El Congreso del segundo semestre se va convirtiendo en una guerra por episodios, día tras día, incierta, con sesiones que se desmadran, que se constituyen o fracasan por pocos votos, acuerdos que no se respetan, peleas por la interpretación del reglamento, discursos a los gritos que se superponen y el uso creciente de un recurso de última instancia: el presidente de Diputados, Martín Menem, que maneja la botonera y apaga los micrófonos cuando no puede imponer un orden mínimo para el debate. La inestabilidad permanente tiene una causa de fondo; la conformación de mayorías, que hasta el invierno estuvo volcada para el lado del oficialismo, ahora oscila a ambos lados de la grieta, y hasta el momento final no se sabe de qué lado terminará cayendo la moneda.
Las cámaras se van convirtiendo en un sitio donde la discusión de las “leyes” es, apenas, una parte menor del asunto. A través del formato “cuestiones de privilegio”, cualquier tema que explote en la agenda nacional termina ingresando al recinto de un modo libre. Toda la tensión política, mediática y de redes va tomando a ambos recintos como teatro de producción de contenidos fragmentados que interactúan en la gran trama comunicacional que habita los teléfonos de millones.
Las últimas semanas, trepidantes, vienen marcadas por bombas muy difíciles de tramitar, tanto para el oficialismo —le está costando una interna de final incierto— como para la oposición peronista: la visita en el penal de Ezeiza a represores de lesa humanidad de parte de seis diputados libertarios, y el episodio más estruendoso de todos, las denuncias de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, y las impactantes revelaciones sobre la conducta que el expresidente habría tenido con otras mujeres en la misma Casa Rosada o en la Quinta de Olivos.
En el Senado, por caso, la oposición resignó acelerar (tiene dictamen de mayoría firmado) con la sesión para concretar una ley definitiva de cambio de la fórmula de ajuste previsional. Una ley muy esperada (y muy resistida por la Casa Rosada, que amaga con vetarla en caso de que se concrete). “La pasamos para el jueves 22 de agosto, esta semana con el tema Fabiola y el tema represores de Ezeiza era un caos, nos íbamos a pelear a muerte en el recinto y podía terminar en cualquier cosa”, admitieron desde la cúpula de Unión por la Patria (UxP) a Suma Política.
También postergó Diputados una iniciativa que tendría los votos de la oposición mayoritaria en este caso: voltear el DNU de inteligencia que otorgó 100 millones de dólares para fondos reservados. La iniciativa del diputado Nicolás Massot y un grupo de su bloque (Encuentro Federal, que incluye a los socialistas rosarinos Mónica Fein y Esteban Paulón), con el acompañamiento imprescindible del peronismo, se tratará en sesión especial el próximo miércoles 21 de agosto. Luego deberá ir al Senado por igual tratamiento. Mientras tanto, distintas versiones hablan de que, a la velocidad de un rayo, el gobierno de Milei ya ejecutó 80 de los 100 millones en disputa. ¿El Congreso llegaría irremediablemente tarde con el rechazo al DNU? Los modos de simulación en política sin infinitos. Nada se descarta.
El oficialismo, con todo, consiguió en Diputados este último jueves llevar adelante la sesión que programó. En una jornada larguísima de casi 22 horas, LLA y el PRO con aliados impusieron un tema clave que fueron a buscar: la declaración del servicio educativo como estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar las clases en los días de paro docente. Fue una sola votación, en general y en particular, y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones.
La decisión sintoniza con un debate ya de años, los paros y el ausentismo docente, que incomodan y desorganizan la dinámica familiar con los niños, pero que a la vez afecta un derecho constitucional de la legislación del trabajo, el derecho a huelga. Los gremios docentes se expresaron en contra, con una manifestación en la zona del Congreso: no fue suficiente para impedirlo.
La iniciativa venía siendo fuertemente impulsada por el PRO desde la pospandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante el parate del Covid. Con el DNU 70/23, el gobierno había declarado a la educación como servicio esencial, pero el capítulo de la reforma laboral fue frenado por la Justicia. Durante el debate, algunos legisladores que se manifestaron en contra recordaron que la Corte Suprema en 2001 ya declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, que intentó avanzar en este sentido.
A favor del proyecto votaron La Libertad Avanza, el PRO y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek. El rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, en el bloque Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal), votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. De idéntica manera lo hicieron los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes, Marcela Coli y Roxana Reyes.
El rubro educación tuvo otro capítulo importante en la dilatada sesión del miércoles: se votó, en este caso impulsada por la oposición, una media sanción que tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio nacional durante el año 2024.
En su artículo 5º, la media sanción que pasó al Senado con buenas chances de concretarse encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Agrega: “Desde el mes siguiente a la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional en el Programa Nº 26 de “Desarrollo de la Educación Superior” para la asistencia a salarios docentes y no docentes entre el 1º de diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la presente ley deberán tomarse a cuenta de la recomposición que tiene por objetivo la presente ley.
La ley en marcha traería alivio concreto a unos de los sectores especialmente perjudicados por la administración Milei: los docentes llevan perdido entre el 30 y el 40 por ciento de sus haberes sólo desde diciembre del año pasado. Es la peor caída salarial de empleados estatales por décadas, en sólo ocho meses.
En las últimas horas, desde la Casa Rosada dieron señales en el sentido de que “no se vetaría la norma, siempre que no afecte el equilibrio fiscal”, algo de difícil verificación.
La votación por el financiamiento universitario ganó por goleada, 143 votos a 77, y una abstención.
El capítulo visita a represores a Ezeiza de los diputados libertarios, como era previsible, no obtuvo los votos necesarios (mayoría agravada) para incorporar al orden del día un proyecto de sanción (expulsión) de los diputados excursionistas. La votación, impulsada por UxP y la izquierda trotskista del FIT, tuvo el apoyo de algunos poquísimos diputados de otros bloques, incluido uno insólito, Rocío Bonacci, de LLA de Santa Fe. Bonacci integró la delegación libertaria a Ezeiza, luego se declaró engañada, y acusó a sus jefes políticos (el presidente del bloque y el presidente de la Cámara) de armar la jugada, y de usarla. Con LLA en Santa Fe hay mar de fondo (ya fue tratado extensamente por Suma Política), y no sería sorpresa un desprendimiento de Bonocci de LLA para constituir un bloque propio.
Si bien el tema Ezeiza ahora pasó a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que conduce el PRO, con la presunta idea de sacar un dictamen y llevarlo al recinto o dormirlo, los discursos vía cuestiones de privilegio sobre la visita a Ezeiza se colaron en el recinto.
La joya de la jornada estuvo en el discurso de Eduardo Toniolli, que le explicó al país quién fue y qué hizo el represor rosarino Mario Marcote, alias “el cura”, que no era cura. Y que fue unos de los represores visitados amablemente por los diputados libertarios. Toniolli expuso un tramo de la declaración ante la justicia de Stella Hernández, víctima rosarina de la dictadura cívico militar, alojada en la ex jefatura de policía en los años del horror, y miembro actual del Sindicato de Prensa de Rosario (ver el testimonio acá).
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