrica de cosechadoras que estaba en manos de Esteban Eskenazi, del Grupo Petersen, cambió de dueño y la totalidad del paquete accionario quedó en manos del empresario entrerriano Eduardo Jorge Marsó, titular de la empresa avícola Las Camelias.
A fines de septiembre, los actuales propietarios enviaron como mediadora a la abogada mediática Florencia Arrieto, actual senadora de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, aunque su actuación sólo agravó las cosas: denunció penalmente a los delegados de la UOM y dijo que los trabajadores no estaban cobrando por los paros y las medidas de fuerza. “Esa mujer mintió vilmente, hasta me causó problemas con mi hijo en la escuela porque le hacían bullying porque decía que yo andaba con chofer”, recordó Romero.
Por otra parte, la planta de Acindar en Villa Constitución detuvo nuevamente la producción de acero e informó la suspensión del 90 % de los trabajadores hasta fin de año. La situación impacta de lleno en casi 13.00 trabajadores entre personal propio y contratistas, y se suma a un esquema que la empresa viene implementando desde comienzos del 2025 con suspensiones rotativas y el pago del 75 % del salario, además de un plan de retiros voluntarios. Pablo González, titular de la UOM en Villa Constitución, describió el escenario como muy crítico y explicó que en la última semana se paralizó la planta de alambre que abastece a sectores como el agro, la construcción y la industria alimenticia.
Pese a que el informe de FISFE señala que la industria siderúrgica tuvo una mejora en el mes de julio del 8.3 % interanual y 17.6 % en el acumulado de los últimos siete meses, el actual nivel de actividad sectorial se ubica un 35.8 % por debajo del 2023. “El complejo siderúrgico localizado en torno a la ciudad de Villa Constitución transita desde comienzos del 2024 una marcada caída de producción, situación devenida de la menor demanda interna de acero por parte de la obra pública nacional, y las mayores importaciones de metales comunes y manufacturas”, detallan en el documento. González fue más duro en su análisis: “Estamos viviendo un parate tan grande que no se vivió en los últimos 40 años de la planta”.
Conflictos del sur al norte
Donde también reina la incertidumbre es en el frigorífico Euro de Villa Constitución. El conflicto se remonta al mes de enero del 2025 cuando la empresa despidió a 60 trabajadores que posteriormente fueron reincorporados. Sin embargo, a fines de agosto fueron echados 6 empleados a los que se sumaron 46 más en cuestión de días después de una medida de fuerza. La firma justificó su accionar alegando falta de materia prima y competencia de mercadería importada a precios inferiores, lo que provocó “una paralización casi total de las ventas”.
Walter Navarro, delegado del Sindicato de la Carne, rechazó esos argumentos y cuestionó los 7 días de conciliación obligatoria dictado por la cartera de Trabajo y no 15 como habían solicitado los trabajadores para analizar el ofrecimiento de una indemnización que según el gremialista representa entre el 25 y el 40 % de lo que deberían recibir. El próximo lunes está prevista una nueva audiencia entre las partes en donde se espera una mejora en la oferta, aunque la expectativa del sindicato es sostener la totalidad de los puestos de trabajo.
“Al despedir por fuerza mayor o por problemas económicos tienen que presentar un balance en el ministerio, ahí se inicia un procedimiento preventivo de crisis, pero ellos no hicieron nada de todo eso”, explicó el sindicalista. Actualmente la firma quedó en manos del empresario argentino-estadounidense Guillermo Nicolás Salimei, vinculado a una causa judicial en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. Desde el gremio sospechan que se trata de una maniobra para vaciar la empresa.
En Lácteos Verónica, un empresa icónica del oeste santafesino, la situación se estabilizó en las últimas semanas tras arribar a un acuerdo para abonar los sueldos atrasados a los 650 trabajadores distribuidos entre las tres plantas de Claxon, Lehmann y Suardi. La firma se comprometió a realizar pagos semanales con el objetivo de achicar la deuda: hasta ahora han recibido el 80 % del salario correspondiente al mes de julio, y resta aún saldar los meses de agosto y septiembre más el aguinaldo. No obstante, los principales accionistas de la firma insisten en solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), algo que ATILRA, el gremio de los trabajadores de la lechería, rechaza de pleno.
“Cuando te traen productos importados desestabiliza un poco, pero eso tampoco explica esta situación porque la mayoría de las empresas del sector están creciendo. Yo creo que hoy el contexto político que estamos viviendo en el país permite que los empresarios hagan y deshagan con el obrero como ellos quieran”, manifestó a Suma Política Sergio Polidoro de ATILRA. Pese al acuerdo, el sindicalista reveló que las plantas de Claxon y Suardi actualmente están paralizadas por la falta de insumos, y en Lehmann están trabajando con un contrato a fazon, es decir, producen para una tercera empresa.
En términos financieros, la empresa arrastra una deuda millonaria con 2.241 cheques rechazados en el último semestre, sumado a la deuda que mantiene con los proveedores de la región, lo que derivó en una merma de la producción que pasó en los últimos meses de 800 mil litros de leche diarios a 200 mil.
Por otra parte, la Algodonera Avellaneda amaneció este lunes con sus puertas cerradas tras haberse declarado en concurso de acreedores. Entre las razones que invoca la patronal se menciona la caída del consumo y el ingreso masivo de productos importados. En declaraciones públicas, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, también aseguró que “el contrabando está afectando gravemente a las industrias locales” y agregó que “estos factores externos, sumados a la crisis económica, están haciendo muy difícil que las empresas puedan mantener su capacidad operativa”.
Juan Badeo, secretario general del Sindicato de Textiles, señaló en diálogo con este medio que la planta está preparada para producir entre 800 mil y un millón de kilos de hilo y tela por mes, aunque en el último tiempo apenas han llegado a los 130 mil.
En tanto, la nómina de empresas que atraviesan situaciones complejas se completa con Sancor, otra firma láctea que también mantiene una deuda con los trabajadores mientras intenta completar un proceso de reestructuración, y la planta de Celulosa en la ciudad de San Lorenzo, actualmente en concurso de acreedores y con dificultades para conseguir financiamiento para activar un salvataje que les permita seguir operando.
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